La Paz, Bolivia, 17 de mayo de 2025. Es inevitable reconocer que tanto para propios y ajenos la situación política de Bolivia es incierta, la población intenta decidir quién será la mejor opción para dirigir el país los próximos cinco años en una coyuntura preelectoral que se viste de persecución política contra líderes sociales que denuncian de manera constante la grave crisis económica, social e institucional que enfrenta el país desde hace más de dos años y el intento sistemático por la proscripción del Bloque Popular y Evo Morales para las próximas elecciones de agosto de 2025 (por parte de Luis Arce).
Actualmente, tanto para el gobierno como para la oposición, hablar de Evo Morales continúa siendo una amenaza electoral y eso quedó comprobado en la inmensa movilización denominada “Marcha para salvar Bolivia”, donde se convocó a cientos de organizaciones sociales y millones de personas que buscaban inscribir a Evo como su candidato. Sin embargo, el aparato estatal no se hizo ausente y bajo amenazas de detención por parte del Ministro de gobierno contra el líder cocalero y los principales dirigentes, la ciudad de La Paz se inundó de olor a gas lacrimógeno, heridos víctimas de ráfagas de balines de alto impacto y sangre en las calles, recordando las peores épocas de represión que se vivieron tanto en gobiernos neoliberales como en el Golpe de Estado de 2019.
“Tanto para el gobierno como para la oposición, hablar de Evo Morales continúa siendo una amenaza electoral”.
En esta ocasión fue Ponciano Santos, dirigente de la CSUTCB, quien tras meses de ser perseguido por el gobierno de Luis Arce y por los supuestos delitos de “terrorismo, financiamiento al terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado” (solamente por haber participado en las marchas populares y legítimas que buscaban respuestas del gobierno ante el alza de la canasta familiar, la escasez de gasolina, el dólar paralelo, entre otras cosas), se convierte, junto a más de 100 compañeras y compañeros detenidos, en un preso político.
Desde hace más o menos una década que el Estado Plurinacional disputa el sentido de democracia, poniendo sobre la mesa el parámetro convencional y liberal de la alternancia como el mayor factor de este sistema pero que, para otras y otros, queda como un factor obsoleto ante la fuerza del derecho político de votar y elegir a quien se prefiere. La oposición más rancia fue la principal promotora de ejercer la campaña de alternancia como el único componente decisivo de un Estado sólido y en los últimos años se sumó el racismo que con sus principales operadores, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral, buscaron cimentar este sentido con base en sentencias e interpretaciones arbitrarias de la Constitución que tenían como único objetivo la destrucción del adversario político, con la usurpación del MAS-IPSP y la inhabilitación de varios partidos políticos, eliminando casi todas las alternativas posibles de que el Bloque Popular entrara en la contienda política.
Valeria Duarte