Justicia

La Fiscalía informó este martes que ha iniciado una investigación contra seis autoridades del Concejo Municipal de La Paz, debido a la aprobación de la Ordenanza Municipal 046, la cual permitía construcciones de hasta 40 pisos en la urbe. El fiscal Franklin Alborta indicó que entre los investigados están los concejales Óscar Sogliano, Pierre Chaín, Yelka Maric, Lourdes Chambilla, entre otros. Explicó que la investigación surge a propósito de una minuta de comunicación de la Comisión de Organización Territorial de la Asamblea Legislativa.      El caso se desarrolla por el tipo penal de incumplimiento de deberes. La Ordenanza 046 fue aprobada en 2022, pero posteriormente fue abrogada tras múltiples expresiones de rechazo porque supuestamente la norma favorecía al negocio de las construcciones. El fiscal recordó que incluso el alcalde Iván Arias había realizado observaciones a la Ordenanza. Anunció que en los próximos días se coordinará la citación para que las personas investigadas declaren en este caso. Fuente: Erbol

Para el 24 de marzo fue fijada la audiencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la aprobación del Decreto Departamental 373 del pasado año por la designación de su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, como gobernador suplente, y no así al vicegobernador Mario Aguilera, cuando viajó a Brasil. Marcelo Aliaga, abogado de los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó que la comparecencia del nuevo proceso contra la autoridad departamental será a las 14.30 de forma virtual. En su imputación, la Fiscalía pide 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, pero se solicitará que se cumpla en Chonchocoro, Viacha, donde actualmente guarda reclusión por el caso Golpe de Estado I.   “Esta es una solicitud de detención preventiva por otro caso, entonces, trasladar al señor Fernando Camacho a Santa Cruz va ocasionar un complot en la ciudadanía”, afirmó. Fuente: Opinión

El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, informó hoy que el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión en contra del Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, por el presunto delito de Consorcio entre responsables de justicia y Extorsión, además para el pasante de una Fiscal de El Alto, por el delito Consorcio entre responsables de justicia en grado de complicidad, y Extorsión en grado de autoría, los sindicados fueron aprehendidos por la Policía. Según los datos recolectados, tanto el servidor público y el pasante habrían participado en un hecho de extorsión en contra de una litigante, pidiendo dinero entre 2.000 a 4.000 dólares para emitir resoluciones a su favor en un proceso penal en su contra por Estafa y Estelionato. “Se han encontrado suficientes elementos en contra de estos dos operadores de justicia, como un Disco Compacto que contienen grabaciones de audio de las conversaciones entre la víctima y el Juez, quien le pedía dinero a cambio de beneficiarla con una resolución. Así también, hojas impresas de las conversaciones en las que el pasante de la Fiscal habría solicitado el pago de 6.000 dólares. Ante la insistencia de la víctima, le redujo a 2.000 dólares, además la citó fuera de las oficinas de la Fiscalía mediante mensajes de celular”, dijo Alave. Ante esas circunstancias, la víctima denunció a los extorsionadores a la Policía, luego de las investigaciones, el Juez y el pasante de la Fiscalía fueron aprehendidos esta jornada. Fuente: Fiscalía

El 28 de febrero en el Trópico de Cochabamba iniciará el juicio contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y otros cinco exaltos cargos de YPFB, acusados por la paralización del funcionamiento de la Planta de Amoníaco y Urea de Bulo Bulo, durante el Gobierno de Jeanine Añez. La información fue proporcionada por el dirigente sindical del sector hidrocarburífero, Ludwin Sánchez, quien precisó que el juicio será desde las 09:00 del martes 28 de febrero en Ivirgarzama.     Además del exministro Zamora, está acusado en este caso el expresidente de YPFB, Herland Soliz. Ambos están declarados en rebeldía y no se encontrarían en el país. Los otros cuatro acusados están con medidas cautelares y deben estar presentes en el juicio, según el dirigente sindical. Se trata del exvicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, el exgerente de Industrialización, además del exdirector y el excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea. La Fiscalía presentó la acusación formal por este caso en marzo de 2022. Entonces se había estimado que había un daño económico al Estado de aproximadamente $us8.677.632, por falta de producción de la Planta, mantenimiento de equipos dañados, servicios de repuestos, personal, entre otros.  La acusación es por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía está pidiendo ocho años de cárcel más agravantes. Fuente: Erbol

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, desmintió este lunes que el exministro de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, se hubiera beneficiado con “detención domiciliaria” en Estados Unidos (EEUU). “Murillo está detenido, no va salir hasta que haya una decisión judicial. Queremos desmentir la información que ha circulado en las redes sociales (…) El señor Murillo ha sido condenado y está cumpliendo 70 meses de prisión en Miami, Estados Unidos.”, informó Chávez en contacto con medios locales. Murillo fue condenado el 4 de enero de 2023 a cinco años y diez meses de cárcel, por incurrir en los delitos de lavado de dinero y sobornos producto de un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. “El señor Murillo queda bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos para ser encarcelado por 70 meses, esto quiere decir que se queda en la cárcel donde estaba recluido”, aclaró el Procurador. Remarcó que la sentencia emitida por la justicia de EEUU establece que cuando el exministro de Áñez cumpla con su condena tendrá una “libertad supervisada” por un término de tres años adicionales a su condena. Chávez señaló que en ese tiempo se podría analizar su deportación o expulsión. Lamentó que esta información haya sido tergiversada por el portal digital denominado “El Bunker” con afanes políticos y señaló que el sitio web estaría relacionado con el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzain, acusado de genocidio en Bolivia. Por su parte, el abogado estadounidense que defiende a las víctimas Senkata, Thomas Becker, confirmó -en entrevista con Bolivia TV- que esta “libertad supervisada” se podría dar tras que el detenido cumpla con su condena y es que un proceso que se da a la mayoría de los criminales en el país norteamericano. Fuente: ABI

Un juez determinó este viernes enviar a la cárcel de Miraflores a la doctora Narda C.C., quien está imputada por presuntas irregularidades en la autorización para salida médica del peligroso recluso brasileño Felipe Edvaldo Menezez, alias Andre Xavier Da Rocha. El plazo de la detención preventiva es de tres meses mientras se realiza la investigación. El Ministerio Público apeló la decisión judicial, tomando en cuenta que había solicitado seis meses de detención para la imputada, informó el fiscal José Rodríguez. La médica emitió un informe que avaló la salida médica del recluso brasileño para recibir atención de traumatología en el Hospital de Clínicas. Sin embargo, ese traslado fue aprovechado por el antisocial para ejecutar un plan de fuga que dejó un policía muerto a bala. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ya había advertido que el certificado médico se refería a una posible fractura del recluso, pero éste en realidad tenía una condición desde su adolescencia debido a un hecho de tránsito. La Fiscalía imputó a la médica por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y falsedad ideológica. En este caso también se convocó a declarar como testigo al exdirector del penal de Chonchocoro, mayor Napoleón Espejo, cuyo nombre aparece en el pie de firma de la autorización de salida del brasileño. Fuente: Correo del Sur