Justicia

Durante el informe preliminar de su vista “in loco”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que en Bolivia hay un amplio ejercicio de la libertad de prensa, no obstante también expresó su preocupación por la “escalada de agresiones” a periodistas, particularmente, en Santa Cruz. “Durante la visita se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa”, destacó la primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los Pueblos Indígena, Esmeralda Arosemena, quien leyó en conferencia de prensa el documento preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. Acompañada de sus colegas, ente ellos el relator para Bolivia, Joel Hernández, Arosemena dijo que durante las entrevistas con los gremios de periodistas “se recibió información sobre la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia”. Expresó que “preocupa la escalada de agresiones a personas periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz, que incluyeron agresiones físicas severas, la retención contra su voluntad, destrucción de equipos y ataques a infraestructuras de medios de comunicación”. Los hechos se dieron durante el paro de 36 días convocado por el Comité Pro Santa Cruz y el hoy encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho en demanda de censo en 2023. Al final acabaron aceptando la propuesta del gobierno de censo en 2024, sobre la base de un estadio técnico. Durante la protesta se dieron cuatro muertes y varios puntos de bloqueo se convirtieron en lugares de extorción y vulneración sistemática de los derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo y otros organismos de derechos humanos. Los trabajadores de la prensa sufrieron varias agresiones. “A raíz de la violencia, se presentaron distintos episodios de autocensura e, incluso, la interrupción de transmisiones de medios de comunicación y el cese de despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés público por temor a ataques”. El canal estatal Bolivia TV con sede en Santa Cruz suspendió sus trasmisiones, luego que seguidores de Camacho y los cívicos cercaron sus oficinas y agredieron a los trabajadores de la prensa. De acuerdo con la comisionada, “pese a la gravedad de estos hechos, persiste la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia”. De los 36 días de paro, la comisión también refirió que se ha “identificado el uso de la violencia” y, apoyado en el informe proporcionado por la Defensoría del Pueblo, denunció que “habrían afectado derechos tales como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de expresión entre otros”. Frente a ello, la CIDH recordó que “la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y el funcionamiento de toda la democracia, sin embargo, dichas manifestaciones demandan un especial cuidado por parte de los liderazgos para que se convoquen y se desarrollen de una manera pacífica”. Según el informe, en el desarrollo de las movilizaciones se debe hacer “un esfuerzo para identificar la existencia de grupos violentos que apartados del derecho a la protesta puedan desnaturalizarlo o bien utilizarlo en el contexto de protesta para fines alejados de la misma”. En su reporte hizo notar “la relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el Estado y su importante financiación, que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios, así́ como reportes sobre cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”. A la vez, la Comisión informó que recibió distintos reportes que cuestionan determinadas coberturas periodísticas de eventos de interés público en el país. “Las líneas editoriales, en su pluralidad, contribuyen a la dimensión colectiva de la libertad de expresión y los medios de comunicación pueden defender sus líneas editoriales sin que ello implique el desconocimiento de hechos verificables, contrastados y contextualizados”, enfatizó el organismo que tras la conclusión de su visita elaborará un informe país con las recomendaciones para el Estado. Fuente: ABI

Luis Fernando Vaca Rojas, el feminicida de María Alejandra de 26 años, fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto. El crimen ocurrió en el municipio de Cotoca y el Juzgado 1ro de Instrucción Penal sentenció a que cumpla la pena en la cárcel de Palmasola. “Como Ministerio Público colectamos diferentes elementos que demostraron que la responsabilidad del autor del hecho, entre ellas, la declaración de testigos, antecedentes policiales del sujeto que demostraron que no sería la primera vez que atacó a la víctima, el examen médico forense de la fallecida que determinó que la causa de muerte fue trauma toráxico penetrante por arma punzo cortante, además que el sujeto admitió su responsabilidad y solicitó acogerse a procedimiento abreviado que derivó en la pena máxima”, dijo el fiscal departamental Roger Mariaca.    El feminicidio de María Alejandra ocurrió a las 00.30 del lunes 27 de marzo  de  2023;  los vecinos del barrio San Jorge de Cotoca de la ciudad de Santa Cruz, se comunicaron con la Policía e informaron de la existencia de una mujer fallecida y un hombre herido en su domicilio. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar evidenciaron el cuerpo sin vida de la mujer y el hombre herido que fue trasladado hasta el hospital municipal de Cotoca donde recibió atención médica, luego que el sujeto fue dado de alta fue aprehendido y trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para ser puesto a disposición del Ministerio Público para su respectiva  investigación. Fuente: Opinión

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ingresó pasado el mediodía de hoy, al penal de Miraflores, en La Paz, donde está recluida la expresidenta Jeanine Áñez. El relator de la CIDH para Bolivia, Joel Hernández lideró la delegación que ingresó al penal. En la mañana la CIDH visitó el penal de Chonchocoro, donde está recluido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Fuente: Agencias

Encarcelado dos años por el supuesto fraude, el exvocal electoral Antonio Costas afirmó que una investigación al rol de la OEA en la crisis de 2019 implicaría para él y el país un “verdadero desagravio”. “El verdadero desagravio sería si se investiga la actuación de la OEA y se ve los documentos que derivaron en esos dos informes: el preliminar y el definitivo, y la actuación de la misión de observación”, dijo en La Razón Radio. El lunes, el Ministerio de Justicia organizó un acto de desagravio de seis exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en 2019 fueron detenidos acusados de operar un “fraude” en las elecciones del 20 de octubre. María Eugenia Choque Quispe, expresidenta del TSE, fue reconocida junto a sus colegas de entonces Costas, Idelfonso Mamani Romero, Édgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca y Lidia Iriarte Torrez. Al acto asistió también Joel Hernández, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya misión visita Bolivia estos días para evaluar la situación de los derechos humanos. Costas, encarcelado por el caso al menos dos años, consideró que el acto de desagravio fue “un paso” en la reparación personal por parte del Estado. “Era necesario ese reconocimiento”, dijo el exvocal, quien insistió en que ese año no hubo fraude. Consideró que fue “muy duro y cruel” el caso que le afectó, como a sus colegas. Cuestionó “el informe preliminar y sin firmas” de la OEA, que decantó el domingo 10 de noviembre de 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. En criterio de Costas, ese informe de la misión de la OEA degeneró en enfrentamientos sociales y políticos. Cuestionó que una “instancia foránea”, como fue el organismo, fue “tan gravitante” en la crisis poselectoral. Sin embargo, afirmó que antes de las elecciones hubo una campaña de desprestigio, interna y externa, del TSE. Recordó que el parón del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que consideró “incidente desafortunado”, fue el “disparador” del conflicto. Apuntó al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. “La responsabilidad del secretario general en este problema es mayúscula”, afirmó. Así, Costas invocó el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas uruguayos, Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, el que el jefe de la OEA admite su interés en las elecciones en Bolivia. Costas hizo referencia a tres opciones que Almagro barajó entonces. “Abríamos una posibilidad que era que Evo ganara legítimamente. Era el costo que tenía eso. Para mí, eso era imposible, imposible. Evo tenía menos votos todavía que los que había tenido cuando el referéndum, o sea que no tenía forma. Después abríamos la posibilidad de que la oposición ganara legítimamente. Y cerrábamos la posibilidad de que Evo se robara la elección”, admite Almagro en el libro. La madrugada del 10 de noviembre, la OEA publicó su informe preliminar sobre la observación de las elecciones generales en Bolivia del 20 de octubre. Según el acuerdo suscrito entre la Cancillería de Bolivia y el organismo, el documento debía expedirse el 13 de noviembre. El informe señalaba que en los comicios hubo “manipulación dolosa” y una serie de presuntas contradicciones entre las actas y los resultados. Costas no quiso calificar de doloso el informe, pero consideró que fue gravitante. La publicación de ese documento precipitó la renuncia de Morales, a las 16.50 de ese día. Minutos antes, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas había sugerido la dimisión del mandatario. Fuente: La Razón

En los últimos días se reportaron dos nuevos feminicidios, uno en La Paz y otro en Santa Cruz. Con estos nuevos casos, la cantidad de víctimas subió a 23 en todo el país, además de 34 huérfanos, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Rubén Lobatón.         El primer caso ocurrió la tarde de 24 de marzo cuando, en medio de una discusión, un hombre asesinó a su esposa con una piedra que le impactó en la cabeza. Tras lo ocurrido, el sujeto se quitó la vida colgándose de una viga de su domicilio ubicado en el barrio Alto Chijini, de El Alto. La pareja tenía tres hijos, dos de ellos, menores de edad. En el segundo caso, se registró en el barrio San Jorge, situado en el municipio cruceño de Cotoca donde una mujer de 26 años fue agredida por su exconcuvino quien le propinó varias heridas en su cuerpo con un arma punzocortante. Unas de esas heridas le llegaron al torax, lo que le ocasionó el deceso. “Al haberse descubierto en esta situación por los vecinos este ciudadano intenta quitarse la vida con heridas en el cuello y en el brazo, heridas superficiales que fueron tratadas y estabilizas en un centro médico en el hospital de Cotoca”, añadió Lobatón. El sujeto se encuentra aprehendido en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La mujer tenía un hijo de 8 años de edad. Sus abuelos maternos se harán cargo del menor mientras se desarrollan las investigaciones. Fuente: Erbol

Los exvocales del Tribunal Supremo Electoral y de tribunales departamentales, acusados de fraude en 2019, recibieron este lunes un desagravio por violaciones a los derechos humanos, en un acto en el Ministerio de Justicia que tuvo presencia de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el acto, los exvocales ratificaron que no hubo fraude electoral y denunciaron violaciones de derechos humanos que sufrieron en los procesos judiciales que surgieron a causa del informe de la OEA, que identificó irregularidades en el cómputo de la elección. “Nunca hubo el fraude”, exclamó la expresidenta del TSE, María Eugenia Choque, quien sostuvo que un informe sin firma causó tanto sufrimiento y dolor. Choque denunció que ha sufrido odio, racismo y que su dignidad ha sido mellada como mujer de pollera. La expresidenta del TSE sostuvo que para los exvocales es una oportunidad de reivindicación. Se sumó a la petición de recuperar su dignidad humana, puesto que tienen familia e hijos que pagaron por algo que nunca hicieron. El representante de los exvocales, Delfín Álvarez, denunció que antes de las elecciones de 2019 ya sufrieron persecución, hostigamiento y denigración, pero después de los comicios llegaron a sufrir tortura, encarcelamiento y vulneración al debido proceso. Álvarez negó que haya existido un fraude y aseguró que en 2019 existió un “golpe de Estado”, cuya agenda era la renuncia del presidente constitucional, de todos los vocales y la anulación de las elecciones. Pidió fuentes laborales estables para los exvocales y que sean compensados integralmente por los daños sufridos. En el acto estuvo presente el comisionado de la CIDH, Joel Hernández, que entregó reconocimientos a representantes de los vocales y pidió que puedan recuperar su proyecto de vida. También estuvo la jefa de gabinete de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, Patricia Colchero. Hernández dijo que le impactó el testimonio de María Eugenia Choque y cuestionó que se haya obrado de esa manera con personas que “sólo estaban cumpliendo su trabajo”. El embajador ante la OEA, Héctor Arce, expresó su reconocimiento a los exvocales “por su valentía, por su coraje, por no haberse declarado culpable de algo que jamás hicieron”. El viceministro de Justicia, César Siles, dijo que se realizarán actos de desagravio y que la mejor manera de comenzar era con los exvocales, que han sufrido persecución, detenciones ilegales, procesamiento indebido y violación de sus derechos humanos”. Fuente. Erbol

Este viernes debía desarrollarse la audiencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso “decretazo”, sin embargo, fue postergada para el 21 de abril debido a que la autoridad departamental se encontraba recibiendo atención médica en la cárcel de Chonchocoro.     El abogado Martín Camacho informó que antes de que se instale la audiencia primero se tienen que resolver algunos incidentes que se presentaron como la nulidad de la imputación, de los elementos de prueba, además de elementos absolutos dentro de la investigación. El gobernador cruceño se encuentra imputado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, relacionado a la polémica aprobación del Decreto Departamental 373 del pasado año que luego fue anulado. Esa norma hacía referencia a la designación de su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, como gobernador suplente, y no así al vicegobernador Mario Aguilera. El decreto fue aprobado antes del viaje que realizó Camacho a Brasil. La Fiscalía solicita su detención preventiva en la cárcel de Palmasola, aunque actualmente se encuentra recluido en Chonchocoro –desde el 30 de diciembre de 2020– por el denominado caso Golpe de Estado I, relacionado con la crisis política y social de 2019. La denuncia del caso “decretazo” fue abierta por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental.

El empresario chino Jin Zhengyuan devolvió un monto de casi nueve millones de bolivianos a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC). Este hecho surge tras el caso de presunta corrupción con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El dinero se encontraba en fajos en billetes, en un inmueble de la ciudad de Sucre, a donde representantes de Zhengyuan y la empresa llegaron, con una notaria, para hacer la entrega del monto.    Zhengyuan era gerente de CHEC en Bolivia y fue denunciado de presuntamente haber pagado una coima de nueve millones de bolivianos a funcionarios de la ABC, con el objetivo de que la empresa china se adjudique la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. El año pasado el empresario chino fue dejado en libertad por el caso de la coima, pero casi de inmediato en otro caso fue enviado a la cárcel, acusado del movimiento millonario de dinero mediante facturas falsificadas. La empresa china despidió al gerente y le inició un proceso por apropiación indebida del dinero. En el marco de ese proceso, Zhengyuan llegó a un acuerdo e hizo la devolución del monto, informó en Sucre el fiscal Javier Durán. Según el fiscal, Zhengyuan hizo conocer dos documentos: el acuerdo transaccional y la intervención notarial, mediante los cuales se establece con que la empresa “llegan a un acuerdo y se hace esta devolución de este dinero”. El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló el documento notarial de la entrega del dinero, que se produjo el 1 de marzo. Según el acta, Zhengyuan mandó a sus representantes con instrucciones de dónde estaba el dinero. El mismo se encontraba en el ambiente de una cocina en un inmueble de Sucre. El dinero se encontraba en bolsas plásticas de color plomo al interior de cajas de cartón. Se encontraron fajos de billetes en diferentes cortes desde 50 hasta 200 bolivianos. Tardaron desde las 10:30 hasta las 14:30 en contar el dinero. La cantidad total encontrada es de Bs8.979.550.  El monto fue metido en maletas y se llevó a un banco para depositarlo en la cuenta de la empresa. Según Lima, ese dinero era el pago que le hizo la ABC a la empresa por la construcción de la carretera. Fuente: Opinión

El retorno a casa a pie era habitual para Iker, de tres años, y su mamá. Este miércoles no fue la excepción, juntos caminaban por la avenida Los Sargentos de La Paz cuando un camión los sorprendió y atropelló, el niño murió al instante. “El vehículo habría estado descendiendo por el carril de bajada y, según lo que refiere el conductor, este habría perdido el control del vehículo por problemas en los frenos, esto es algo que estamos investigando”, informó el director de Tránsito de la zona Sur, coronel Freddy Huallpara. Flores blancas y velas acompañan el lugar donde Iker murió la mañana de este miércoles. El conductor fue aprehendido y se investiga su versión respecto a las fallas mecánicas, en tanto una familia quedó destrozada. Incrédulo, el papá del niño está ahora en la búsqueda de ayuda para su esposa, quien estaba con el pequeño y también fue atropellada. La mujer está en terapia intensiva, ahí lucha por su vida sin saber que su hijo menor falleció a su lado. “En este momento no quisiera que nadie estuviera en mis zapatos; realmente es doloroso perder un bebé y que mi esposa se esté debatiendo ahora entre la vida y la muerte”, expresó entre lágrimas el papá de Iker, en la puerta de la morgue del Hospital de Clínicas, a red Uno. Mamá de tres niños, la mujer cumplía esta mañana su rutina habitual. Temprano se alistaba para llevar a sus dos hijas mayores al colegio, con el pequeño a su lado, mientras su esposo se iba a trabajar. La compra de golosinas y el retorno a pie a casa para preparar el almuerzo eran rutinarios para la mamá y sus hijos. IKER No obstante, este miércoles un camión lo cambió todo. La mamá logró dejar a sus hijas en su colegio, pero cuando volvía con Iker a casa fueron atropellados, muy cerca del trabajo de su esposo. “Mi esposa va a dejarles a la escuela a mis hijitas cada mañana, entonces al retornar a mi casa es cuando sucedió el accidente. Yo trabajo en el Cementerio Celestial, vecinos vinieron a llamarme y me dicen ‘le han atropellado a tu esposa’, cuando abro la puerta del cementerio, directamente al frente había pasado, mi esposa estaba botada y mi hijito estaba más arriba”, relató el papá, a un medio de comunicación paceño. La muerte de Iker fue instantánea; su mamá fue trasladada a un centro médico donde ahora luchan por su recuperación, pese a sus complicadas lesiones que le valieron un ingreso a terapia intensiva. El papá en tanto busca ayuda. Las dos niñas están con sus parientes sin saber lo sucedido; su esposa en el hospital y debe trasladar a su hijo menor a un salón para el velorio y luego el entierro. Cualquier apoyo es bienvenido para esta familia que quedó desconsolada por el repentino suceso. “Mi número es el 79141889, ahí se pueden contactar conmigo para cualquier ayuda. Por favor, les rogaría”, dijo el padre. Justicia se lee en los carteles instalados junto a las flores y las velas en la avenida Los Sargentos. Ese es el clamor de la familia de Iker, que a sus tres años perdió la vida junto a su madre, que ahora necesita ayuda para recuperarse. Fuente: La Razón