Opinión

Fascismo europeo y fake news bolivianas

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Luciano Neri Leí una noticia falsa que algunos medios de Bolivia han vendido como realidad en los últimos días. Me refiero a la propuesta habitual del habitual parlamentario europeo de extrema derecha Hermann Tertsch, perteneciente a Vox, el grupo de extrema derecha racista española, que nomina a Janine Áñez al Premio Sájarov. Esto no es noticia, construida solo para engañar a los bolivianos y hacer propaganda para la extrema derecha. Para todos es claro que nunca se entregará un premio, establecido para la defensa de la libertad de pensamiento, a partir de una propuesta hecha por un partido neofascista e irrelevante como Vox, a una persona como Áñez que ha perseguido opositores y reprimido la libertad, haciéndose corresponsable del asesinato de personas inocentes que protestaron contra el golpe y exigieron el retorno de la democracia. Incluso en Europa conocemos los mensajes racistas publicados por Áñez en los que se define a los indígenas como salvajes no aptos para gobernar. Vox es un grupo inexistente en el Parlamento Europeo: 3 de 704 parlamentarios, 0,4%. Ha sido apodado el «grupo tambor», hace ruido pero está totalmente vacío por dentro. Ermann Tertsch es conocido solo por ser uno de los exponentes más feroces de la extrema derecha europea e hijo de Ekkerard Tertsch, jerarca nazi, colaborador de Hitler y exponente de los escuadrones criminales nazis de las SA en la década de 1930 y de las SS a partir de entonces. Y también es conocido por sus ofensas contra el papa Francisco. Este es el perfil del «compadrito de juerga» de Arturo Murillo, con quien aparece en diversas iniciativas y ruedas de prensa. Luego de la solicitud del Premio Sájarov a Áñez, quizás la próxima iniciativa de Tertsch en defensa de su «cazador de masistas» Murillo sea denunciar ante la Corte Internacional a los jueces estadounidenses que arrestaron a Murillo por corrupción y a los de Bolivia que pretenden juzgarlo por sus crímenes. Y tal vez Tertsch también nomine a Murillo para el Premio Sájarov. Para el próximo año. La credibilidad política de Hermann Tertsch es equivalente a la credibilidad periodística de Entrambasaguas. Su peso político o periodístico en Europa es nulo. Cero, lo mismo de un escupitajo en el desierto. No. No se otorgará ni hoy ni nunca ningún premio Sájarov a una racista boliviana sobre la base de una propuesta de un extremista franquista de la derecha racista española. Sería un golpe no para Bolivia, sino para el Parlamento Europeo y su residual credibilidad. Pero todo esto a Página Siete y a la corporación empresarial de medios no le importa. Para ellos, el objetivo no es la noticia, sino la propaganda, el interés económico y el poder. Por tanto, la cuestión no es por qué un exponente de la derecha racista y neofascista europea apoya a la derecha racista y neofascista boliviana. La pregunta es ¿por qué un hecho y una noticia que no existe en Europa son transformados por algunos medios en noticia real y hecho político real en Bolivia? Porque hay periodistas (¿periodistas?), que mortifican su rol profesional para desentonar en las máquinas de discos que, por una tarifa, cantan la canción que les pide su jefe emprendedor y/o político. Porque la información es administrada por «editores impuros» que operan en abierto conflicto de intereses. Una corporación de medios emprendedora cuyo objetivo no es informar, sino hacer negocios, hacer política y conquistar el poder. Una corporación empresarial que posee el sistema de información de un país es un peligro real para la democracia y una contaminación de los procesos políticos, sociales y electorales. Y esto es un riesgo en todas partes, en Bolivia como en Italia. Por ello, asociaciones y periodistas de diferentes países están trabajando en conjunto para poner en marcha «La Agencia de Noticias Eurolatinoamericana», una red que permite a los ciudadanos de ambos continentes estar más informados, que salva la verdad de los hechos de las mentiras de los monopolios neoliberales de las corporación mediática empresarial. Los mismos que acaparan también el sistema de información, decidiendo la agenda política y poniendo en riesgo la convivencia y los sistemas democráticos. No podemos permitir todo esto. Todo esto tiene que acabar. No se puede permitir que los potentados económicos maten el sistema de información para doblegarlo en beneficio de sus ganancias especulativas. Los privilegios de unos pocos, los “editores impuros” y el conflicto de intereses no pueden borrar el derecho a la información como derecho fundamental de cualquier ciudadano en cualquier país democrático del mundo. El autor es Presidente del Centro Relazioni Internazionali. Correo: presidente@cenri.it

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Camacho y la política de silenciamiento

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Luciana Jáuregui J. Dice Rancière que en todo orden democrático hay una disposición simbólica de los cuerpos, entre quienes cuentan y tienen el privilegio de la palabra y quienes son expulsados como seres no parlantes hacia los márgenes. El “derecho a la palabra” instituye así “un orden de lo sensible que organiza la dominación”, entre quienes se atribuyen el derecho a hablar, sin el pueblo, pero a nombre del pueblo y quienes son marginados de cualquier intercambio lingüístico porque son seres sin nombre, sin logos: la animalidad. La política es entonces la querella por erigir un escenario común y por definir quiénes constituyen “las partes” que cuentan en la comunidad política. Sabemos ya que la historia de los “parlantes” en nuestro país es la historia de las élites, en clave oligárquica, blanca y masculina, mientras que lo plebeyo, lo indígena y lo femenino es el lugar de lo enmudecido. De ahí el peligro de esos excepcionales momentos en que estos “otros” osan en tomar la palabra para plantear la querella por la igualdad, porque son restituidos con violencia a su posición de subalternidad. Así, cuando Camacho decidió, con la torpeza de siempre, silenciar al presidente en ejercicio David Choquehuanca en la conmemoración de los 211 años de la gesta libertaria de Santa Cruz hizo cuerpo de esta política de silenciamiento tan lúcidamente trabajada por Ranciére. La racionalidad del “otro” siempre debe ser negada, estigmatizada y enmarcada como amenaza para que pueda reproducirse la dominación. Choquehuanca entonces deja de ser presidente para ser “personero” y deja ser el conciliador para ser enemigo de Santa Cruz. Porque es justo ahí, cuando los “sin parte” se asumen parlantes, que el poder responde estableciendo los límites de lo visible y de lo decible. Entonces hay que quitarle el micrófono, clausurar la sesión, quitar la whipala, no vaya a ser que impugne el mito de defensa de la democracia. Eso sí, hay que afirmar superioridad masculina, decir que somos valientes y que hablamos en “la cara”, aunque al final le temamos al “desorden” de su voz. Mañana se puede seguir haciendo ventriloquía por los pueblos indígenas de tierras bajas, porque, como diría Žižek, es fácil amar la figura idealizada de un prójimo pobre, distante e indefenso, el problema es cuando comenzamos a sentir su proximidad. Por eso, a quienes tienen la osadía de ser autoridad, es mejor desterrarlos a la noche del silencio. Al fin y al cabo, acallar siempre es el modo de garantizar el monopolio de la palabra y de devolver a los indios a “su lugar”. Este es sólo uno de los múltiples episodios de silenciamiento por parte del poder. Como aquella vez que el rey Juan Carlos le dijo a Hugo Chávez: ¿Por qué no te callas? O cuando una asambleísta de PODEMOS le pidió a Isabel Domínguez en la Asamblea Constituyente que: «Si quiere hablar, aprenda a hablar en castellano”. O como cuando las cholas se rebelan y las llaman “boconas”; o cuando las mujeres hablan y les dicen locas. Incluso, cuando a los niños se les exige que “hablen como hombres”. Es que al final es cierto que las palabras son un hecho profundamente material, con fuertes implicancias en la (re)producción de las estructuras de desigualdad. Felizmente, hay también otros momentos en que dislocarse – salirse del lugar socialmente asignado- abre, trastoca y transforma el orden del discurso. Y, entonces, los “Camachos” vociferan solo desde sus confines. Felipe Quispe le dice a Banzer: “Vamos a hablar de jefe a jefe”. O, aparece Domitila Barrios de Chungara irrumpiendo en las plenarias del feminismo blanco y liberal o en los cercos a las minas de Siglo XX, diciendo: “Si me permiten hablar…» La autora es socióloga.

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Democracia Concomitante

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Jorge Richter Ramírez La tarea está ahora en la reconstrucción de la democracia. El intervalo oscuro producido por el hecho de noviembre deja expuesto el mayor desafío político del nuevo tiempo que se inaugura hoy: la necesidad de otro sentido común, innovador y transformador de las actuales formas que caracterizan las relaciones políticas en Bolivia. Un sentido común que debe, imprescindiblemente construir identidades democráticas abarcadoras de la equivalencia de intereses, conectando la suma de preocupaciones y tensiones de una sociedad plural que está intentando reacomodarse. Esto no se construye con una alianza declarativa ni la expresión de intencionalidades afables, precisa comprender de manera inequívoca que una “comunidad no es un espacio constitutivo único de lo político” donde el bien común es el factor unificador por antonomasia. La colectividad boliviana está signada por la multiplicidad de sujetos, contradictorios por supuesto, diversos, con temporalidades diferentes y miradas subjetivadas de lo nuestro y de lo prioritario; con estructuras organizativas que combinan tiempos prehispánicos e incipiente modernismo. Un espacio donde el sujeto individualizado precisa de una renovada filosofía política que haga posible la convivencia de la expresión plural y democrática. Trabajar en una filosofía política post moderna obliga rearmar la democracia, las institucionalidades y las miradas individuales en una perspectiva de respuestas diversas e inclusivas. Precisa a su vez trascender la idealización de la Ilustración y del sujeto unitario asentado sobre el mito exclusivo del bien común como hecho totalizador para, concentrarse, con mayor fuerza en la búsqueda de la democracia diversa y su coexistencia tácita con las formas tradicionales del institucionalismo liberal. Hoy Bolivia se ha fragmentado en espacios políticos radicalmente nuevos y contrapuestos, con intenciones no silenciosas de marginar la otredad molesta. Esto incide sobre las nociones e ideas de libertad e igualdad que deben estar presentes en este reinicio institucional. La democracia concomitante que debe construirse en Bolivia reclama derechos democráticos, que si bien suelen entenderse como individuales su ejercicio es colectivo pues se expresan en el derecho de todos. Las libertades y la igualdad deben tener hoy una dimensión que interseccione la esfera individual y política. Compartimentar de forma intemperante el individualismo liberal y el comunitarismo intercultural sin espacios intermedios de convivencia necesaria es una apuesta inviable. Las relaciones político sociales del gobierno que hoy asume deben ser esencialmente constructivas y dialógicas, asentadas sobre una matriz democrática de valores y prácticas que se extiendan progresivamente y que permitan reducir las disonancias de intolerancia. En sociedades diversas, las lógicas unipolares son conducentes a la construcción de figuras autoritarias y restrictivas del pensamiento y las libertades, la democracia plural es tarea del nuevo gobierno, pero ello se edifica sobre la necesaria existencia y aceptación de multiplicidades y conflictologías que se superan cuando los métodos que las resuelven son dialógicos. La reconstrucción democrática no es posible cuando se substrae únicamente a la reedición de modelos pasados e insuficientes. Un nuevo tiempo que llega pide otros patrones democráticos. La Democracia Liberal de los años noventa y la Democracia Intercultural del Proceso de Cambio deben abrir espacio a la Democracia Concomitante, un espacio que en el mundo aymara se llama el espacio taypi, ese lugar/zona donde lo indígena y lo occidental se entretejan en su más profunda expresión de abigarramiento para ordenar las asimetrías hoy existentes. El autor es politólogo

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Joe Biden es masista

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Mike Gemio En los últimos días, la prensa boliviana tradicional ha puesto en tela de juicio, a través de sus analistas y periodistas, las medidas de orden económico que viene realizando el gobierno del Presidente Arce, ya que muchas de estas medidas buscan priorizar el consumo interno y encontrar mecanismos para mejorar las recaudaciones del aparato gubernamental a partir de impuestos que estarían afectando a los que más tienen. Inadvertido para muchos de los que opinan, han estado las medidas que vienen dándose en el parangón de los críticos opositores al gobierno del MAS, la panacea de los inversores acaudalados, cuna de muchas crisis económicas que ha sufrido nuestro planeta; de donde su Presidente, recientemente posesionado, es el demócrata Joe Biden. El nuevo gobierno de las Estados Unidos viene preparando un paquete de medidas de orden impositivo que van a afectar a los ricos de ese país, pero de seguro nadie ha salido a los medios norteamericanos a acusar al gobierno de “ahuyentador” de capitales, o peor aún, de ser un “defenestrador” de la poderosa economía gringa; esto por ir en contra de los intereses de los que el 2020 incrementaron su fortuna por encima de 540 mil millones de dólares, tal como afirma el informe presentado por OXFAM, “El virus de la desigualdad”, el 25 de enero de 2021. Fuera del sarcasmo con que inicié, es necesario puntualizar algunos aspectos que clarifican la importancia que ha surgido en las economías de los países sobre las acciones de un Estado que debe mostrarse mucho más agresivo en términos de su política social y empezar a generar mecanismo de redistribución de recursos; esto a raíz del impacto que ha tenido la pandemia en la economía de muchas familias, principalmente de clase media, mismas que han visto desaparecer sus ahorros y bienes, como coletazo de un ascenso acelerado del desempleo y la baja capacidad de los sistemas públicos de salud para atender un fenómeno social como lo ha sido y es el Covid – 19. Biden presentará al Congreso de su país, bajo la premisa de “los de arriba no están haciendo su parte”, refiriéndose a los ricos de su país; un grupo de medidas que incluyen incrementar los ingresos gubernamentales por un monto de $us. 2.1 billones, aumento de la tasa impositiva para los que ganan por encima de los $us 400 mil, impuestos sobre las ganancias de capital, impuesto federal al patrimonio, incremento de los impuestos a empresas, entre otras. Todas estas medidas dejan fuera al 90% de sus contribuyentes, siendo un paquete estrictamente para los que los que tienen más recursos. En Bolivia la recuperación de la economía ha dado sus primeras señales, comercios que surgieron con el milagro económico de los 14 años, han mostrado sus primeros números positivos, como es caso de negocios de comida y supermercados; al igual que la balanza comercial ha mostrado un superávit después de mucho tiempo; por otro lado los ahorros y los créditos en los banco están sufriendo incrementos interesantes, esto como resultado de medidas que están incrementando el consumo de los que menos tienen y fortaleciendo la oferta de productos a través de acceso a créditos a empresas que usen materia prima nacional en vez de importarla. Al parecer algunas recetas han sido transferidas desde Bolivia hasta el país del norte, y que la aplicación de estas medidas, pueden ser útiles contra la desastrosa economía que nos ha dejado la pandemia, Biden deberá ir con cuidado si no quiere que nuestros analistas terminen criticando el tan añorado sueño americano. El autor es analista.

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Ley Municipal aprobada en beneficio de grandes empresarios de construcción en La Paz

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Christian A. Velasco La ciudad de La Paz en los últimos 20 años ha crecido descontroladamente, ya sea por la falta de planificación urbana, negligencia de sus autoridades municipales, y/o simplemente la necesidad de muchas familias de poder contar con su casita, las cuales las edificaron en las laderas de la ciudad. Por otro lado, el “boom de la construcción” donde diferentes constructoras y personas con grandes capitales económicos, por mucho tiempo empezaron la construcción de edificios de más de 10 plantas, como los de Calacoto, Miraflores o Sopocachi, y grandes condominios habitacionales como en Achumani, Irpavi, Miraflores y otras zonas. La característica que asemeja estos dos tipos de edificaciones, las que se construyeron por necesidad y las que se construyeron para negociar, es que ambas construcciones, en muchos casos, han sido realizadas en la ilegalidad, irregularidad y sin contemplar la Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos que establece a partir de un mapa de Riesgos, el tipo de edificaciones que se puede construir en cada zona de La Paz, con el objetivo de evitar la sobrecarga de los suelos y de esta manera prevenir deslizamientos y otros peligros latentes en la ciudad. Pero de esta similitud, existe otra gran diferencia social. En las laderas de La Paz y zonas de escasos recursos económicos, las edificaciones que se pueden afrontar económicamente no sobrepasan los 3 pisos. Muchas familias, con el trabajo diario, construyen su casa, ladrillo a ladrillo, cuarto a cuarto. Muy diferente a los grandes capitales económicos; que, mientras una familia pobre construye un cuarto en su domicilio con un monto erogado de 1000 Sus aproximadamente sin ganancia alguna, una constructora, en el mismo periodo, construye un edificio de 10 plantas ganando 100.000 Sus por departamento vendido; a dos departamentos por piso, hagan ustedes la suma, ¿“negoción” no?. Habiendo puesto el contexto claro, vamos al punto que genera la necesidad de escribir este artículo. La “Ley Municipal de regularización, legalización de edificaciones y adecuación normativa territorial en tiempos de pandemia covid-19”, aprobada por el Concejo Municipal de La Paz el día miércoles 22 de septiembre del presente año, a iniciativa del Concejal Pierre Chain, apoyada por el Ex Subalcalde de Luis Revilla en la zona Sur, Concejal Oscar Sogliano, y también promovida por la Concejal Lourdes Chambilla, asesorada por Rafael “Tata” Quispe. Ante este escenario, vale la pena hablar de Partidos políticos? O vamos al trasfondo, los intereses económicos que han movido esta Ley Municipal. Considero que para entender lo que pasa en el espectro partidario, primero se deben develar los intereses económicos detrás de esta polémica Ley. En primera instancia se hizo evidente una posible maniobra, donde el Secretario del Concejo Municipal, Oscar Sogliano de forma irregular hace que el trámite en cuestión caiga, justo, donde Pierre Chain; ahí nace el Proyecto de Ley Municipal de Regularización y legalización de Construcciones. Esta maniobra nos lleva a una pregunta, ¿Qué era más conveniente, una Ley de Construcciones presentada por el Concejal Sogliano, representante del sector empresarial de la zona Sur de La Paz, o, por el Concejal del MAS-IPSP, Pierre Chain, para darle un maquillaje “popular” a esta norma? Por supuesto, el discurso de que beneficia a las laderas de La Paz y a la “gente pobre”, con el que Chain vendió la Ley nos demuestra el camino que decidieron tomar. Ahora, analicemos esta Ley Municipal. El Objeto de esta, es ampliamente “generoso”, ya que señala la regularización y legalización de todas las construcciones que hayan vulnerado la normativa técnica, algo descabellado, tomando en cuenta que un gran porcentaje de edificaciones en la ciudad de La Paz se encuentra fuera de norma o en proceso de regularización. Hasta ahí muchos dirán que es una Ley que beneficia al “pueblo”, pero ojo con el artículo 3 que propone la vigencia de este periodo de “gracia” hasta diciembre de 2022, beneficiando a las grandes constructoras y empresarios para que a partir de esta ley pueden emplazar las construcciones que deseen. Pero, siendo propositivo, por qué no limitar la regularización y legalización a construcciones de máximo 2 o 3 plantas? Si damos una vuelta por las laderas de la ciudad, estas son las características que predominan en sus construcciones, entonces, si es una Ley para el pueblo, no debería tener límites para no engrandecer aún más las desigualdades sociales?. Otra disposición que llama la atención es la del Alcance de la norma, donde no establece límites a la imaginación, de esta manera, cualquiera, así haya construido ilegalmente en zonas de riesgo alto o muy alto, o que simplemente haya decidido construir a gusto y gana edificios de 10 pisos donde el tipo de suelo solo permite construir 3 pisos, podrán acogerse a la legalización a través de esta norma. Los requisitos establecidos en esta Ley Municipal son simplemente criminales, entre ellos se encuentra la elaboración de una Declaración Jurada que establece la exención de responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por construcciones fuera de norma y otra declaración jurada sobre la responsabilidad penal o civil que asume plenamente el ciudadano. Esto convertiría nuestra ciudad en tierra de nadie, legalizando lo ilegal y exponiendo a todos al riesgo de ser victimas de la desgracia y quedar en indefensión como ciudadanos. Estas y otras observaciones, demuestran que por detrás existen intereses económicos muy grandes; solo eso justifica el haber propuesto una Ley Municipal que no entiende la verdadera problemática de la ciudad. Al verdadero pueblo de La Paz le hace falta Planimetrías, acceso a Servicios Básicos, mejoramiento de caminos, canalización de ríos y aguas subterráneas, estabilización de suelos, registro catastral, mejor atención en la Gestión de Riesgos, desburocratización de trámites y otros. Calidad de vida en la legalidad desde el apoyo de su Gobierno Municipal. David Harvey, en una entrevista para The Intercepted publicada el 21 de enero de 2018 decía:“…ahora no construimos ciudades para que la gente viva, las construimos para que la gente invierta en ellas. Y a los inversores no les importa necesariamente la calidad de vida

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