Política

 La ministra de Trabajo, Verónica Navia, reveló este domingo que durante el periodo de facto de Jeanine Áñez, el año 2020, los despidos masivos llegaron a 161.000, de los cuales 13.000 rupturas de relación laboral fueron ilegales e injustificados. “No se sacaron políticas de protección a los trabajadores que no iban a poder acudir al trabajo durante 40 días, entonces comenzaron los despidos totalmente masivos. El año 2020 nos deja casos de hasta 161.000 despidos, según planillas, de los cuales 13 mil rupturas de relación laboral fueron ilegales e injustificadas”, indicó la ministra en entrevista con el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv. La autoridad recordó que durante esa gestión los derechos laborales se vulneraron, y ni con la llegada de la pandemia se generaron políticas de seguridad a la población. Dijo que a partir de su llegada al Ministerio de Trabajo todas las demandas fueron atendidas, ya que esas denuncias no concluyeron con las resoluciones ministeriales como debían, por lo que en su gestión se declaró la reincorporación de muchos de los miles de trabajadores que acudieron a su despacho. Actualmente, dijo que existe una ruptura de relación laboral de al menos 10.000 trabajadores por mes, por culminación de contrato o renuncia. “En promedio nos entran 200 denuncias, 300 denuncias, y ya no hay ese trabajo exorbitante que había el año 2020. De esas denuncias, aprobamos aproximadamente 150 o 160 como procesos de reincorporación, es decir, despido ilegal de 10 mil rupturas laborales que ocurren al mes, el resto son totalmente legales, esa es una forma de mantener la estabilidad laboral”, aseveró. Navia explicó que por 10.000 trabajadores que culminan una relación laboral al mes, se registran 20.000 nuevos contratos, situación que permite advertir en las estadísticas la disminución del desempleo. “Hemos bajado de más del 10% en el tercer trimestre de 2020, ahora con un poco más del 4%. Existen más de 338.000 trabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo, con relación laboral, y la población ocupada supera los 2 millones de personas”, indicó. Fuente: ABI

A quienes presentan en el discurso un escenario de catástrofe y colapso del ciclo económico en el país, no les acompañan los indicadores económicos, aclaró este sábado el vocero de la Presidencia, Jorge Richter. “Ellos presentan un escenario caótico, pero discursivamente no les acompañan las variables, los indicadores económicos”, señaló en entrevista con ATB Radio. En su opinión, al “imaginar” un escenario de colapso del ciclo económico, algunos sectores quieren presentarse ante la opinión pública “como los salvadores que portan la solución”.  La autoridad recordó que el crecimiento económico fue del 4,3% el año pasado, la reducción del déficit fiscal del 12,7% que se situó durante el régimen de Jeanine Áñez (2019-2020) fue reducido al 7,2% en 2022. “5,5% de puntos de reducción en todo este tiempo”, precisó, al señalar que “eso no ocurre por arte de magia” y que es la consecuencia de un conjunto de medidas que asumió la gestión de Luis Arce y de la eficiente administración de la economía. Dijo que con “entusiasmo” algunos sectores opositores, y otros que quieren ganar unos cuantos metros de rédito político inmediato, “imaginan” un escenario con una inflación parecida al gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP). La UDP de Hernán Siles Zuazo como presidente (1982-1985) era una coalición de partidos políticos sin mayoría en el Congreso Nacional integrados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I de Siles Zuazo), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR, de Jaime Paz Zamora) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB, de Jorge Kolle). Siles, con quien el país retornó a la democracia, asumió el control de un Estado en bancarrota. En medio del caos generalizado, la Central Obrera Boliviana y el Congreso forzaron la renuncia de Siles Zuazo un año antes de la conclusión constitucional de su mandato.  Bolivia estaba devastada.  Hacia fines de 1985, el PIB registró una caída del 11% en relación a 1982, la hiperinflación llegó a tasas superiores al 27.000% anual, y el déficit fiscal alcanzó la cifra exorbitante de 3.710%. Richter dijo que sectores contrarios a la administración del presidente Arce “hablan de la UDP cuando no hay elemento alguno que haga encontrar parangón entre lo que sucedió entre 1982 y 1985, con lo que pasa hoy. “No hay un solo elemento comparativamente hablando que sea igual”, remarcó. Fuente : abi

El Gobierno dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la decisión final de las elecciones judiciales, luego de haber suspendido el proceso, y sugirió buscar un “acuerdo nacional” entre todos los actores políticos que permitan garantizar hasta el 31 de diciembre a los nuevos magistrados. Mediante una resolución de la comisión de admisión del TCP se determinó suspender provisionalmente el proceso para elegir a candidatos a magistrados, debido a que el reglamento y la convocatoria debieron ser aprobados mediante una ley tal como ocurrió en el proceso de 2017. El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, informó que el vicepresidente David Choquehuanca tiene 15 días para prestar su posición como presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto a la decisión asumida. Una vez que se concrete el pronunciamiento, el TCP debe emitir una sentencia constitucional que va a “blindar por completo” el proceso que fue paralizado por segunda vez. Estimó que en un plazo de 45 días se podría emitir una respuesta de los magistrados.   “La decisión del TCP, cuando hay una acción abstracta, es vinculante a la Asamblea Legislativa, lo que defina el TCP va a ser el camino final para garantizarle al pueblo boliviano dos derechos que son fundamentales: tutela judicial efectiva y acceso a la justicia”, sostuvo Lima. En ese sentido, consideró que el buscar la transformación de la justicia debe ser por los dos tercios de voto con un “gran acuerdo nacional” en el que todas las fuerzas políticas garanticen al país la elección de  los nuevos representes del Órgano Judicial. “Necesitamos que todas las fuerzas políticas y los que no tienen representación parlamentaria como esos juristas que tienen más de 800.000 votos que los respaldan sean parte de una mesa de trabajo y de un gran diálogo nacional. Solamente con diálogo con consenso y con acuerdos vamos a garantizar al pueblo boliviano la transición que nos están pidiendo”, sostuvo. Con los plazos aun reducidos tras ser la segunda ocasión en la que se suspendió el proceso judicial, Lima dijo que se tienen siete meses para que los actores políticos se pongan de acuerdo y lograr una transición de los actuales magistrados el 1 de enero de 2024. Fuente: Erbol

La tarde de este viernes, la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó suspender provisionalmente la preselección de candidatos a magistrados, después de medidas cautelares del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El TCP admitió una acción abstracta de inconstitucionalidad, presentada por un diputado opositor, quien reclamó que la convocatoria y reglamento se había aprobado por resolución de la Asamblea y no por ley. El Tribunal, mientras decide la sentencia, determinó que se suspenda la convocatoria y el reglamento, además de sus efectos. Si bien las medidas cautelares se conocían la tarde del jueves públicamente, la Asamblea esperó la notificación oficial para suspender el proceso. Entretanto, continuaba recibiendo las postulaciones este viernes hasta horas de la tarde. Mediante un comunicado, la Asamblea señaló que esta suspensión corre hasta que el tribunal dicte la respectiva sentencia constitucional plurinacional. El plazo de postulaciones estaba abierto hasta el 2 de mayo.

El presidente anunciará la vigencia de tres normas el 1 de mayo, entre ella la ratificación del Convenio 190 con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, informó la ministra de Trabajo, Verónica Navia. “Es un anteproyecto de ley que ya estamos tramitando, hemos firmado un acuerdo con los trabajadores que forman parte de la comisión y salió fruto del debate de Comisión Normas”, afirmó la autoridad de Estado. Explicó que el Órgano Ejecutivo tramita la norma con la Cancillería, coproyectistas de la norma, y el jefe de Estado anunciará su remisión a la Asamblea Legislativa. El Convenio 190 de la OIT es una norma internacional del trabajo que proporciona un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Explicó que la norma establece, además, que el lugar de trabajo no solo es la oficina, empresa o fábrica sino también se considera al transporte que utiliza el trabajador para llegar a su fuente laboral. Asimismo, la norma reconoce como los espacios de trabajo a los domicilios particulares. “Los domicilios son lugares d trabajo cuando hay una relación laboral con las trabajadoras del hogar, eso nos permitirá ingresar a los hogares para verificar la vulneración al derecho humano como el acoso”, dijo. La ministra calificó de gran avance la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que será parte de la jurisprudencia y permitirá regular de acuerdo a la Constitución Política del Estado con normas específicas. Fuente: ABI

La futura Empresa Pública Productiva Industria Boliviana Química (IBQ) será edificada sobre una superficie de 150 hectáreas en el municipio de Uyuni, Potosí, y establecerá sucursales en todo el territorio nacional, señala el Decreto Supremo 4923 que crea la nueva entidad. El ambicioso proyecto boliviano incluye la construcción de cuatro plantas industriales químicas en la comunidad de Kulla, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro, de Potosí. El Jatun Ayllu Tholapampa de Aransaya – Urinsaya y la Comunidad de Kulla cedieron los “terrenos para la construcción de esta importante industria de la química”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca. El Decreto Supremo 4923 señala que la IBQ estará bajo dependencia directa del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) y desarrollará sus actividades en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo 0590, de 4 de agosto de 2010, modificado por el Decreto Supremo 2946, de 12 de octubre de 2016. La IBQ tiene por giro y actividad principal la producción y comercialización de productos químicos relacionados con el desarrollo de la industria química para la sustitución de importaciones. Realizará investigación y desarrollo tecnológico productivo para la producción de productos químicos para la industria manufacturera, y estará a cargo de la implementación de la industria de la química básica. Para la ejecución del proyecto «Implementación de la Industria de Química Básica en Bolivia», el Gobierno nacional aprobó un capital de hasta Bs 3.409.893, que serán asignados por el Tesoro General de la Nación (TGN). Con ese fin, el decreto autoriza realizar las modificaciones presupuestarias de la «Implementación del Programa de Inversión Pública Multisectorial para el Desarrollo Productivo a Nivel Nacional», asignado al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. La producción y comercialización de la industria de la química básica de los recursos evaporíticos se desarrollará en el marco de la Ley 928, de 27 de abril de 2017, de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), para lo cual se podrá suscribir convenios u otros mecanismos, en el marco de la normativa vigente. Durante la presentación de la nueva empresa estatal, el miércoles, el presidente Luis Arce, indicó que la industria química básica es una parte esencial en la economía de otros países, porque proporciona los materiales e insumos necesarios para una amplia variedad de industrias. Bolivia importa, en promedio, más de $us 1.400 millones en productos manufacturados elaborados con insumos de química básica. La estatal IBQ contribuirá al crecimiento económico sostenible y la soberanía industrial del país, fortalecerá la producción nacional y la creación de nuevas industrias que generarán más empleo y servicios. La producción de la futura industria química suministrará insumos a más de 15 sectores industriales, entre ellos de agroindustria, energética, minería, farmacéutica, cemento, alimentos, textil, tratamiento de agua, productos de limpieza y detergentes, productos de cosméticos, industria pecuaria, construcción, hidrocarburos, producción de plásticos y manufactura de cuero, entre otros. La estatal IBQ estará integrada por cuatro plantas: la Planta Industrial de Ácido Sulfúrico, que tendrá una capacidad de producción de 80.000 toneladas por año; la Planta de Ácido Clorhídrico e Hidróxido de Sodio, con 40.000 toneladas por año de ácido clorhídrico, también producirá 20.000 toneladas año de hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio. La Planta de Hidróxido de Calcio tendrá una capacidad de producción de 375.000 toneladas por año; y la Planta de Carbonato de Sodio 150.000 toneladas año y también producirá como subproductos cloruro de calcio y bicarbonato de sodio. La implementación de esta industria generará 5.248 empleos directos e indirectos, y beneficiará a 1.900 unidades productivas del sector minero, agroindustrial, pequeñas y medianas empresas manufactureras (PyMEs), entre otras. Fuente: ABI

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante su Comisión de Admisión, dispuso suspender provisionalmente la convocatoria para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, en tanto se resuelve un recurso planteado por un diputado. Se trata de la segunda vez en que la justicia constitucional decide suspender el proceso de preselección, puesto que anteriormente un tribunal de Beni determinó anular un requisito del reglamento, obligando a que se apruebe uno nuevo.    El accionante en este nuevo caso es el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, quien el 24 de abril presentó una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad contra el reglamento y convocatoria de la preselección judicial. El argumento del opositor consiste en que el reglamento y la convocatoria se aprobaron mediante resolución de la Asamblea Legislativa y no así mediante ley, como ocurrió en las elecciones judiciales de 2017. El TCP decidió admitir la Acción y emitir medidas cautelares, suspendiendo la aplicación de la Resolución de la Asamblea 007/2022 y todos los actos emergentes. “HA LUGAR la solicitud de medida cautelar impetrada, conforme a los argumentos expuestos en el apartado 11.4 del presente Auto Constitucional; y por consiguiente, se dispone la suspensión provisional de la aplicación de la R.A.L.P. 007/2022-2023 de 20 de abril de 2023 y todos los actos emergentes de esta, incluyendo el Reglamento y la Convocatoria de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023), hasta que este Tribunal, previo sorteo de la causa, dicte la respectiva Sentencia Constitucional Plurinacional”, dice el auto de la Comisión de Admisión del TCP. El documento fue notificado al finalizar la tarde de este jueves al diputado Ayala y se prevé que la Asamblea se pronuncie al respecto próximamente.   Entretanto, hasta este jueves se habían recibido con normalidad las postulaciones de aspirantes a magistrados que se estaban presentando en el marco de la segunda convocatoria.

La exdefensora del Pueblo y actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, se disculpó por haber tildado de “asesina” a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y aclaró que su opinión fue “personal” y no responde a una posición del Gobierno boliviano. “Lamento haberme referido a título personal desde mi militancia con los derechos humanos respecto a la Presidenta Dina Boluarte toda vez que no son apropiados y expreso mis disculpas, aclarando que no constituye una posición del Estado, es absolutamente PERSONAL” (sic), señaló Cruz a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. No obstante, Cruz aseveró que la criminalización de los migrantes “desde donde venga es deplorable y debemos trabajar para precautelar sus derechos conforme a las convenciones y los tratados internacionales de derechos humanos que les amparan” (sic). La polémica surgió después de que medios de prensa hicieran eco a un mensaje que Cruz colgó en sus redes, en la que presuntamente señalaba de manera textual “Asesina, racista, xenófoba… y podríamos seguir describiendo a Dina Boluarte… Dueles Perú”. Ayer, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en las fronteras debido al aumento de la delincuencia en el país. La mandataria vinculó el fenómeno con la cuestión migratoria y responsabilizó directamente a venezolanos y haitianos por el aumento de la criminalidad, sin presentar pruebas. Boluarte dijo que también enviarán de forma temporal a los militares a diversos puntos de las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile para reforzar el control fronterizo que realiza la policía. No es la primera vez que los militares son destinados a esta función. Fuente: Oxígeno

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el líder nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que se presentará ante “cualquier autoridad peruana” cuando en ese país haya dijo, un Gobierno “democrático, legal y legítimo”. Además, señaló que acudirá cuando la justicia peruana sea liberada de la “opresión externa” y el pueblo peruano recupere su “soberanía”. “Evo Morales se presentará ante cualquier autoridad peruana cuando exista un gobierno democrático legal, legítimo y respetuoso de la vida; cuando exista una justicia liberada de la opresión externa; cuando gobierne el pueblo humilde y trabajador y cuando el pueblo peruano recupere su soberanía de manos extranjeras”, señaló Morales a través de su cuenta de Twitter. El pasado lunes se supo que Morales fue citado a declarar por la Fiscalía de Puno el 14 de marzo por el delito de “atentado contra la integridad nacional” abierto en Perú, sin embargo, no asistió y ahora el Ministerio Público del vecino país reprogramó su citación para el 10 de mayo de manera virtual, según publica el portal Perú 21. Según el reporte, en caso de no asistir a la segunda convocatoria, incluso la Fiscalía de Puno podría pedir la detención preventiva con fines de extradición para el expresidente boliviano. La investigación preliminar contra Morales la lleva a cabo Efraín Mallea Claros, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno. En este proceso, el expresidente boliviano fue citado a declarar, vía Google Meet, el pasado 7 de marzo, pero no asistió, por lo que ha sido reprogramada su participación para el próximo miércoles 10 de mayo. Fuente: Oxígeno