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El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que el expresidente Carlos Mesa será enjuiciado penalmente si no presenta un acta electoral que haya sido falsificada para los fallidos comicios de 2019. “Ya falta muy poco”, afirmó la autoridad estatal. “Señor Mesa, el momento en el que usted pueda mostrar un acta falsificada de la elección podrá seguir sosteniendo que ha existido un fraude monumental. En tanto no logre hacerlo, lo único que va a pasar es que la Justicia va a seguir avanzando y en algún momento va a tener que rendirle cuentas, porque lo que hizo es un delito y se llama acusación y denuncia falsa. Ya falta muy poco para que la Justicia termine de investigar estos hechos y pasen los anteriores acusadores a ser acusados”, expresó Lima al canal estatal Bolivia Tv. El ministro de Justicia comentó el informe preliminar que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita ‘In loco’. Consideró que la reconciliación planteada por el organismo internacional pasará, precisamente, por el pronunciamiento de la Justicia sobre la crisis política de 2019. “Lo que plantea la CIDH es que dejemos los discursos retóricos grandilocuentes y pasemos a que la Justicia hable y los bolivianos restablezcamos todas las heridas que nos han abierto personas que han llevado a la confrontación del país. Esta es una página que debe cerrarse en base al concepto de memoria verdad y justicia. Ha habido dos masacres, graves violaciones a los derechos humanos y ese mandato nos recuerda la CIDH y no podemos dejar en la impunidad a quienes han sido irresponsables y quienes han ido en contra de la Constitución”, dijo Lima. Lima también valoró la presencia del comisionado Joel Hernández durante el acto de desagravio y recordó que esas exautoridades fueron detenidas de manera ilegal tras la renuncia de Evo Morales. Lima evitó, no obstante, referirse ala forma en la que esas exautoridades perdieron sus mandato tras las fallidas elecciones nacionales de 2019.

Durante su visita “in loco” a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó que en Santa Cruz se evidenciaron “episodios extremadamente violentos” durante el paro de 36 días por el Censo y que tras la detención del Gobernador de Santa Cruz se registraron ataques a la Policía, quemas de instituciones públicas, incluyendo la destrucción de la sede de la Fiscalía, y agresiones a periodistas. Así lo establece parte de las observaciones preliminares realizadas por el organismo sobre su estadía en Bolivia entre el 27 y 31 de marzo, que incluyó una serie de reuniones con autoridades nacionales, departamentales, Defensoría del Pueblo, políticos y sociedad civil en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. “Según información recibida por la Defensoría del Pueblo, en el contexto de ciertas manifestaciones, se habrían afectado derechos tales como, la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de expresión, entre otros. En particular, se ha identificado el uso de la violencia, especialmente, en los sucesos ocurridos en Santa Cruz a partir del 21 de octubre de 2022 en el periodo conocido como ‘36 días de paro’”, refiere parte del informe emitido el 31 de marzo. La CIDH señala que “el transcurso de manifestaciones pacíficas durante el paro contrasta con “episodios extremadamente violentos”, que escalaron durante el tiempo, “debido al enfrentamiento de grupos de choques civiles partidistas, que derivó en personas heridas y al menos una fallecida”. Santa Cruz fue al paro exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023. El Comité Interinstitucional, integrado por la Gobernación, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, entre otras entidades, no respondió a los llamados de diálogo del Gobierno que incluso se abrió a definir técnicamente la fecha de la encuesta nacional, como sucedió al final. Apenas iniciado el paro se registró el primer deceso, en los días posteriores al menos cuatro personas fallecieron en los puntos de bloqueo que se convirtieron en espacios de extorsión y vulneración sistemática de derechos humanos, según instituciones de la sociedad civil. Durante ese periodo, también se registraron agresiones a los trabajadores de la prensa, se cercó la infraestructura del canal estatal Bolivia TV impidiendo que emita su señal a escala nacional. Al respecto el informe preliminar de la CIDH señala que “preocupa la escalada de agresiones a personas periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz, que incluyeron agresiones físicas severas, la retención contra su voluntad, destrucción de equipos y ataques a infraestructuras de medios de comunicación. A raíz de la violencia, se presentaron distintos episodios de autocensura e, incluso, la interrupción de transmisiones de medios de comunicación y el cese de despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés público por temor a ataques”. El organismo advierte que “pese a la gravedad de estos hechos, persiste la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia. Además, la CIDH observa discursos estigmatizantes y/o que puedan alentar a la violencia o discriminación o a la discriminación por parte de lideres políticos locales, así como nacionales, incluyendo autoridades”. De las jornadas del paro, la CIDH también refiere que “conoció de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial, alegaciones que, según lo indicado por el Estado, se encuentran en investigación”. Además del paro que se registró en Santa Cruz, la CIDH hace alusión a la detención del gobernador y excívico Luis Fernando Camacho, que fue encarcelado de forma preventiva en el penal de Chonchocoro procesado por su participación en la ruptura del orden constitucional del año 2019. “CIDH tomó conocimiento que, tras la detención del Gobernador de Santa Cruz, el 28 de diciembre, se registraron episodios de fuertes enfrentamientos entre civiles, ataques a la Policía Nacional, quemas de instituciones públicas, incluyendo la destrucción de la sede de la Fiscalía Departamental”, señala al respecto. Al margen de la violencia contra personas funcionarias públicas y agentes de la policía, se “reportó daños a 44 vehículos y 27 infraestructuras, incluyendo incendios de instituciones estatales, así como intentos de toma de instalaciones policiales”. El 17 de enero de 2023, la CIDH expresó su “preocupación por las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de derechos humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales. Esta situación genera una vulneración grave a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, con consecuencias perjudiciales para el ejercicio de estas actividades”. Al abordar esos hechos, la CIDH recordó que “los actos de violencia y/o discriminación no son parte del derecho de la protesta”. Si bien enfatizó que “la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia”, advirtió que “dichas manifestaciones demandan un especial cuidado por parte de los liderazgos para que se convoquen y desarrollen de manera pacífica”. “Asimismo, en su desarrollo, se debe hacer un esfuerzo para identificar la existencia de grupos violentos que, apartado del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilizar el contexto de protesta para fines alejados de la misma”, insiste el organismo. Fuente: ABI