Luciana Jáuregui J.
Uno de los resultados inesperados del paro cívico del 11 de octubre fue, sin duda, la centralidad del mundo corporativo. Gremiales y transportistas se constituyeron en los verdaderos protagonistas del retiro del proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas Nº 218 y de las medidas programadas para hoy jueves contra la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo Nº 1386. Esto mostró la poca capacidad de convocatoria de los comités cívicos y la relevancia del mundo corporativo para dirimir las pugnas entre oficialismo y oposición. Los conflictos corporativos no son para nada recientes, sin embargo, hasta ahora estos se desenvolvieron como disputas “intrahegemónicas”, es decir como pugnas por la distribución de bienes políticos dentro de un mismo proyecto político. En rigor, la relación entre el MAS y las organizaciones urbano- populares fue desde el inicio flexible e inestable y dependió en gran media de los problemas de cada coyuntura política. Las organizaciones sociales operaron desde en una lógica bivalente, al incorporarse al proyecto colectivo del “proceso de cambio” y al mismo tiempo recluirse a la defensa de sus intereses corporativos en situaciones de amenaza. El gobierno por su parte, estableció alianzas pragmáticas, que intercambiaron apoyo electoral a cambio de no comprometer los intereses gremiales, sorteando, en muchos casos, disputas entre dirigencias y bases y cabalgando sobre equilibrios difíciles por las propias pugnas intersectoriales.
La novedad del conflicto político actual, y de los que se sucederán a posteriori, es que emergen en un contexto de disputa hegemónica abierta, en la que los desplazamientos internos dentro de los bloques inciden en la configuración general de las relaciones de fuerza. Por eso, no resulta extraño que los comités cívicos y las plataformas ciudadanas traten de implantarse en una movilización, que, en su contenido político y composición social, es ajena. Para esto, buscaran articular conflictos fragmentarios bajo un paraguas común de “lucha contra el autoritarismo”. Sin embargo, actualmente atravesamos un proceso de complejización del escenario político, evidente ya desde las elecciones subnacionales, en el que el binarismo ya no logra explicar la integralidad de la política. De momento, el meollo del conflicto entre el mundo corporativo y el MAS tiene más bien una naturaleza económica, en la que más allá de la letra de la ley, lo que se juega es preservar la política de no interferencia estatal en sus actividades económicas, considerando que es un sector que históricamente convivió con diversos y hasta opuestos tipos de gobiernos bajo un pacto implícito de no intervención. Efectivamente, durante el ciclo hegemónico del “Proceso de Cambio”, el gobierno del MAS propició un corporativismo estatal, que logró controlar las transacciones y funcionalizar las dinámicas interorganizativas al Estado.
Sin embargo, la coyuntura de lucha entre dos direcciones políticas, el MAS y la oposición cívico regional, propicia mayor autonomía de las organizaciones sociales aliadas y, por lo tanto, fisuras organizativas y relaciones diferenciales cada vez más condicionadas. Ahora que se abren de múltiples frentes de lucha, no hay que olvidar que los sectores de la economía informal son gravitantes respecto a la dinámica política y a la estabilidad económica en el país. Al fin y al cabo, el mundo corporativo goza de estructuras de movilización robustas y tiene, a diferencia de las “pititas”, capacidad de paralizar las actividades económicas y generar un “efecto de dominó” en el resto de actividades productivas. Quizás hay que considerar que el horizonte político del corporativismo es allí donde sus intereses sectoriales estén garantizados, mientras tanto, la defensa del proyecto popular o de “lucha contra el autoritarismo” se tornan etéreos, en tanto no logren articular o rearticular estas demandas con concreción. Muchas veces con costos políticos e ideológicos grandes para cualquiera de los bloques. Lo cierto es que hasta ahora la etnicidad juega como el elemento aglutinador del bloque popular frente a la oposición, pero esto no merma el pragmatismo político del mundo corporativo, que, juega en condiciones de ventaja en el escenario político actual.
Quizás el ciclo de conflictividad que se abre hoy evidencie finalmente que las organizaciones corporativas se constituyen en verdaderos factores de poder, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Arditi, ya decía que en las democracias actuales existe un nuevo circuito de la política conformado por movimientos sociales y grupos de interés organizados, que se constituyen en los verdaderos centros de referencia para la agregación de intereses y la construcción de identidades colectivas. Algo que no resulta novedoso en nuestro país, en el que la matriz socio-política corporativa demarcó históricamente las relaciones Estado-sociedad, que se basan, antes que, en relaciones entre individuos, en relaciones entre sujetos colectivos. Hasta ahora, la predominancia de la mirada liberal tendió a soslayar o estigmatizar las dinámicas corporativas desde una cierta nostalgia conservadora, que restringe la política sólo al ámbito de las instituciones y presume que los partidos políticos son garantes del interés general, una pureza que, como sabemos, nunca existió. Del otro lado, la mirada apologética de los movimientos sociales tampoco logró encarar las ambivalencias de las agendas sectoriales y las pulsiones progresistas y conservadoras que anidan en el campo popular, todo esto en el marco del carácter estructural y paradójico de la economía informal. Con todo, es claro que el mundo corporativo concierne a sujetos con agencia política propia, que, según las coyunturas políticas, pueden operar como aliados o adversarios del MAS.
La autora es socióloga.
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