Derechos Humanos: Ninguna autoridad debe permanecer indolente ante violencia por imponer el paro en Santa Cruz

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Édgar Salazar, afirmó que ninguna autoridad judicial ni política debería permanecer indolente ante los conmovedores testimonios de las víctimas de grupos de choque “cívicos” que vieron vulnerados sus derechos humanos.

Salazar se reunió con representantes del pueblo ayoreo, que el viernes 28 fueron víctimas de violencia, racismo y discriminación por el subgobernador Daniel Velásquez y cívicos, en el marco del paro definido por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo.

“De ningún modo es tolerable”, protestó y afirmó que elaborará un amplio informe para que el Estado inicie acciones de protección y garantías a las víctimas del paro convocado por los líderes cruceños.

La Asamblea de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento público, mediante el cual demandó al gobierno convocar de manera urgente al Comité Técnico que se aprobó en el Encuentro Plurinacional Censo con Consenso para trabajar en la fecha del censo.

Además, exigió el inicio de acciones legales contra los autores del movimiento cívico que, desde el sábado 22, dejó marcas de violencia física contra ciudadanos que demandan ejercer su derecho al trabajo, a la libre locomoción y acceso sin restricciones a los mercados de abastecimiento de alimentos y a los centros de salud.

Recordó que todas las entidades del nivel nacional, departamental, regional y de autonomías tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos de su jurisdicción, no de amenazarlos como lo hizo el gobernador de Camacho con ejecutar la pena inconstitucional de “muerte civil” a quienes no están de acuerdo con él.Salazar lamentó que Camacho y Calvo formen grupos de choque con miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y no se conmuevan con el llamado a la pacificación del Arzobispo de Santa Cruz, de la Iglesia Metodista, del Defensor del Pueblo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de otras personalidades y autoridades locales y nacionales.

También sugirió que el gobierno central convoque a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos al proceso de pacificación y de garantías constitucionales en el conflicto de Santa Cruz.

Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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