El secuestro y aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora en plena vía pública por parte de un grupo de encapuchados fue observada por diversos sectores por la grave violación al debido proceso, una práctica que el presidente Rodrigo Paz prometió eliminar.
La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que el secuestro de Arce por parte de un grupo de encapuchados que lo metieron en un vehículo y luego en otro, para informarle luego decese recorrido de su detención se ejecutó incumpliendo el procedimiento penal, sin notificación previa, sin citación y sin informarle sobre la investigación en curso.
Prada remarcó que Arce estaba dictando clases en una universidad, tiene domicilio conocido y no existía riesgo de fuga, por lo que el operativo muestra —según dijo— un “abuso de poder” y una “flagrante violación al procedimiento”.
“Si esto se hace a un expresidente elegido democráticamente, ¿qué se puede esperar para un ciudadano común?”, advirtió.
También afirmó que el accionar del Gobierno busca infundir miedo y distraer a la opinión pública de los graves problemas que enfrenta actualmente.
Poco después de conocida la aprehensión, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dio declaraciones controvertidas.
Aseguró el ministro que “cayó el jefe de la pandilla”, refiriéndose al expresidente Luis Arce y acusándolo de encabezar una estructura de corrupción relacionada con el caso del Fondo de Desarrollo Indígena escándalo que se originó en 2014 cuando la Contraloría General del Estado informó al Ministerio de Transparencia de irregularidades en el manejo de recursos otorgados a dirigentes indígenas para proyectos comunales con un daño económico de bs75 millones que una interventora precisó en bs120 millones.
Muchas comunidades que no tenían personería jurídica pidieron a sus dirigentes abrir cuentas individuales para recibir recursos para sus proyectos que se ejecutaron en la mayoría de los casos, pero otros quedaron a medias o ni siquiera se iniciaron por corrupción.
Por este caso juzgado fueron enviados a la cárcel dos exministras de Evo, administradores y dirigentes dirigentes indígenas como Damián Condori que estuvo en la cárcel por recibir recursos en una cuenta privada a nombre de su comunidad (porque era el único que la tenía) pero a que no gastó ni un centavo por imposibilidad técnica del proyecto.
Oviedo dijo que el presidente Rodrigo Paz fue el primer informado del operativo policial:
“Le informé al presidente, fue el primero en ser informado, una vez concluida la operación”, dijo.
El ministro rechazó que exista persecución política y aseguró que la acción busca “transparencia”.
Sin embargo, sus declaraciones iniciales mostraron un juicio previo y un evidente prejuicio político al calificar a Arce como líder de una “pandilla” antes de que exista sentencia o siquiera audiencia cautelar.
Según el ministro de Gobierno, los delitos que investiga la Fiscalía contra el exmandatario tienen que ver con su rol como ministro de Economía durante el caso Fondo Indígena. La imputación incluye cinco delitos:
- Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
- Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes
- Incumplimiento de deberes
- Uso indebido de influencias
- Conducta antieconómica
La detención irregular denunciada por Prada y el lenguaje confrontacional utilizado por Oviedo muestran que lo ocurrido dar inicio a un proceso marcado por motivaciones políticas, revanchismo y una preocupante erosión del debido proceso.
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de lucha contra la corrupción, la forma en que se ejecutó la aprehensión —y el discurso oficial que la acompaña— refuerzan las sospechas de un uso instrumental de la justicia.
El caso Arce no solo abre un proceso muy rápido de desencanto sino que también plantea una pregunta de fondo: ¿qué garantías quedan para los ciudadanos si ni siquiera un expresidente democráticamente elegido recibe el trato que exige la ley?
Y ¿dónde quedan las promesas del presidente de reconciliación, paz y esperanza en el futuro del país?
