Elecciones judiciales: Defensoría advierte que se lesiona el derecho ciudadano de elegir a sus autoridades y exige soluciones

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió que la paralización del proceso para la realización de las elecciones judiciales se constituye en una “lesión al derecho de la ciudadanía de elegir a sus autoridades” y exigió a las autoridades encontrar soluciones para garantizar esos comicios.

“La designación de las altas autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional nace de un proceso eleccionario que al presente, ni siquiera se inició en su etapa de preselección, debido a la sucesiva interposición de diferentes acciones como un amparo constitucional, un recurso de inconstitucionalidad y ahora una consulta previa de constitucionalidad carente de pronunciamiento, provocando la ausencia de magistrados electos y, por tanto, la vacancia de estos altos cargos desde los primeros días de enero de 2024 en que los actuales magistrados concluyen su mandato de seis años”, señala el pronunciamiento de la Defensoría.

Y añade: “Esta situación genera en lo inmediato, una lesión al derecho de la ciudadanía de elegir a sus autoridades y a mediano plazo, provocará una grave vulneración del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exigió que el Estado, a través de sus Órganos y “en su condición de garantes del efectivo ejercicio de los derechos de las y los bolivianos”, proponga y materialice una solución a la elección de autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional.

Pidió, en esa línea, que las elecciones judiciales, no solo garanticen los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva ante una inminente vacancia de altas autoridades judiciales, “sino el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, integro e inmediato.

Finalmente, la Defensoría exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional a resolver de manera inmediata la acción de amparo constitucional que suspendió el proceso de elecciones judiciales y absolver la consulta sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144 “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, “considerando que la dilación en su tratamiento tiene una incidencia directa en el ejercicio de los derechos de la población”.

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