Tras los muros del Vaticano: ¿Silencio cómplice? El acuerdo del gobierno de Bolivia y el Vaticano que podría blindar los secretos de la pederastia en Bolivia.
Un controvertido acuerdo entre el Estado boliviano y la Santa Sede, actualmente en fase final de negociación, ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de víctimas de abuso sexual clerical. El borrador del documento establece la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos, lo que según expertos obstruiría futuras investigaciones sobre casos de pederastia. El artículo 12 del acuerdo señala textualmente que Bolivia «reconoce, protege y respeta la inviolabilidad» de todos los documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal, curias episcopales y demás dependencias de la Iglesia Católica. Esta disposición ha sido calificada como «un muro contra la justicia» por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Pederastia. La exconcejala y exministra Cecilia Chacón criticó duramente el borrador en sus redes sociales: «A pesar del show que montó la Procuraduría para la investigación de los abusos haciéndose parte de la causa contra los jesuitas pederastas, la Cancillería está actualizando un acuerdo bilateral en el que el artículo 4 de la Constitución queda como adorno». Chacón señaló que el gobierno estaría reconociendo la inviolabilidad de los archivos, «abriendo una zanja infranqueable para investigar y esclarecer denuncias de abuso sexual». La medida contrasta con la postura inicial del presidente Luis Arce, quien en 2023 exigió al Vaticano acceso completo a los archivos sobre abusos sexuales cometidos por clérigos. En aquel momento, el mandatario envió una carta al Papa Francisco exigiendo acceso completo a los archivos sobre los abusos y advirtiendo que se reservaba el derecho de vetar el ingreso de nuevos sacerdotes extranjeros con antecedentes. El borrador actual no solo omite esta demanda, sino que facilita el ingreso de religiosos extranjeros al país mediante exenciones migratorias especiales. Organizaciones de víctimas han presentado varias exigencias: El documento también contempla la asignación de fondos públicos para el mantenimiento del patrimonio eclesiástico, lo que ha sido cuestionado por contradecir el principio constitucional de Estado laico. Según analistas, esto representaría un retroceso en la separación entre Iglesia y Estado. La polémica surge en un contexto donde documentos eclesiásticos han sido cruciales para investigar numerosos casos de abuso, incluyendo redes de protección a sacerdotes pederastas. Solo en los últimos años, la Fiscalía boliviana ha incautado más de 12.000 páginas de evidencia sobre estos crímenes.
