Calvo

Reinstalan juicio contra Calvo por ultraje a la wiphala, juez escuchará la declaración de 16 testigos

El juzgado 15vo de Sentencia Penal de Santa Cruz reinstaló este viernes el juicio oral en contra del expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Para esta audiencia se tiene programada la declaración de 16 testigos, quienes relatarán al juez lo ocurrido el 24 de septiembre. Entre ellos está el diputado Hernán Hinojosa, testigo de los presuntos hechos violentos ocurridos durante el acto central. El caso denominado “ultraje a la wiphala” fue activado a denuncia de los asambleístas departamentales de Santa Cruz del MAS, que acusaron al excívico de ultrajar el símbolo patrio. Calvo es acusado por la presunta comisión de los delitos de incitación al racismo, discriminación y ultraje a la wiphala en un acto público por las efemérides de Santa Cruz en el 2021. La Fiscalía de Santa Cruz presentó la imputación formal contra Calvo, en abril de 2022, por los incidentes ocurridos en los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021. En esa ocasión, el hoy encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho suspendió, en un hecho inusual, los actos protocolares cuando debía intervenir el vicepresidente David Choquehuanca, quien se desempeñaba como presidente en ejercicio ante el viaje al exterior del presidente Luis Arce. Momentos antes, Choquehuanca logró que sea izada la wiphala, pero en medio de incidentes seguidores de Camacho la arriaron de uno de los mástiles. Además, al paso de los asambleístas, seguidores de Camacho procedieron a desinfectar con alcohol el lugar por dónde pasaron autoridades, pese a que estaban en un ambiente abierto, entre otros actos irregulares, como la agresión un dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Días más tarde, Calvo se refirió a la wiphala como “un trapo” que no representa a Santa Cruz. “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, indicaba el cívico en octubre de 2021, cuando se realizaba el “wiphalazo” como una reivindicación de la bandera que es símbolo de los pueblos indígenas. Fuente: ABI

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Calvo, Vargas y Santisteban declaran ante la Fiscalía por el paro de 36 días

El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, asistieron este jueves a la fiscalía para declarar por el paro de 36 que llevó adelante Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022. Según medios televisivos, el primero en llegar al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, ubicado en el Plan 3.000, fue Santiesteban. Luego llegó Vargas y por último, Calvo.  También fue convocado el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, pero no asistió por encontrarse con viaje en El Vaticano. Este proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, en contra de Luis Fernando Camacho, Calvo, al rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar y Vargas, entre otros. Ahora los integrantes del Comité Interinstitucional, que organizó el paro ppor el censo, son acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo y discriminación; y atentado contra la libertad de trabajo. Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 Santa Cruz paró por 36 exigiendo que el censo se realice en 2023. Finalmente, el Gobierno fijó la fecha de la encuesta para marzo de 2024. Fuente: Los Tiempos

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La Fiscalía cita a Calvo, Cuéllar y Vargas para responder por los 36 días de paro en Santa Cruz

El exlíder del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Vargas y las principales autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar (rector) y Reinerio Vargas Banegas (vicerrector) fueron citado a declarar el jueves 13 de abril, en calidad de denunciados, por los 36 días de paro en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022 en rechazo a la postergación del Censo de Población y Vivienda. «Cite formalmente a Vicente Cuéllar Tellez. Denunciado. A objeto de que se preste su declaración informativa en calidad de denunciado el día jueves 13 de abril de 2023 con relación a las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público», dice la orden de citación que mostró este domingo el rector de la UAGRM, en sus redes sociales. El documento menciona que los denunciados deberán comparecer portando su cédula de identidad y asistir con su abogado defensor de confianza. Caso contrario se les asignará un jurista de oficio. Además, advierte que, en caso de incumplimiento, se emitirá orden de aprehensión, conforme al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal. “He sido oficialmente citado a prestar mi declaración informativa el día jueves 13 de abril en calidad de denunciado. Por una serie de delitos que el señor Juan Marcelo Mayta, afín al partido de Gobierno, ha interpuesto contra mi persona. Por haber luchado por un justo derecho, la realización de un Censo oportuno y transparente para todos los bolivianos. La justicia en nuestro país está podrida. Se persigue a los que piensan diferente. Se coarta el derecho al disenso. ¿Esa es la justicia que queremos para Bolivia?” (sic), escribió Cuéllar. Santa Cruz La denuncia fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en la capital cruceña. El ejecutivo de la La COR de El Alto denunció, en ese entonces, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, al rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y a Reiniero Vargas, ante la Fiscalía Departamental de La Paz por los hechos de violencia y el paro en Santa Cruz. Calvo, Cuéllar y Vargas son sindicados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo. Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el paro indefinido en esa región, liderado por el Comité Interinstitucional, en demanda de la realización del Censo en esta gestión. Fuente: La razón

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Rómulo Calvo, Vicente Cuellar y Fernando Camacho deberán responder ante un juez cautelar por el violento paro de 36 días

Para este miércoles está programa la audiencia cautelar de Rómulo Calvo, Vicente Cuellar y Fernando Camacho, entre otros, quienes deberán responder ante un juez por la violencia que desencadenó el paro de 36 días en la capital cruceña en 2022. Según el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Vicente Cuéllar, las personas que conformaron el denominado Comité Interinstitucional fueron notificados para la audiencia.Los promotores del paro cívico enfrentarán una investigación de más de 10 delitos presuntamente cometidos durante la medida extrema que utilizaba de bandera el tema del Censo. Entre los delitos en los que presuntamente se incurrió están: terrorismo, discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos, atentado contra la salud, entre otros. Además de Camacho, Cuellar y Calvo, están investigados también el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan. Según Santistevan, un militar jubilado, la justicia antes deberá resolver el incidente presentado pro al defensa de Camacho sobre la competencia del juzgado de La Paz en este caso. El paro cívico de 36 días Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en la capital cruceña. Medida extrema que fue caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida. Esta medida de protesta fue impulsada por Camacho, Calvo y Cuellar. Los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas y cobros ilegales. Estos movilizados cerraron el paso a las ambulancias que transportaban pacientes, carros fúnebres, vehículos bomberos, personal médico que fue agredido verbal y físicamente, e incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban 13 reos y casi provocan su fuga. Ante estas circunstancias, diversas organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos. Entre las denuncias presentadas en contra de los promotores de paro están la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la ley, y otros. Fuente: ABI

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Juicio oral contra Rómulo Calvo por ultraje a la Wiphala iniciará este miércoles

 El juicio oral en contra el cívico cruceño, Rómulo Calvo, por los delitos de racismo, discriminación y ultraje a los símbolos patrios durante el aniversario de Santa Cruz en septiembre de 2021, iniciará este miércoles en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. La audiencia oral y de medidas cautelares, por indicar que la Wiphala no lo representa, está programada para las 09.00. El acto judicial se llevará a cabo en el juzgado 15 de Sentencia, a cargo del juez Alberto Moreira, según informaron medios locales. El 24 de septiembre del 2021, durante los actos protocolares por el aniversario de Santa Cruz, el gobernador Fernando Camacho, suspendió los actos centrales donde participaba el vicepresidente del Estado David Choquehuanca. En la ocasión, el presidente cívico calificó a la Wiphala de “trapo” que no le representa, una nueva agresión a un símbolo patrio. El artículo 129 del Código Penal, referido al ultraje a los símbolos nacionales, señala que el que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años. En diciembre de 2022, la diputada del MAS, Estefanía Morales, informó que el juicio oral contra el cívico cruceño, delitos de racismo, discriminación y ultraje a los símbolos patrios, se llevará a cabo el 22 de febrero de 2023 a las 09.00. “Esto es importante aclarar a la población. Nosotros no pactamos jamás con la derecha, es más, estamos haciendo seguimiento a todos los procesos que existen en contra del señor Rómulo Calvo, en el caso de la Caja Petrolera, este otro delito, y también por lo que ha pasado en los 36 días del paro”, dijo la parlamentaria, cita un reporte de la Cámara de Diputados Fuente: ABI

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Dictan medidas sustitutivas a la detención para unionista implicado en el ataque a gremiales en Santa Cruz

El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) del Plan 3.000 Gary Gonzales fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva y se defenderá en libertad por el violento ataque a gremiales del 10 de diciembre de 2022. La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz. Gonzales fue aprehendido el miércoles tras una denuncia interpuesta por el dirigente gremial René Troncoso, por el atentado a los feriantes mañaneros de Barrio Lindo en represalia a que no acataron el paro cívico de los 36 días. La madrugada del 10 de diciembre un grupo irregular arremetió contra los comerciantes con piedras, palos, petardos y explosivos letales para evitar que vendan sus productos, dejando a más de 30 heridos Fuente: ABI

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Rómulo Calvo deberá responder por una nueva querella penal por la violencia en Santa Cruz

La diputada Rosario García presentó una denuncia penal en contra del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien ahora deberá responder por los hechos de violencia en la capital cruceña tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho. “Hacemos una denuncia penal (…) contra autores mediatos e inmediatos, los denunciados (son) Rómulo Calvo Bravo y la Unión Juvenil Cruceñista y otros dirigentes”, informó la legisladora en conferencia de prensa. Calvo y otros dirigente son acusados de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de servicios públicos, destrucción y deterioro de bienes del Estado, instigación pública a delinquir tras la ola de violencia que vivió Santa Cruz. Tras la aprehensión de Camacho, el 28 de diciembre por el caso Golpe de Estado I, grupos violentos vinculados al Comité pro Santa Cruz y a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) saquearon e incendiaron instituciones públicas e incluso privadas. Según un informe del Ministerio de Gobierno los grupos irregulares quemaron 44 vehículos y 27 infraestructuras. Además, intentaron tomar el Comando de la Policía durante varios días protagonizando enfrentamientos. “Hemos visto y hemos ido recibiendo denuncias (…) mis hermanos del departamento de Cochabamba están sufriendo -en este momento- amedrentamiento, zozobra, un miedo porque son de nuestra región andina los que van a trabajar al departamento de Santa Cruz”, reveló la diputada. Afirmó que la denuncia está fundamentada y respaldada con documentación y videos de prueba. Fuente: ABI

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Calvo pierde apoyo: Cívicos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro no irán al cabildo del 25 de enero

 No pasaron ni tres días del anuncio del cabildo nacional del 25 de enero, que a la fecha al menos cuatro comités cívicos se desmarcaron de la convocatoria y otras organizaciones anunciaron que no apoyarán la medida lo que hace prever un fracaso en opinión del analista Emilio Rodas. Fue el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien, ante el fracaso de los bloqueos para lograr la liberación del encarcelado Luis Fernando Camacho y que solo cercaron a la región, decidió como un “último aleteo” convocar a los dirigentes de los comités cívicos y a algunas plataformas de La Paz y de Cochabamba para hacer la apuesta mayor convocando a un cabildo nacional para el 25 de enero. Confiado en el respaldo de sus trece acompañantes, de los cuales solo cuatro eran mujeres, Calvo afirmó el lunes 17 de enero que el cabildo nacional contará con el apoyo de los nueves comités cívicos y las plataformas para revertir la detención de Camacho, quien confesó que su padre “cerró” con los policías y militares para que en noviembre de 2019 no salgan a reprimir las protestas y en cambio sugieran la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Un día después del anuncio y mientras el Comité Pro Santa Cruz empezaba a planificar el cabildo, los presidentes de los comités cívicos de Cochabamba, Apolinar Rivero, y de Chuquisaca, Wilmar Aguirre, descartaron la participación de sus departamentos en esa concentración que se iniciará en horas de la tarde del próximo miércoles. Tanto Rivera como Aguirre explicaron que no fueron tomados en cuenta en esa determinación. Incluso el cívico cochabambino acusó a Calvo de convocar a otros dirigentes para decir que el Comité de Cochabamba lo estaba apoyando. “Respetamos las iniciativas ciudadanas y de las plataformas, pero no pueden imponernos determinaciones”, afirmó Rivero al rechazar el llamado del cívico cruceño. A ese desbande se sumó este miércoles el Comité Cívico de La Paz. El cívico Flavio Chacón alegó que la movilización tiene claros tintes político partidarios. “Nosotros, como institución cívica departamental, no nos vamos a prestar a este tipo de acciones que atentan contra la democracia. Esos señores (del Comité Pro Santa Cruz) deberían evaluar qué han hecho durante los 36 días de paro indefinido, por qué han atentado los derechos de los ciudadanos; han castigado a todo el pueblo cruceño”, criticó. En sintonía, el presidente del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, afirmó que “no serán parte del cabildo” porque que la exigencia de liberación de Camacho es “un problema político”. “El gobernador de Santa Cruz ha tenido que ver en los conflictivos de 2019 y de los 36 días de paro”, justificó. Al igual que los cívicos de estas cuatro regiones, la Asociación de Municipalidades de Pando (Amdepando) anticipó que no participarán del cabildo “porque responde a intereses personales” y menos aún se sumarán a medidas que vayan a perjudicar el desarrollo del departamento. A la par, la entidad reafirmó el apoyo al presidente Luis Arce frente a las protestas violentas que se registraron en Santa Cruz, entre el 28 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de este año por la liberación del excívico. En esas protestas los inmuebles de al menos 28 entidades públicas fueron atacados, entre ellas de la Fiscalía, del Servicio de Impuestos Nacionales y del Banco Unión; además de la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, y la Clínica Odontológica Orest, de propiedad del gobernador de Beni, Alejandro Unzueta. Desde Tarija, la Federación de Juntas Vecinales también rechazó la convocatoria del Comité cruceño. El presidente de la Fejuve, Andrés Paco, repudió también la decisión del alcalde Johnny Torres Terzo de sumarse a la convocatoria de Calvo, como ya lo hizo con la marcha del 10 de enero. Lamentó que Torres, en lugar de trabajar por el municipio, que quedó muy afectado por las obras millonarias e inconclusas que dejó el exedil Rodrigo Paz Pereira, opte por hacer política para apoyar a sus aliados. “Pedimos al señor alcalde que reflexione y también que trabaje por los barrios, que no vaya a llamar al cabildo, creo que la justicia tiene derecho de resolver los problemas desde otro punto de vista y no es el momento para llamar a cabildos y perjudicar a la gente”, indicó, según un reporte de Bolivia TV. En tanto, la presidenta del Comité Cívico Popular Nacional, Roxana Molina, indicó que no participarán del cabildo porque no fueron invitados y no tiene un objetivo de desarrollo económico que beneficie al pueblo boliviano. Ante estas disidencias, el analista político Emilio Rodas vaticinó que el cabildo de los cívicos será solamente con participación de sus adeptos y partidarios. “Intentarán poner en agenda temas de justicia, derechos humanos, pero en realidad el trasfondo es político, no tienen moral para hablar de ello”, opinó. Desde su visión, es la oposición boliviana la que pretende articularse a través de los comités cívicos con consignas político partidarias. “La justicia si es un tema nacional que se tiene que poner en agenda, pero la metodología de cabildo nacional nunca se vio y no sabemos cómo van a hacer para el momento de las preguntas y decidir, aunque legalmente los cabildos no tienen carácter vinculante sino de sugerencia”, aclaró el analista. Fuente: ABI

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El Subcomandante de la Policía cruceña pidió a Calvo deponer actos de violencia

El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Edson Claure, pidió al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, deponer los actos de violencia y dejar de motivar los enfrentamientos para pacificar el departamento cruceño. El uniformado aclaró que los efectivos policiales no buscan la confrontación social y que sus acciones tratan de preservar y resguardar la integridad de todos los habitantes en la capital cruceña. Calvo, quien quiso reclamar al Subcomandante de la Policía cruceña sobre los enfrentamientos que se desataron desde el miércoles, fue acallado ya que no tenía cómo responder a las aclaraciones que hizo Claure. “La Policía no está para agredir a la población y no lo va a hacer, la Policía va a tomar las acciones de prevención para que ninguna entidad, sea pública o privada, sea objeto de agresión”, remarcó el jefe policial de Santa Cruz. Pidió a Calvo y otras autoridades evitar situaciones de riesgo o llamar a la confrontación para viabilizar un escenario de paz social. Aseveró que los efectivos del orden no promovieron los hechos violentos, que fueron generados por grupos radicales organizados, que pretenden distorsionar la situación, con el pretexto de tomar las instituciones atacan a la fuerza del orden con bombas molotov, piedras y otros explosivos, que dejaron varios efectivos heridos.“Toda acción genera reacción, la Policía no ha ido a enfrentar ni a promover estos hechos (…) Son sectores radicales que están distorsionando este escenario”, remarcó la autoridad policial.Explicó que serán las investigaciones ante las autoridades pertinentes las que determinarán si existieron o no excesos policiales y en caso de ser así se iniciarán los procesos disciplinarios que correspondan.Remarcó que la Policía no hizo el uso de armas de fuego y que se aprehendió a personas en posesión de artefactos letales que son un riesgo para la sociedad.Ayer también un grupo de mujeres que salió a protestar se dirigió al Comando Departamental de Santa Cruz, ya que  con insultos, gritos y petardos trataron de comenzar un nuevo enfrentamiento, mientras que el subcomandante Claure pidió al pueblo cruceño evitar los actos violentos como se vieron en los últimos días Fuente: Ahora El Pueblo

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Comité cruceño amenaza con desobediencia judicial en defensa de Camacho, Calvo y Cuéllar

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz, organizador y ejecutor del paro de 36 días con el saldo de muertos, heridos y la amenaza de “separatismo”, anticipó este miércoles desobediencia a ordenes juduciales a la acción penal iniciada en contra de sus principales instigadores. El gobernador Fernando Camacho, el presidente cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, convocaron y lideraron la extrema media de presión, que tuvo como su brazo operativo y violento a los miembros de la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), según varios testimonios. En la reunión de este miércoles aprobaron una agenda de acciones como una marcha para el viernes 9, el rechazo a los procesos penales que anunció la Fiscalía General del Estado y el no acudir a ninguna notificación judicial para la ciudad de La Paz. Las denuncias contra los líderes del paro fueron unificadas y radicarán en La Paz. Definieron “estrategias de lucha” contra lo que consideran ataques al “pueblo cruceño”, sin embargo, no mencionaron el saldo del violento paro que dejó cuatro personas muertas, cientos de heridos y agredidos en puntos de bloqueo en el centro urbano, saqueos de comercios minoristas y daño a la economía departamental por más de $us 1.200 millones. El fiscal General, Juan Lanchipa, explicó que las denuncias múltiples de las víctimas de la actuación de los grupos violentos demostraron que sí corresponde realizar procesos penales, cuando menos por 10 delitos penales de gravedad, como violación de derechos humanos a la vida, al trabajo, a la salud, educación, libre circulación y expresión, daños a los bienes del Estado y la propiedad privada. Para el Comité Interinstitucional, la acción judicial es “persecución política, nulos de pleno derecho”. Optaron por “mantener el estado de emergencia para estar preparados a reaccionar ante cualquier intento del Gobierno nacional de tomar acciones judiciales contra nuestros líderes y ciudadanos comprometidos por la lucha de Santa Cruz”. Aprobaron también la organización de “comisiones capaz de organizar acciones para las luchas que vienen” y que “ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz”. Insistieron en que el paro indefinido fue pacífico en las rotondas, cuando la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, la Casa de la Mujer, la Central Obrera Departamental, la Federación Única de Campesinos y otras organizaciones denunciaron la comisión de delitos como la muerte a palos de una persona que se oponía al paro, una violación grupal en un punto de bloqueo, agresiones y acciones de racimos y de odio. Los denunciantes plantearon también que los autores sean procesados por “traición a la patria” por haber develado voluntariamente el “separatismo” de Santa Cruz de la estructura organizativa y política del Estado Plurinacional. El Comité Interinstitucional decidió acudir “ante los organismos internacionales los atropellos a los derechos fundamentales que se están cometiendo contra nuestros líderes amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica”. La Fiscalía General del Estado dispuso que una comisión de fiscales de La Paz acumule todas las denuncias por violación de derechos fundamentales y civiles en contra de los principales del violento paro cívico: Camacho, Calvo y Cuéllar, entre otros. Fuente: ABI

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