Cumbre del ALBA – TCP

“17 años en defensa de la paz y la integración latinoamericana y caribeña” Los Jefes de Estado y de Gobierno y los Jefes de Delegaciones de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), reunidos en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2021, para conmemorar el XVII Aniversario de la Alianza. Al suscribir la presente Declaración, renovamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de este mecanismo de concertación política, sustentado en los principios de solidaridad, justicia social, cooperación y complementariedad económica, fruto de la voluntad política de sus fundadores, los Comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías.  Ratificamos que el principio cardinal que debe guiar al ALBA-TCP es la solidaridad más amplia entre los pueblos de nuestra América, que se sustenta en el pensamiento de Bolívar, Martí, San Martín, Sucre, O´ Higgins, Petión, Morazán, Sandino, Bishop, Garvey, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Chatoyer y otros próceres de la independencia latinoamericana y caribeña, conforme a la Declaración Conjunta de los Comandantes Chávez y Fidel del 14 de diciembre del 2004. Ratificamos nuestro compromiso con la integración genuinamente latinoamericana y caribeña, que nos permita enfrentar unidos las pretensiones de dominación y hegemonía imperialista y las amenazas crecientes a la paz y la estabilidad regionales. Abogamos por un orden internacional transparente, democrático, justo y equitativo, basado en el multilateralismo, la observancia de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional; que garantice la paz y la seguridad internacionales y el respeto al derecho de los pueblos a la libre determinación, la integridad territorial, la solución pacífica de controversias, la no injerencia en los asuntos internos y la soberanía de los Estados. Reconocemos la loable labor de San Vicente y las Granadinas como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad, durante los últimos dos años, elevando la voz de los pueblos del Caribe y representando la lucha por las causas justas dentro de ese importante órgano de las Naciones Unidas. Reafirmamos la plena vigencia de los postulados de la “Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en su II Cumbre celebrada en La Habana, en enero de 2014.   Resaltamos la necesidad de continuar fortaleciendo la CELAC como mecanismo genuino de concertación política, cooperación y diálogo regional basado en el principio de unidad en la diversidad; para afrontar los retos comunes que se nos presentan. Ratificamos los resultados de la VI Cumbre de la Comunidad, celebrada en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021, al tiempo que encomiamos la labor de la Presidencia Pro Témpore mexicana para revitalizar la CELAC y reiteramos el compromiso de apoyo a su gestión. Reafirmamos el derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, económico, social y cultural, libre de medidas coercitivas unilaterales, amenazas, agresiones, en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto de los derechos humanos. Resaltamos la urgencia de avanzar, hacia el establecimiento de un mecanismo más completo que permita el alivio de la deuda de los países en desarrollo, la condonación o refinanciamiento de la deuda externa a nivel global, la recuperación económica con un enfoque integral y sostenible, y la transformación democrática de los organismos financieros internacionales. Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la imposición y aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra países de la Alianza, incluyendo las listas y certificaciones, de conformidad con la Declaración Política de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, celebrada en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2021. Tales prácticas, contrarias al Derecho Internacional, atentan contra la recuperación, la resiliencia económica de la región y la estabilidad de nuestros pueblos en el actual contexto de la pandemia. Al propio tiempo, constituyen una violación masiva, flagrante, sistemática e ilegal de los derechos humanos de nuestras naciones. Ratificamos nuestra enérgica condena al genocida e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba, recrudecido de forma deliberada y oportunista en condiciones de pandemia, y resaltamos el histórico respaldo de los Estados miembros de la Alianza a la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, adoptada el 23 de junio de 2021. Repudiamos la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela; que violan el Derecho Internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y representan un castigo colectivo al pueblo venezolano, ocasionando indecibles sufrimientos de forma indiscriminada que impiden el pleno disfrute de los derechos humanos de toda su población, en especial a la vida y la salud. Manifestamos nuestro enérgico rechazo a la absurda e injustificada inclusión de la República de Cuba en la espuria y arbitraria lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que desprestigia los esfuerzos de cooperación de la ONU y de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo. Esta acción unilateral, ampliamente rechazada dentro y fuera de los Estados Unidos, tiene un impacto negativo en cada esfera de la sociedad cubana e incrementa las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional, realizar operaciones financieras y adquirir insumos básicos.  Rechazamos la actuación injerencista en los asuntos internos de los Estados del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Denunciamos la utilización de estrategias de guerra no convencional contra los gobiernos y líderes progresistas de la región a través de procesos judiciales políticamente motivados (lawfare), la manipulación con fines desestabilizadores de los derechos humanos, la campaña de propaganda y desinformación, el uso malicioso de las tecnologías de la información y la comunicación, los ataques cibernéticos, y otros. Reiteramos nuestro compromiso con la promoción y la protección de todos los Derechos Humanos para