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Defensoría del Pueblo verifica condiciones de aislamiento de Zúñiga en El Abra

Los Tiempos. La Defensoría del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó gestiones para verificar las condiciones de aislamiento que cumple el Gral. Juan José Zúñiga en el recinto penitenciario “El Abra” en Cochabamba, tras conocer la denuncia de la esposa del privado de libertad respecto a malos tratos y precarias condiciones en las que se encontraría, según un reporte de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba. “La mañana de este 30 de abril, la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados el 26 de junio de 2024 conformada por legisladores nacionales intentó ingresar al penal de El Abra para la toma de declaraciones del Gral. Zúñiga en el marco de la investigación que realizan; sin embargo, no lograron realizar su cometido debido a una medida de protesta que asumían privados de libertad exigiendo el pago de sus prediarios”, según la nota de prensa de la Defensoría. Tras la insistencia y gestiones realizadas ante Régimen Penitenciario, personal del MNP logró entrevistar al Gral. Zúñiga, quien manifestó no ser víctima de ningún tipo de maltrato físico ni psicológico. Señaló también, que recibe alimentación diaria pero que prefiere no consumirla debido a que no confía en la misma; recibe valoración médica y psicológica semanal en su celda y se le permite la salida de su celda por el lapso de una hora para tomar sol.  Pidió se le permita salir de la celda en la que actualmente se encuentra y recibir la visita de su esposa e hijo.  En la verificación realizada en celdas de Zúñiga se constató que la misma cuenta con servicios higiénicos y mobiliario necesario para su permanencia, así como luz natural y luz artificial. El MNP realiza el seguimiento específico de posibles hechos de vulneración de derechos humanos de privados de libertad y emite las recomendaciones necesarias a los recintos penitenciarios tras realizar verificaciones como en el realizado en celdas de Zúñiga. Personal Defensorial sostuvo también una reunión con delegados de los privados de libertad quienes hicieron conocer su reclamo por el hacinamiento, la aplicación de la Ley N° 1443, así como el pago de los pre diarios que ya llevan un retraso de tres meses, afectando su derecho a la alimentación, entre otros temas.

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TCP paraliza juicio contra Camacho y cuestiona constitucionalidad de decreto que centraliza procesos en La Paz

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 138 de 2009, norma que establece a La Paz como sede obligatoria para juzgar delitos como terrorismo y sedición. La decisión paraliza inmediatamente el proceso judicial contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vinculado al paro cívico de 36 días en 2019, y pone en suspenso su situación legal. La demanda, presentada por los abogados Reinerio Vargas y José Luis Santistevan, argumenta que el decreto vulnera el derecho al juez natural y otras garantías constitucionales, al obligar que el juicio se realice en La Paz pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz. El TCP, mediante el Auto Constitucional 0032/2025-CA, consideró válidos los planteamientos y suspendió el proceso penal mientras analiza la compatibilidad de la norma con la Constitución. La resolución afecta directamente el caso del paro cívico cruceño, donde Camacho es uno de los principales imputados. Con el proceso paralizado, su detención queda técnicamente sin sustento legal. «Mientras no se resuelva la constitucionalidad del decreto, no hay base para mantener activo el juicio», explicó una fuente jurídica cercana al caso. El TCP también ordenó notificar al presidente Luis Arce para que, en un plazo de 15 días, presente sus argumentos sobre la norma cuestionada. La medida reabre el debate sobre la descentralización judicial y si el decreto facilita la judicialización política al concentrar casos sensibles en la sede de gobierno. El Tribunal deberá emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del decreto. La defensa de Camacho celebró la decisión, calificándola como un avance hacia un «juicio justo». Mientras tanto, sectores oficialistas defendieron la norma, argumentando que evita «impunidad por influencias regionales». El caso marca un nuevo capítulo en la pugna judicial y política que rodea a Camacho, cuya situación legal podría cambiar radicalmente dependiendo del veredicto final del TCP. La resolución también sienta un precedente sobre la aplicación de garantías constitucionales en procesos con alto contenido político.

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Abogada de Zúñiga denuncia «estrategia de despiste» en citación por caso Plaza Murillo

La defensa del excomandante Juan José Zúñiga cuestionó, este miércole, la citación del Ministerio Público para una declaración ampliatoria este jueves. Silvia Tapia, abogada del militar detenido, acusó a la Fiscalía de desviar el foco de la investigación sobre los sucesos del 26 de junio de 2024 en Plaza Murillo. «Lo citan por ‘resoluciones contrarias a la Constitución’, un delito menor añadido en diciembre, cuando el núcleo del caso son los cargos de terrorismo y alzamiento armado», declaró Tapia a los medios. La jurista insinuó una maniobra dilatoria, pues Zúñiga había solicitado ampliar su declaración sobre los hechos centrales desde abril. El documento de citación, al que accedió este medio, confirma que la comparecencia se realizará a las 10:00 en la Fiscalía paceña por el delito de resoluciones anticonstitucionales. Mientras, autoridades penitenciarias coordinan el traslado del exgeneral desde la cárcel de El Abra. La defensa mantiene su teoría: Zúñiga reveló previamente que actuó bajo órdenes del presidente Luis Arce para contener protestas sociales, descartando un intento de golpe. Este nuevo capítulo judicial ocurre cuando el caso cumple 10 meses y las versiones enfrentadas siguen sin resolverse. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre las críticas a su estrategia procesal.

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«El golpe ya vino preparado»: Castillo defiende su excarcelación a casi un año de su destitución

El expresidente de Perú Pedro Castillo habló este lunes en una audiencia judicial celebrada casi un año después de su salida del poder, cuando fue removido por el Congreso de la República tras su intento de disolverlo, entre otras medidas controversiales enunciadas en un mensaje a la nación. «El 7 de diciembre [de 2022] fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia, [pero] acá no hubo ninguna flagrancia«, ratificó Castillo en una audiencia pública del pleno del Tribunal Constitucional (TC), en la que se evalúa un ‘habeas corpus’ a favor del exmandatario. En una breve intervención, Castillo también arremetió contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por estar investigada como «líder de una presunta organización criminal». A juicio del exmandatario, esa red se habría urdido junto a altos mandos de la policía y «ciertos grupos de congresistas» para atacar a su Gobierno. Castillo consideró que la razón de esa componenda para deponerlo fueron sus raíces, ya que él es un maestro rural que llegó al poder con el voto de las zonas históricamente más deprimidas de Perú. «Porque no pertenezco a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia», alegó. En un hecho sin precedentes, Benavides supervisó la diligencia contra Castillo el 7 de diciembre pasado en la Prefectura de Lima, a pesar de que estaba a cargo de otras autoridades fiscales. «Lejos de atender a otros problemas que tiene el Ministerio Público y otras autoridades, se han ensañado conmigo«, denunció Castillo. Señalamiento a Boluarte El magistrado Francisco Morales Saravia, presidente del TC, le preguntó directamente a Castillo si fue un golpe de Estado la acción que encabezó a finales del año pasado. «El golpe ya vino preparado desde hace tiempo, del Congreso, de la Fiscalía, de los grupos de poder, cuando no dejaban gobernar«, contestó. Sumado a esto, aseguró que su discurso fue un «mensaje de carácter político inejecutable» y reiteró que no dispuso tanquetas ni pretendía fugarse. «Nunca me levanté en armas», añadió. En cambio, fustigó la actual Administración de su sucesora, Dina Boluarte, por las decenas de muertes en las protestas que se produjeron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Al respecto, sentenció que la actual gestión es «un Gobierno que se sostiene sobre cadáveres». En ese sentido, solicitó que se declare nulo todo el procedimiento en su contra y los actos posteriores. «Pido, señores magistrados y señor presidente, dignifiquen ustedes a esta institución, a la máxima institución de la justicia peruana», instó. Día de sesiones A la par de la audiencia pública del TC, se llevó a cabo otra del Poder Judicial para también evaluar la revocatoria de la prisión preventiva contra el exmandatario por el presunto delito de rebelión. Sin embargo, a los pocos minutos, el juez Juan Checkley Soria optó por una reprogramación «para que no se crucen» audiencias y así priorizar la del TC. Mientras se espera la decisión del TC, la defensa de Castillo aseveró que «se ha violentado la investidura presidencial» y por eso adelantó que se interpondrá un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Contexto revuelto Las críticas de Castillo a las instituciones del Estado peruano y, particularmente contra Benavides, se enmarcan en el escándalo develado por el caso ‘La fiscal y su cúpula del poder’. La investigación apunta a que Benavides ofreció impunidad a varios parlamentarios a cambio de sus votos para lograr ciertos objetivos, como la destitución e inhabilitación de la ex fiscal suprema, Zoraida Ávalos. El sábado pasado, bajo el lema de «que se vayan todos», se manifestaron aproximadamente 2.000 personas en el centro de Lima. Un grupo que llegó hasta la Fiscalía de la Nación para exigir la renuncia de Benavides y hasta el Congreso para demandar nuevas elecciones. Desde que Castillo fue vacado y asumió el mando Boluarte, la mayoría de la población en Perú ha exigido un adelanto de comicios para renovar tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Anticipo de protestas Para esta semana se prevén nuevas movilizaciones en rechazo a Boluarte, en el marco del primer aniversario de su Gobierno. Y este lunes ya comenzaron a producirse algunas manifestaciones. Un grupo de trabajadores agrarios y pobladores de la zona Barrio Chino, departamento de Ica, obstruyeron la vía de la Panamericana Sur para exigir la renuncia de la jefa de Estado, entre otras medidas. Según datos citados por el diario limeño La República, varias personas resultaron heridas en las movilizaciones, y ya fueron llevadas a un hospital cercano tras «un duro enfrentamiento» con la Policía. Fuente: RT

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A 52 años del golpe, sigue la impunidad de la dictadura de Banzer

Hace 52 años la marcha de las botas de los militares cambiaron de tono en el poder. A sangre y fuego, el coronel cruceño Hugo Banzer Suárez se declaraba presidente. Comenzaban siete años de terror. Siete años que permanecen impunes hasta ahora. Ese 21 de agosto de 1971, la resistencia fue sometida. Banzer contaba con muchos aliados y había planificado minuciosamente el golpe que iba a perpetrar a un colega, Juan José Torres, el llamado Jota Jota, a quien pocó le sirvió convocar al apoyo ciudadano, incluso con la entrega de armas en el estadio de Miraflores de La Paz. Eso sí, muchos se unieron para evitar el arribo de Banzer al Palacio de Gobierno, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Todo fue vano. El cruceño abrazó el poder y dio una pincelada de su visión represiva a Presencia, al preguntarle por los muertos de ese día: “Vale perder la vida para conseguir la libertad”. Para Nila Heredia, expresidenta de la Comisión de la Verdad, hay algo claro entre las dictaduras de 1964 y 1982 que apuñalaron a Bolivia y escribieron sus páginas oscuras. “El gobierno dictatorial de Banzer fue el más represivo en la historia. Este es el peor, y han habido dictadores y gobiernos aparentemente democráticos graves”. Por ello, lamenta que la impunidad sea el común denominador. “La dictadura de Banzer fue gravísima y sobre todo también por su implicación en el Plan Cóndor… Hay muchas cuentas pendientes en estos 52 años. Desde que nunca se hizo un juicio de responsabilidades al gobierno, al dictador Banzer, a todo su gobierno”. BANZER Ruth Llanos, presidenta de la Asociación de Familiares y Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASofamd), tiene la misma sentencia. “A 52 años del golpe de Banzer, como Asofamd tenemos que seguir sufriendo la impunidad. No se enjuició a los responsables materiales e intelectuales”. La activista subraya que las ejecuciones extrajudiciales, las masacres campesinas y mineras, los desaparecidos de la represión de Banzer siguen sin justicia. Como dato, un afiche de Asofamd para cuando el dictador se postuló como candidato a la presidencia en la era democrática, da cuenta del luto que dejó entre 1971 y 1978. Los números muestran a 33 desaparecidos entre 1971 y 1976, además de 57 asesinados durante el gobierno dictatorial. Eso no es todo, se contabiliza a 14 asesinados en Tolata, en enero de 1974; aparte de tres militares asesinados: los generales Juan José Torres, Joaquín Zenteno Anaya y Andrés Selich Chopp. Eso no es todo, también figuran 37 desaparecidos y seis asesinados en Argentina. Y cuatro desaparecidos y asesinados en Chile.  Heredia afirma que la corrupción fue otro sello de la dictadura banzerista. “Durante los siete años vilipendiaron los bienes del Estado”. Indica que se explica que en esa época no hubo siquiera un atisbo para enjuiciar la vulneración de derechos humanos. Y apunta a dos razones para que eso tampoco haya ocurrido en democracia. PROTECCIÓN Primero, que en los golpes posteriores se borró todo lo que se había acumulado para un juicio de responsabilidades contra Banzer, proceso que precisamente había sido impulsado por Quiroga Santa Cruz. En criterio de Heredia, las dictaduras de Alberto Natusch Busch (1979) y Luis García Meza (1980-1981) son las culpables. “Fue una etapa de la destrucción o de ocultamiento de todo el material que sindicaba a Banzer. Todo ese material fue ocultado, destruido y aparentemente entregado a Banzer. Hubo un interés exclusivo y directo, manifiesto de los grupos militares alrededor y de todo ese conjunto que fueron parte de la dictadura”, añade. Eso no es todo. En cuanto a la voluntad política, Heredia señala una segunda razón para que el juicio contra Banzer no haya siquiera gateado: los partidos de derecha. Esto más allá de lo que el presidente Hernán Siles Zuazo (1982-1985) incentivó con la Comisión Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas.  Tras la salida del poder de Siles Zuazo y con la llegada de Víctor Paz Estenssoro (con quien Banzer tiene una foto cuando asumió el poder en el balcón del Palacio de Gobierno, que puede verse en la página anterior), relata Heredia, todos los partidos votaron para “engavetar” el juicio de responsabilidades contra el futuro líder de Acción Democrática Nacionalista (ADN). ENGAVETADO “La Justicia y todos los órganos del Estado en realidad engavetaron todo y no continuaron porque es lógico que frente a los reclamos que hicimos familiares de desaparecidos, pudo la Fiscalía continuar investigando, pero no lo hicieron. Las deudas son enormes y el Estado tiene la obligación, incluso creo que habría que pensar en un juicio posterior”. Llanos insiste en justicia, algo que tampoco llegó, según ella, con la Comisión de la Verdad porque no cumplió su mandato. “La violencia política que vivimos hace 52 años fue una que no fue neutral. Fue una decisión y una acción deliberada y que debería ser juzgada y debería ser sancionada. Y para eso hay que comprender lo que pasó hace 52 años”, remarca. Memoria y justicia. Es la síntesis exigida. Hace 52 años, Banzer marcó con sangre la historia boliviana y continuó así durante siete años. Y sus tentáculos represivos se extendieron a otros países, bajo el permiso del Plan Cóndor, que unió a varias dictaduras de la región para eliminar a sus “enemigos”. Fuente: La Razón

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Chile aprueba solicitar a EE.UU. datos sobre golpe de Estado de 1973

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile adoptó este miércoles una resolución en la que ordena a la Cancillería realizar gestiones para que el gobierno estadounidense desclasifique los documentos que prueban su vinculación al golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en 1973. «A medio siglo del golpe de Estado, aún hay información oculta sobre la intervención estadounidense en este atentado a la democracia. Chile tiene derecho a conocer la totalidad de esos archivos, por su memoria y verdad», escribió el parlamentario Gonzalo Winter en su cuenta de la red social Twitter. Winter, uno de los impulsores de la iniciativa, añadió que «EE.UU. ha dado a conocer, en una serie de informes, su intervención en Chile y otros países del mundo (…) Es necesario recalcar que decir que EE.UU. intervino para derrocar al presidente Salvador Allende no es una opinión o un juicio de valor, sino que es una constatación de la realidad». El proyecto, impulsado por legisladores del partido Convergencia Social y otros independientes, fue aprobado por 125 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones. El próximo 11 de septiembre se cumplirán 50 años del derrocamiento del entonces presidente de Chile, Salvador Allende (1970–1973), por medio de un violento golpe de Estado encabezado por el general del Ejército Augusto Pinochet, quien gobernó el país sudamericano hasta 1990, con la total anuencia de los gobiernos estadounidenses. Fuente: TeleSUR

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Tribunal Supremo de Brasil juzga a 200 acusados de golpismo

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dio comienzo este lunes al procesamiento y detención de más de 200 personas vinculados a los actos golpistas del 8 de enero pasado cuando adeptos del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto. Este es el segundo proceso de acusaciones analizados por el juzgado superior, pues el primero tenía cerca de 100 nombres y la mayoría de los funcionarios judiciales ya votó para encausarlos como culpables. Entre los cargos por los que tendrán que responder están asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado contra el patrimonio de la Unión, además de deterioro de propiedad derribada. En total, 1.390 perpetradores fueron denunciados por la Procuraduría General de la República por su participación en los ataques de golpistas radicales que estaban inconformes con la derrota de Bolsonaro a manos del ahora presidente Luiz Inázio Lula da Silva. Tras la sesión preliminar, que se desarrollará de manera virtual, la Justicia comienza a analizar pruebas, escuchar testigos para, al final, decidir si condena o absuelve a cada uno de los acusados. La Corte Suprema deberá analizar todos los casos, pero no hay plazo para ello. Los grupos bolsonaristas se instalaron en carpas durante dos meses frente al Cuartel General del Ejército en Brasil y estimulados por discursos de odio, el campamento acudió a la violencia contra las sedes de los poderes estatales. Según opiniones de expertos, las instituciones judiciales abrieron varias líneas de investigaciones para conocer y condenar a los autores materiales e intelectuales de la intentona golpista, marcada en negro en la historia nacional. Fuente: TeleSUR

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Intento de golpe en Brasil: ordenan detener a un exministro de Bolsonaro y al exjefe de Policía de Brasilia

El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes ordenó la detención del exministro de Justicia Anderson Torres, que sirvió bajo el mandato del expresidente Jair Bolsonaro y que estaba a cargo de la seguridad pública en Brasilia durante el intento de golpe de Estado a partir de la invasión del domingo de edificios gubernamentales, dijo el martes una fuente a Reuters. Además, dispuso el arresto del exjefe policial Fabio Augusto Vieira. Fuente: Ámbito

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La embajadora de EEUU en Perú fue agente de la CIA. Un día antes del golpe, se reunió con el ministro de defensa

La embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, es veterana agente de la CIA. Se reunió con el ministro de defensa del país justo un día antes de que el presidente de izquierda, Pedro Castillo, quién había sido elegido democráticamente, fuera derrocado en un golpe de estado y encarcelado sin juicio. El ministro de defensa, un general de brigada retirado del ejército de Perú, ordenó a los militares que se volvieran contra Castillo. El golpe desencadenó protestas masivas en todo Perú. El régimen no electo ha desatado una violencia brutal, y la policía ha matado a varios manifestantes. Mientras tanto, el gobierno de EEUU ha apoyado incondicionalmente al régimen golpista de Perú, que declaró un “estado de emergencia” en todo el país y desplegó a las fuerzas armadas en las calles en un intento de aplastar las protestas. La mayoría de los gobiernos de América Latina han criticado o incluso se han negado a reconocer el régimen golpista de Perú, incluidos México, Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Venezuela, Cuba y varias naciones del Caribe. La CIA ha organizado múltiples golpes de estado contra líderes de izquierda que fueron elegidos democráticamente en Latinoamérica, desde el presidente Jacobo Árbenz de Guatemala en 1954, hasta el presidente Salvador Allende de Chile en 1973. Cuando la administración de Donald Trump nominó a Lisa Kenna para ser embajadora en Perú en 2020, el Departamento de Estado emitió un “certificado de competencia” que reveló que “antes de unirse al Servicio Exterior, se desempeñó durante nueve años como oficial de la Agencia Central de Inteligencia” (CIA). Este hecho importante está curiosamente ausente de la mayoría de las biografías de Kenna, incluida su página en el sitio web oficial de la embajada de EEUU. Bajo Trump, Kenna también se desempeñó como secretaria ejecutiva del Departamento de Estado, y fue “asistente principal” del secretario de estado de Trump, Mike Pompeo, quien anteriormente dirigió la CIA. Con respecto a su trabajo para la notoria agencia de espionaje, Pompeo admitió en 2019: “Yo fui el director de la CIA. Mentimos, engañamos, robamos. Hasta teníamos cursos de capacitación”. En una audiencia de nominación del congreso de EEUU en 2020, Kenna admitió que, como secretaria ejecutiva, vio “casi todos” los memorandos que se enviaron a Pompeo y agregó: “Tengo conocimiento de la gran mayoría de” las llamadas realizadas por él. Kenna también trabajó anteriormente para el Departamento de Defensa y ocupó cargos en el Departamento de Estado en Irak, Jordania, Egipto, Suazilandia y Pakistán. Cuando el presidente Joe Biden ingresó en enero de 2021, mantuvo a Kenna como embajadora en Perú. El 6 de diciembre de 2022, Kenna se reunió con Gustavo Bobbio Rosas, un general de brigada retirado quien había sido designado como ministro de defensa de Perú el día anterior. (Un medio de comunicación local informó que la reunión fue el 5 de diciembre, pero eso parece haber sido un error.) El Ministerio de Defensa de Perú publicó una foto de su charla amistosa. En el momento de esta reunión, se sabía en Perú que el congreso, que es notoriamente corrupto y está controlado por los oligarcas de derecha, estaba preparando un nuevo voto para derrocar al presidente que fue elegido democráticamente, Pedro Castillo. El artículo 113 de la constitución de Perú permite que el congreso unicameral destituya a los presidentes simplemente votando para declarar que tienen una “incapacidad moral”, en un proceso conocido como la “vacancia”. El congreso de Perú es bien conocido por su extrema corrupción. En el infame escándalo de los “Mamanivideos”, se grabó a congresistas del partido de extrema derecha Fuerza Popular sobornando a otros congresistas para que votaran en contra de la vacancia, en defensa del anterior presidente de derecha Pedro Pablo Kuczynski. Fuerza Popular está dirigida por los miembros de la familia de Alberto Fujimori, el dictador de extrema derecha que gobernó Perú con puño de hierro desde 1990 hasta el 2000. Con el apoyo de Estados Unidos, Fujimori cometió genocidio, esterilizando a aproximadamente 300.000 indígenas, mientras asesinaba, torturaba y desaparecía a un gran número de disidentes de izquierda. El escándalo de los Mamanivideos mostró que es bastante fácil para los oligarcas ricos de Perú comprar votos en el congreso para derrocar al presidente que fue elegido por el pueblo. Y tan pronto como Castillo asumió el cargo el 28 de julio de 2021, el congreso trató de hacer exactamente eso. Sólo un día después de que la embajadora de Estados Unidos se reuniera con el ministro de defensa de Perú, el 7 de diciembre de 2022, el congreso dominado por la derecha lanzó un golpe parlamentario contra Castillo, utilizando el artículo 113. Este fue el tercer intento de golpe en poco más de un año por parte del congreso de Perú, que en septiembre de 2022 tenía apenas el 7% de aprobación. Con la esperanza de detener el golpe, Castillo respondió tratando de disolver el congreso. Esto es permitido en casos de obstruccionismo por el artículo 134 de la constitución de Perú. El ministro de defensa, Bobbio, denunció de inmediato las acciones del presidente. Publicó un video renunciando a su cargo (que solo había ocupado durante tres días). Bobbio afirmó que Castillo estaba lanzando un “intento golpista”, pero en realidad Bobbio estaba instruyendo al ejército peruano para que apoyara un golpe contra el presidente electo, en nombre de un congreso notoriamente corrupto que está controlado por oligarcas, sin el apoyo de la población. Mientras Bobbio ordenaba a los militares que se rebelaran contra el presidente, el gobierno estadounidense atacó rápidamente a Castillo. La veterana de la CIA y actual embajadora, Lisa Kenna, tuiteó: “Los Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”. Kenna no mencionó el artículo 134 de la constitución de Perú, que establece: El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros [el nombre oficial del gabinete peruano]. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Cuando Castillo trató de disolver el congreso, citó el artículo 134 y

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El violento golpe a Cristiano Ronaldo que asustó a todos en República Checa-Portugal

Pocas veces se vio una imagen así en su carrera: Cristiano Ronaldo aturdido con su nariz sangrando sin parar y los médicos preocupados por lo sucedido. Esta inesperada escena se desarrolló durante el choque entre Portugal y República Checa correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League. El capitán portugués fue a disputar una pelota, el arquero Tomás Vaclik intentó evitar que el delantero llegue primero y terminó dándole un fuerte golpe en el rostro. CR7 cayó mal al piso y rápidamente los especialistas ingresaron al terreno para asistirlo. La imagen era preocupante: el futbolista de 37 años tirado en el césped tomándose el rostro mientras la sangre caía de su nariz. Tras la atención que recibió, terminó con una bandita en la zona y también un apósito en uno de sus orificios nasales. Cuando iba abandonando la cancha acompañado por los auxiliares, se lo vio conmocionado todavía por el golpe recibido, aunque segundos más tarde reingresó al encuentro. Iban apenas 12 minutos del primer tiempo cuando este hecho paralizó los corazones en el Fortuna Arena de Praga donde los checos recibieron a los portugueses para afrontar la quinta fecha del Grupo A2 de este certamen que reúne a todos los países europeos en tres divisiones. El detalle es que el juez Srdjan Jovanovic no sancionó nada ya que la jugada había quedado invalidada previamente por un fuera de juego. Fue una primera etapa para el olvido a nivel personal para la figura de ese país. Si bien su equipo logró anotar dos goles por intermedio de Bruno Fernandes y Diogo Dalot, cuando estaba por terminar el primer tiempo el árbitro sancionó un penal para el local a través del VAR por una mano del propio Cristiano en el área tras un centro. Por fortuna para él, Patrik Schick tiró la pena máxima por arriba del travesaño. El atacante del Manchester United pudo completar los 90 minutos luego de lo sucedido, pero se quedó con las ganas de festejar su tanto en el 4-0 de los portugueses que se completó con otro grito de Dalot y el restante de Diogo Jota. Los dirigidos por Fernando Santos pegaron el salto a la cima de la zona gracias a la inesperada caída de España ante Suiza como local. El detalle es que en la última jornada, que se desarrollará el próximo martes 27 de septiembre, ambos países se enfrentarán en tierras portuguesas para dirimir el boleto al Final Four que será celebrado a mediados del 2023. A los de Cristiano les alcanzará con un empate para seguir en la pelea por el título. Esta es la tercera edición de este torneo que en el 2024 podría contar con las diez selecciones que integran la Conmebol y que en las últimas horas vio de cerca el primer sismo de la temporada: Inglaterra perdió contra Italia y descendió a la segunda categoría. El elenco luso fue campeón de la primera versión y no pudo acceder al Final Four en la segunda. Fuente: Infobae

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