Juicio

Fiscalía llama a juicio a expresidente colombiano Álvaro Uribe

La audiencia virtual en la que la Fiscalía acusará al expresidente colombiano Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos inicia este viernes en Bogotá. Las víctimas del caso consideran que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en una disputa que mantenía con Iván Cepeda. Una jueza de Bogotá, Sandra Heredia, es la encargada de coordinar  la audiencia de acusación luego que el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gilberto Iván Villarreal, quien asumió el caso por reparto y no por asignación especial como sucedió con los fiscales anteriores, llamara a juicio a Uribe. Para adoptar esta decisión, el fiscal Villarreal hizo una nueva valoración integral de todos las pruebas del proceso, incluidas las remitidas en su momento por la Corte Suprema de Justicia. Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por presunta manipulación de testigos por el supuesto pago de coimas a varios presos para que hablaran a su favor. Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria. Entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia ante los que se llevó el sumario como por el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril determinó, a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios, que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.  El expresidente Álvaro Uribe  se podrá defender en libertad, en desarrollo de la acusación y respectivo juicio en su contra como supuesto autor de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Uribe declaró este viernes a medios colombianos que es inocente y que es víctima de persecución político-judicial. Fuente: TeleSUR

Fiscalía llama a juicio a expresidente colombiano Álvaro Uribe Leer más »

Uribe propone una «amnistía política» en Colombia tras ser llamado a juicio

El expresidente y exsenador de Colombia Álvaro Uribe Vélez clamó este jueves por la aplicación de una «amnistía» por una sola vez en su país, «para que los condenados o que llegaren a serlo, por hechos anteriores, puedan ejercer sus derechos políticos«. El exmandatario hace esta petición en la misma semana en la que ha sido llamado a juicio por la Fiscalía, que lo acusará formalmente por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. En ese marco, el exmandatario emitió un comentario en la red social X para asegurar que no busca «perdones penales», sino que en su país se permita la participación política de personas que han sido procesadas. «En Colombia le dieron elegibilidad política a responsables de delitos atroces como la violación de niños», se quejó el exmandatario conservador, en aparente alusión al proceso de paz que conllevó a la desmovilización de la guerrilla de las FARC y a la posterior incorporación política de los firmantes del Acuerdo con el Gobierno de Colombia. Sin hacer mención directa a que esa posibilidad surgió de unas negociaciones en medio de un conflicto armado, Uribe consideró que debería haber el mismo beneficio para las personas condenadas por delitos comunes. «Mis compañeros condenados, sin haberse robado un peso, carecen de derechos políticos. No pido perdones penales. Repito, debería haber una amnistía política por una vez, para que los condenados o que llegaren a serlo, por hechos anteriores, puedan ejercer sus derechos políticos», aseveró. ¿Por qué Uribe está llamado a juicio? Esta semana, la Fiscalía de Colombia anunció que acusaría formalmente al exsenador, tras estudiar por varios meses la «evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados», en un caso de presunta manipulación de testigos. Los orígenes del caso se remontan a 2012, cuando Uribe entabló una demanda en contra de su colega senador Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia se inhibiera de abrir una investigación en contra de Cepeda y, por lo contrario, inició una indagación contra Uribe por soborno y fraude procesal. Su colega, además, fue declarado por el juzgado como víctima. Del mismo modo, se estableció como hipótesis que el expresidente podría estar falseando información, al encontrar evidencia de posibles presiones ejercidas por Uribe y sus abogados contra los testigos que accedieron a conversar con Cepeda. El proceso siguió su curso en esa instancia hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria, lo que significó que la máxima corte judicial colombiana ya no era apta para juzgarlo y su causa quedara a cargo del Ministerio Público. Entre esa fecha y 2023, la Fiscalía intentó en vano que la causa se archivara, pero en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el caso contra Uribe debía seguir adelante. Fuente_ RT

Uribe propone una «amnistía política» en Colombia tras ser llamado a juicio Leer más »

Las dos ministras claves de Noboa que enfrentan solicitudes de juicio político en Ecuador

El bloque opositor que se aglutina en la Bancada Ciudadana en Ecuador ha presentado una solicitud de juicio político en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, y otra a la ministra de Interior, Mónica Palencia, luego de la violenta irrupción de las autoridades locales en la embajada mexicana en Quito. En un comunicado, la bancada calificó de «nefastos» los hechos acaecidos en las últimas horas, que implicaron no solo el asalto a la legación diplomática mexicana el pasado viernes, sino también la detención del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en calidad de asilado. La irrupción provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. «Conforme la facultad de fiscalización que nos otorga la Constitución, llevaremos adelante un proceso serio y que brinde respuestas al país ante la vergüenza internacional que está viviendo y las consecuencias que acarreará en diferentes espacios políticos, comerciales y de relaciones internacionales», reza parte del texto publicada por el grupo parlamentario. El asambleísta Leonardo Berrezueta Carrión, vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional ecuatoriana, destacó por su parte que la solicitud de ‘impeachment’ contra Palencia cumple con todos los requisitos de ley. «La fiscalización es nuestra facultad constitucional e indispensable en estos momentos oscuros que vive la patria. La decisión tomada por el estado ecuatoriano y sus representantes en la irrupción violenta a la sede diplomática mexicana tiene responsabilidades que serán determinadas en este proceso constitucional», puntualizó en la red social X. Glas, que es objeto de investigaciones por corrupción y sobornos, entre otros cargos, está retenido en la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’, ubicada en Guayaquil, desde el pasado sábado, y ha presentado un ‘habeas corpus’ para intentar obtener su libertad. Fuente: RT

Las dos ministras claves de Noboa que enfrentan solicitudes de juicio político en Ecuador Leer más »

RJC: por tercera vez, suspenden juicio de 6 miembros hasta el 5; ahora, la jueza tiene baja médica

El Juzgado de Sentencia Nº12 del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) suspendió hoy lunes, por tercera vez, el inicio de juicio oral contra seis integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) hasta el 5 de febrero, debido a la baja médica de la jueza que lleva el caso. “Debido a la baja médica de la jueza de este despacho judicial, desde el 2 de enero hasta el 31 de enero inclusive, se reprograma de oficio la audiencia de juicio fijada dentro de este caso al día lunes 5 de febrero de 2024 a partir de horas 08:30”, reza un párrafo de la determinación emitida a las partes dentro del proceso, compartida por Milena Soto a través de las redes sociales. En el marco de esta causa, la Justicia investiga a Yassir Molina, los hermanos Favio y Mario Bascopé, Milena Soto, Luís Antonio Terán Cadima y Jaime Maldonado Méndez por tres causas que se remontan a su participación en los hechos de 2019 a julio de 2020 en Cochabamba, durante la cuarentena rígida que se vivía a consecuencia de la COVID-19, donde se reportó el cierre del botadero de K’ara K’ara, lo cual causó que los integrantes de la RJC se movilicen. Según el cuadernillo de investigación, como medida de presión, los acusados tapiaron la Alcaldía de Cochabamba, posteriormente, se trasladaron hasta el domicilio de la entonces gobernadora del departamento, Esther Soria, y procedieron a lanzar bolsas de basura, exigiendo una solución. Entonces, la RJC exigió la renuncia de Soria y del entonces alcalde de Cercado, José María Leyes. “El juicio contra la RJC, que debía continuar el día de hoy, se suspende hasta febrero ¡La espera desespera! Pero, no hay mal que dure 100 años”, escribió Soto en su página de Facebook. SUSPENSIONES El juicio oral contra los seis miembros RJC fue suspendido por primera vez el 26 de septiembre; y, por segunda, el 20 de noviembre. El 27 se reinstaló, pero ingresó a un cuarto intermedio hasta el día siguiente y siguió hasta fin de mes. Tras ello, fue suspendido hasta hoy, 8 de enero. “Falta de testigos” de dos de los seis acusados, problemas de salud de Mario Bascopé y Yassir Molina vinculados a una alergia y una baja médica de la juez, fueron las razones de las suspensiones.   En esta ocasión, la Justicia determinó reinstalar el juicio el 5 de febrero de manera “presencial”. Fuente: Opinión

RJC: por tercera vez, suspenden juicio de 6 miembros hasta el 5; ahora, la jueza tiene baja médica Leer más »

Reinstalan la audiencia de juicio oral contra integrantes de la RJC

Este lunes se reinstaló la audiencia de juicio oral contra seis integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, Mario y Fabio Bascopé, Milena Soto López, Jaime Maldonado Méndez y Luís Antonio Terán Cadima. Están acusados por la Fiscalía por los delitos de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y portar armas, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros. Estos delitos presuntamente se cometieron durante los conflictos sociales de 2019 y 2020. La Jueza dio por iniciado la audiencia a las 9:30 y al momento se encuentra en la etapa de incidencias. En tanto, en la puerta del juzgado se encuentran dos grupos, uno apoyando a los integrantes de la RJC y pidiendo su liberación inmediata y el otro pide 30 años de prisión para los seis imputados. Por su lado, el director de Régimen Penitenciario, Tito Arze, señaló que, en cualquier situación, de desarrollarse la audiencia de juicio oral o de suspensión se pedirá que Molina y los hermanos Bascopé permanezcan en el penal de El Abra mientras dure el proceso. Fuente: Los Tiempos

Reinstalan la audiencia de juicio oral contra integrantes de la RJC Leer más »

Instalan el segundo juicio oral contra integrantes de la RJC

El Juzgado de Sentencia Nº12 del Tribunal Departamental de Justicia fijo para las 9:30 de hoy la instalación del juicio oral contra los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina Lozada, Mario Bascopé Revuelta, Favio Bascopé Revuelta, Milena Soto López, Jaime Maldonado Méndez y Luís Antonio Terán Cadima. Todos fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y portar armas, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros Marcel Revuelta, abogado de los hermanos Bascopé, señaló que sus clientes fueron trasladados desde el penal de Sucre hasta la cárcel de El Abra para enfrentar el juicio oral.  Yassir Molina también llegó hasta Cochabamba para asistir al juicio en su contra por los delitos que presuntamente se cometieron durante los conflictos sociales de 2019 y 2020. Los tres fueron resguardados por un contingente policial desde el lugar donde están recluidos y luego fueron entregados a la Policía de Cochabamba. Suspensión El Juzgado de Sentencia Nº12 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba postergó el 26 de septiembre el juicio oral debido a que el abogado de uno de los imputados no estaba presente. “Mañana (hoy), la defensa de todos los acusados tendrá que estar presente de otra manera la jueza va a llegar a darles multa. El Ministerio Público tendría que ofrecer su prueba que dice que tienen más de 180 testigos, además de la prueba documental”, añadió el abogado de lo hermanos Bascopé. Fuente: Los Tiempos

Instalan el segundo juicio oral contra integrantes de la RJC Leer más »

Juicio por documentos secretos a Trump comenzará en mayo de 2024

El juicio a Donald Trump por mal manejo de documentos secretos comenzará en mayo del 2024, dijo el viernes la jueza que preside el caso. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, ordenó que el juicio con jurado del expresidente, el primero en enfrentar cargos penales, comience el 20 de mayo de 2024.   Mayo 2024 Los fiscales habían pedido que el juicio comenzara en diciembre, mientras que los abogados defensores de Trump habían solicitado realizarlo tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.  Trump, de 77 años, es el favorito para la nominación presidencial republicana y el juicio se llevará a cabo en el punto álgido de la campaña primaria para seleccionar al abanderado del partido para las elecciones. Capitolio Tras recibir una carta de la fiscalía, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump dio por sentado que la justicia lo acusará penalmente por los disturbios durante el ataque al Capitolio. Una nueva piedra en el zapato del precandidato a las presidenciales de 2024. «El trastornado Jack Smith, fiscal del Departamento de Justicia de Joe Biden, envió una carta. Que afirma que soy un OBJETIVO de la investigación del Gran Jurado sobre el 6 de enero», aseguró Trump en su plataforma Truth Social.  Contactado por la AFP, un portavoz del fiscal especial Smith ha declinado hacer comentarios. El 6 de enero de 2021, miles de simpatizantes de Trump sembraron el caos y atacaron el Capitolio en Washington. Considerado templo de la democracia estadounidense, para intentar impedir que se certificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Fuente: La Razón

Juicio por documentos secretos a Trump comenzará en mayo de 2024 Leer más »

Una congresista inicia un proceso de juicio político contra Biden

La republicana Lauren Boebert, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., inició este martes un proceso de juicio político contra el presidente Joe Biden. Como causa del juicio político, Boebert expuso «el fracaso de Joe Biden en asegurar la frontera sur» de EE.UU. en una entrevista con Fox News. Además, alentó a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes a tomar acción inmediata contra la administración Biden porque, según Boebert, «Joe Biden ha descuidado el deber constitucional del cargo de presidente de Estados Unidos». Si la iniciativa no es apoyada por la mayoría, será presentada como una moción privilegiada, añadió. Boebert también copatrocinó artículos de juicio político contra Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, presentados este lunes por otro congresista republicano, Andy Ogles. De acuerdo con el congresista, Biden ha «convertido en arma» su presidencia para «proteger los esquemas de negocio y tráfico de influencias de su familia de la supervisión del Congreso y responsabilidad pública». A mediados de mayo, otra congresista republicana, Marjorie Taylor Greene, también anunció que presentará artículos de juicio político contra Biden. La política acusó al mandatario de trabajar «para destruir sistemáticamente el país», sosteniendo que Biden no pudo garantizar la seguridad en la frontera con México y que «comprometió deliberadamente» la seguridad nacional al «negarse a aplicar las leyes de inmigración y proteger» las fronteras. «Crisis de seguridad fronteriza» El gobernador de Florida, Ron DeSantis, envió en mayo a más de 1.000 oficiales estatales, entre los que sobresalen 800 agentes de la Guardia Nacional, a la frontera sur de Texas, en medio de una «crisis de seguridad fronteriza». DeSantis criticó a la administración Biden por su manejo de la crisis en la frontera sur, a pocos días de que la Casa Blanca terminara con el Título 42, una política que permitió la expulsión inmediata de migrantes. «El impacto de la crisis creada por Biden en la frontera toca a comunidades de toda la nación y la renuncia del Gobierno federal a cumplir con su deber socava la soberanía de nuestro país«, aseveró. Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que se experimentó una disminución en la cantidad de migrantes en la frontera con México después de que venciera el Título 42. Fuente: RT

Una congresista inicia un proceso de juicio político contra Biden Leer más »

Elevan a juicio oral causa por atentado contra Cristina Fernández

La jueza federal argentina María Eugenia Capuchetti estableció este lunes que los presuntos coautores del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández fueran enviados a juicio parcial, con lo que la abogada clausuró las investigaciones sobre los posibles partícipes en el atentado contra la expresidenta. “En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado», sostuvo la jueza Capuchetti. María Eugenia Capuchetti tomó la decisión de elevar la causa a la etapa de juicio oral y público, a pesar de que los jueces de la expresidenta argentina consideraron que “elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad”. “La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar”, manifestó la magistrada. De igual manera, la jueza insistió en que “las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados”. Asimismo, la jueza negó la posibilidad de la investigación sobre la responsabilidad que pudieran tener empresarios relacionados con el macrismo y dirigentes de esa fuerza política, en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022. El 30 de mayo pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández se había pronunciado sobre la decisión del fiscal Carlos Rivolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y el pedido de la elevación a juicio oral. Esta decisión en su momento la consideró “un nuevo acto de consagración de la impunidad”, que tuvo su clara expresión en la decisión actual de la magistrada. En la carta titulada ‘A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad’, la exmandataria argentina subrayó que “desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”. Fuente: TeleSUR

Elevan a juicio oral causa por atentado contra Cristina Fernández Leer más »

Guillermo Lasso se enfrenta al juicio político en Ecuador: ¿qué puede pasar?

Este martes arranca en la Asamblea Nacional de Ecuador el juicio político al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, señalado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos). De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas. Posteriormente, el mandatario –en un máximo de tres horas– presentará sus alegatos de defensa ante el pleno. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada esta etapa, el presidente se retirará del pleno y comenzará el debate en la Asamblea Nacional, donde podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por turnos de 10 minutos. Después, según la ley, en el plazo de cinco días de concluido el debate, Saquicela debe convocar a la sesión del pleno para resolver el juicio político. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos el pronunciamiento a favor de 92 asambleístas. ¿Están los votos? La pregunta que ha surgido en los últimos días es si existen los votos suficientes entre los 137 legisladores que conforman el Parlamento ecuatoriano para destituir a Lasso. Las principales bancadas que apoyan el juicio son la de la izquierdista Unión por la Esperanza (UNES), que cuenta con 47 legisladores; y la derechista del Partido Social Cristiano (PSC), que al inicio de la actual legislatura, en 2021, tenía 18 asambleístas y en la actualidad posee 12, ya que varios de ellos han renunciado al bloque en las últimas semanas. A estas dos facciones los respaldan legisladores independientes, disidentes de otros bloques y también parte del movimiento indigenista Pachakutik. El martes de la semana pasada, se consiguieron 88 votos en el Congreso para aprobar la continuidad del proceso en contra del mandatario, por lo que, de mantenerse esa tendencia, haría falta el voto de cuatro legisladores más para destituir a Lasso. Sin embargo, el pasado domingo la Asamblea Nacional renovó a sus autoridades para los próximos dos años y la votación que se dio también sirvió como un ejercicio para calcular —aunque no es garantía— si la oposición parlamentaria contaría con los votos para la destitución del mandatario. En la sesión, Virgilio Saquicela fue reelecto como titular del Parlamento. Para su reelección solo hacían falta 70 votos, pero se consiguieron 96, tras recibir el apoyo de los legisladores de UNES, el PSC, asambleístas independientes y disidentes de la Izquierda Democrática, así como una parte de Pachakutik. Ya el martes de la semana pasada, UNES se había pronunciado a favor de la reelección de Saquicela, justamente ante la proximidad del juicio político contra el presidente. «Hemos decidido ceder en nuestras legítimas pretensiones de alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional con un solo objetivo: fortalecer la mayoría legislativa de cara al juicio político de Guillermo Lasso», señalaba entonces esa bancada parlamentaria en su comunicado. El bloque legislador oficialista, que cambió su nombre el domingo de Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) a Bancada Ecuador, está confiado en que no existen los votos para destituir al mandatario. Según comentó a la prensa Juan Fernando Flores, coordinador del bloque oficialista, Lasso contaría con el apoyo de 46 de los 137 asambleístas; eso significaría que el mandatario se salvaría de ser destituido solo por un voto. «Nada tiene que ver el voto de un legislador sobre una autoridad con su posición sobre el juicio político», enfatizó. La acusación Lasso es señalado del supuesto delito de peculado, vinculado a un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que es dueña de buques para transporte petrolero. El caso se remonta a 2018, cuando Lenín Moreno aún era presidente. En esa administración, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación de barriles de crudo, pero en 2020 acordaron una adenda con la que sumaron a Amazonas Tanker Pool. En noviembre de 2021, cuando ya gobernaba Lasso, la Contraloría General del Estado emitió un informe señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar «la conveniencia y pertinencia de continuar» con la asociación. La acusación de los asambleístas señala que, pese a ello, el año pasado se habría firmado un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool. En la sesión en el Congreso de la semana pasada, la asambleísta Viviana Veloz, interpelante en el juicio político, especificó que hay una adenda o contrato complementario, que habría sido firmado en octubre del año pasado —aunque en la acusación inicial se indicaba que fue en julio— y que tendría «dos clausulas contractuales gravísimas». En la resolución aprobada por los parlamentarios, para dar continuidad al juicio político, se establece que el mandatario «conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec». Fuente: RT

Guillermo Lasso se enfrenta al juicio político en Ecuador: ¿qué puede pasar? Leer más »