La Paz, Bolivia, 11 de abril de 2025. La abogada Silvia Tapia, defensora del excomandante general de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, denunció que un personaje cercano al Gobierno estaría visitando distintas cárceles del país con el objetivo de presionar a los militares detenidos para que incriminen a su defendido a cambio de beneficios judiciales. “Existe una persona del Gobierno, un personaje que verdaderamente se puede decir que se toma la tarea de estar en cárcel, en cárcel buscando a los aprehendidos, privados de libertad como son los militares, unos militares inocentes que lo único que hicieron fue obedecer una orden”, declaró Tapia. Según la jurista, este emisario ofrecería procedimientos abreviados a los detenidos, con la condición de que incriminen a Zúñiga por los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, cuando tanquetas militares llegaron hasta la plaza Murillo y una de ellas impactó contra la reja del Palacio Quemado. Tapia aseguró que la intención es consolidar una narrativa oficial, en la que su cliente quede como el principal responsable de un supuesto intento de golpe de Estado. También denunció que familiares de los militares implicados y ella misma han recibido amenazas por hacer públicas estas acusaciones. Aunque evitó revelar la identidad de este supuesto operador, afirmó que se trata de “una persona muy conocida y que pertenece a la Policía Boliviana”. La defensa legal de Zúñiga busca que el general amplíe su declaración ante el Ministerio Público. Tapia indicó que ya se ha presentado la solicitud, pero que hasta ahora no se ha fijado fecha ni hora. Como medida alternativa, anunció que, si no se autoriza esta ampliación, se difundirá un video grabado por el propio Zúñiga en el que revelaría detalles respaldados con documentación.
