RJC

Una juez suspendió hasta enero de 2024 la audiencia de juicio oral en contra de cinco miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por la supuesta comisión de cinco delitos entre 2019 y 2020, según un documento al que accedió La Razón. Los acusados en ese proceso son Yassir Molina, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Milena Soto y Luis Terán. El Ministerio Público, que pidió una pena privativa de libertad de 20 años para cada uno, los imputó por delitos contra la salud pública, privación de libertad, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, porte y portación de armas. Uno de los motivos para la suspensión del acto judicial fue la solicitud de Mario Bascopé, que pidió a la jueza atención médica debido a un problema de hemorroides. Según el médico de Régimen Penitenciario, dicha dolencia no impide, sin embargo, al acusado asistir al juicio. Las tres causas que investigan a los acusados fueron abiertas a instancias del exalcalde de Cochabamba José María Leyes; el exdelegado defensorial de esa capital Nelson Cox, las exdiputadas Flora Noemí Quispe y Juana Quispe, además de la exgobernadora Esther Soria Gonzáles. RJC Los antecedentes del caso dieron cuenta que los imputados lideraron un grupo de la RJC que recorría en motocicletas varias vías de la capital del valle y agredían a quienes identificaban como simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso a mujeres que vestían polleras. La RJC se mostró luego de las elecciones generales del 20 de octubre 2019. Entonces, ese grupo comandó en Cochabamba las movilizaciones en contra de un supuesto “fraude monumental”. Ese discurso que había sido acuñado por el expresidente y contendor de Evo Morales en esos comicios, Carlos Mesa; precisamente él obtuvo el segundo lugar en la votación nacional. Mas adelante, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) como grupos “parapoliciales”. Y varias organizaciones internacionales pidieron al Gobierno su desarticulación. Incluso, la exencargada de negocios de Estados Unidos Charisse Phillips pidió la “desmantelación” de esos grupos. La Razón

El juicio oral contra los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) ingresó en receso hasta el miércoles a las 08.15, con el objetivo de resolver los incidentes y las excepciones presentadas por la parte acusadora y demandados. “Una vez revisados todos los antecedentes, a través de un análisis ponderado, la juez va a determinar si da por fundadas o infundadas las excepciones planteadas. No existe ningún impedimento para suspender, lo que ha hecho la juez es declarar un receso”, dijo Jonathan Revuelta, abogado de uno de los acusados, a Bolivia TV. Los sindicados son Yasir Molina, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Milena Soto y Luis Terán, que comparecerán por tres causas que se remontan a los conflictos de 2019 y 2020. El Ministerio Público los acusa por delitos contra la salud pública, privación de libertad, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, porte y portación de armas. La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para cada uno. Los denunciantes de las tres causas, sumadas en un sola, son el exalcalde José María Leyes, el exdefensor del Pueblo en Cochabamba Nelson Cox, las exdiputadas Flora Noemí Quispe y Juana Quispe, además de la exgobernadora Esther Soria Gonzáles. Según los antecedentes, en la crisis de 2019, un grupo de la RJC recorría la ciudad de Cochabamba en motocicletas agrediendo a todas las personas que identificaba como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) o, simplemente, por vestir pollera. En noviembre pasado, Yassir Molina, uno de los líderes de la RJC, anunció que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”. El anunció lo formuló en el marco de su solicitud de someterse a un proceso abreviado por los hechos de violencia en puertas de la Fiscalía General del Estado, en 2020. Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC surgió como grupo de choque en Cochabamba. Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia del presidente Evo Morales, por un supuesto fraude electoral. Los medios de comunicación reflejaron cómo la RJC arremetía con golpes contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez. También agredieron físicamente y humillaron a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS. El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El GIEI identificó a la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (grupo de choque del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales. Eju.Tv