La denuncia presentada por diputados de la alianza Creemos contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la prórroga de mandato fue remitida por la Fiscalía General del Estado a la Cámara de Diputados para el trámite de juicio de responsabilidades.
El pasado miércoles, diputados de la bancada opositora presentaron la denuncia por el delito de resoluciones contrarias a la ley en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre.
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, reveló un documento proveído firmado por el fiscal general, Juan Lanchipa, en el que remite la denuncia y los antecedentes presentados por los legisladores de la agrupación política.
“Informo a cada uno de los bolivianos que la Fiscalía General del Estado ha admitido la demanda penal que interpusimos los diputados de Creemos en contra de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, publicó Bazán.
En el documento, el Fiscal argumenta que, con base en la Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”, corresponde “remitir el contenido fáctico de la Denuncia Penal de referencia y todos sus antecedentes, al Presidente de la Cámara de Diputados, a los efectos que corresponda por Ley”.
Señala además que el trámite debe remitirse después a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados “para el ejercicio de la investigación y acusación”.
La denuncia de Creemos es la segunda en contra de los magistrados del TCP, luego de la que presentaron los parlamentarios de Comunidad Ciudadana por usurpación de funciones.
La jueza Cuarta Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer, Mirian Flores, decidió el pasado jueves no dar curso al trámite de las excepciones de incompetencia y falta de acción interpuesta por cuatro tribunos, debido a que ni la Fiscalía ni los denunciantes identificaron con nombres y apellidos a los denunciados y el proceso se indaga contra autor y autores.
En ese sentido, la autoridad jurisdiccional determinó que el Ministerio Público, en la fase preliminar de investigación debe precisar quiénes son los denunciados.
Fuente: Correo del SUR