El presidente Rodrigo Paz y su gabinete aprobaron el 8 de diciembre un decreto supremo que cambia la política sobre vacaciones en el sector público. La norma declara que el uso de la vacación es “irrenunciable y obligatorio”, suspendiendo así la disposición del gobierno de Luis Arce que permitía el pago en efectivo por días no utilizados.
El decreto modifica artículos del Estatuto del Funcionario Público y fundamenta la decisión en “los recursos públicos limitados” y en obligaciones heredadas que, según el Ejecutivo, dificultan asumir pagos adicionales.
La medida específica que la compensación pecuniaria solo será válida en casos excepcionales, como fallecimiento del funcionario, extinción de la entidad, renuncia, destitución o mandatos judiciales. En esas situaciones, las instituciones deberán cancelar las vacaciones pendientes en un plazo máximo de 12 meses, sin requerir una solicitud del servidor público.
El gobierno de Arce había instaurado en octubre, mediante el Decreto Supremo 5470, un plazo de 45 días para pagar vacaciones acumuladas. Esa disposición queda ahora sin efecto bajo la nueva política aprobada por la administración de Paz.
Fuente: Correo del Sur
