El Gobierno nacional rechazó este viernes el paro indefinido anunciado durante el cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) en El Alto y reiteró su convocatoria al diálogo como única vía para enfrentar la crisis económica. La posición fue expresada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien cuestionó además la representatividad de los sectores que participaron en el cabildo, al señalar que sus determinaciones no reflejan el sentir de toda la población. “Lo que nos han planteado es un paro nacional, están hablando de bloqueo, no de trabajo. La única forma de vencer la crisis es crear condiciones para producir; se sale adelante trabajando, no parando, no bloqueando”, afirmó en conferencia de prensa. 📍Gobierno insiste en el diálogo Gálvez remarcó que la administración del presidente Rodrigo Paz mantiene abierta la invitación a construir soluciones conjuntas con todos los sectores sociales, políticos y económicos del país. “Reiteramos la invitación al diálogo, a la construcción conjunta de soluciones. Esa es la respuesta clara del Gobierno nacional”, sostuvo. En esa línea, anunció que se buscará establecer conversaciones no solo con organizaciones laborales, sino también con actores políticos, autoridades electas y sectores productivos. 📍Críticas al paro y contexto de crisis El vocero advirtió que medidas como el paro y los bloqueos terminarán afectando principalmente a los trabajadores informales, gremiales y comerciantes que dependen del ingreso diario. Asimismo, defendió que el país atraviesa un proceso de transición tras un prolongado ciclo electoral, señalando que la población optó por “pasar la página” de los conflictos y apostar por la estabilidad y la reactivación económica. Las declaraciones del gobierno se dan en respuesta al cabildo de la COB, que planteó este viernes una agenda de demandas económicas y sociales, además de advertir con medidas de presión frente a la falta de respuestas del Gobierno. 📍Rechazo empresarial y tensión social En paralelo, sectores como microempresarios y el empresariado privado manifestaron su rechazo a nuevas demandas salariales impulsadas por la COB, alertando sobre el impacto que podrían tener en la sostenibilidad del empleo, especialmente tras el incremento del 20% aprobado a inicios de año.

La Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha enfrentado escándalos de corrupción y complicidad con el narcotráfico desde sus propias filas, revelaron documentos obtenidos en 2024 por The Associated Press, que mostraron una corrupción estructural entre los agentes de la DEA en países donde la agencia tiene presencia. En julio de 2024, miles de documentos secretos de las fuerzas del orden analizados por Ap ofrecieron una visión inédita de una cultura de corrupción entre los funcionarios, quienes transformaron las turbias operaciones de lavado de dinero de la agencia en una búsqueda mundial de lujos, consumo excesivo de alcohol y sexo ilícito. Entre los casos más mediáticos que ayudaron al registro de esta estructura corrupta se encuentra el del agente José Irizarry, condenado a 12 años de cárcel tras confesar a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en 2020, que trabajó con cárteles colombianos para lavar dinero y robó millones en bienes confiscados y de pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y trabajadoras sexuales. En entrevistas con Ap, el funcionario afirmó que varios de sus colegas –incluidos elementos federales, fiscales e informantes–, participaron en su esquema de corrupción, parte de lo que llamaban Equipo América, a través de tres continentes. “Tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos”, admitió. Irizarry señaló que sus actos corruptos fueron resultado de darse cuenta de que la guerra antinarcóticos era una farsa. “No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también…. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego…. Y estábamos jugando un juego divertido”, recogieron nuestros corresponsales David Brooks y Jim Cason (https://shorturl.at/zoAbM). Complicidad con cárteles Otro caso fue el de Paul Campo, un ex agente de alto nivel de la DEA, y un asociado, quienes fueron acusados de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por Washing­ton como organización terrorista extranjera. Campo, de 61 años y originario de Virginia, se retiró de la agencia en 2016 tras una carrera de 25 años, para enfrentar cuatro cargos federales relacionados con presunto narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Los mismos cargos fueron presentados contra su asociado, Robert Sensi, de 75 años. Ambos funcionarios acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares para el cártel y convirtieron alrededor de 750 mil dólares en efectivo a criptomoneda para el grupo, señaló la acusación. También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según les aseguraron, se distribuiría y vendería en Estados Unidos por alrededor de 5 millones de dólares y serían beneficiados con una parte de las ganancias. Asimismo, se ofrecieron a facilitar la compra de drones comerciales y armas de grado militar para el cártel. Los documentos mostraron también una conversación de WhatsApp en la que un grupo de agentes bromeaban sobre una “gira mundial de libertinaje”, a costa del gobierno y los contribuyentes, en la que intercambiaban imágenes de sus conquistas sexuales y bromeaban sobre “violación anal forzada”. Uno de los agentes que participaba en el chat fue acusado de ese mismo delito en España. La detención en 2018 de George Zoumberos, acusado de obligar a una mujer de 23 años a tener sexo anal en un hotel de Madrid, generó gran preocupación en los más altos niveles de la DEA. El caso concluyó con la desestimación de los cargos y una amonestación al agente. Fiscales federales, en un ejemplo más, acusaron a David Macey, un destacado abogado defensor de Miami, de orquestar una conspiración de soborno a dos ex supervisores de la DEA a cambio de información confidencial que, según las autoridades, ponían en riesgo los casos y a los investigadores. Otro más, el de Joseph Bongiovanni, quien, tras dos décadas de colaboración con la agencia, usó su placa de la DEA para proteger a amigos que se convirtieron en narcotraficantes en Nueva York. Fue sentenciado a cinco años de prisión. En 2015, varios agentes de la dependencia antidrogas participaron en “fiestas sexuales con prostitutas” pagadas por miembros de los cárteles colombianos, reveló CBS News. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la DEA supo, a través de agentes de la policía colombiana, que varios elementos solicitaron servicios sexuales y habían incurrido en otras faltas de conducta. Siete de los 10 agentes acusados admitieron los señalamientos y fueron suspendidos por periodos que oscilaron entre dos y 10 días. Uno de ellos fue absuelto de toda culpa. Bajo este contexto, a principios de enero de 2026 el juez federal en Nueva York Alvin K. Hellerstein acusó, sin presentar pruebas, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. El mandatario fue secuestrado el 3 de enero en una operación ilegal del Pentágono contra Caracas. Fuente: LA JORNADA

El comandante del Comando Sur o Ejército Sur de Estados Unidos, mayor general Philip J. Ryan, se encuentra en Bolivia desde hace una semana,  según información difundida por la embajada norteamericana.  El jefe militar fue recibido por autoridades del Ministerio de Defensa y sostendrá reuniones con mandos de las Fuerzas Armadas, además de actividades institucionales como encuentros con cadetes del Colegio Militar. La visita se inscribe en una “nueva etapa de acercamiento” entre ambos países, de acuerdo con la representación diplomática. Este movimiento ocurre en un contexto político y económico particularmente sensible: apenas días antes, Bolivia y Estados Unidos firmaron en Washington un memorando de entendimiento sobre minerales críticos —incluyendo litio, tierras raras, níquel y cobalto— con el objetivo de atraer inversiones y asegurar cadenas de suministro estratégicas. Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en más de 23 millones de toneladas, concentradas principalmente en el salar de Uyuni. 🔺Litio, geopolítica y seguridad La coincidencia entre el acuerdo minero y la llegada del Comando Sur refuerza lecturas geopolíticas sobre el creciente interés de Estados Unidos en asegurar el acceso a recursos estratégicos en la región: el agua dulce en la Amazonía, el petróleo en Venezuela y Guyana y el denominado “Triángulo del Litio” (Bolivia, Argentina y Chile), clave para la transición energética y la industria tecnológica global. El memorando firmado establece mecanismos de cooperación orientados a garantizar el suministro de estos minerales, considerados esenciales no solo para la economía, sino también para la seguridad nacional (estadounidense) y la competencia tecnológica. 🔺Un actor con historial controvertido El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), creado formalmente en 1963,  tiene una larga historia en América Latina aplicando su enfoque de contrainsurgencia y la Doctrina de Seguridad Nacional. Según diversos análisis históricos, el Comando Sur entrenó y dio apoyo logístico a fuerzas armadas latinoamericanas (como en la Escuela de las Américas) que derivaron en dictaduras militares de la década del setenta y en  la Operación Cóndor destinado a frenar movimientos de izquierda en Sudamérica con un saldo de miles de muertos, desaparecidos y torturados. También brindó apoyo a operaciones encubiertas en Centroamérica durante los años 80. Estos antecedentes siguen marcando la percepción crítica de sectores políticos y sociales frente a la presencia del Comando Sur en la región. En las últimas décadas, el Comando Sur ha rediseñado su enfoque y ha puesto su interés en los recursos naturales y estratégicos como el agua dulce del Amazonas, el petróleo de Venezuela y Guyana, los minerales críticos y el «Triángulo del litio» en  Argentina, Bolivia y Chile.  Según este nuevo enfoque Estados Unidos quiere convertirse en «guardián de los recursos estratégicos» de América Latina  y frenar el avance de China y Rusia.  🔺Reconfiguración de relaciones La visita de Ryan también refleja un giro en la política exterior boliviana. Tras años de relaciones limitadas a nivel de encargados de negocios desde 2008, el actual gobierno ha impulsado un acercamiento pragmático con Washington en áreas económicas y estratégicas de recursos naturales  y de seguridad. En efecto, el presidente Rodrigo Paz participa en la coalición militar firmada por en Miami, en marzo de 2026, entre Trump y varios líderes latinoamericanos para combatir cárteles de la droga y redes criminales definidos como «terroristas» mediante «fuerza militar letal».