El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró su denuncia contra los sectores opositores a los que acusa de preparar acciones golpistas en su contra. Por esa razón, también ha expuesto detalles sobre los supuestos planes para derrocarlo. En un extenso tuit, el mandatario colombiano hizo un recuento de los hechos recientes que apuntan a que existe una «conspiración» para «derribar» al Gobierno. En este complejo entramado resaltan los nombres del fiscal general, Francisco Barbosa, con quien ha tenido una prologada disputa por visiones enfrentadas sobre la política y la justicia, y el expresidente Andrés Pastrana, quien lo acusa de tener un «espíritu totalitario», en medio de amenazas de llevarlo a un juicio político. Encuentro de fiscales  En su trino, Petro escribió sobre «las visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de Estado con ella como protagonista». Con esta afirmación se refiere al encuentro del 8 de mayo entre la titular del Ministerio Público de Perú, Patricia Benavides, y su par colombiano «para fortalecer las acciones de cooperación interinstitucional que contribuyan a enfrentar los delitos en ambos países», según un tuit publicado por la Fiscalía peruana. Petro ha tenido varios altercados con el fiscal general colombiano. En el más reciente, catalogado como un «choque de poderes», tuvieron que mediar las altas cortes del país para bajar las tensiones. El mandatario le recrimina a Barbosa la supuesta inacción y falta de celeridad de varios funcionarios de ese organismo que, según una denuncia de un medio de comunicación, habrían tenido información sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre 200 personas, que finalmente fueron asesinadas por el Clan del Golfo.  Pastrana y los juicios políticos En su extensa interacción, Petro recordó que Pastrana –un conservador y férreo opositor a su Gobierno– le había pedido a los expresidentes de derecha de América Latina que no apoyaran al presidente Guillermo Lasso en su «defenestración» por parte del Congreso de Ecuador, «porque eso mismo se hará contra presidentes de izquierda en otros países». En marzo pasado, un grupo de exjefes de Estado y de Gobierno derechistas, que conforman la llamada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), alertó en un comunicado sobre el propósito de «partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional del Ecuador, de destituir al presidente Guillermo Lasso, elegido por el pueblo». A pesar de que Pastrana pertenece a este grupo, y que asistió a la toma de posesión de Lasso, que lo considera como un «gran amigo«, no consignó este documento, por lo que no le expresó de manera pública su respaldo. Ante esta aparente incongruencia, un periodista de la emisora ecuatoriana Radio City le preguntó al político colombiano la razón sobre la ausencia de su firma en el comunicado. El también empresario, que ha sido señalado por Criterio como cabildero de la petrolera canadiense New Stratus Energy (NSE) en Ecuador, explicó que no había suscrito el texto porque se debía garantizar la constitucionalidad. «A uno le puede gustar o no que haya juicios políticos, pero hay que respetar la Constitución y la ley«, alegó. Pastrana afirmó que tanto la Carta Magna ecuatoriana como la de su país establecen la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio político, por lo que considera que se debe respetar «el debido proceso». «No podemos aplicar que esos juicios son malos en un lado y en otros no», agregó. El también diplomático y abogado ha impulsado en Colombia la realización de un juicio político contra Petro, desde marzo pasado, porque en su opinión, existe un «cúmulo de evidencias» para someter al mandatario a ese proceso. A su juicio, hay indicios de que el líder del Pacto Histórico tendría supuestos nexos con organizaciones criminales. El ‘acero diluido’ Por su parte, Petro afirma que hay una conspiración en marcha, que se llamaría ‘Acero diluido’. En punto de vista, esto demostraría que lo expresado por el coronel retirado Jonh Marulanda, sobre lo que haría la oposición para defenestrarlo, no son las palabras de un «loco». «Los sectores políticos y empresariales untados hasta el cuello de dineros de la cocaína y la corrupción no quieren que el próximo fiscal ternado por el gobierno acabe la corrupción«. Y es que el periodo de Barbosa, en el cargo desde 2020, culmina el año próximo. El líder del Pacto Histórico ha señalado en distintas oportunidades al titular del Ministerio Público de defender los intereses de las élites colombianas vinculadas con el narcotráfico e irregularidades administrativas. Uno de los casos más relevantes es la denuncia de presunta compra de votos en la campaña electoral del expresidente Iván Duque, en 2018, donde estaría involucrado el fallecido narcotraficante José Guillermo Hernández, alias ‘Ñeñe’ Hernández, quien habría actuado bajo las órdenes del exmandatario Álvaro Uribe. Fuente: Rt

El pasado domingo, la toma de posesión en Ecuador las autoridades locales electas en los comicios seccionales –que se celebraron el pasado 5 de febrero en el país suramericano– dejó claro el capital político que ahora retoma el correísmo. En esos comicios, la Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa, se impuso como la principal fuerza política del país, al ganar al menos 59 puestos de los 244 que estuvieron en disputa, solamente incluyendo a alcaldías y prefecturas provinciales. «Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. ¡Qué triunfo aquel del 5 de febrero!. Pero ahora, con la posesión de ustedes, es el punto de inicio para esa recuperación de la patria, ustedes son la piedra angular para recuperar Ecuador», expresó Correa en un mensaje publicado en sus redes sociales. El exmandatario añadió: «No hay mejor acción política que una gran administración. Hagan la mejor alcaldía, la mejor prefectura de la historia de sus respectivos cantones, de sus respectivas provincias, con honestidad, con entrega, con entusiasmo, con solidaridad, con participación, como es el estilo de la Revolución Ciudadana». Nueve prefecturas El correísmo tomó posesión en las prefecturas de nueve provincias —de las 24 que tiene el país— en las que ganaron: Pichincha, Guayas, Manabí, Imbabura, Azuay, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Cañar. Estas nueve entidades suman alrededor de 11,7 millones de personas, que totalizan aproximadamente el 67 % de la población de todo el país, que alcanza los 17,5 millones. En el caso de Pichincha, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena, fueron reelectos los prefectos Paola Pabón, Leonardo Orlando, Johana Núñez y José Daniel Villao, respectivamente, quienes ya gobernaban esas provincias desde mayo de 2019. Entretanto, en Guayas fue elegida la presidenta de la RC, Marcela Aguiñaga; en Azuay, Juan Cristóbal Lloret, en Sucumbíos, Yofre Poma; en Imbabura, Richard Calderón y en Cañar, Marcelo Jaramillo. «Aquí estoy para soñar, para trabajar, para cumplir nuestra propuesta de campaña, con el mismo compromiso de siempre, porque me importa Pichincha, me importa su gente porque me debo a ella, y porque hoy desde esta tierra la patria nos convoca a recuperarla», dijo Pabón en un acto al sur de Quito. La prefecta indicó que su triunfo era «un llamado para que pare la persecución, el hostigamiento». «No más presos políticos, no más exiliados, no más judicialización de la política», dijo. La referencia de la autoridad electa no es gratuita: en 2019, durante las protestas antigubernamentales en contra de la administración de Lenín Moreno, a Pabón le iniciaron una investigación judicial, señalándola del presunto delito de rebelión. Esas acusaciones obligaron a Pabón a estar más de dos años con un grillete electrónico, que le fue quitado tras beneficiarse una amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. Por otro lado, al asumir su cargo como prefecta de Guayas, Aguiñaga manifestó: «Hemos vuelto y la Revolución Ciudadana está viva para trabajar por todos, con actitud, con constancia, y eso, es gracias a ustedes». Añadió que demandará al Gobierno nacional acciones urgentes contra la inseguridad que existe en la provincia. «Nuestras calles se desangran, mientras ellos solo hablan de cifras macroeconómicas supuestamente saludables», expresó. Quito y Guayaquil La RC también se alzó con al menos 50 alcaldías de las 221 que tiene Ecuador, entre ellas las de las dos ciudades más pobladas del país: Quito, capital nacional y de la provincia de Pichincha; así como Guayaquil, en la provincia de Guayas. En Quito asumió el cargo de alcalde Pabel Muñoz. Se trata de un sociólogo que se desempeñó como legislador en la Asamblea Nacional de Ecuador desde 2017 hasta septiembre del año pasado; previo, durante el gobierno de Correa, dirigió la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), entre 2013 y 2015. «Mi compromiso es para que Quito renazca y hoy vengo a entregarme en alma, corazón y vida para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los quiteños y las quiteñas», expresó Muñoz en su toma de posesión, acto celebrado en el Teatro Sucre de la capital ecuatoriana. El nuevo alcalde dijo que enfrentará los problemas de Quito con su Plan de Gobierno, que abarca los ejes de Trabajo, Hábitat, Promoción Social, Movilidad, Seguridad e Interculturalidad. Uno de los principales asuntos es la puesta en funcionamiento del Metro de Quito. Ese sistema ya había arrancado hace varias semanas en su fase de pruebas y el 2 de mayo comenzó el cobro de pasajes. Sin embargo, nueve días después se paralizaron las operaciones de manera indefinida por diversos inconvenientes. Al respecto, Muñoz comentó que ese medio de transporte masivo operará cuando esté listo todo el sistema y no por partes. En Guayaquil, por su parte, tomó posesión como alcalde Aquiles Álvarez. Su triunfo ha sido más significativo para la RC, debido a que acabó con 31 años de gobierno del derechista Partido Social Cristiano (PSC). «El único camino que tiene Guayaquil es resurgir y para eso devolveremos el poder a cada guayaquileño, con un Plan de Desarrollo sin caridad ni demagogia, sino con solidaridad y justicia», dijo el nuevo burgomaestre en su toma de posesión del puesto, acto celebrado en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Uno de los principales desafíos de Álvarez es la inseguridad en Guayaquil, al igual que en el resto de la provincia. La urbe pasó del puesto 50 en 2021 al 24 en 2022 en el ‘ranking’ de las ciudades más violentas del mundo, publicado en febrero pasado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. De acuerdo con Álvarez, en 2022 hubo 57 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en Guayaquil; mientras que en los primeros cuatros meses de 2023 superaron el 50 % de muertes violentas del año pasado. «Tristemente, podríamos cerrar este año, porque va en tendencia, dentro de las 20 ciudades más violentas del mundo y la más peligrosa del Ecuador», vaticinó. Otros partidos Después del correísmo, la fuerza política más votada en Ecuador, y con un importante crecimiento, fue el partido Pachakutik, brazo político del movimiento indígena ecuatoriano. Pachakutik consiguió en esos comicios 34 autoridades, entre prefectos y alcaldes, de los 244 que se eligieron. El movimiento indigenista obtuvo seis prefecturas provinciales y 28 alcaldías. En

Felipe, su esposa y sus dos hijos pequeños eran la familia número 48 en la fila para cruzar la frontera de Estados Unidos. Entraron el pasado 30 de abril desde el norte de México, unos días después de salir de su natal Colombia en un intento por ponerse a salvo de las amenazas de grupos delincuenciales locales en la zona del Eje Cafetero. Con ellos también viajaba el hermano menor de Felipe. Todos arribaron a México como turistas a través de Cancún y de ahí iniciaron la travesía hasta llegar a Ciudad Juárez, pues otros migrantes les dijeron que ahí era más fácil alcanzar el «sueño americano». Pero se encontraron con la política migratoria estadounidense, que se ha endurecido con normas como el Título 42 que llegó a su fin el 11 de mayo. Felipe -quien pide no ser identificado por temor a las represalias en su tierra natal- dice que esta experiencia lo dejó marcado de mala manera. «De verdad, ante el mundo esto es gravísimo. Es una superpotencia mundial pasando por encima de todo el mundo de una manera impresionante. Esto a mí me tiene aterrado, yo no salgo del asombro. En mi cabeza era otra la cultura estadounidense«, señala Felipe. Él y otros colombianos han denunciado un trato deshumano por parte de los agentes migratorios no solo al ser detenidos en la frontera, sino en todo el proceso migratorio en el que «nunca, nunca», como Felipe enfatiza varias veces, les dieron oportunidad de plantear su caso y pedir asilo. Fueron deportados con las manos y pies esposados, como «los peores delincuentes», afirman. Otros migrantes también señalan haber pasado por situaciones similares. Fuente: El Deber

Un adolescente salvó a su hermana pequeña de un intento de secuestro la semana pasada en Estados Unidos usando una honda.  La niña de 8 años estaba recogiendo setas en el fondo de su casa el miércoles en Alpena, en el estado de Michigan, en la región de los Grandes Lagos (norte), cuando un extraño salió de entre los arbustos y la agarró, informó la policía local en un comunicado enviado este lunes a la AFP.  Sin embargo, la pequeña se defendió y logró soltarse de manos del individuo.   Entonces, su hermano de 13 años presenció la escena a distancia y sacó una resortera con la que disparó contra el sujeto. El atacante recibió impactos en la cabeza y el tórax y huyó.  Efectivos policiales recorrieron el barrio y acabaron deteniendo a un sospechoso con «heridas compatibles con las provocadas por un tirachinas en la cabeza y el pecho», señaló el comunicado.  Las autoridades indicaron que el detenido tiene 17 años y ahora se le acusa de intento de secuestro de la menor. Será juzgado como adulto. Fuente: Agencias