Diversos medios peruanos reportaron este miércoles que la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, abandonó EE.UU., a pesar de que la Justicia en Perú envió una solicitud de extradición a ese país para que rinda cuentas en un caso de lavado de activos. La exprimera dama tiene un pedido de detención preventiva por el caso Ecoteva, conocido así porque ese era el nombre de una de las empresas que, presuntamente ella junto a Toledo, crearon en Costa Rica para lavar millones de dólares. En 2019 la Fiscalía de la Nación pidió 16 años y ocho meses de cárcel en contra de Karp precisamente por el caso Ecoteva. Y en abril pasado reiteró a EE.UU. su solicitud para que resolviera en el plazo más breve posible la solicitud de extradición. Sin embargo, la prensa local sostiene que Israel, donde no contemplan la extradición para sus connacionales, sería el destino de Karp, quien tiene ascendencia judía. «Eliane Karp estaría arribando a Tel Aviv… va con pasaporte israelí… Vuelo de San Francisco a Tel Aviv Israel Vuelo 954 United Airlines Hora de llegada 11 am (hora peruana)», detalló el exministro de Defensa, Mariano González. El Ministerio Público había exhortado a la justicia estadounidense a aplicar una orden de impedimento de salida del país en su contra, en la misma línea de lo realizado con Toledo.+ El pasado 23 de abril, Toledo arribó a Perú tras ser extraditado desde EE.UU. por el caso Ecoteva y el más sonado, el de Lava Jato. Ahora enfrenta una posible pena de más de 20 años de prisión. Reacciones En el Congreso de la República varios legisladores se han pronunciado sobre este hecho y la mayoría coincidió en responsabilizar al Ministerio Público. El congresista Alejandro Cavero aseguró que esto ocurrió producto de una «negligencia de parte del equipo especial Lava Jato», en referencia al grupo de fiscales que en Perú investigan los principales casos de corrupción tras la revelación de los sobornos de Odebrecht. «Dejan a la principal cómplice, testigo, informante fugar de esa manera a Israel. Es obvio que se debilita el caso del señor Toledo», deploró Cavero. Por su parte, la parlamentaria Elizabeth Medina pidió mejorar la labor fiscalizadora. «Llamamos la atención al Ministerio Público que tiene que hacer bien su trabajo con todos por igual». «Quien conduce la investigación es responsable de las acciones que se llevan a cabo», declaró la congresista Gladys Echaíz. Fuente: RT

Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a cargar contra la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), a la que tildó de «intervencionista». El mandatario cayó en la cuenta de que la agencia estadounidense había aumentado los fondos para financiar a organizaciones de la sociedad civil que, según su perspectiva, se han constituido en oposición a su Gobierno: entre ellas, México Evalúa y Artículo 19. Luego de enviar una carta al presidente Joe Biden, en la que denunció que la USAID se ha dedicado a financiar asociaciones «abiertamente opositoras», López Obrador exculpó al inquilino de la Casa Blanca como responsable de las transferencias de la agencia. El mandatario mexicano dijo estar convencido de que su homólogo estadounidense no estaba enterado. No obstante, pareció olvidar que, hace apenas dos años, ya había enviado una nota diplomática en la que, además de cuestionar el papel de la USAID, solicitaba una explicación sobre las transferencias de recursos. El caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. A lo largo de su gestión, varias han sido las ocasiones en que López Obrador ha expresado su rechazo hacia organizaciones de la sociedad civil que obtienen fondos del exterior y que, según su punto de vista, juegan un rol de opositores a su proyecto de Gobierno. El más emblemático, pero no el único caso, es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C., una organización que fue fundada por Claudio X. González Guajardo, a quien el mandatario considera uno de los integrantes de lo que denomina la «mafia del poder». La participación de González Guajardo fue motivo suficiente para que el presidente mexicano desconfiara de la organización, que asegura tener un desempeño imparcial a la hora de publicar reportajes. González Guajardo fue presidente de la asociación civil hasta julio de 2020, cuando anunció su renuncia para dedicarse de lleno a apoyar la alianza electoral ‘Va por México’, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Meses después de su renuncia, cuando se reveló que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. financiaba sus actividades con recursos de la USAID, López Obrador se quejó ante el Gobierno norteamericano. En mayo de 2021, el mandatario envió una nota diplomática a Biden, solicitando una explicación y argumentando que ese financiamiento violaba la Constitución y atentaba en contra de la soberanía. Pasaron casi dos años y aún no ha obtenido una respuesta formal de la Casa Blanca. En los encuentros que ha mantenido desde entonces con Biden, tanto presenciales como virtuales, no se le ha ofrecido una explicación. Desde esa fecha, las transferencias de la USAID hacia Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. no se han interrumpido un solo año. De acuerdo con la base de datos donde se reportan los gastos del Gobierno estadounidense, los recursos transferidos entre los años fiscales 2018 y 2021, alcanzaron un total de 4.250.000 dólares. En 2022 la USAID realizó un donativo por un millón de dólares. Para este año todavía no hay información actualizada. Combatir la corrupción, promover la transparencia y la rendición de cuentas, así como hacer valer el Estado de derecho, son algunos de los objetivos que persigue la USAID en los países donde le permiten operar. Estas mismas son las razones que fundamentan su financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C., organización que entre sus funciones contempla realizar investigaciones que revelen casos de corrupción. Constituida como una asociación civil sin fines de lucro en noviembre de 2015, no fue sino hasta junio de 2016 cuando recibió la autorización del Sistema de Administración Tributaria para recibir donativos en México y el extranjero. Llama la atención, sin embargo, que no fue sino hasta el año fiscal 2018, esto es, durante el primer año de Gobierno de López Obrador, que la organización comenzó a recibir transferencias de la USAID. La imparcialidad de la organización ha quedado no pocas veces en duda dado el proceder de sus directivos, así como de los integrantes de su Consejo consultivo, quienes abiertamente se han dedicado a hacer política contra la denominada ‘Cuarta Transformación’. Por ejemplo, antes de renunciar a la presidencia de la organización, Claudio X. González Guajardo convocó en su casa, varias veces, a los dirigentes de los partidos del viejo régimen para articular un frente de oposición contra el Gobierno, violando así el principio de no perseguir objetivos político-electorales. Ese mismo principio hoy lo transgrede también uno de sus principales aliados, Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). De Hoyos Walther, quien aspira a convertirse en el candidato presidencial de la oposición en 2024, se dedica a hacer campaña contra el Gobierno federal y, sin consecuencia alguna, sigue formando parte del Consejo consultivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. Las expulsiones Durante la década de los 2000, varios fueron los mandatarios latinoamericanos que rechazaron el ‘modus operandi’ de la USAID en sus países y que, en última instancia, procedieron a su expulsión. En múltiples ocasiones, la agencia estadounidense ha sido acusada de llevar a cabo operaciones encubiertas dirigidas a socavar la legitimidad de Gobiernos que han sido elegidos democráticamente. En 2008, las relaciones entre Washington y Bolivia se tensaron a una escala sin precedentes. Primero, el presidente Evo Morales expulsó al embajador de EE.UU., Philip Goldberg, ante una supuesta injerencia en los asuntos políticos de la nación suramericana. Meses después, Morales expulsó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), una agencia con la que también ha tenido desencuentros López Obrador por considerarla injerencista. Finalmente, en mayo de 2013, Evo Morales anunció el fin de la presencia de la USAID en Bolivia, agencia que, según denunció, operaba no con fines sociales, sino políticos, absorta en una «mentalidad de sometimiento y dominación». La relación entre la USAID y Ecuador fue otro caso. En 2012, el presidente de aquel momento, Rafael Correa, la acusó de injerencia por financiar a grupos que consideraba

El Gobierno de Perú decretó este miércoles la emergencia sanitaria en 20 regiones del país tras registrar 70 muertes por dengue en lo que va de 2023, tras el último balance publicado el lunes. El Ministerio de Salud de Perú informó de que son ya 69.500 los positivos, siendo las ciudades con mayores índices Piura, en donde el sistema sanitario ha colapsado. También Ucayali, Loreto e Ica, mientras que también se confirmaron casos en Lima, la capital. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, pidió a la población extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Al mismo tiempo, ha adelantado que se destinarán 35 millones de soles (9,4 millones de dólares) para atender esta emergencia pública. Emergencia sanitaria Palomino silitó colaboración a las autoridades locales para que insten a la población a extremar las medidas de seguridad y subrayó que la solución está en manos de todos. «No esperemos que solo los equipos de salud lo resuelvan», advirtió. Desde hace unas semanas, Perú tuvo un fuerte incremento en casos de dengue, una enfermedad que no tiene un remedio específico. Más allá de la prevención y el control de la propagación del mosquito, que deja sus huevos en recipientes con agua. Fuente: La Razón

Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a cargar contra la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), a la que tildó de «intervencionista». El mandatario cayó en la cuenta de que la agencia estadounidense había aumentado los fondos para financiar a organizaciones de la sociedad civil que, según su perspectiva, se han constituido en oposición a su Gobierno: entre ellas, México Evalúa y Artículo 19. Luego de enviar una carta al presidente Joe Biden, en la que denunció que la USAID se ha dedicado a financiar asociaciones «abiertamente opositoras», López Obrador exculpó al inquilino de la Casa Blanca como responsable de las transferencias de la agencia. El mandatario mexicano dijo estar convencido de que su homólogo estadounidense no estaba enterado. No obstante, pareció olvidar que, hace apenas dos años, ya había enviado una nota diplomática en la que, además de cuestionar el papel de la USAID, solicitaba una explicación sobre las transferencias de recursos. El caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. A lo largo de su gestión, varias han sido las ocasiones en que López Obrador ha expresado su rechazo hacia organizaciones de la sociedad civil que obtienen fondos del exterior y que, según su punto de vista, juegan un rol de opositores a su proyecto de Gobierno. El más emblemático, pero no el único caso, es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C., una organización que fue fundada por Claudio X. González Guajardo, a quien el mandatario considera uno de los integrantes de lo que denomina la «mafia del poder». La participación de González Guajardo fue motivo suficiente para que el presidente mexicano desconfiara de la organización, que asegura tener un desempeño imparcial a la hora de publicar reportajes. Pasaron casi dos años y aún López Obrador no ha obtenido una respuesta formal de la Casa Blanca. En los encuentros que ha mantenido desde entonces con Biden, tanto presenciales como virtuales, no se le ha ofrecido una explicación. González Guajardo fue presidente de la asociación civil hasta julio de 2020, cuando anunció su renuncia para dedicarse de lleno a apoyar la alianza electoral ‘Va por México’, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Meses después de su renuncia, cuando se reveló que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. financiaba sus actividades con recursos de la USAID, López Obrador se quejó ante el Gobierno norteamericano. En mayo de 2021, el mandatario envió una nota diplomática a Biden, solicitando una explicación y argumentando que ese financiamiento violaba la Constitución y atentaba en contra de la soberanía. Pasaron casi dos años y aún no ha obtenido una respuesta formal de la Casa Blanca. En los encuentros que ha mantenido desde entonces con Biden, tanto presenciales como virtuales, no se le ha ofrecido una explicación. Desde esa fecha, las transferencias de la USAID hacia Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. no se han interrumpido un solo año. De acuerdo con la base de datos donde se reportan los gastos del Gobierno estadounidense, los recursos transferidos entre los años fiscales 2018 y 2021, alcanzaron un total de 4.250.000 dólares. En 2022 la USAID realizó un donativo por un millón de dólares. Para este año todavía no hay información actualizada. Combatir la corrupción, promover la transparencia y la rendición de cuentas, así como hacer valer el Estado de derecho, son algunos de los objetivos que persigue la USAID en los países donde le permiten operar. Estas mismas son las razones que fundamentan su financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C., organización que entre sus funciones contempla realizar investigaciones que revelen casos de corrupción. Constituida como una asociación civil sin fines de lucro en noviembre de 2015, no fue sino hasta junio de 2016 cuando recibió la autorización del Sistema de Administración Tributaria para recibir donativos en México y el extranjero. Llama la atención, sin embargo, que no fue sino hasta el año fiscal 2018, esto es, durante el primer año de Gobierno de López Obrador, que la organización comenzó a recibir transferencias de la USAID. La imparcialidad de la organización ha quedado no pocas veces en duda dado el proceder de sus directivos, así como de los integrantes de su Consejo consultivo, quienes abiertamente se han dedicado a hacer política contra la denominada ‘Cuarta Transformación’. Por ejemplo, antes de renunciar a la presidencia de la organización, Claudio X. González Guajardo convocó en su casa, varias veces, a los dirigentes de los partidos del viejo régimen para articular un frente de oposición contra el Gobierno, violando así el principio de no perseguir objetivos político-electorales. Ese mismo principio hoy lo transgrede también uno de sus principales aliados, Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). De Hoyos Walther, quien aspira a convertirse en el candidato presidencial de la oposición en 2024, se dedica a hacer campaña contra el Gobierno federal y, sin consecuencia alguna, sigue formando parte del Consejo consultivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. Las expulsiones Durante la década de los 2000, varios fueron los mandatarios latinoamericanos que rechazaron el ‘modus operandi’ de la USAID en sus países y que, en última instancia, procedieron a su expulsión. En múltiples ocasiones, la agencia estadounidense ha sido acusada de llevar a cabo operaciones encubiertas dirigidas a socavar la legitimidad de Gobiernos que han sido elegidos democráticamente. En 2008, las relaciones entre Washington y Bolivia se tensaron a una escala sin precedentes. Primero, el presidente Evo Morales expulsó al embajador de EE.UU., Philip Goldberg, ante una supuesta injerencia en los asuntos políticos de la nación suramericana. Meses después, Morales expulsó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), una agencia con la que también ha tenido desencuentros López Obrador por considerarla injerencista. Finalmente, en mayo de 2013, Evo Morales anunció el fin de la presencia de la USAID en Bolivia, agencia que, según denunció, operaba no con fines sociales,