Presidente promulga ley que permitirá a bolivianos recurrir a consulados de países que forman parte del Mercosur

El presidente Luis Arce promulgó la Ley 1501 que ratifica el acuerdo del Mercosur que permitirá a los bolivianos que se encuentren en una tercera nación acceder a la protección y asistencia de cualquier representación consular de los países del bloque, en caso de que no existiera una legación del Estado Plurinacional. El acuerdo, denominado “Sobre el mecanismo de cooperación consular entre los Estados partes del Mercosur y Estados Asociados”, fue firmado el 16 de julio de 2019, en la ciudad de Santa Fe, Argentina, y permitirá ampliar el alcance de la atención consular que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia a los connacionales en los países donde no tiene una representación formal. Los países del Mercosur aplicarán este acuerdo en situaciones de emergencia, necesidad o alta vulnerabilidad, calificada y comprobada por el representante consular correspondiente, cuando se trate de niñas, niños y adolescentes acompañados o no, personas vulnerables, tales como víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de trata de personas, y personas en estado de indigencia, entre otros, cuando un nacional de una de las partes se encuentre privado de su libertad, siempre que lo solicite el Estado de la nacionalidad de la persona afectada. También se podrá aplicar en caso de repatriación de personas en estado de alta vulnerabilidad, a petición del Estado de la nacionalidad de la persona afectada; ante catástrofes naturales o antropogénicas, siempre que lo solicite el Estado de la nacionalidad de la persona afectada y ante la necesidad de intercambio de información relacionada con legalizaciones de documentos, cuando las partes así lo requieran, a fin de confirmar su autenticidad. Promulgada la norma, el Gobierno nacional debe formalizar el Depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo ante su similar de Paraguay, nación que debe notificar a las partes la fecha de esta acción y de la entrada en vigor del pacto. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En función de que el Tratado de Asunción está abierto a la adhesión de otros Estados miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, Venezuela se constituyó en el primer país latinoamericano en adherirse al tratado constitutivo, en 2006, y Bolivia, en 2015. El protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur ya fue firmado por la totalidad de los Estados partes en 2015. Los congresos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país que fue suspendido de este bloque) aprobaron el ingreso de Bolivia. Sólo resta que lo haga el Congreso de Brasil. En su condición de país asociado, Bolivia participa de los diferentes foros del bloque subregional y puede hacer uso de la palabra, pero no interviene en la votación. Cuenta con arancel cero para el comercio de diversos productos en los países del Mercosur. Fuente: ABI

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Suben a ocho los muertos por derrumbe de edificio en Francia

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, confirmó este miércoles que ascendió a ocho la cifra total de muertos por el derrumbe de un edificio ocurrido el pasado 9 de abril en esa ciudad francesa. Mediante su cuenta en la red social Twitter, el funcionario refirió que “Marsella está de luto. Ocho de sus hijos murieron. Es una tragedia para toda la ciudad y pienso en las familias y seres queridos de las víctimas”. Por su parte, la fiscal de Marsella, Dominique Laurens, informó en conferencia de prensa que fueron encontrados dos cuerpos más debajo de los escombros, siendo los últimos. Además, explicó que los cuerpos que se recuperaron de los escombros fueron identificados entre el martes y esta jornada. Las autoridades francesas, citadas por medios locales, indicaron que los indicios recopilados respaldan la hipótesis del derrumbe del edificio tras una explosión por un escape de gas, pero la investigación continúa. El siniestro obligó la evacuación de alrededor de 200 personas de los edificios cercanos, medida tomada por precaución. Fuente. TeleSUR

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Testigo confirma que Sánchez Berzaín gestionó en 2019 “préstamo” de gases de Ecuador para la represión

El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín gestionó ante el Gobierno del expresidente de Ecuador Lenín Moreno el préstamo de gases lacrimógenos y otros materiales de represión en noviembre de 2019, en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, confirmó un testigo al Ministerio Público. El abogado Abel Loma reveló que este testigo, del que no reveló el nombre, “relata en su declaración informativa” que “Carlos Sánchez Berzaín estaba tras de todo esto (el préstamo)”. De acuerdo con el jurista, el contacto del Gobierno de facto de Áñez con Sánchez Berzaín era la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, quien tras dejar el gobierno de Áñez optó por una candidatura a diputada en las elecciones de 2020 por la agrupación Creemos del ahora encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho. Ante su fracaso, huyó de Bolivia. “(Lizárraga) es la que junto a Sánchez Berzaín han hecho las gestiones con el Gobierno de la República del Ecuador, porque el exministro tenía esos contactos con el Ecuador para que se pueda realizar este préstamo en virtud a que (la Policía) ya no tenía municiones por tanta convulsión social”, detalló el abogado, a partir de las revelaciones del testigo a Bolivia TV. Sánchez Berzaín fue ministro de Defensa en el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó en 2003 a Estado Unidos, luego de la revuelta social de octubre de ese año que dejó más de 67 muertos y ciento de heridos en Bolivia. Sánchez Berzaín también radica en Estados Unidos y es unos de los principales acusados en el caso octubre 2003. De acuerdo con la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre los entonces ministros Lizárraga, Arturo Murillo y Fernando López con Áñez y otros se tomó contacto con autoridades de la República del Ecuador y se acordó que faciliten armamento, que luego fue internado a Bolivia de manera irregular. Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación en Senkata, El Alto, con el saldo de 11 muertos y al menos 78 heridos de bala. Cuatro días antes ocurrió lo mismo en Sacaba, don murieron 10 personas y decenas resultaron heridas por impactos de bala. Datos de la Fiscalía señalan que los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectil de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado, lo que desveló el caso. Al igual que el testigo, en junio de 2021, el exministro de Desarrollo Rural Mauricio Ordóñez afirmó ante los fiscales que fue Carlos Sánchez Berzaín, exautoridad que se encuentra en Estados Unidos (EEUU), el que gestionó el préstamo de granadas y proyectiles. “Lizárraga y el resto de ministros nos encontrábamos en una reunión de gabinete, existía una desesperación de Arturo Murillo y Fernando López por adquirir gases lacrimógenos. Lizárraga pidió unos minutos en esa reunión de gabinete, salió de la sala de reuniones y volvió a los minutos manifestando ‘asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos’”, relató Ordóñez en su declaración en la Fiscalía. Según Ordóñez, la exministra Lizárraga añadió: “Más bien, alisten el avión Hércules para que vaya a recoger ese material y así puedan reprimir a la gente que está protestando en las calles”. Igual “préstamo” se concretó con el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri. En este hecho hay procesos abiertos en Bolivia y en Argentina. Fuente: ABI

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Gobierno garantiza libertad de expresión y anuncia inicio de socialización del anteproyecto 305 en lo referido a la prensa

El gobierno del presidente Luis Arce defiende y garantiza la libertad de expresión y en esa línea solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados iniciar la socialización del proyecto de ley 305 referido al trabajo de la prensa, informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. El artículo 281 anteproyecto de ley 305 de Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos es cuestionado por los gremios de la prensa, porque consideran afecta la libertad de expresión. “El gobierno de nuestro presidente Luis Arce es de diálogo, defiende y garantiza la libertad de expresión. Hemos solicitado a la Pdta. de la Com. de Derechos Humanos de Diputados que inicie el proceso de socialización del PL305 en lo referido al trabajo de la prensa”, aseguró Alcón en un mensaje en redes sociales. Parte del articulado observado prevé sanciones de tres a siete años de cárcel contra las personas que difundan por cualquier medio “ideas basadas en la superioridad racial”; “promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación”; “pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios”; e “incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”. La Comisión de Derechos Humanos de Diputados invitó a los gremios de periodistas a diálogos abiertos para este jueves y viernes con el fin de socializar el proyecto de ley 305, informó la diputada Magaly Gómez. Arce aseguró el martes que su Gobierno no ha tomado, ni tomará ninguna acción en contra de la libertad de expresión o la Ley de Imprenta. Además, consideró que antes de cualquier acción se debería dialogar y exponer las observaciones en las instancias correspondientes. El artículo observado está en la línea de la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que rige desde 2010. Es más, una reciente visita a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHI) determinó que existe una amplia libertad de expresión. Fuente: ABI

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Bolivia registra 3.342 delitos contra menores de edad en lo que va del 2023

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres García, informó hoy que a nivel nacional, del 1 de enero al 10 de abril de 2023, se registró un total de 14.267 casos de violencia en razón de género, de los cuales 3.342 corresponden a delitos contra niñas, niños y adolescentes.   Asimismo, explicó que del total de casos que atienden las Fiscalías Especializadas en Delitos de Violencia en Razón de Género y Juvenil, existen 3.342 contra niñas, niños y adolescentes: 1.605 por Delitos Sexuales, 746 por Violencia Familiar, 167 por Trata y Tráfico de Personas y 78 en Justicia Penal Juvenil. En lo que respecta a los delitos de Feminicidio en Grado de Tentativa se tienen a tres víctimas son mujeres adolescentes. «No solamente es obligación de las instituciones llamadas por Ley defender a nuestras niñas y niños, sino también a la sociedad en su conjunto que sean parte actores coadyuvantes de la protección como los padres, profesores y a todas las personas que tienen que coadyuvar en la protección de los niños, que no solo es mandato del Estado, sino por normativa internacional todos deben ayudar porque los niños deben recibir una protección integral y son sujetos de derechos», puntualizó Cáceres.   En ese sentido, informó Cáceres, el Ministerio Público «desarrolla la persecución penal en cada uno de los casos que están en diferentes etapas investigativas, además de la especialización permanente de los Fiscales del área, también se desarrollan Mesas Nacionales, Departamentales y Municipales para unificar criterios con diferentes instituciones, todo ello, con el fin de otorgar una atención prioritaria a las víctimas». Fuente: Los Tiempos

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Asciende a 100 cifra de muertos por bombardeo a civiles en Myanmar

La junta militar de Myanmar bombardeó este martes una reunión de civiles en una remota aldea de la región de Sagaing (noroeste) y provocó cien muertes, hecho que fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El hecho ocurrió en la mañana de este martes en la aldea de Pazi Gyi, municipio de Kantbalu, cuando un avión militar lanzó una bomba o varias (varía según las versiones de prensa), y luego un helicóptero ametralló el sitio, en momentos en que sobrevivientes huían y voluntarios acudían en socorro de las víctimas. Allí se encontraban cerca de 150 personas, entre ellos niños, mujeres y ancianos, que acudían al acto de conformar la administración local del Gobierno de Unidad Nacional (NUG). Testigos declararon a medios de prensa que la cifra de víctimas podría superar el centenar y que será difícil identificarlas, pues muchos cadáveres quedaron despedazados y quemados debido a la explosión. El portavoz de la junta militar, general Zaw Min Tun, confirmó a la prensa que atacaron la villa pues allí se estaría realizando la apertura de una oficina para su fuerza de defensa voluntaria local. Alegó que estas milicias se oponen a la paz, por lo cual bombardearon un supuesto depósito de explosivos. De acuerdo con reportes de prensa, las fuerzas de defensa voluntaria local -también conocidas como Fuerzas de Defensa del Pueblo- enfrentan a los militares por la vía armada en varias partes de Myanmar y se han mostrado muy activas en regiones como Sagaing. Según esos reportes, unidades del Ejército son frecuentemente emboscadas en las carreteras y por ello los mandos castrenses utilizan más los medios aéreos para destruir escuelas, clínicas o pueblos enteros y «pacificar» de ese modo. En un comunicado, el secretario general de la ONU condenó enérgicamente el hecho, pidió que sus responsables rindan cuentas y reiteró su llamado a que la junta ponga fin a la violencia contra civiles. António Guterres ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió a los militares que se permita a los heridos acceder a tratamiento médico urgente, según el texto difundido por el portavoz de su oficina, Stéphane Dujarric. Al referirse a este hecho, el hecho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo en un comunicado: «A pesar de las claras obligaciones legales de los militares de proteger a los civiles en la conducción de las hostilidades, ha habido un flagrante desprecio por las normas relacionadas del derecho internacional». El hecho también fue repudiado por el relator de la ONU para Myanmar, Tom Andrews; la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Nabila Massrali, y el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Vedant Patel. La junta militar tomó el poder el 1ro. de febrero de 2021. El líder golpista, general Min Aung Hlaing, se colocó al frente del país tras deponer al presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung Suu Kyi, con lo cual impidió la juramentación de las autoridades electas en los comicios generales de noviembre de 2020, ganados por la Liga Nacional para la Democracia (LND). Los golpistas alegaron entonces que la votación fue fraudulenta y que la LND había falseado el padrón electoral. A finales de marzo pasado, Aung Hlaing aseguró que apaciguaría el país, en alusión al creciente accionar de las guerrillas. Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, desde su llegada al poder la junta es responsable de los asesinatos de 3.239 personas y de la detención de 21.334, de los cuales aún guardan prisión 17.446. Fuente: Telesur – The Irrawaddy

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Diputado decide retirar el proyecto de ley con el que pretendía regular las redes sociales

Diputado Juan José Huanca decidió retirar de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley 304, que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales en Bolivia. “Esto se retira para que no sea motivo o pretexto por parte de algunos grupos opositores que buscan permanentemente tener algún tipo de argumento para desestabilizar a nuestro Gobierno”, afirmó el diputado masista. El legislador envío esta jornada una misiva dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, para formalizar la solicitud de retiro de dicho proyecto normativo. Explicó que el proyecto tiene el objetivo de regular y sancionar el “uso indebido de las redes sociales”, como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y medios similares que atenten contra la integridad moral, psicológica, ofensas, difamaciones y calumnias que menoscaben la dignidad y honorabilidad de las personas naturales y jurídicas”. El proyecto 304 establece una pena de cinco a siete años de cárcel por el “uso inadecuado de las redes sociales”. Además, señala que debe haber una “unidad de ciber patrullaje” coordinada entre los ministerios de Gobierno, Presidencia, Justicia, universidades y la Defensoría del Pueblo. Fuente: Página Siete

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Suspenden la preselección judicial en tanto se resuelve un Amparo Constitucional

La Asamblea Legislativa anunció este miércoles que se suspende el proceso de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial, en tanto se resuelve un Amparo Constitucional admitido por una Sala Constitucional en Beni. El Amparo fue interpuesto por el ciudadano Miguel Ángel Balcazar, quien pidió anular el reglamento de preselección de candidatos y la convocatoria, debido que el requisito de no haber expresado posturas políticas de manera pública.  En criterio del ciudadano accionante, ese requisito vulnera la libertad de expresión e impediría el ejercicio del derecho a ser elegido en condiciones de igualdad. En ese marco, pidió también que se suspenda la preselección en tanto se defina este Amparo, para evitar lesiones a los derechos. La Sala Constitucional admitió el Amparo y fijó la audiencia respectiva para el jueves por la tarde, sin embargo, también accedió al pedido de medidas cautelares del accionante, disponiendo así la suspensión del proceso de preselección y de los plazos, hasta que se resuelva esta causa. La decisión fue notificada ya al Vicepresidente, quien ejerce como presidente nato de la Asamblea Legislativa.    La Asamblea, mediante comunicado, confirmó que debido a las medida cautelar emitida en Beni se suspende el proceso de preselección. El diputado Juan José Jáuregui consideró arbitraria la decisión de la Sala Constitucional de Beni, al existir otros mecanismos para este reclamo.   Fuente: Erbol

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Hombre que atropelló a un perro en Santa Cruz no irá a la cárcel

Candido Camacho Antezana, chofer de micro que atropelló a un can el día lunes, dejándolo muerto en la zona La Cuchilla, en Santa Cruz, fue sentenciado a tres años por el delito de biocidio. El hombre, por ser un adulto mayor, cumplirá su condena fuera de la cárcel.  La Fiscalía de Santa Cruz determinó que debido a que el hombre no posee antecedentes legales y por la avanzada edad del autor (67 años) del hecho. Las medidas sustitutivas que deberá asumir este chofer serán: firmar mensualmente en el juzgado donde se emitió el fallo, no podrá volver a conducir motorizados y tendrá que ayudar en Zoonosis.  Familiares y compañeros de trabajo le mostraron apoyo en esta situación; sin embargo, ya no podrá volver a trabajar como chofer. Esta es la segunda sentencia emitida por biocida. Fuente: Urgente.bo

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Muere Tibisay Lucena, expresidenta del CNE de Venezuela, informa el gobierno

 La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, falleció, informó este miércoles la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en Twitter. “Hija insigne de Venezuela, expresidenta del Poder Electoral y Ministra de Educación Universitaria. Fue una verdadera militante por la vida, y libró su última batalla sin tregua. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Vuela alto hermana”, escribió la funcionaria. Lucena era la actual ministra para la Educación Universitaria y fue presidenta del CNE desde el 2006 hasta el 2020. El cuestionado presidente Nicolás Maduro reaccionó a la noticia en Twitter, donde definió a Lucena como «una mujer de mucho temple que se mantuvo leal a sus principios e ideales». «La recordaremos siempre por su integridad y fuerza moral», escribió, enviando también las condolencias a su familia y amigos. Fuente: CNN

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