La reactivación de denuncias judiciales, aprobación de una resolución camaral en el Senado, un proyecto de modificación de la Ley 1549 y el anuncio de reiniciar las pruebas orales este viernes son aspectos que rodean al proceso de preselección para los cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, además de las denuncias de intentos de boicot a esta labor legislativa.
Ante la paralización de la fase del examen oral de los aspirantes a los altos cargos de la justicia, las comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural determinaron activar procesos judiciales contra los vocales que admitieron amparos debido que incumplieron el artículo 126 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que deben resolver las mismas en un plazo no mayor a 24 horas.
El diputado por Creemos Leonardo Ayala refirió que ambas comisiones preparan las denuncias penales contra las autoridades jurisdiccionales.
Prevaricato
Comunidad Ciudadana (CC) informó sobre la demanda contra la jueza que ordenó habilitar a un postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El senador Santiago Ticona mencionó que la jueza Olga Margarita Poma, del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº1 de Achocalla, en La Paz, es sindicada de incurrir en los presuntos delitos de prevaricato y usurpación de funciones.
Resolución
Dentro de este panorama, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 2/3 de voto una “resolución camaral” de rechazo a toda decisión judicial que “suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma de continuidad y realización oportuna de las Elecciones Judiciales 2024”.
Este instrumento camaral fue planteado por senadores de CC.
Fuente: Los Tiempos
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