María Constanza Costa
La semana pasada se conoció que el tribunal de Londres daría luz verde para la extradición de Julian Assange, quien enfrenta cargos por supuesto espionaje que pueden costarle hasta 175 años de cárcel. Esta decisión del tribunal es un triunfo legal para Estados Unidos y allana el camino para que Assange pueda ser extraditado.
El programador y ciberactivista australiano, de 50 años, que en el año 2006 fundó la plataforma WikiLeaks dedicada a publicar documentos de interés público de manera anónima, se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad, -a pesar de no haber matado a nadie-, desde que el gobierno ecuatoriano del entonces presidente Lenin Moreno le puso fin al asilo diplomático y Assange fuera desalojado por la fuerza de la embajada ecuatoriana en Londres. Los argumentos utilizados por Moreno fueron débiles y esa decisión política fue tomada con el objetivo de contentarse con el gobierno de Donald Trump, en medio de negociaciones con el FMI.
La información dada a conocer por la opinión pública desde WikiLeaks comprometió al gobierno de Estados Unidos, sacando a la luz cuestiones como: el asesinato de civiles en Irak, el entrenamiento de grupos paramilitares, los abusos y las torturas cometidos por las fuerzas de seguridad, y los crímenes de guerra en Afganistán. También las filtraciones de WikiLeaks permitieron conocer los entretelones sobre algunos de los hechos contemporáneos más importantes de nuestra región, como el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y el apoyo de EE.UU a Pedro Carmona. Además, los cables señalan de qué manera durante el gobierno de George W. Bush y parte del mandato de Barack Obama, Estados Unidos financió y brindó apoyo a grupos opositores en Nicaragua y Venezuela. En el caso de Bolivia según documentos de WikiLeaks, por medio de la USAID, EE.UU financió a grupos de la Media Luna, para llevar a cabo un golpe de Estado en 2008.
Los gobiernos de Estados Unidos jamás respondieron por estas acusaciones, quizás por eso la posible extradición de Assange no estuvo entre las noticias relevantes de los principales informativos de la región.
Hablar del caso Assange implica hablar sobre las condiciones de su detención, que en muchos casos violan su dignidad humana ya que deterioran su salud física y mental, buscan disciplinar a quienes se atreven a desnudar las verdades del poder. Esto nos pone frente a la necesidad de reflexionar sobre las herramientas que protegen a aquellos que buscan ejercer el periodismo como un bien público necesario en las sociedades democráticas, y no sólo los periodistas que están en riesgo sino también todos aquellos ciudadanos que busquen ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Las asociaciones de derechos humanos alrededor del mundo, e incluso Naciones Unidas, se han pronunciado contra esta decisión. Existe en esta defensa el reconocimiento de que Assange jamás aportó a las campañas de desinformación, ni publicó noticias falsas. Tampoco puede argumentarse que la divulgación de información llevada adelante por WikiLeaks haya sido llevada a cabo con el objetivo de socavar la seguridad de Estados Unidos, ya que se ha difundido información de muchos países alrededor del mundo.
Si bien la puerta de la extradición ha quedado abierta, hay quienes sostienen que jamás se llevará a cabo, o por lo menos no durante el gobierno demócrata de Joe Biden, ya que al igual que durante el mandato de Barack Obama, los demócratas prefieren que Assange se pudra en la cárcel, pero lejos de EE.UU. Es que llevar adelante un juicio que ponga en cuestionamiento la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda constitucional, puede tener un costo político. Además, no habría forma de llevarlo a juicio sin poner en cuestionamiento a los grandes diarios que ayudaron a publicar los cables de WikiLeaks.
El caso Assange es, para muchos, la muestra del retroceso que están sufriendo las democracias en los países desarrollados, un retroceso similar en términos de libertades del que agitan las ultraderechas alrededor del mundo, y que deja bien en claro que quien se mete con el poder real y sus lados oscuros lo termina pagando caro. Nadie quiere hablar de Assange, porque en definitiva hablar del caso Assange es hablar del derecho a la información en nuestras democracias, algo que a los dueños del poder no les gusta mucho.
La autora es argentina, politóloga y magister en periodismo.
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