Emilio Rodas Panique
La crisis judicial no es corta ni comenzó con el MAS. Ahora se ha profundizado y llegado a niveles críticos, al parecer, insuperables en el actual estado de situación política. Es claro que la política es la madre de la justicia y su crisis. Ya en los años 90 se concretó la reforma parcial de la Constitución; ahí se intentó descomprimir a la Corte Suprema separando lo administrativo y disciplinario, creando el Consejo de la Judicatura (hoy Magistratura) y, muy especialmente, por la constante tensión gubernativa luego del DS 21060 y las leyes de segunda generación del modelo neoliberal que colisionaban con la Constitución de 1967. Pero, sobre todo, por el consenso general de indefensión real de la ciudadanía frente al Estado y de la propia Constitución en su espíritu, se decidió crear el Tribunal Constitucional, una instancia especializada en la defensa y preservación de la nueva constitución y los derechos constitucionales de los ciudadanos. A los constituyentes de 2006-2008 les pareció que su producto debería conservar esa instancia de autoprotección y de última instancia en materia constitucional.
El Tribunal Constitucional es el celoso guardián de la Constitución, pero no para sí y no para alguien; es quien vigila que los órganos del Estado se desempeñen derivando sus acciones legalmente desde la Constitución y que las decisiones, sean legislativas o ejecutivas, en ningún momento superen los limites impuestos por la carta magna. Además, es quien garantiza el catálogo de los derechos consagrados en ella, donde acudirán aquellos que sientan que el Estado no está respetando sus derechos constitucionales o si alguna actuación no se enmarca en esos límites; hay todo un procedimiento para acceder a esta protección. Sin duda, a partir de su implementación en 1994, ha sido un gran avance innovador en el derecho y la justicia. Se intentó perfeccionar en la constituyente mediante la forma de elección, y en la Cumbre de Justicia de 2016, se proyectó simplificar el procedimiento constitucional y desconcentrar la atención hacia los ciudadanos a través de salas especializadas en los departamentos.
Pero claro la justicia constitucional no es ajena ni independiente de la crisis general del sistema de justicia. Con la interrupción violenta del sistema democrático de 2019 fue evidente: los mismos vocales que habían sido complacientes con la sentencia que habilitaba a Evo Morales a un tercer mandato consecutivo (pese a la limitación constitucional y el referendo de 2016) reclamando que la reelección indefinida era un derecho humano, esos mismos vocales, mediante otra triste actuación procesal constitucional, darían por bien hecho la asunción irregular de Janine Añez pese a todas las evidencias de haberse violado el conducto regular por el cual la Constitución prevé que tenga que concurrir la conformación del órgano ejecutivo. En ambos casos, sus decisiones no estaban sujetas a valoraciones jurídico-constitucionales, ni se fundamentaban en el espíritu constituyente que se encuentra explicito en las actas de la deliberación constituyente; simplemente expresaban de hecho su alineamiento político según lo que ellos valoraban que era la correlación de fuerzas de cada momento político. Había dejado de ser el Tribunal Constitucional el celoso vigilante de la Constitución para convertirse en extensión utilitaria del poder político. Probablemente siempre fue así o no se notaba; ambas actuaciones nos precipitaron a una crisis política que trajo mucho dolor y sufrimiento al pueblo indefenso.
La recuperación democrática arrastró consigo la crisis de justicia también. Los mismos jueces que heredó Janine Añez del tiempo de Evo fueron los que (junto a fiscales también de los tiempos de Evo) mandaron miles de compañeros de base a las cárceles de Bolivia por protestar, pero bajo figuras penales falseadas. Lo que quiero dejar en claro es que el terno de los operadores del órgano judicial no es el de la justicia sino el del poder político de moda, y se coloca cada uno de estos trajes sin sonrojarse ni cuidar las mínimas formas. Eso no es gratuito: a cambio, el poder les otorga a los operadores carta blanca para que (desde la cúspide de la pirámide hacia abajo) todo lo que caiga en sus manos pueda ser monetizado. A cambio, cada vez que el poder político precisa una diligencia, un servicio específico que refuerce esa posición de poder, el Poder Judicial actúa de inmediato como un servicio de Courier expreso: los fallos judiciales relacionados con el poder son a medida; lejos de buscar ajustar el cumplimiento de la Constitución y la ley para aproximarse a lo justo -incluso mucho más allá de lo pedido para complacer a su patrón de turno- convirtiendo la administración de justicia en una orgía desenfrenada y a la Constitución Política del Estado, que tuvo en vilo al país y sus fuerzas vivas durante años en tensión y confrontación, en un simple rollo de papel higiénico.
La orgía ha llegado a niveles extremos. En esa condición opera hoy el Órgano Judicial y, muy especialmente, el Tribunal Constitucional, violando todos los principios básicos del estado de derecho. Desde el propio origen de su conformación, el TCP sentenció sobre sí mismo, se auto prorrogó después de haber tumbado a punta de amparo cada intento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que esta no pueda completar su atribución constitucional de preseleccionar a los postulantes para la elección judicial. Llegado el plazo, el TCP (con el amparo gubernamental) decidió que ellos, mediante una sentencia, podían extender aquello que expresamente la constitución limitaba; ese mismo día le entregaron el presente al gobierno el mencionar en el ober dictum de una sentencia relativa a otra temática que un presidente solo podía reelegirse una vez y nunca más. Se lo hizo en una sala, no en el pleno. No se moduló la sentencia de la CIDH; pero al gobierno le fue suficiente para salir a gritar a cuatro vientos que EVO está inhabilitado. El mismo día dejaron sin efecto la anulación de la reversión de títulos de propiedad del empresario Mariconcovic quien, durante el gobierno de facto, siendo ministro de Economía, se había hecho titular 30.000 hectáreas del pueblo Guarayo. En un solo día, el Tribunal sentenció para sí mismo y produjo un golpe de Estado judicial, constituyendo un órgano del Estado sin cumplir lo mandado expresamente por la Constitución; interpretó el 168 y, sin ningún sustento jurídico ni razonamiento doctrinal, pateó la Constitución de forma flagrante. Al mismo tiempo, actúo para su bolsillo favoreciendo a un empresario millonario en desmedro de un pueblo indígena.
No existe fallo del TCP que limite o contenga al gobierno en su atropello del estado de derecho y la Constitución. Sin embargo, de forma escandalosa ha otorgado tutela a lo que el gobierno le ha pedido por este o por terceros, todo lo que favorece al gobierno y sus deseos es complacido mucho antes de que la tinta del memorial de demanda se haya secado, incluso antes de que se haya sorteado la sala: la sala ya tiene la sentencia lista. Con una sentencia constitucional se limitó a la Asamblea para que no pueda cumplir su facultad y atribución fiscalizadora, impidiendo que se interpele o censure ministros; con una sentencia express se anuló la facultad del presidente en ejercicio de la Asamblea a convocar a sesiones; con otra se ordenó al presidente del Senado a no sesionar pese que el receso parlamentario no había sido aprobado por la mayoría de la Asamblea como manda su reglamento; con sendas tutelas en decenas de recursos se ha maniatado a la Asamblea para que esta no logre nunca llegar a cumplir la tarea de la preselección de postulantes al órgano judicial, todo lo ocurrido en completo acuerdo con el Ministro de Justicia y el Presidente Nato de la Asamblea. Hay una decisión política que se asume desde el Órgano Ejecutivo, ante la perdida de la mayoría legislativa por decisiones atribuibles solo a la torpeza y prepotencia gubernamental: se quiere prescindir de la Asamblea en sus dos cámaras y se pretende dar toda la cobertura legal con sentencias constitucionales emanadas de un grupo de ex autoridades que, en complicidad y total acuerdo con el gobierno, han usurpado un órgano del Estado para usarlo como contrapeso y reemplazo del Órgano Legislativo. Estamos ante el verdadero golpe de Estado perpetrado por Arce, Choquehuanca, Lima y sus secuaces usurpadores del Órgano judicial.
El Presidente Arce en su discurso del 6 de agosto anunció que pondría en consulta tres temas mediante referendo vinculante. Al margen de lo absurdo de las temáticas que ha propuesto, con matices y expectativa se esperaba un gran debate en las Cámaras sobre las preguntas que llegarían del Ejecutivo para ser debatidos. La mayoría piensa que el presidente lanzó esta cortina de humo para distraer de los problemas de fondo que hoy vive el país producto de la incertidumbre de las condiciones económicas; al fin y al cabo, el articulo 168 fue consultado en febrero de 2016 y resuelto, y la opinión consultiva de la Corte Interamericana no ha sido modulada por el TCP en el fondo de la misma dado que esta refiere a la reelección indefinida como derecho humano. En cuanto refiere a la subvención del combustible, esta es una atribución privativa del nivel central del Estado y administrado mediante el Ejecutivo: toda vez que no se discute la propiedad de los hidrocarburos, no precisa ser consultado. Y en cuanto a escaños de diputados, es una atribución determinada por ley al Órgano Electoral, quien después de recibir los datos del censo de población y vivienda de manos del INE, tendrá que hacer el mapeo correspondiente y la asignación según población salvando los factores de equidad que están determinados por ley. Por tanto, un referendo para este tema es absolutamente inútil; todo esto en tres días fue material de debate, pero se esperaba que se abordara en la Asamblea una vez se reciba la petición del Ejecutivo: espera inútil.
En otro atraco de medio y sin capucha, el Gobierno y el TCP vuelven a asaltar la Constitución y golpear la democracia y la división de poderes: el país se entera que, ante un recurso abstracto presentado por el mensajero más intrépido que posee el ejecutivo en la Cámara de Diputados, se activó un fallo constitucional que el TCP ya había resuelto en el mes de julio. Un mes antes que el Presidente hable con el país en Sucre, el TCP había anulado las atribuciones deliberativas y legislativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, por tanto, otorgado facultades al Presidente para convocar a Referendo por Decreto Supremo. Está consumado el golpe de Estado: no precisó de tanques en la Plaza Murillo, solo tres tinterillos en Sucre para cargarse toda la Constitución, la democracia y el estado de derecho. En esta lógica, la Asamblea y sus cámaras son simples floreros; ésta solo conserva su posición porque le sirve al gobierno para echarle la culpa de la crisis económica por no aprobar leyes de crédito que el gobierno se niega a explicar en las comisiones y exige se aprueben en sobre cerrado. En cuanto a referendos y convocatoria a estos, la Constitución es clara y en ningún caso permite que sea el Presidente el único que decida sobre el mismo. Pero, ¿qué importa a estas alturas lo que mande la Constitución? Se han empapelado los pisos de los sanitarios de la Casa del Pueblo con cada uno de sus artículos. El pacto social se ha roto: una banda de asaltantes ha tirado por la borda lo que el pueblo construyó durante décadas de sacrificio, lucha, derrotas y victorias. El organismo que fue creado para protegerla ya no existe: ha sido suplantado por una banda de criminales que la violan tres veces al día a los ojos del pueblo. La Constitución es hoy una figura decorativa que solo sirve para los discursos; los derechos de los ciudadanos están ahora en manos de esa banda; los limites y contrapesos han sido todos demolidos; el Estado de las autonomías (el Estado plurinacional) se está derrumbando ante la indiferencia y complicidad de muchos de los que lo construyeron, mientras la espuma chorrea de la boca de los chacales rabiosos buscando engullir más poder y más dinero. Lo que está pasando no es casual ni espontáneo: es un ataque sistemático y calculado hacia los pilares del Estado plurinacional, están derrumbando el edificio con una precisión milimétrica, han dejado desnuda a la Constitución de nuestro Estado plurinacional. Ya no hay quien la defienda: doña Silvia Lazarte hoy estaría llorando de impotencia.
9 de agosto de 2024.