Publicado el 3 de diciembre del 2021
Iván Zambrana Flores
La Paz / Vía La Época . – A pesar de los argumentos contundentes que explican porqué la COP26 no puede ser vista como un éxito [1], pareciera difícil creer que alguien podría oponerse a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, abandonar los combustibles fósiles y usar energías limpias y renovables. Sin embargo, ninguna de estas aparentemente loables aspiraciones es tan simple, ni benigna como parece. En particular bajo la luz de la justicia climática en un mundo donde se gasta más en destruir con la guerra de lo que se invierte en construir sembrando paz. [2]
Aunque la “educación” ambiental no lo muestre así. Esta realidad es bien sabida y discutida en los espacios multilaterales, constituyéndose en uno de los principales elementos que genera polarización en las conferencias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En este contexto, los países llamados en desarrollo sufren muchísimo para lograr que se respeten los principios de Equidad y Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas (RCPD), tomando en cuenta las Capacidades Respectivas (CR) y a la luz de sus Circunstancias Nacionales (CN).
Si bien aparentan una rimbombante construcción, estos principios son fundamentales para asegurar una respuesta justa a la crisis climática. Así la mejor forma de comprender su importancia es a través de ejemplos prácticos que demuestran su relevancia en nuestro país.
Equidad y RCPD: Mitigación sí, pero no así
Es frustrante ver que décadas de adoctrinamiento han logrado que la gente más pobre del país sea la que se sienta o se haga sentir más culpable por los problemas ambientales. La vendedora de jugos de quinua con manzana que madruga todos los días no usa bolsitas de polietileno, derivado del petróleo, porque le da la gana, sino porque no tiene otra opción. Y eso sucede con la mayor parte de las decisiones que tomamos sobre bienes y servicios; están limitadas por la capacidad adquisitiva de las personas. Porque es muy fácil hacer campaña por abandonar los combustibles fósiles cuando uno no usa transporte público, o cuando la energía eléctrica no representa una porción significativa del ingreso.
Muchos gobiernos, agencias intergubernamentales y ONGs plantean ponerle precio a las emisiones como forma de limitarlas. La lógica propuesta es generar mercados de carbono donde se comercie el derecho a contaminar, o, por otro lado, poner un impuesto a las emisiones de manera que estas representen un costo para los productores, y así “se incentiven” a buscar fuentes de energía más limpias. En las ecuaciones del papel o en modelos econométricos estas respuestas pueden ser racionales, cuando olvidamos que sucede en la vida real.
Los mercados se distorsionan cuando hay la posibilidad de hacerlo y lucro de por medio, como ya se vio en el fracaso del mercado de emisiones europeo. Asimismo, ante un impuesto las empresas no asumen los costos adicionales de su bolsillo abnegadamente por el bien de la Madre Tierra, sino que lo transfieren a sus consumidores. Así la caserita descrita antes termina pagando por la “internalización” del carbón en la economía, y en Bolivia ya vimos lo que pasa cuando se afecta el bolsillo de los más pobres en lugar de implementar soluciones integrales y equitativas, donde el que tiene más responsabilidades paga más.
Circunstancias nacionales: el dilema del gas boliviano
Cualquier política exterior que Bolivia desee tener en torno a la respuesta a la crisis climática requiere considerar sus circunstancias nacionales. Así como Chile es un país explotador de cobre y Alemania es un país explotador de carbón mineral, Bolivia tiene gas natural que necesita seguir siendo aprovechado para terminar de eliminar la pobreza y paradójicamente dejar de depender de dicho recurso.
Pero, además, el gas tiene un rol importante en la adaptación. Al ser el combustible fósil que libera menos emisiones al ser consumido, representa un recurso de transición para poder reducir el uso de otros combustibles más “sucios” como el petróleo pesado y el carbón. Como parte de su transformación económica, Bolivia ha hecho praxis usando este concepto de múltiples maneras: reemplazando masivamente el uso de gas licuado de petróleo en garrafas con gas natural domiciliario, reduciendo el uso de gasolina con los programas de gran escala de conversión de automóviles para el uso de gas natural vehicular, y la conversión de todas las termoeléctricas del país de ciclo simple a ciclo combinado, aumentando su eficiencia en un 20% y reduciendo la necesidad de importación de diésel.
Si bien las campañas de algunos países son más efectivas en pintar de verde, o mejor dicho lavar de verde sus acciones, ningún otro país de la Región hizo tantas y tan diversas acciones de mitigación, aunque no hayan sido reconocidas como tal en su momento. Seguramente Evo Morales no decidió estas políticas necesariamente pensando en el clima, pero sí para expandir derechos y servicios y generar mayor equidad, en un país donde las trasnacionales se llevaban todo el gas natural y nos obligaban a comprar garrafas y diésel del exterior.
Capacidades respectivas: buscando energías limpias
Bolivia, a pesar de todo lo descrito, debe seguir avanzando en su transición energética, y lo está haciendo. Los emplazamientos solares de Oruro, Potosí y Cobija, los parques eólicos de Cochabamba y Santa Cruz, la electromovilidad masiva que propone Mi Teleférico, son acciones que demuestran este compromiso. Y también se ha iniciado el trabajo para reemplazar la importación de diésel con combustibles ecológicos, e inclusive se está proponiendo la producción de hidrógeno verde a mediano plazo.
Pero todos estos avances se desarrollan no gracias, sino a pesar de la falta de cooperación internacional. Las empresas europeas nos venden los paneles fotovoltaicos, pero no nos transfieren la capacidad técnica para repararlos de manera autosuficiente, y menos aún para producirlos en el país. Y lo mismo pasa con todas las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el avance en la reducción de uso de combustibles fósiles está profundamente limitado por las capacidades respectivas de países en desarrollo como el nuestro.
Se dice que en la política no hay amigos, sino alineación de intereses. Esta es la base de la popularización del Realpolitik, concepto prestado del alemán y acuñado por un escritor del siglo XIX [3] que describe el modus operandi pragmático de los viejos lobos de mar en campos de batalla políticos. De manera análoga, la situación boliviana nos obliga a reconocer que no podemos hacer y concebir un ambientalismo o ecologismo ajenos a las necesidades humanas y sin ser realistas respecto a las limitaciones y condicionamientos socioeconómicos de un país. Un Realecologik no debería tratarse de ser pragmático, sino de construir una manera realista y revolucionaria de enfrentar la crisis climática como una lucha por la justicia social. Sin embargo, eso requiere anclarnos en la realidad y reconocer quiénes somos y dónde estamos, para poder avanzar hacia la sustentabilidad, pero nunca haciéndolo sobre las espaldas de los más pobres y vulnerables.
El autor es especialista en ecología política y cambio climático, miembro del Comando Madre Tierra.
1 Ver: Molina Vargas, Rafaela. “Cambio climático en la ecología-mundo; la COP26, una condena para el sur global”. Edición impresa 937 de La Época, del domingo 21 al sábado 27 de noviembre 2021.
2 Ver: Ugalde Soria G., Camila. 2021. “Cambio climático y guerra, justicia climática anti-imperialista”. Edición impresa 936 de La Época, del domingo 7 al sábado 13 de noviembre 2021. https://www.la-epoca.com.bo/2021/11/11/cambio-climatico-y-guerra-justicia-climatica-anti-imperialista/
3 Von Rochau, Ludwig (1859). Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands. FacebookTwitterEmailWhatsAppTelegramMessengerGmail
https://www.la-epoca.com.bo/2021/12/03/realecologik-mitigacion-y-dilemas-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-en-bolivia/?fbclid=IwAR2Db-k2zt3xLumX-dVg0BwjXtxA34m8K5nRDowiWbbK0CdPGaXEScnj0v0
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