La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), principal herramienta para medir la pobreza en Chile, reveló a inicios de 2026 una cifra alarmante que no ha resonado lo suficiente en Bolivia: el 38,6% de los ciudadanos bolivianos residentes en Chile vive en situación de pobreza. Esto representa a aproximadamente 60 mil personas. Más que un dato duro, es el reflejo de una paradoja migratoria que exige una mirada crítica y una acción coordinada entre ambos países.
El contraste es evidente. Chile se ha convertido en un destino principal para miles de bolivianos, especialmente de las regiones del oriente y los valles, atraídos por oportunidades laborales en sectores como la agricultura. Solo el año pasado, según cifras de medios chilenos, Bolivia lideró las estadísticas de residencias temporales otorgadas, con más de cien mil solicitudes, superando a países con flujos migratorios altos como Venezuela y Perú. Sin embargo, esta llegada masiva choca con los índices de la Casen, que ubican a la comunidad boliviana como la segunda con mayor vulnerabilidad (38,6%), solo después de la haitiana. Esta tasa duplica el promedio nacional chileno (17,3%) y supera ampliamente el de la población migrante total (23,4%).
Estos números obligan a preguntas incómodas pero necesarias: como país, ¿estamos considerando seriamente el perfil y las circunstancias de quienes migran? ¿Existen políticas y condiciones reales para evitar que se repita la historia de nuestra migración en Argentina o Brasil, donde generaciones enteras enfrentaron décadas de vulnerabilidad antes de avanzar hacia una integración plena?
Sin duda, este tema debe ser parte fundamental de la agenda bilateral futura entre Bolivia y Chile, que parece encontrar su momento propicio. Solo con información precisa y un conocimiento profundo de la realidad podrán ambos países trazar políticas que impacten de verdad: mejorar la calidad de vida de quienes han llegado a contribuir a la economía chilena, sin que ello implique quedar en situación de desamparo. La paulatina mejora en las relaciones ofrece una oportunidad única para abordar, con responsabilidad compartida, la protección de los derechos y la dignidad de esta población.
Para Bolivia, este llamado exige una autoevaluación crítica y un cambio de paradigma. Hasta ahora, la acción institucional se ha concentrado casi exclusivamente en agilizar y digitalizar la emisión de documentación, una gestión necesaria pero insuficiente ante un flujo masivo y complejo. Es fundamental avanzar hacia políticas públicas basadas en evidencia, lo que requiere transparencia y publicación sistemática de información por parte del Estado.
El primer paso es hacer públicos datos desagregados y accesibles que permitan entender el perfil, las rutas, los sectores laborales y las condiciones reales de los bolivianos que migran. Esta transparencia, impulsada de manera coordinada por la Dirección General de Migración (DIGEMIG), la Cancillería y sus consulados, es la base para diseñar políticas adecuadas y superar la gestión reactiva basada solo en trámites. No se puede proteger lo que no se conoce.
Ese conocimiento debe traducirse en acción. Se necesita un articulamiento efectivo entre el Estado, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil para regular y supervisar a intermediarios y agencias de reclutamiento, desarticulando el negocio que se beneficia de la vulnerabilidad. El objetivo debe ser claro: promover una migración laboral segura, ordenada y ética, mediante la creación de canales oficiales de información y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección para quienes ya están en Chile.
Del lado chileno, la responsabilidad es igualmente clara y urgente. El país no solo se beneficia de esta mano de obra, especialmente en sectores clave como la agricultura, sino que tiene la obligación de garantizar su bienestar y el pleno respeto a sus derechos.
En primer lugar, es fundamental avanzar en el estricto cumplimiento de la normativa laboral y de género, con una inspección del trabajo más robusta y focalizada que erradique la terciarización abusiva, los pagos por debajo del sueldo mínimo, la falta de contratos y cualquier forma de explotación, protegiendo especialmente a las trabajadoras y sus hijos.
En segundo lugar, se debe profundizar la desburocratización de los procesos migratorios, agilizando las vías de regularización, ya que la irregularidad alimenta la vulnerabilidad. Paralelamente, es clave ejercer un control efectivo sobre los mercados informales de trabajo y vivienda, mediante la coordinación de las instituciones chilenas, para desarticular redes de explotación.
Finalmente, Chile debe planificar con visión de futuro, reconociendo que una parte significativa de esta migración será definitiva. Esto exige políticas de integración concretas que garanticen movilidad laboral ascendente, acceso efectivo a educación y salud pública, y mejores condiciones de vivienda. Una integración exitosa no es un gasto, sino una inversión estratégica en cohesión social y desarrollo.
El dato de la Casen —38,6% de pobreza entre los bolivianos en Chile— no es solo una cifra a observar, sino el resultado medible de dinámicas que ambos países pueden cambiar. Los acuerdos migratorios firmados en 2023 y 2024 entre ambos gobiernos y la coordinación ya iniciada con los gremios agrícolas muestran que existe un marco para avanzar. Este momento de mejora en las relaciones bilaterales ofrece una oportunidad única: la voluntad política expresada en la diplomacia debe ahora materializarse en políticas concretas. La pregunta que queda es si esta estructura se utilizará solo para administrar el flujo de personas o si, efectivamente, servirá para transformar sus condiciones de vida. La respuesta dependerá de que cada compromiso bilateral —en transparencia, protección, fiscalización e integración— se traduzca en acciones verificables y recursos concretos. El camino ya está trazado; ahora corresponde recorrerlo con la urgencia que las cifras exigen.
