2024

En mayo del 2022 fue creada la Asamblea de la Alteñidad para unificar a este municipio, mediante sus organizaciones más representativas y tras convocatoria de la alcaldesa Eva Copa; en principio era conocido como cuartel general. Pero hoy empiezan a surgir fisuras que la van debilitando. “La Asamblea de la Alteñidad no es de las personas, es un ente que aglutina a todas las organizaciones vivas de la ciudad de El Alto, están los gremiales, las fejuves, padres de familia, artesanos, transportistas”, destacó el secretario Municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares. Las diferencias en las directivas de las dos principales organizaciones alteñas de la Asamblea, como la Central Obrera Regional (COR) El Alto y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) que dirige Juan Saucedo, comenzaron a darse desde finales del mes de mayo, cuando dicho frente cumplió dos años de vigencia. La dirigencia vecinal salió ante los medios a cuestionar a algunos representantes gremiales, denunciando que habían “cuoteado cargos” en el Gobierno Nacional, para beneficiar a familiares. Luego empezaron a observar la representatividad de la COR, en sentido de que no tenía convocatoria ni bases. El último roce entre las representaciones de ambas organizaciones se dio tras el supuesto “golpe de Estado fallido” del 26 de junio. Un día después, la Asamblea de la Alteñidad convocó a un paro de 24 horas movilizado, como medida de rechazo a lo ocurrido en plaza Murillo, pero fue un fracaso. Según Marcelo Mayta, el líder la COR, no acataron la medida de presión porque sus bases tenían necesidad de trabajar. La posición fue cuestionada por la dirigencia vecinal, pero atinaron en señalar que la COR no tiene representación. “En la ciudad de El Alto hay organizaciones que se creen ser representantes, solo protegen sus intereses políticos, partidarios y eso hace daño a la ciudad de El Alto (…) la Asamblea de la Alteñidad está ahí solo como nombre, pero al final solo lucha por un fin personal y no por un bien común de la ciudad, solo son voceros políticos y no representantes sociales”, afirmó el representante de Control Social de la Fejuve, Néstor Yujra, en referencia a Mayta y su alineación al gobierno del presidente Luis Arce. Pero Balladares segura que la Asamblea es aún fuerte por el respaldo de las organizaciones. “Como todo alteño siempre va haber debate, va haber riña entre dirigentes, pero luego se sientan y hacen un sana, sana; sé que a ellos les ha costado unir El Alto y van a tomar decisiones maduras por el bien de El Alto”, auguró la autoridad municipal. INCIERTO Si bien la COR y las Fejuves (también se cuenta con la participación de la Fejuve del Sur en la Asamblea) están a la cabeza de la Asamblea de la Alteñidad, ha sido Mayta quien en estos días salió ante los medios a pedir a sus detractores respeto a la organización alteña. Pero también fue tajante en señalar que el futuro de dicho frente es incierto. Al respecto, el dirigente de un sector de los gremiales de El Alto, Rodolfo Mancilla, dijo que se debe reencaminar la Asamblea de la Alteñidad, manteniendo la unidad de las organizaciones alteñas. Sin embargo, observó de Yujra su alianza en el pasado con partidos de derecha y lo propio dijo de Saucedo. “Son militantes de Unidad Nacional, qué se pude pensar de ellos, sus ampliados no tienen participación y en la ciudad de El Alto hay varias fejuves. En las últimas reuniones hemos estado bien, los que siempre buscan problemas son los de Unidad Nacional y no se da cuenta la alcaldesa Eva Copa”, cuestionó. Pero el malestar de la COR no solo es con quienes encabezan la Fejuve, ahora se extendió a la alcaldesa Copa luego de la destitución del director de Ferias y Mercados, Eduardo Oropeza, que representaba al sector. Al respecto Mancilla, recordó que en 2022 cuando la Alcaldesa los convocó para unificar a El Alto, a través de sus organizaciones, se habría comprometido a consensuar las decisiones que asumiera. “La Asamblea de la Alteñidad no es de las personas, es un ente que aglutina a todas las organizaciones vivas”. Rury Balladares  Alcaldía de El Alto “En la ciudad de El Alto hay organizaciones que se creen ser representantes, solo protegen sus intereses políticos, partidarios”. Néstor Yujra Control Social “Son militantes de Unidad Nacional (Yujra y Saucedo), qué se pude pensar de ellos, sus ampliados no tienen participación”. por Omar Pereyra Eju

El secretario del Fesirmes Daniel Cazas enfatizó que sigue en pie la determinación de paro por 120 horas, es decir cinco días, pero que esta decisión será aplicada de acuerdo a las resoluciones que se establezcan en la reunión ampliada. Los médicos rechazaron la contrapropuesta que presentó la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados sobre la disposición única del proyecto de ley 035 de Modificación a la Ley de Pensiones. que, según el sector movilizado, establece la jubilación obligatoria a los 65 años El secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) Daniel Cazas, informó que este martes se llevará adelante una reunión ampliada en Cochabamba, en la que el Comité Interinstitucional tratará diversos puntos, entre ellos las nuevas determinaciones que asumirá el sector. “Lamentablemente la contrapropuesta que ha hecho el diputado (Omar) Yujra no satisface lo que nosotros hemos planteado. Hemos pedido no a la jubilación obligatoria y con lo que ellos nos plantean sigue la jubilación obligatoria”, aseguró a UNITEL. El jueves la Comisión planteó a los representantes de los médicos a que sean parte de la revisión médica a los trabajadores para que determinen si se jubilan o no a los 65 años como establece el proyecto de ley 035. Esto sorprendió al sector ya que no tenían conocimiento que esa disposición se llevaba a delante. Por otro lado, Cazas enfatizó que sigue en pie la terminación de paro por 120 horas, es decir cinco días, pero que esta decisión será aplicada de acuerdo a las resoluciones que se establezcan en la reunión. “En ese sentido se va tomar una determinación a nivel nacional con todos los del comité interinstitucional. Está en pie el paro de cinco días que seguramente se va a llevar adelanto todo aquello”, enfatizó. por Nancy Castro Eju

Entre 2021 y 2023, las denuncias interpuestas por trabajadores en el Ministerio de Trabajo por vulneraciones a sus derechos laborales, se incrementaron en 57%. Pasaron de ser 16.000 a 25.168, según información obtenida en esa cartera de Estado. Si bien la mayoría de denuncias es por beneficios sociales, también hay altos índices de infracciones por falta de pago de derechos colaterales; por el impago de multas del 30% ante el incumplimiento de pagos; sueldos y salarios devengados; despidos injustificados y acoso laboral, entre muchos otros. (Ver cuadro). “Las denuncias que presentan las y los trabajadores son de diferente índole. La mayoría de ellas tiene que ver con despidos y por ende la falta de pago de beneficios sociales. Sin embargo, ante situaciones de despido, los trabajadores tienen dos opciones: o reclamar el pago de beneficios sociales dando por concluida la relación laboral. O la menos frecuente, cuando se solicita la reincorporación por considerar que el despido ha sido injustificado”, señaló la ministra de Trabajo, Verónica Navia, a La Razón. Solo en la gestión 2023, se tiene un promedio de 2.000 denuncias mensuales presentadas en las diferentes jefaturas departamentales y regionales de trabajo. Aunque no detalló la cifra por departamento, la autoridad afirmó que estas denuncias se registran en su mayoría en el eje central del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pues en estos departamentos concentran la mayor cantidad de empresas o establecimientos laborales. La ministra afirmó que las denuncias por vulneración de los derechos laborales no siempre las presentan de manera individual, también son colectivas. Ahí intervienen entre 100 o más trabajadores, “tal es el caso de la ejecución de obras de infraestructura de magnitud”. “En estos casos, si bien geográficamente el Ministerio de Trabajo ha establecido jefaturas en cada capital de departamento y en algunas poblaciones importantes, también está instalando inspectorías. Éstas cumplen las mismas funciones, en coordinación y dependencia con alguna jefatura”, añadió la ministra. Dijo también que hace poco el Ministerio de Trabajo implementó las oficinas móviles. A través de ellas, un equipo del ministerio se traslada hacia lugares geográficamente alejados, con la finalidad de realizar inspecciones. Toma contacto con los trabajadores, recibir denuncias y si se requiere asumir acciones para la restitución y protección de los derechos laborales. Navia señaló que una mayoría de los trabajadores desconoce sus derechos en materia laboral. No obstante, en algunas intervenciones del personal del Ministerio de Trabajo se evidenció casos en que los trabajadores, por la necesidad de contar con medios de sustento, sufren vulneración de sus derechos de parte de “malos empleadores” que aprovechan circunstancias bajo la amenaza de despido. “Ante estas situaciones, solo a modo de ejemplo, esta cartera de Estado, en la actual gestión, ha venido haciendo especial énfasis en el aspecto preventivo del resguardo de derechos laborales a través de la capacitación. Sea a través de las organizaciones sindicales, ferias, talleres directamente con los trabajadores, etcétera, tarea en la que no claudicamos”, acotó la autoridad.  Norma Sobre los plazos de solución de las denuncias, Navia explicó que cada procedimiento tiene términos específicos. Sin embargo, resaltó que la cartera de Estado trabajó en la reducción de dichos plazos a través de la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, promulgada en 2022.  “Esta norma ha reducido los plazos administrativos, ha suprimido el recurso de revocatoria que demoraba hasta 20 días hábiles para su resolución. Permitió reducir a la mitad el plazo del recurso jerárquico, que demoraba en su resolución 90 días hábiles. Al presente, respetando el derecho a la impugnación y el derecho a la doble instancia, como parte del debido proceso. Ahora, el recurso de revisión se lo resuelve en un plazo máximo de 45 días hábiles”, acotó la ministra Navia. La autoridad instó a que la trabajadora o trabajador que considere que sus derechos laborales son vulnerados debe acudir a oficinas del Ministerio de Trabajo, jefaturas y oficinas móviles para que una inspectora o inspector de Trabajo reciba su denuncia. La queja puede ser interpuesta de forma verbal o escrita. Con ello se activará el procedimiento que corresponda. Navia aclaró que el trabajador o trabajadora no requiere patrocinio o asistencia de un profesional abogado. Y que, por principio, contenido en el Parágrafo II del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado, la carga de la prueba le corresponde al empleador. Es decir que a sola denuncia es el empleador el que debe demostrar que en caso de despido, por ejemplo, es justificado. “Por cuanto, bastará presentar las denuncias y adjuntar si considera necesario algún documento que acredite la condición de trabajador o de la relación laboral”. De igual forma, dijo que, en otros casos, lo único que requiere el trabajador es llevar su carnet de identidad y recabar una ficha de plataformas para que sea atendido por un inspector. El acoso laboral es una de las vulneraciones más recurrentes De acuerdo con estadísticas de la Defensoría del Pueblo, presentadas el 1 de mayo de este año, las denuncias de acoso laboral ocupan el segundo lugar de vulneraciones más recurrentes, en cuanto a derechos laborales. La institución defensorial atendió 304 denuncias entre 2023 y el 30 de abril de 2024. “Este escenario es similar conforme la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que en la gestión 2023 (hasta noviembre) atendió 374 denuncias de acoso laboral contra mujeres y 124 contra varones”, señala el pronunciamiento de la Defensoría. La instancia defensorial identificó al menos cinco vulneraciones a los derechos laborales, que afectan a las y los trabajadores en Bolivia. Ellos son al salario justo, a no sufrir acoso laboral, a la inamovilidad laboral, al empleo digno y al pago de beneficios sociales. El panorama genera más preocupación a la institución, según el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien señaló que actualmente Bolivia no cuenta con una ley que sancione el acoso laboral, siendo un tema pendiente que se arrastra desde la promulgación de la Constitución Política del Estado. Pese a que la protección a la estabilidad laboral y la