2024

Este medio accedió a la imputación. Este documento incluye también a los excomandantes de la Armada, Juan Arnez Salvador; y al de la Fuerza Aérea, Marcelo Javier Zegarra 28 de junio de 2024 Luis Marcelo Tedesqui Vargas El Ministerio Público emitió la imputación en contra del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga Macías; el de la Armada Boliviana Juan Arnez Salvador, y el de la Fuerza Aérea Marcelo Javier Zegarra. Los acusa por los delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, con lo que enfrentan a la posibilidad de tener una pena de 20 años de prisión, y solicita su detención preventiva por el plazo de seis meses en la cárcel de Chonchocoro de La Paz. La Fiscalía acredita de manera objetiva la existencia de suficientes elementos de convicción, sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados en la comisión de los dos delitos en grado de autoría. Según el Código Penal, transcrito en la imputación, el delito de terrorismo establece que “el que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública y atentare contra la seguridad de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de Jefes de Estado extranjeros o de otras autoridades que son internacionalmente protegidas en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población, a un sector de ella u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieran tales hechos punibles”. El delito de Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado es cometido por “Los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la Constitución Política o la forma de gobierno establecida en ella, deponer algunos de los poderes públicos del gobierno nacional o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su renovación en sus términos legales, serán sancionados con privación de libertad de cinco (5) a quince (15) años. (…)”. Medidas cautelares La Fiscalía establece que hay peligro de fuga y obstaculización de parte de los tres imputados. Sobre el primero sustenta que “los imputados no se someterán al proceso, buscando evadir la acción de la justicia, habiendo realizado una evaluación integral de las circunstancias existentes. Un reporte emitido el 27 de junio de 2024 reportó que Zúñiga realizó viajes recientes a Chile, Perú y EEUU; Arnez Salvador, a Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Irahola Caero, a Venezuela, Perú, Brasil y Argentina. “Esta información demuestra que los mismos tienen facilidades para abandonar el país, concurriendo este riesgo procesal”, se lee en el texto. “Además, tómese en cuenta que el Estado Boliviano es un país colindante con países vecinos (Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú) de los cuales cualquier ciudadano de nacionalidad boliviana con documento de Cédula de Identidad puede ingresar a los referidos países que están suscritos al Mercosur, este aspecto si bien puede considerarse subjetivo, sin embargo, en el fondo genera una posibilidad latente por lo que demuestra el riesgo de fuga que puedan tener los imputados”, acota. El peligro de obstaculización se sustenta en el riesgo de que los imputados “destruyan modifiquen, supriman u oculten y/o falsifiquen elementos de prueba. Conforme a las investigaciones realizadas en la etapa preliminar se tiene que se han realizado diferentes actos investigativos, empero existen actos pendientes por realizar, sin embargo, de ello este riesgo procesal lo fundamentamos teniendo en cuanta el cargo y rango que ostentan, vale decir estamos frente a imputados que tienen los máximos rangos en las FFAA generales y coroneles respectivamente, este aspecto relevante es el que alegamos para fundamentar el presente riesgo procesal (sic)”. Advierte que existen actos pendientes por realizar entre los que se encuentran: Registro del lugar de los hechos: Estado Mayor. Solicitud de información a diferentes instituciones relacionas con el hecho. Allanamientos. Solicitud de cámaras. Solicitud de videos a los medios de comunicación. Flujo de llamadas. Recepción de declaraciones. Menciona una lista de exsubalternos sobre los que podrían influir. Además que “son varias personas que aún van a prestar su declaración en calidad de sindicados y testigos, solo para tener presente ya el caso cuanta con más de quince (15) personas investigadas, todas ellas son militares, por lo que nuevamente traemos como argumento, que los imputados ostentan un cargo alto de mando al interior de las FFAA, extremo que, por supuesto, les permite incidir de manera directa en su subalternos (jerarquía militar), debe de tomarse en cuenta que hay varias personas que deben de comparecer a prestar su declaración informativa (miembros de las FFAA – Alto Mando Militar, Funcionarios Públicos entre otros de acuerdo al avance de las investigaciones)”. Por ello, la Fiscalía requirió el plazo de seis meses, para la investigación, y solicita detención preventiva por ese tiempo en el Centro Penitenciario de Chonchocoro. Antecedentes El documento al que tuvo acceso este medio señala que el miércoles 26 en horas de la tarde, mediante los distintos medios de comunicación se conoció que tropas militares dirigidas por los tres jefes militares, junto a “diferentes miembros militares portando armas de guerra (Fusiles FAL entre otros) y a bordo de tanquetas de guerra, y previa coordinación con los integrantes del Alto Mando Militar a bordo de tanquetas de guerra, asediaron la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz y las puertas del Palacio de Gobierno, con presunta finalidad de deponer al Gobierno constitucionalmente instituido a la cabeza del presidente, Luis Arce Catacora; el vicepresidente David Choquehuanca Céspedes y el Gabinete de Ministros; conforme lo dispuesto por el Art. 168 de la Constitución Política del Estado es de cinco años: ‘El periodo de mandato de la Presidencia o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua’”. Cronología Luego hace

Las investigaciones de lo catalogado por Arce como un “intento fallido de golpe de Estado” apuntan a que desde mayo se sazonó un plan contra la administración gubernamental. 28 de junio de 2024 POR MIGUEL GÓMEZ ¿Por qué el Órgano Ejecutivo no pudo enterarse antes del “movimiento irregular” en el Ejército que se materializó el miércoles en el asalto a la plaza Murillo? El presidente Luis Arce reveló este jueves que la unidad de Inteligencia estaba alineada al general Juan José Zúñiga, por lo cual se ocultó información al Ministerio de Defensa y al propio mandatario. Las investigaciones de lo catalogado por Arce como un “intento fallido de golpe de Estado” apuntan a que desde mayo se sazonó un plan contra la administración gubernamental. Pero, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, recién ató cabos desde el miércoles por la mañana, cuando todo estaba cocinado para el asedio castrense en el epicentro del poder político. Inteligencia del Ejército “Uno de los temas centrales que se tiene en el Ejército boliviano es el área de Inteligencia militar. En esta unidad que podría informar cualquier movimiento irregular o que no estuviera enmarcado en la normativa militar; sencillamente estaba alguien de mucha confianza de Zúñiga. En realidad, Inteligencia trabajaba para el comandante del Ejército y no pasaba informaciones ni al Ministerio de Defensa ni al Presidente del Estado”. Y añadió en su conferencia, en la Casa Grande del Pueblo: “Por lo tanto; un tema central del por qué esto se va encubriendo y no sale a la luz hasta ayer es porque el área de Inteligencia; que debería estar alertando, no toma ninguna acción. Por eso tenemos más de 17 detenidos, hay mucha gente en el Ejército que ocultó y no reportó la información correcta”. El miércoles, el entonces comandante del Ejército lideró el asalto a la plaza Murillo, con la intención de ingresar al Palacio de Gobierno y la Casa Grande. Al final, todo quedó en nada y Zúñiga fue aprehendido. Ahora espera su audiencia cautelar para saber si se defenderá en libertad o encarcelado. Es acusado de terrorismo y alzamiento armado contra el Estado. LA RAZÓN