El Alto, Bolivia, 25 de junio de 2025. El asesor legal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Isaac Mauricio, informó que el aspirante a candidato presidencial Jaime Dunn mantiene al menos 33 procesos coactivos con la Alcaldía y que, mientras no regularice su situación, no podrá acceder al certificado de no adeudo, documento indispensable para la inscripción de candidaturas ante el Órgano Electoral.
Según Mauricio, la Dirección General de Asesoría Legal identificó procesos que se arrastran desde hace casi dos décadas, algunos con sentencias firmes y otros aún en trámite. Entre los antecedentes figura un dictamen de responsabilidad civil emitido por la antigua Contraloría General de la República en 2006. Dunn habría sido notificado ese año, pero no cumplió con el pago en el plazo de 20 días previsto por ley, lo que dio lugar a la judicialización de los casos.
“No estamos hablando de un proceso, sino de 33. Algunos ya han sido cancelados, pero otros continúan abiertos. No podemos emitir un informe favorable sin contar con documentación verificable desde lo administrativo, judicial y financiero”, explicó. También señaló que varios expedientes resultaron afectados por los incendios ocurridos en predios municipales, lo que ha dificultado la reconstrucción de la información.
Consultado sobre el monto total de la deuda, Mauricio indicó que no existe aún una cifra consolidada, dado que se revisa caso por caso en coordinación con juzgados, instancias financieras del municipio y la Contraloría General del Estado. Aclaró además que el municipio no busca favorecer ni perjudicar a nadie, pero sí está obligado a actuar con responsabilidad sobre recursos que pertenecen a toda la población alteña.
En cuanto al argumento de Dunn sobre la pérdida de sus procesos por las quemas en oficinas ediles, el asesor legal reconoció que parte de la documentación fue efectivamente afectada, razón por la cual el municipio se encuentra reconstruyendo la información a través de diferentes instancias.
Mauricio también recordó que los temas relacionados con candidaturas o derechos políticos deben resolverse en el ámbito del Órgano Electoral, de acuerdo con la jurisprudencia nacional e internacional.