Tras varios motines en cárceles del país, el TSJ instruye revisión de plazos de detención preventiva en todo el país

Chuquisaca, Bolivia, 25 de agosto de 2025. Luego de que se registraran varios motines en cárceles de La Paz y Santa Cruz en demanda de igualdad en la revisión de la detención preventiva, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso la organización de jornadas especiales para verificar el cumplimiento de los plazos de detención preventiva en todos los juzgados y tribunales del país.

El viernes, el TSJ ordenó, específicamente, a los tribunales regionales revisar el estado de la detención preventiva de Jeanine Ánez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico potosino Marco Antonio Pumari.

Por ello, los privados de libertad exigieron que la revisión de la detención preventiva de aplique para toda la población carcelaria sin privilegios a actores políticos. Los reos de varios centros exigen igualdad jurídica a través de votos resolutivos y notas dirigidas a la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Después de los altercados en cárceles, recién, el TSJ emitió un documento que señala que las autoridades jurisdiccionales deben iniciar de inmediato la verificación de cada proceso en coordinación con el Ministerio Público, la Defensa Pública, las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario y otras instituciones que resulten necesarias.

Según el instructivo, en los casos donde se hubiera dispuesto detención preventiva fuera del distrito judicial del proceso, deberá cumplirse el traslado del detenido o, de manera excepcional, aplicarse medios tecnológicos para garantizar la revisión.

El TSJ ordenó a los jueces realizar la verificación incluso de oficio y resolver conforme a derecho, tomando en cuenta los principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la administración de justicia.

La instrucción también delega a los presidentes de los tribunales departamentales la responsabilidad de organizar estas jornadas en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación, con el fin de garantizar la celeridad y el debido proceso.