La Paz, Bolivia, 20 de noviembre de 2025. El presidente Rodrigo Paz ordenó entregar las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a Amparo Carvajal, activista española que llegó al país en 1971. De ese modo, se recordó su reciente respaldo a sacerdotes jesuitas acusados de encubrir abusos sexuales.
En los últimos meses, Carvajal enfrentó críticas tras lamentar la sentencia de un año de prisión contra los exprovinciales jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons, condenados por encubrir los delitos del sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas, quien confesó haber abusado de más de 85 menores en un diario personal divulgado en 2023. Aunque la pena impuesta a Alaix y Recolons no se ejecutará en un recinto penitenciario debido a su edad, para las víctimas representó un precedente luego de décadas de silencio y encubrimiento.
La activista no solo cuestionó el proceso judicial, sino que también responsabilizó a las propias víctimas. En un video difundido en redes sociales, preguntó por qué denunciaron los hechos después de 50 años y sugirió que “recibieron” beneficios de parte de los agresores. Sus declaraciones generaron indignación entre sobrevivientes y organizaciones de apoyo, que la acusaron de utilizar la institución para favorecer a los imputados.
Durante el juicio, Carvajal envió una carta al juez solicitando que priorice la salud de los acusados, petición que las víctimas interpretaron como una muestra adicional de parcialidad. Representantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes denunciaron que la presidenta de la APDHB nunca buscó contacto con ellos, ni se interesó por su situación, pese a su rol institucional.
El caso de Pedrajas, revelado por un reportaje internacional que expuso un cuaderno de 383 páginas donde el sacerdote detalló décadas de abusos, sacudió a Bolivia y a la Compañía de Jesús, que enfrenta cuestionamientos globales por encubrimientos similares.
La activista española no solo fue cuestionada por su defensa al encubrimiento clerical, sino también por su papel en el conflicto poselectoral de 2019 cuando justificó la actuación de grupos irregulares.
En este contexto, la decisión de Paz de restituir a Carvajal el control de la APDHB generó discusiones. Para algunos sectores, dicha terminación fortalece contradice el mandato de defensa a las víctimas que dio origen a la entidad.