El informe preliminar de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política detalla las observaciones realizadas durante una visita a Bolivia en febrero de 2025. La delegación fue convocada por familiares de más de cien personas que denuncian persecución política, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos. El informe describe una crisis multidimensional en Bolivia, que incluye problemas económicos, sociales y políticos, agravados por una inflación descontrolada, una crisis energética y acusaciones de corrupción en los más altos niveles del gobierno.
La delegación visitó ciudades como La Paz y Cochabamba, donde constató detenciones ilegales, persecución política y condiciones inhumanas en los centros de detención. Se documentaron casos de violencia contra mujeres, incluyendo embarazadas y niños, así como la falta de acceso a servicios básicos como la salud. Además, se denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la aplicación de leyes antiterroristas para criminalizar la protesta social.
El informe también destaca la persecución sistemática contra líderes indígenas, campesinos y organizaciones sociales, así como la estigmatización y discriminación racial y de género, particularmente contra mujeres indígenas. Se menciona la destrucción de organizaciones sociales y sindicales, con intervenciones estatales que han desmantelado sus estructuras y confiscado sus bienes.
Finalmente, el informe critica la falta de debido proceso en los juicios, la imposición de juicios abreviados bajo coacción y la violación de derechos colectivos de las comunidades indígenas. La delegación planea presentar un informe completo ante organismos internacionales para denunciar estas violaciones y buscar justicia.
Puntos más importantes:
- Contexto de crisis en Bolivia:
- Crisis económica con inflación, devaluación monetaria y pobreza extrema.
- Crisis energética y agotamiento de recursos debido a políticas erróneas.
- Denuncias de corrupción en altos niveles del gobierno, con dos ministros detenidos.
- Persecución política y detenciones arbitrarias:
- Más de 100 personas denuncian persecución y detención por motivos políticos.
- Uso de la Ley antiterrorista para criminalizar la protesta social.
- Detenciones violentas, incluyendo mujeres embarazadas y niños, con tratos vejatorios.
- Condiciones inhumanas en centros de detención:
- Hacinamiento en cárceles (ej: San Pedro con 4.000 detenidos en un espacio para 1.000).
- Falta de acceso a salud y alimentación adecuada.
- Extorsión y «derecho de piso» para evitar violencia y torturas.
- Violación de derechos humanos:
- Persecución a líderes indígenas, campesinos y organizaciones sociales.
- Discriminación racial y de género, especialmente contra mujeres indígenas.
- Destrucción de organizaciones sociales y confiscación de sus bienes.
- Falta de debido proceso:
- Detenciones arbitrarias sin pruebas concretas.
- Juicios abreviados impuestos bajo coacción, con amenazas de penas máximas.
- Impedimento de defensa legal adecuada y acceso a abogados de confianza.
- Impacto en derechos colectivos:
- Debilitamiento de la capacidad de organización y resistencia de comunidades indígenas.
- Discriminación y violencia contra mujeres, tanto en protestas como en el ámbito político.
- Denuncias específicas:
- Persecución política contra el expresidente Evo Morales, incluyendo un intento de magnicidio.
- Intervenciones estatales fraudulentas en organizaciones sociales y sindicales.
- Acciones futuras:
- Presentación de un informe completo ante organismos internacionales como el ALBA-TCP, CELAC y otros.
- Búsqueda de justicia y garantías para las víctimas y sus familias.