La Paz, Bolivia, 28 de abril de 2025. La Defensoría del Pueblo expresó su “preocupación extrema” por el creciente nivel de conflictividad social y política en el país, así como por el proceso de desinstitucionalización que atraviesa el Estado. La institución consideró que las próximas elecciones generales deben convertirse en una oportunidad real para superar la crisis actual, permitiendo que la población elija libremente a sus nuevas autoridades.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que continuar debilitando las instituciones pone en riesgo la capacidad del país de resolver sus problemas dentro del marco legal vigente. “No podemos desinstitucionalizar más el Estado, porque las salidas no se canalizarían a través de nuestro ordenamiento jurídico, y esa es la gran preocupación”, afirmó durante su participación en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.
Callisaya cuestionó también el uso indebido de recursos constitucionales que, a su juicio, alimenta la incertidumbre respecto al proceso electoral. Pidió al Tribunal Constitucional que emita un fallo cuanto antes para devolver certidumbre a la ciudadanía.
La Defensoría hizo un repaso de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2024, detallados en el “Informe de 24 días”, donde se registraron más de 200 personas procesadas y 91 trasladadas de forma irregular a La Paz, en aplicación de un decreto de 2009 que contraviene la Constitución y normas internacionales. El informe identificó además 115 casos donde se utilizó la tipificación de terrorismo para justificar estos traslados.
Para Callisaya, estos abusos tienen su origen en la lucha interna del MAS-IPSP, conflicto que ha terminado afectando los derechos fundamentales de la población. El defensor observó que situaciones similares vuelven a repetirse, como en el conflicto municipal de La Paz por el ajuste de tarifas de transporte.
También señaló que persisten prácticas prohibidas como la exposición pública de personas aprehendidas, pese a fallos de la Sala Constitucional Segunda de La Paz y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenan esta vulneración al derecho de presunción de inocencia y a la imagen.