Norberto Milei, padre del actual presidente argentino, Javier Milei, recibió subsidios del Estado por el orden de los 33 millones de dólares entre 2005 y 2007, que impidieron que sus empresas de transporte se fueran a pique, reveló un trabajo periodístico de La Nación y El DiarioAR, coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que se extendió durante nueve meses. Según las pesquisas, Milei padre recibió del Gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner «al menos 33 millones de dólares entre 2005 y mediados de 2007», con cargo a las compañías de transporte Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, que para la época prestaban servicios de autobús (colectivos) en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Empero, una revisión de los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), realizada por los periodistas de los mencionados diarios, arrojó que el monto declarado equivalía a solo 10 millones de dólares de la época, al tiempo que se estableció que los referidos «subsidios resultaron claves para consolidar el patrimonio familiar, en particular después que una de esas empresas, Teniente General Roca SA, debió concursarse tras el colapso económico que afrontó la Argentina en 2001″. Los documentos indican que Rocaraza SA recibió unos 4,5 millones de dólares entre 2005 y 2007, mientras que el subsidio al gasoil –una medida adoptada por la administración kirchnerista para apoyar al sector– correspondió «a casi el 70 % de los ingresos públicos que recibió la compañía». Además, percibió aportes de la Secretaría de Transporte, así como del Régimen de Compensaciones Complementarias previsto para las líneas de autobuses que sirven al Área Metropolitana de Buenos Aires. «Allí no se agotaron las ayudas oficiales. El Estado nacional también subsidió cada litro de gasoil que consumieron los colectivos, que pagaron menos de un tercio de su valor en surtidor, convirtiendo al transporte automotor de pasajeros en una costosa mochila para el fisco», completa el trabajo periodístico. En cualquier caso, está fuera de cuestión que esa política de subsidios salvó de la debacle a los transportistas. Y en el caso particular de Teniente General Roca SA, hay constancia de un procedimiento judicial relativo a un concurso de acreedores, fechado en 2002. Tres años más tarde, la compañía logró pactar un acuerdo con los reclamantes, mientras recibía apoyo económico del Estado argentino. «No podemos pasar por alto el esfuerzo que el Gobierno nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del servicio mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente», se lee en un documento que lleva la firma de Norberto Milei y está fechado en 2003. Del volante al escritorio Aunque para inicios del siglo XXI Norberto Milei era un empresario, sus orígenes son mucho más modestos. Comenzó como conductor en dos líneas de la capital argentina y compró su primer autobús en 1970, justo el año en el que nació su hijo Javier, según reveló el mandatario en una entrevista que concediera años atrás. El informe periodístico no revela cómo Milei padre logró encabezar un conglomerado de compañías de transporte terrestre, pero sí refiere que en 2001, la firma Francisco de Viedma SA –en la que también participaban otros pequeños accionistas– controlaba a Teniente General Roca SA, que a su vez ejercía el control de la mitad de las acciones de Rocaraza SA. Hasta 2007 Norberto Milei fungió como presidente y accionista mayoritario de todas esas empresas. De acuerdo con los balances citados en el reporte, Teniente General Roca llegó a acumular una flota de 115 vehículos, en cuya adquisición mediaron créditos con cuatro entidades bancarias, así como con Mercedes Benz y Círculo Cerrado, flota a la que se añadieron otras unidades conseguidas sin mediación de préstamo. «Con el colapso de 2001, sin embargo, el sector del transporte de pasajeros sufrió una crisis durísima. El Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en algunos casos, embolsar fortunas», apunta La Nación. El rastro de los subsidios Pareciera estar fuera de duda que Norberto Milei recibió subsidios estatales y aparentemente habría sacado provecho económico de ellos, pues al abandonar el sector en 2007 se dedicó a otras actividades, tanto en el sector agropecuario como cercanas al sector trasporte, al tiempo que compensó a sus hijos con obsequios personales de alto valor. Karina Milei obtuvo un apartamento de 150 metros cuadrados en la localidad de Vicente López, una zona de alto poder adquisitivo dentro de la provincia de Buenos Aires, propiedad que presentara ella como «herencia» en su declaración jurada de bienes antes de asumir el cargo como secretaria de la Presidencia. Entretanto, el dinero de Milei padre le sirvió a Javier Milei para comprar una camioneta Ford Ecosport 2.0 negra, del año 2005, que luego vendió y reemplazó con una Peugeot RCZ. En su declaración de bienes figura que la adquirió en 2013 con «fondos propios«. El equipo de periodistas que adelantó la investigación asegura que contactó al vocero presidencial, Manuel Adorni, para solicitar aclaratorias sobre los movimientos de Norberto Milei en el tiempo que era propietario de empresas de transporte, incluidos el cobro de subsidios, pero no obtuvieron respuestas. Sin embargo, una fuente autorizada –que no se precisa– indicó que el cuestionario enviado versaba sobre «cosas de hace 20 años y de terceras personas [en alusión a Norberto Milei], y los bienes de él [por Javier Milei] están todos declarados como corresponde». Mal historial Si bien Norberto Milei mostró públicamente su satisfacción ante la política de subsidios, su comportamiento como contribuyente distó de ser ejemplar. Su compañía Rocaraza inició 2005 con moras en pago de tributos por ingresos brutos y radicación de vehículos, mientras que los litigios por deudas con el fisco de Teniente General Roca SA llegaron a los tribunales. Entre 2002 y 2003, los impuestos evadidos por esta compañía alcanzaron montos cercanos a los 35.000 dólares del momento, a lo que se sumaron moratorias por seguridad e higiene y por ingresos brutos, así como su adscripción a un plan de
