Abya Yala

La Paz, Bolivia, 1 de agosto de 2025. La Policía de Perú detuvo en Lima a Jader Gilbert da Silva Gaspar, ciudadano brasileño de 35 años, que se fugó el pasado 28 de junio del penal de San Pedro en La Paz. La huida se produjo en medio de la verbena por la fiesta patronal del barrio, y fue ejecutada con un plan polémico. Los reclusos utilizaron una cuerda improvisada con retazos de ropa para descolgarse del muro de adobe del recinto penitenciario. La fuga involucró a otro interno, el peruano Cirilo Reyna Herrera (23), quien continúa prófugo y es buscado por la Interpol. Según informes, Da Silva Gaspar alteró su apariencia para evitar ser reconocido, pero fue finalmente identificado y capturado en un operativo ejecutado por las autoridades peruanas. El director de Interpol Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, explicó que su despacho emitió una notificación naranja tras conocerse la fuga, procedimiento habitual en estos casos. Posteriormente, y tras la confirmación de la captura, la alerta se elevó a notificación roja para facilitar el proceso de extradición. “Informamos inmediatamente que esta persona tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana, por lo que se notificó a Régimen Penitenciario para que inicie los trámites correspondientes”, señaló el jefe policial. Da Silva Gaspar se encontraba recluido por delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas. En cuanto al segundo fugado, Bazoalto indicó que se solicitó a los países vecinos intensificar el seguimiento para ubicar su paradero y asegurar su captura.

La Paz, Bolivia, 1 de agosto de 2025. La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por un caso de violencia extrema ocurrido el 31 de julio en una unidad educativa de la comunidad de Satélite Norte, en el departamento de Santa Cruz. Una adolescente de 13 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca por otra estudiante de 15 años, dentro del establecimiento escolar. El hecho evidenció serias fallas en los mecanismos de prevención, seguridad y respuesta ante situaciones de riesgo en el ámbito educativo. La institución defensora señaló que las heridas físicas sufridas por la víctima y el impacto emocional generado en la comunidad escolar representan una grave vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente. En respuesta, la Defensoría del Pueblo manifestó su solidaridad con la víctima y su familia, y anunció el seguimiento cercano del caso. Exhortó al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a investigar con celeridad y bajo un enfoque de niñez y género, respetando el debido proceso y aplicando medidas socioeducativas, conforme al principio de justicia restaurativa que rige para adolescentes en conflicto con la ley. La institución solicitó también una revisión urgente del “Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual en Unidades Educativas”, así como del protocolo específico para hechos de violencia entre pares, contenidos en la Resolución Ministerial 001/2025. Planteó que el Ministerio de Educación, los gobiernos municipales y las Defensorías de la Niñez deben trabajar de manera articulada para fortalecer estos instrumentos. Además, recomendó una implementación efectiva de los Planes de Convivencia Pacífica y Armónica en las escuelas, con participación activa de estudiantes, docentes y familias. En esa línea, instó a reforzar la figura del Defensor o Defensora Estudiantil, como mecanismo preventivo capaz de alertar tempranamente sobre situaciones de riesgo dentro de las unidades educativas.