Abya Yala

La Paz, Bolivia, 24 de noviembre de 2025. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que abrirá el registro biométrico durante las dos primeras semanas de diciembre para incorporar a los nuevos votantes rumbo a las elecciones subnacionales de 2026. El proceso se realizará del 2 al 15 de diciembre en todo el país. El empadronamiento está dirigido a los jóvenes que ya cumplieron 18 años o que alcanzarán esa edad hasta el 22 de marzo de 2026, fecha límite para participar en los comicios. El objetivo del TSE es actualizar el padrón y garantizar la participación de la mayor cantidad posible de electores en la próxima contienda. La institución anunciará en los próximos días los puntos de registro y los requisitos para completar el trámite.

La Paz, Bolivia, 24 de noviembre de 2025. El jefe nacional de Unidad, Samuel Doria Medina, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga exhortaron al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara a cerrar su conflicto interno y apostar por el diálogo. Ambos consideraron que la tensión generada por sus recientes declaraciones distrae al país en un momento de dificultades económicas. Doria Medina expresó su deseo de que el presidente y el vicepresidente aclaren sus desacuerdos cuanto antes. Recordó que la población espera soluciones y estabilidad. Sostuvo que las discrepancias entre las principales autoridades deben resolverse mediante conversaciones directas, sin prolongar la confrontación. Quiroga, por su parte, describió el cruce entre Paz y Lara como una “telenovela del Gobierno”. Advirtió que este tipo de disputas agudiza el malestar de las familias que lidian con la falta de empleo, la escasez de dólares y la incertidumbre económica. Recalcó que el país necesita respuestas y no un clima de enfrentamiento. El exmandatario señaló que la relación entre el presidente y su vicepresidente siempre presentó momentos tensos, pero insistió en que estas diferencias deben tratarse en ámbitos internos y no en redes sociales o a través de declaraciones públicas.

La Paz, Bolivia, 24 de noviembre de 2025. El presidente Rodrigo Paz anunció la creación de nuevas comisiones de investigación para revisar posibles hechos de corrupción en distintas áreas del Estado. Estas instancias se sumarán a la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, que ya comenzó su trabajo. “Se vienen otras comisiones, porque hidrocarburos es lo que nos afecta de la forma más directa en el día a día”, afirmó el jefe de Estado. Añadió que, en apenas 14 días de gestión, su Gobierno dio señales “claras” sobre el rumbo que se busca tomar en lo que definió como una “difícil autopsia” del “Estado tranca”, tras dos décadas de “mal manejo económico, institucional y político”. Señaló que resulta necesario esclarecer el destino de los recursos públicos administrados durante ese periodo. Paz señaló que una de las prioridades de su administración será transparentar el manejo del dinero estatal. Explicó que su objetivo es conformar un equipo “compacto pero amplio” que garantice el acceso a toda la información. Respecto a la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, destacó que tendrá representación plural. Aseguró que incluirá a asambleístas de todas las fuerzas políticas, además de delegados del Órgano Judicial y organizaciones de la sociedad civil.

La Paz, Bolivia, 21 de noviembre de 2025. El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua informó que María José Fernández fue designada como gerente en suplencia de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la estatal mientras se consolida la conformación de su nuevo directorio. La cartera de Estado señaló que la designación se sustenta en el Decreto Supremo 5488, norma que autoriza a adoptar medidas inmediatas para asegurar la continuidad operativa y administrativa de la empresa. Con esta decisión, el Gobierno busca preservar la estabilidad institucional y asegurar que los procesos internos y externos avancen conforme a los plazos establecidos. La transición en Emapa ocurre en medio de la intervención anunciada el pasado 12 de noviembre por el ministro Óscar Justiniano, quien reveló indicios de corrupción dentro de la entidad.

Oruro, Bolivia, 21 de noviembre de 2025. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció una investigación de alcance nacional luego de que una red criminal dedicada a la falsificación de documentos fuera desarticulada en la ciudad de Oruro. La medida busca identificar posibles organizaciones similares que operen en otros departamentos del país. Baptista informó que las primeras verificaciones se concentrarán en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, debido a indicios que apuntan a la existencia de círculos vinculados a la emisión irregular de documentos oficiales. El titular del Consejo explicó que la coordinación entre la Magistratura, el Ministerio Público y la Policía permitió detectar una estructura completa dedicada a falsificar documentación en Derechos Reales, hecho que calificó como una amenaza grave para la credibilidad del sistema judicial. Recordó que la denuncia presentada por la institución ante la Fiscalía de Oruro abrió el camino para desarticular el grupo criminal. La investigación preliminar estableció que la organización manipulaba documentos relacionados con trámites de propiedad, acción que comprometía la fe pública y generaba perjuicios a ciudadanos y entidades financieras.

La Paz, Bolivia, 21 de noviembre de 2025. El Viceministerio de Autonomías intervino las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en La Paz, luego de recibir denuncias sobre presuntos avales irregulares que habrían facilitado avasallamientos en tierras fiscales. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, encabezó el operativo y explicó que las alertas surgieron tras detectar resoluciones de asignación y dotación de tierras firmadas después de la conclusión del mandato de Luis Arce. Barrientos afirmó que el Ministerio de la Presidencia y el propio INRA no emitieron ningún aval que autorice el ingreso de avasalladores a tierras del Estado. Aseguró que, pese a la gravedad de las denuncias, se respetará la presunción de inocencia de los funcionarios involucrados. En ese marco, anunció que el Gobierno designará a un nuevo director del INRA y también a un viceministro de Tierras, con el objetivo de garantizar transparencia en los procesos internos y frenar posibles actos que vulneren la normativa agraria. Barrientos agregó que el INRA no es la única entidad pública bajo revisión, ya que el Viceministerio de Autonomías amplió las intervenciones a otras instituciones donde también se habrían detectado irregularidades.