Justicia

El trabajo de inteligencia de la Policía ha logrado identificar en Arequipa, Perú, la ubicación del general del servicio pasivo, Tomás Peña y Lillo, principal buscado por la asonada militar del pasado 26 de junio encabezada por Juan José Zúñiga.  La información fue proporcionada por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, quien señaló que Peña y Lillo salió del país vía terrestre y en una madrugada por Desaguadero, hacia el Perú para refugiarse en Arequipa. «Hemos logrado efectuar un seguimiento que sitúa al señor Peña y Lillo a la una de la mañana en su domicilio de la zona de Irpavi y a las siete de la mañana ese mismo teléfono está en Desaguadero. Eso significa que durante la noche él se ha transportado vía terrestre hasta aquel país», indicó ante los medios la autoridad. Según el Gobierno, el general del servicio pasivo es el «principal buscado», debido a que habría participado en reuniones para planificar lo que el Gobierno denuncia como un golpe fallido.  Según los reportes vertidos por el Ministro Eduardo Del Castillo, en los planes de Zúñiga se encontraba nombrar como Ministro de Defensa a Peña y Lillo. En una anterior entrevista desde la clandestinidad, el exjefe militar aseguró que es inocente de los hechos que se le acusan y que no iba a ser parte de la exhibición denigrante a la cual el Gobierno estaba exponiendo a los aprehendidos.  Asimismo, Peña y Lillo reveló que semanas atrás, antes de los hechos del 26 de junio, se barajaba el rumor de que el presidente Luis Arce quería entregar el Gobierno al general Juan José Zúñiga. Tomás Peña y Lillo cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. Erbol

Las elecciones judiciales sólo podrán realizarse si se promulga la ley que cesa en sus funciones a los magistrados autoprorrogados, señalados como los artífices para frenar las justas, a través de resoluciones constitucionales, coincidieron ayer autoridades y constitucionalistas. La preselección de candidatos está suspendida por una medida cautelar de la sala constitucional de Beni y el diálogo bicamaral y tripartito convocado por David Choquehuanca, para viabilizar la continuidad del proceso, fue un fracaso. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé pidió ayer al mandatario Luis Arce “no dilatar más” y promulgar el proyecto de ley 075 que cesa de sus funciones a los altos magistrados. Sostuvo que se priva al pueblo de elegir tribunales independientes. “Este fracaso es un nuevo revés para el pueblo al que se le sigue privando el derecho de elegir tribunales independientes. Presidente @LuchoxBolivia promulgue u observe el proyecto de Ley 075, no dilate más el cumplimiento de la CPE”, señaló. En diciembre de 2023, el TCP emitió una resolución en la que extendió las funciones de los actuales magistrados hasta que haya nuevas autoridades, pese a que la Constitución prevé que su mandato cesa a los seis años. Desde el Gobierno, exhortaron a reanudar el diálogo para llegar a un acuerdo para viabilizar la preselección de los candidatos rumbo a las elecciones judiciales, señaló la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Para el abogado constitucionalista y exmagistrado, Marco A. Baldivieso, es indispensable la promulgación de la ley que cesa a los magistrados autoprorrogados porque están usurpando funciones y “se prestan al juego politiquero”. Mencionó que el mal menor es que haya un vacío de poder hasta que se elija a las nuevas autoridades, porque “mientras ellos no se vayan no habrá elecciones judiciales”. La jurista Kathia Saucedo ve inviable que se realicen las elecciones judiciales este año, debido a las trabas de las salas constitucionales; muchas de ellas resuelven medidas cautelares que al ser de cumplimiento obligatorio paralizan el proceso. Defensa Contrariamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ernesto Jaimes, defendió la continuidad de sus funciones y de los autoprorrogados porque, a su juicio, están cumpliendo un mandato constitucional. “En tanto no se realicen las elecciones judiciales, nos encontramos cumpliendo el mandato de una resolución constitucional, precisamente, en función de que este servicio no puede ser interrumpido de ninguna manera”, señaló. Recordó que llegaron a sus cargos a través del voto popular.  “Con esa legitimidad deberán llegar las próximas autoridades”, sostuvo. Seguirá la tarea de las comisiones Las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural suspendieron sus labores cuando apuraban la etapa del examen oral prevista para el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de julio. Tras la reunión fallida del lunes 15 de julio, las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el Movimiento Al Socialismo (MAS) evista determinaron seguir con el proceso, a pesar de las resoluciones constitucionales vigentes y venideras. Defensor aboga por continuar el proceso El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó la obstaculización a la continuidad del proceso de las elecciones judiciales. Además, reafirmó la necesidad de que se puedan elegir a las autoridades judiciales y no mantener en incertidumbre permanente a la población. Instó a los legisladores a continuar con el proceso de las judiciales para darle certidumbre a la población. “Instamos a todas las autoridades competentes, en este caso de la Asamblea, a que se pueda continuar este proceso, es necesario darle un mensaje positivo a la sociedad, en el sentido de que se puede solucionar en democracia estos problemas que tenemos con la elección judicial”, indicó Callisaya. Señaló que hay la necesidad de que se elijan a las autoridades del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial, por lo que no se puede quedar en incertidumbre permanentemente. Los Tiempos

Advirtió que, ante la vulneración de la normativa, el ministro de Gobierno y las autoridades policiales pueden ser pasibles a procesos penales por incumplimiento y quebrantamiento de las garantías constitucionales. Dos juristas advirtieron que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público están vulnerando dos principios básicos en todo proceso judicial: la presunción de inocencia y el debido proceso en la investigación que se realiza sobre la toma militar de plaza Murillo, mismos que están contemplados en la Constitución Política del Estado y en el Código de Procedimiento Penal. “Les han dado muerte civil al presentarlos y exhibirlos ante los medios de comunicación, eso está prohibido y lo establece el artículo 296 numeral cuatro del Procedimiento Penal. No pueden ser presentados ante los medios de comunicación ningún ciudadano porque en Bolivia y, en un estado de derecho, existe el principio de presunción de inocencia”, explicó a la ANF el abogado penalista Eusebio Vera. En ese sentido, la jurista Paola Barriga advirtió que este proceso está viciado de irregularidades ya que los supuestos implicados primero son aprehendidos y recién se emite una citación para que comparezcan. Además, dijo que se registraron errores y equivocaciones al momento de formular las órdenes de captura y allanamiento, tal como ocurrió en el caso de su cliente. “Estamos indignados por lo que está aconteciendo en nuestro país, desde el 26 de junio estamos viviendo insólitamente una ilegalidad, aprehensiones ilegales. Lamentablemente están cometiendo excesos, porque primero los aprehenden y recién los investigan, incluso están cometiendo errores y se implican a otras personas que no tienen nada que ver con ese caso”, manifestó. Desde el 26 de junio hasta la fecha, el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana se encargaron de exhibir ante los medios de comunicación a los uniformados y civiles que presuntamente fueron parte de la asonada militar. Fueron expuestos con chalecos con el denominativo de “aprehendido” y con manillas en las muñecas. Esta no fue primera vez que se observa la práctica de esa cartera de Estado. En marzo de 2024, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que la exhibición de personas aprehendidas, sin sentencia, ante los medios de comunicación y mostrándolos como culpables, vulnera la garantía de la presunción de inocencia. En mayo de 2022, el ministro de Justicia, Iván Lima, también cuestionó esas acciones, al igual que el investigador senior de la Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, y pidió al Gobierno eliminar esa práctica. A partir de entonces, el Ministerio de Gobierno dejó de exhibir a las personas investigadas. La norma  Al respecto, Vera dijo que la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal garantizan la presunción de inocencia, el debido proceso y restringe la exhibición de los aprehendidos sin que haya sido consentido. El parágrafo I del artículo 116 de la CPE señala “se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. Entre tanto, el parágrafo I del enunciado 117 establece que “ninguna persona puede ser condenada si haber sido oída y juzgada previamente en un debido. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”. En ese sentido, el numeral 4 del artículo 296 del Código de Procedimiento Penal señala que los aprehendidos no pueden ser presentados ante los medios de comunicación sin su consentimiento otorgado por su defensa legal. “No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento, el que se otorgará en presencia del defensor y se hará constar en las diligencias respectivas”, dice el escrito. Procesos En ese contexto, Vera añadió que la misma norma señala que en caso de la inobservancia de lo dispuesto por ese enunciado, dará lugar a la responsabilidad administrativa y penal que corresponda. Advirtió que, ante la vulneración de la normativa, el ministro de Gobierno y las autoridades policiales pueden ser pasibles a procesos penales por incumplimiento y vulneración de las garantías constitucionales. Eju

El procurador general del Estado espera una condena a los implicados en el caso iniciado en 2005 y en el que se encuentran implicados el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros Investigación De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, 52 contratos se habrían firmado durante la gestión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, junto a tres de sus exministros: Carlos López Quiroga y Jorge Berindoague Alcócer, exministros de Hidrocarburos; y Carlos Contreras del Solar, exviceministro de Energía. La denuncia la presentó el exmandatario Evo Morales en 2005 y en 2011 la Asamblea autorizó el procesamiento de las exautoridades. Sin embargo, los cuatro acusados ya se encontraban fuera del país; fueron declarados en rebeldía. El procurador general del Estado, César Siles, informó que el juicio iniciaría su audiencia este martes para revisar “incidentes que quedaron pendientes”. Espera que la próxima semana se comience con la acusación y la defensa. “(estamos pidiendo) la aplicación de una condena contra los cuatro responsables, contra los cuatro acusados. Estamos hablando de dos delitos de acción pública, de corrupción, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, que en un concurso real e ideal de delitos puede sumar fácilmente los 15 años de cárcel”, explicó en conferencia. Procuraduría Siles informó que la Procuraduría General del Estado, junto con el Ministerio Público, el ministerio de Hidrocarburos, y el viceministerio de Transparencia son partes denunciantes y sostienen la acusación. El procurador explicó que la Sentencia Constitucional 01/2024, que indica que los juicios contra los acusados que se encuentren en rebeldía no pueden iniciarse, no se aplica para casos en los que el juicio ya está iniciado. Entonces, espera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realice el juzgamiento correspondiente. El 3 octubre de 2023, a solicitud de la propia Procuraduría, la audiencia se suspendió hasta el 17 de ese mes. Sin embargo, llegada esa fecha, el juicio entró en un cuarto intermedio, debido a la falta de un documento, y se extendió hasta el mes de julio de 2024. La Razon

La fiscalía afirma que el general retirado fue partícipe del hecho, pero como cómplice, porque no estuvo en la plaza Murillo el 26 de junio La fiscalía presentó la imputación formal en contra del general de Ejército, José A.A.M., en el que ve atenuantes en los dos delitos de alzamiento armado y terrorismo en grado de complicidad, de ese modo, solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva y una fianza de Bs 100.000. “Obligación de presentarse ante el Ministerio Público una vez por semana; fianza económica de 100.000 Bs; prohibición de concurrir y contactarse con personas vinculadas al caso; arraigo; y detención domiciliaria sin salida laboral”, son las cinco medidas solicitadas por el fiscal del caso. El general José A.A.M., es el último de los militares que fue detenido dentro del caso Zúñiga, se preveía la realización de la audiencia cautelar este martes, sin embargo, el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal no notificó la fecha y hora de esta sesión. José A.A.M., está acusado de haber participado en la planificación de la toma militar de la plaza Murillo junto con otros de sus camaradas. Las declaraciones de otros dos acusados fueron los principales argumentos de la Fiscalía para disponer su aprehensión formal y someterlo a audiencia cautelar. El general José A.A.M., es un militar retirado y se había presentado el lunes a declarar de forma voluntaria. “La declaración informativa del ciudadano Juan Mario Paulsen Sandi de fecha 29 de junio de 2024. identifica a los ciudadanos gral. Peña y Lillo, gral, Ágreda, cnl. Charly Calderón, como oficiales del servicio pasivo que estaban conjuntamente con el Gral. Zúñiga en su despacho de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz en fecha 26 de junio del año 2024”, señala otra parte de la imputación fiscal. La tesis de los fiscales asegura que los militares del sector pasivo participaron con la promesa de que serían los nuevos ministros que planteaba colocar el general Zúñiga y estuvieron en las reuniones previas. En su declaración el general acusado dijo que él llegó casualmente a la reunión y como otros asistentes n sabía de que se trataba el encuentro de camaradas de los servicios activo y pasivo. Asimismo, dijo que él no estuvo en ningún momento en la plaza Murillo la tarde del 26 de junio. El Deber

Un laudo arbitral salió favorable al Estado boliviano respecto a un reclamo de la empresa india Jinda, por el proyecto Mutún. El tribunal determinó que no corresponde el pago de una indemnización sino por el contrario la compañía debe cubrir los gastos del proceso. La información fue proporcionada este miércoles por el procurador César Siles, quien celebró esta decisión como un “triunfo” para Bolivia. La empresa Jindal pretendía 100 millones de dólares de indemnización, en su demanda presentada ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), debido a los perjuicios que habría sufrido por la ejecución de las boletas de garantía por incumplir las inversiones en el proyecto del Mutún. Según el Procurador, el laudo arbitral establece que el la Empresa Siderúrgica del Mutún ha cumplido todas sus obligaciones del contrato con Jindal y su deber de buena fe, por lo cual se desestimó el reclamo de la empresa. “Se desestima la millonaria indemnización que pretendía y se declara por el contrario que Jindal debe asumir el costo de los anticipos del arbitraje en la suma de 740.000 dólares por un lado y ordena que Jindal debe pagar a la Empresa Siderúrgica del Mutún 1.957.287 dólares en concepto de costos y gastos más intereses”, agregó la autoridad. Erbol