Justicia

Trabajadora sexual en La Paz fue asesinada a puñaladas; ya suman 36 los feminicidios en Bolivia

Una trabajadora sexual de El Alto murió con puñaladas en varias partes de su cuerpo por un cliente que la frecuentaba hace más de siete meses. Con este caso, ya suman 36 los casos de feminicidio contabilizados en el país. El reciente hecho ocurrió el fin de semana en la zona 12 de Octubre, en una casa de citas donde el hombre le habría ofrecido matrimonio, pero la víctima, de 30 años de edad, se habría negado porque le reveló que estaba casada y tendría hijos. Fue por ese motivo que el hombre tomó la decisión de quitarle la vida con un cuchillo de cocina con el cual le atravesó el cuello, informó la coordinadora de la Fiscalía de La Paz, Nilda Calle. “Se ve también que está dañada en el tórax y las manos; al parecer, ella por defenderse levanta las ambos y también la dañada ahí”, añadió. En una intención por conocer la situación de su pareja, el esposo de la víctima llegó a la habitación del local nocturno donde la encontró ya sin vida y al hombre con algunos cortes en el cuello. En su declaración informativa se sometió a su derecho de guardar silencio, pero habría aceptado ser el autor del feminicidio. Calle informó que en una audiencia de procedimiento abreviado se evaluará su situación. La Fiscalía pedirá 30 años de reclusión preventiva. Este nuevo caso registrado eleva la cifra de feminicidios a 36 en total en el país, siendo La Paz el departamento con la mayor incidencia de 10, luego le sigue Santa Cruz con 6, Cochabamba 6, Tarija 4, Oruro 3, Potosí 3, Chuquisaca 2 y Beni 2.  Erbol

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Policía aprehende a Harold Lora, dueño de Las Loritas

En el marco de la investigación por presunta estafa, la Policía Boliviana aprehendió la tarde de este lunes al empresario constructor Harold Lora, gerente de Las Loritas Edificios. “Pesa una denuncia en contra de Harold Lora por el delito de estafa con múltiples víctimas. Desde la semana pasada la Policía Bolivia se encontraba realizando el trabajo de seguimiento e investigación respecto a la ubicación. En ese sentido la Policía ha dado cumplimiento a esa orden de aprehensión y ahora está siendo trasladado a la zona sur para que pueda responder a la Justicia por los delitos que se lo acusa”, dijo Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con la autoridad, Lora presenta acusación por los delitos de estafa múltiple, estelionato, trata y tráfico de personas, violencia familiar, pero, además se lo relaciona con autoridades ediles, “en este caso el alcalde municipal de La Paz (Iván Arias), el secretario de Culturas y otros concejales que habrían facilitado que Lora pueda construir edificios e incluso sobrepasando la normativa municipal”. Ríos pidió a los fiscales una investigación transparente a fin que se responda a las víctimas. “Llama la atención que más de 30 casos han sido cerrados o rechazados por el Ministerio Público, por lo cual en el marco de la transparencia sugerimos que en esa instancia se pueda conformar una comisión de fiscales a fin que se pueda responder a todas aquellas víctimas que han sido afectadas”. En enero de este año, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que existen 100 denuncias en contra del empresario de La Paz por la entrega de dinero para la adquisición de un departamento. “Aproximadamente son 100 (denuncias) vamos a atender a todos en el marco de la normativa”, dijo entonces Silva. Lora también es investigado por el delito de uso indebido de influencias, por lo que la Fiscalía Departamental de La Paz emitió la imputación formal el 2 de mayo. Por este delito también se le investiga al concejal de La Paz Pierre Chaín. Ambos son acusados por la emisión de la Ordenanza Municipal 046/2022. Esta norma “presuntamente”, pretendía favorecer al empresario al permitirle la construcción del edificio Las Loritas 10, ubicado en Calacoto, en la zona Sur de la ciudad. “Dentro de la investigación preliminar, se colectó más de 35 elementos de convicción. Entre ellos, los documentos de compra y venta del terreno del Club de Unión Árabe a favor del empresario Harold Lora. Se presume que esta venta habría sido irregular y por el que existe otro proceso abierto”, informó el fiscal anticorrupción Franklin Alborta. La Razón

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Caso Mochilas I: dan sentencia de cinco años a Leyes; empresarios son absueltos

Tras haber concluido el juicio oral del caso denominado Mochilas I, se emitió sentencia de cinco años de cárcel para el exalcalde José María Leyes y un exsecretario municipal. Entretanto, los empresarios y otros funcionarios fueron absueltos, de acuerdo con información proporcionada por Mijail Rocha, abogado del importador Juan de Dios Morales. El juicio concluyó hoy, pasado el mediodía. La denuncia por el caso Mochilas I, por presuntos ilícitos en la contratación de material escolar para la gestión 2018, en el municipio de Cochabamba, fue puesta el 2 de abril por la entonces concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina y el entonces viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción Diego Jiménez. Luego, aunque el contrato fue anulado el 13 de abril, el proceso continuó. El abogado Rocha informó que para el exalcalde Leyes se determinó que es “autor y culpable” del delito de uso indebido de influencias, y le dieron una pena de cinco años de cárcel a cumplirse en penal de San Antonio, además de una multa de 300 días. La exautoridad fue absuelta de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.   El exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno Barrón también fue hallado autor y culpable del uso indebido de influencias. También se determinó privación de libertad por cinco años, a cumplirse en San Antonio, más una multa de 300 días. También estaría absuelto de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes. ABSUELTOS Entretanto, a la conclusión del juicio oral, según explicó Rocha, los importadores Juan de Dios Morales y María Rene Ramírez fueron absueltos de contratos lesivos al Estado. También fue absuelto el exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla, del delito de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el Ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes. La exresponsable de contrataciones de la Alcaldía Carolina Ayala fue absuelta de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes. Mientras, Andrea García, quien trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Humano, fue absuelta de contratos lesivos al Estado. Sin embargo, resta la etapa de apelaciones. También se encuentra en esa etapa el caso Mochilas II, cuya sentencia se emitió hace casi un año. Opinión

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Ya tiene fecha el juicio por el caso taladros contra 21 personas, incluido un expresidente de YPFB

El juicio por el caso taladros iniciará el 17 de abril de este 2024, cinco años después de que se presentó la acusación formal contra 21 personas, informó el fiscal Franklin Alborta. El principal implicado en este caso es el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, quien fue aprehendido en 2017 y recibió la detención domiciliaria. En este caso se investigó las presuntas irregularidades en la adjudicación que hizo YPFB para la compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, por un valor de 148,8 millones de dólares. La investigación surgió en 2017 y la acusación formal se presentó en 2019. Cinco años después, el juicio comenzará en Santa Cruz. «El tribunal anticorrupción, primero, ha señalado fecha ya de apertura de juicio que se va a llevar adelante la siguiente semana, justamente en el departamento de Santa Cruz del 17 del presente mes al 19, esperamos avanzar lo más posible dentro de estas fechas», dijo el fiscal Alborta. Lea también: Caso taladros: Fiscalía acusa a expresidente de YPFB y a otras 20 personas Según el fiscal, se acusó a los implicados por la comisión de delitos de corrupción, puesto que habrían incurrido en irregularidades para beneficiar con la contratación a una determinada empresa. Señaló que la mayoría de los acusados eran funcionarios de YPFB. También hay personas que fueron declaradas en rebeldía al no presentarse a comparecer. Los Tiempos

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Viceministro Aguilera sugiere el traslado de los jueces a La Paz para la audiencia contra Camacho

A dos días del juicio contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, sugirió el traslado de los jueces desde Santa Cruz hasta La Paz para garantizar la realización de la audiencia presencial por la emisión del Decreto Departamental 373. La propuesta surge después que en pasados días el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, hayan descartado la posibilidad de trasladar a Camacho a la capital cruceña por “falta de garantías”. “Hay una serie de alternativas como el traslado de los señores jueces (de Santa Cruz a La Paz) para que podamos cumplir con el principio de inmediación, pero es más y ya la tecnología y la propia pandemia nos ha permitido efectuar, yo diría audiencias, de carácter virtual”, sugirió. Incluso advirtió que un eventual traslado podría ocasionar una posible “convulsión social” que podría afectar el normal desarrollo de las actividades en esa región del país. Sin embargo, en varias ocasiones la defensa del gobernador cruceño aseguró que no existe “ningún impedimento jurídico” para que nuevamente se impida el traslado como lo ocurrido el 11 de marzo ya que todas las partes fueron debidamente notificadas con anticipación. eRBOL

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Fiscalía imputa al concejal Pierre Chain por acoso político a su colega del MAS

La Fiscalía ha emitido una imputación por los delitos de violencia político, acoso político y discriminación contra el concejal del MAS de La Paz, Pierre Chain, a denuncia de su colega de bancada Eliana Paco. Según la denuncia de Paco, ya desde 2021 Chain tenía una actitud hostil hacia ella porque le había exigido un mayor aporte económico para la campaña electoral, pero la concejala se habría negado. Además, Paco denunció actos sistemáticos de violencia psicológica en el Concejo Municipal de parte de Chain, como ser el menosprecio a las propuestas que realizaba, sin ningún justificativo más que una rivalidad que tiene en su contra. La denunciante especificó cinco hechos que incluyen presunto amedrentamiento, descalificación y obstaculización a su labor de concejala. Hecha la investigación, con toma de declaraciones y requerimientos de informe, la Fiscalía decidió imputar al concejal Chain. En la imputación se solicita como medida cautelar, que el juez ordene a Chain presentarse una vez por el semana en el Ministerio Público para asegurar su presencia en el proceso. Según una fuente, Chain trató de anular la imputación mediante un incidente, sin embargo, se procedió a la audiencia cautelar. Se dispuso que el concejal se defienda sin medidas cautelares.  Erbol

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Difieren para el 11 de abril el juicio contra Fernando Camacho por el caso ‘decretazo’

Para el 11 de abril fue diferido el inicio de juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la aprobación, presuntamente irregular en 2022, del Decreto Departamental 373. El gobernador cruceño no pudo asistir este lunes a la audiencia de forma presencial ante los informes que remitió la Dirección del Penal de Chonchocoro, lo que motivo a que el Tribunal Octavo de Sentencia cambie de fecha. “Se ha ordenado nuevamente que, bajó amenaza de sanción disciplinaria, el Director del centro penitenciario de Chonchocoro traslade en fecha 11 de abril al gobernador Luis Fernando Camacho hasta esta audiencia de manera presencial, además debiendo presentar un informe del por qué no ha cumplido con el traslado del día de hoy”, afirmó el abogado Martín Camacho. Camacho debía estar presente en la audiencia, sin embargo, la Dirección General de Régimen Penitenciario informó que se emitieron informes que no existían las condiciones para su traslado al penal de Palmasola. A ello se sumaron declaraciones de la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, que advirtió que el juicio por el caso “decretazo” no puede avanzar por falta de notificaciones, actuados, y otras “deficiencias procesales”. Familiares y demás personas allegadas aguardaron en el juzgado el posible arribo de Camacho, pero no se concretó. Su defensa denunció supuesta injerencia del Gobierno en la justicia para impedir que Camacho llegue hasta Santa Cruz.  Erbol

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El abogado de Jeanine Añez se postula para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia

El abogado Luis Guillén, que entre otros patrocina a la expresidenta Jeanine Añez, presentó este viernes su postulación para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Soy hijo de un funcionario público, un militar que llegó al grado de almirante y que en efecto pues tenía una alta convicción en una vocación de servicio al pueblo boliviano, vocación que en su momento me ha sido transmitida”, dijo Guillén a tiempo de presentarse. Consultado sobre si ser abogado de Añez perjudicaría su postulación, Guillén reconoció que la justicia y el sistema de preselección están politizados, sin embargo, espera que los asambleístas actúen de forma objetiva. Dijo que se postula con la esperanza de tiempos mejores para Bolivia y por las personas para quienes la justicia no ha proporcionado resultados, como madres de familia que buscan una asistencia familiar equitativa, un trabajador que busca el pago de sus beneficios sociales, un empresario en bancarrota que demanda al Estado por incumplimiento de contrato o una familia que quiere salvar su casa,. “Hemos visto que existe una administración de Justicia que no cumple las expectativas del pueblo boliviano, por eso el día de hoy he presentado mi postulación. Les manifiesto de que hay esperanza, no podemos permitir como bolivianos que esto siga sucediendo”, agregó. Erbol

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Actual magistrado del TSJ presenta su postulación para el Tribunal Constitucional

Olvis Egüez Oliva, actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha presentado este jueves su postulación para ser magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Egüez fue elegido en las elecciones judiciales de 2017 por Santa Cruz para ser tribuno del TSJ. Actualmente ejerce el cargo de manera prorrogada. «Al encontrar legitimidad en mi gestión, considero de que puedo participar nuevamente en ejercicio democrático y será el pueblo cruceño el que finalmente define», dijo. La tarde de este jueves, el magistrado de 43 años presentó su postulación para el TCP, según reportó el Senado. De acuerdo con la norma, los magistrados no pueden postular al mismo cargo, sin embargo, pueden optar por candidatear a otro alto tribunal. Respecto a las críticas por la prórroga, el magistrado dijo que es «tema de carácter coyuntural político». «Nosotros como magistrados este estamos cumpliendo una declaración constitucional, en la cual el Tribunal Constitucional ha definido el tema de la continuidad y en ese marco entendemos de que estamos apostando por darle sostenibilidad a un sistema judicial», agregó. La senadora de CC, Silvia Salame, calificó a Egüez como «sinvergüenza» y «caradura» por presentarse después de vulnerar la Constitución con la prórroga.  Recordó que entre los requisitos para postular está ejercer la profesión con ética, lo cual -en su criterio- no cumplen los actuales magistrados. En ese sentido, cree que habrá una impugnación. Erbol

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Senado no trató créditos y pide sesión de la ALP para debatir leyes antiprórroga

El Senado aprobó este miércoles por mayoría absoluta una Declaración Camaral para exigir al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, que convoque a una sesión del Pleno para tratar los proyectos de ley 073 y 05 contra la prórroga de magistrados. En la sesión, el Senado no trató los proyectos de ley de créditos internacionales por “falta de documentación”. “El pleno del Senado expresa su posición oficial exhortando al presidente de la ALP para que conforme al procedimiento legislativo que convoque a sesión a objeto de que se traten los siguientes proyectos de ley: 073 de suspensión de plazos judiciales y 075 para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 y 200 de la CPE”, señala parte de la declaración camaral. Al inicio de la sesión, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez (arcista) cuestionó que en la convocatoria no estén incluidos los proyectos de ley de créditos aprobados en la Cámara de Diputados en medio de violencia, la semana pasada. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, (MAS evista) respondió que «falta alguna documentación adicional al paquete de proyectos (créditos) y al primero (079) que aprobaron falta el informe de la Secretaría General de Diputados». Dijo que la información faltante llegaría las próximas horas y que se podría tocar el tema en la sesión prevista para mañana, jueves. «Mañana tenemos sesión y, si todo se concreta, estaremos iniciando el tratamiento del procedimiento», dijo el titular del Senado. La semana pasada se aprobaron en la Cámara Baja seis créditos por casi 650 millones de dólares, en medio de una sesión marcada por la violencia entre legisladores. Los Tiempos

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