Después de críticas, la presidencia de la Cámara de Diputados, a la cabeza de Israel Haytari, publicó una nueva convocatoria para su sesión del jueves y, en la misma, además del tratamiento de siete normas de créditos enviadas por el Ejecutivo, también incluyó los proyectos de Ley 073 y 075 que buscan cesar de sus cargos a los magistrados y consejeros prorrogados del Órgano Judicial. De acuerdo a la nueva convocatoria, el primer punto del orden del día es correspondencia. Del punto 2 al 8 son los siete proyectos de ley de créditos internacionales que el Gobierno solicitó su aprobación, mientras que los puntos 9 y 10 corresponden al caso de los magistrados. En la primera convocatoria, que se conoció la mañana del miércoles, no estaban incluidos los proyectos de ley 073 y 075, lo que provocó que diputados de oposición adviertan con no aprobar los créditos enviados por el Gobierno y los evistas amenacen, incluso, con la reactivación de los bloqueos y movilizaciones. Con la nueva convocatoria, la presidencia de Diputados cumple con el acuerdo firmado la pasada semana por las principales autoridades del Legislativo en la reunión de la Comisión Bicamaral a la cabeza del presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca. El acuerdo que viabilizó la aprobación y promulgación de la Ley de las Elecciones Judiciales, firmado la semana pasada, señala que los proyectos de ley 073 y 075 deben tratarse en la Cámara de Diputados y también establece que se deben aprobar al menos cuatro de siete proyectos de ley para créditos internacionales, que fueron solicitados por el Gobierno. Los Proyectos de Ley El proyecto de Ley 075 restituye “la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado» y consta de dos artículos. El primero establece, en la “Nulidad de Pleno Derecho”, que “se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”; y el segundo establece que “los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”. En cambio, el Proyecto de Ley 073 establece la Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, como “una medida vital para el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial”. La norma tiene como objetivo principal la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular. El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial a partir del 2 de enero. “El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales…”, señala la norma en el parágrafo I del artículo 2. Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es la gestión de los casos pendientes durante este período de transición. Según la disposición aprobada, los secretarios generales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán la responsabilidad de recibir y custodiar los casos pendientes en cada una de las instancias judiciales involucradas. Oxígeno
