Justicia

En 80 días se conocerán a candidatos a magistrados y en 150 el TSE debe realizar las elecciones

La Cámara de Senadores aprobó este martes la Ley 144 Transitoria de las Elecciones Judiciales, que fue promulgada en esta misma jornada por el presidente Luis Arce Catacora, por lo que ahora la Asamblea Legislativa tiene 80 días para elegir y definir la lista de los mejores y más idóneos postulantes a magistrados del Órgano Judicial, informó la senadora Virginia Velasco Condori. De acuerdo con la legisladora, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe por dos tercios de votos la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para la realización de las elecciones judiciales. “Hemos aprobado la Ley 144 para viabilizar las elecciones judiciales y estas contemplen a los mejores candidatos, los más idóneos y meritocráticos que serán evaluados y aprobados en el Legislativo. Pero lo que tenemos que lamentar es que, por la ambición y los intereses del ‘jefazo’ (Evo Morales), se ha ocasionado daños irreparables no solo a la economía del país, a los empresarios, a los productores, a los gremialistas, más aún cuando estamos a vísperas de carnavales, donde el comercio es muy alto”, dijo Velasco. En ese marco, la senadora explicó que el proceso de preselección de los postulantes estará a cargo de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia del Legislativo, acompañados por veedurías internacionales y nacionales. Estas remitirán sus informes al pleno de la Asamblea Legislativa. El plazo para todas las fases de la preselección es de 80 días, conforme el siguiente detalle: a)         Publicación de la Convocatoria (3 días).  b)        Presentación de postulaciones (20 días). c)         Verificación de requisitos habilitantes generales y específicos (5 días). d)        Publicación de los postulantes habilitados e inhabilitados (2 días). e)        Presentación de impugnaciones (5 días). f)         Resolución de impugnaciones (5 días). g)        Presentación del Recurso de Revisión (5 días) h)        Resolución del Recurso de Revisión (5 días) i)         Publicación de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos (1 día) j)         Evaluación de méritos (14 días). k)        Aprobación de los Informes de Preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (5 días).  l)         Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los Informes de las Comisiones Mixtas (hasta 8 días). “Los requisitos para la presentación de postulantes estarán acorde a la Constitución, la Ley 025 y la Ley 027, demostrando idoneidad para el cargo. En caso de inhabilitación por incumplimiento de requisitos, las y los postulantes tienen el derecho de interponer una impugnación y un recurso de revisión. Se tendrá dos criterios para la preselección, ambos sobre 100 puntos, haciendo un total de 200 puntos calificables: Por lo que habrá una evaluación de méritos y un examen con preguntas escritas y respuestas orales”, dijo Velasco. En la evaluación de méritos se tomarán tres criterios: experiencia profesional, formación académica y producción intelectual, conforme lo siguiente: Examen de preguntas escritas y respuestas orales, 5 preguntas elaboradas por universidades, colegios de abogados y escuelas de jueces. Por lo que para ingresar a la preselección los postulantes deben tener un mínimo de 130 puntos, señaló. Explicó, que en la modalidad de la votación, se establece que las Comisión Mixta de Constitución enviará en su informe mínimo de 36 postulantes y una máximo de 72 para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, y la Comisión Mixta de Justicia enviará un mínimo de 14 y máximo de 28 postulantes para Tribunal Agroambiental y un mínimo de 10 y máximo de 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura. Es así que “la votación en la Asamblea contemplará a todas y todos los candidatos enviados en los informes de las comisiones mixtas para que ingresen a la papeleta”. La norma, que garantiza las elecciones judiciales, fue promulgada al finalizar la tarde de este martes, por el presidente, Luis Arce. El Deber

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Relatora de la ONU visitará Bolivia y perfila reunión con magistrados del TCP

En respuesta a una invitación del Gobierno, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, hará una visita académica a Bolivia y se reunirá con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó el ministro de Justicia, Iván Lima. «La relatora va a hacer un seguimiento permanente a Bolivia, nos ha anunciado una visita académica, la cual hemos aceptado como Gobierno, y esperemos que en los próximos tres a seis meses pueda venir presencialmente al país», explicó. Además, la experta de las Naciones Unidas sostendrá una reunión virtual o presencial con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Lima afirmó que los magistrados del «Tribunal Constitucional son una parte relevante e importante en esta situación que se ha presentado», con la prórroga de mandato en el Órgano Judicial y en el TCP, dispuesta por la sentencia constitucional 049/2023 por las fallidas elecciones judiciales en 2023. En un comunicado divulgado el lunes, Satterthwaite expresó su preocupación por el retraso en la preselección de los precandidatos, a cargo de la Asamblea legislativa Plurinacional, y la posterior celebración de las elecciones judiciales. Lamentó que la «ausencia de acuerdos políticos» en el Legislativo se haya «traducido en el vencimiento de los mandatos» de las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura el 31 de diciembre de 2023. «El mandato de las altas autoridades judiciales elegidas en 2018 finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que se hubieran celebrado elecciones de nuevas autoridades judiciales. A fines de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió ampliar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional ‘de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades’, según la sentencia 0049/2023», refiere parte del comunicado de la experta de la ONU. Haciendo eco de la preocupación de la relatora, Lima reafirmó la voluntad del Gobierno nacional de avanzar en un «gran acuerdo nacional» que permita acelerar las elecciones judiciales, previa aprobación en el Legislativo del reglamento y convocatoria para la preselección de los aspirantes. El Legislativo aprobó en 2023 reglamentos que vulneraban preceptos constitucionales en lo relativo a la libre expresión, veto a la reelección de magistrados, voto de los dos tercios y la paralización de los plazos procesales. Por ello, Lima convocó a un diálogo para «superar estos errores» que se cometieron en 2023 y que llevaron al fracaso las elecciones judiciales. Sobre el diálogo, el ministro informó que el vicepresidente David Choquehuanca se puso en contacto con las distintas fuerzas políticas para definir la fecha del inicio de las conversaciones. Los Tiempos

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Envían a la cárcel a una secretaria de juzgado imputada por falsificación de documentos

La secretaria de un juzgado primero anticorrupción de El Alto fue enviada a la cárcel de Obrajes con detención preventiva, por cargos de falsificación de documentos judiciales. Además, dos pasantes recibieron detención domiciliaria, dado que también están investigadas por este ilícito, informó este viernes el fiscal Alexander Gutiérrez. En este caso se investigan documentos fraguados, donde se habrían hechos recortes de firmas y falsificación.  Entre los oficios falsificados está una salida judicial correspondiente a un privado de libertad, indicó el fiscal. La secretaria de juzgado fue imputada por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de deberes. Las dos pasantes fueron involucradas porque eran de confianza de la secretaria y tenían conversaciones de chat entre sí, según el fiscal Gutiérrez. Otros dos pasantes del juzgado fueron dejados en libertad tras un arresto, tomando en cuenta de que eran nuevos en ese trabajo y no tenían que ver con las irregularidades. El plazo de la detención de la secretaria es de dos meses, mientras se realiza la investigación. Según el fiscal, el juez prestó su declaración en calidad de víctima, puesto que su firma fue recortada de otros documentos para los fraguados. Erbol

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Evo Morales sugiere una auditoría a sentencias del Tribunal Constitucional por favorecimiento a bufetes privados de abogados

Los magistrados Hurtado y Espada El expresidente del Estado y presidente del MAS-IPS, Evo Morales Ayma, sugirió que se realice una auditoría técnica a las sentencias emitidas, especialmente, por la Sala 4ª del Tribunal Constitucional Plurinacional en los dos últimos años. “A modo de muestreo, especialmente la Sala 4º y con veedores internacionales, (porque) ahí está el negocio y por eso, como sea, se quieren prorrogar”, dijo Evo. “Mira cómo el bufete de Lima defiende a los privados en demandas contra el Estado. Si yo fuera Iván Lima y tengo un bufete de abogados, como ministro pongo a disposición mi bufete para que defienda al Estado y no para demandar al Estado”, dijo Morales. Y preguntó cuántas sentencias emitieron estos magistrados a favor del bufete Lima y Asociados, y por culpa de este bufete ahora el Estado tiene que pagar plata a los privados. El presidente del MAS aseguró que es necesario realizar una investigación de las fortunas de los magistrados de la Sala 4ª del Tribunal Constitucional Plurinacional, Iván Espada y Gonzalo Hurtado, y de sus familiares. Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, descartó categóricamente una auditoría a sentencias constitucionales, porque no pueden ser revisadas, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política del Estado, aseguró.

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Parlamentarios se empantanan en la ley de elecciones judiciales

EL PROYECTO DE LEY 144 ES REBOTADO EN MEDIO DE LA PUGNA ENTRE EL SENADO Y DIPUTADOS. El ofiicialismo habla de un plan B si es que no funciona el proyecto de ley 144 que se debat 19 de enero de 2024 Los asambleístas masistas, oficialistas y opositores volvieron a empantanarse este jueves en el tratamiento del proyecto de ley de elecciones judiciales, mientras persiste la presión social no solo de los afines a Evo Morales sino también de plataformas ciudadanas que exigen la convocatoria a comicios para elegir nuevos magistrados. Los parlamentarios acordaron tratar el proyecto de ley de elecciones judiciales 144 en la Cámara de Diputados, pero la sesión fue suspendida. En tanto, el ala “arcista” criticó la acción de las otras bancadas y sostuvo que el proyecto debe ser tratado antes en el Senado. El mencionado proyecto de ley fue aprobado en agosto por el Senado para convocar a elecciones judiciales, pero a finales en diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la Declaración 0049/2023, decidió anular algunos artículos y ampliar el mandato de los actuales magistrados porque no se había podido elegir por voto a sus reemplazantes. DIÁLOGO DE BANCADAS El denominado “diálogo judicial”, liderado por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, resolvió este jueves exigir y conminar a las presidencias de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y de la Comisión de Constitución de dicha instancia legislativa, Juan José Jáuregui, el tratamiento de la ley de elecciones judiciales. Asimismo, se determinó identificar a los responsables de la obstaculización de las elecciones judiciales, a fin de que cumplan sus deberes y funciones, porque “de lo contrario se iniciarán las acciones legales que correspondan”. Además, la reunión decidió exigir al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, asumir un papel activo y responsable en las elecciones judiciales. El vicepresidente no apareció desde que decretó el receso parlamentario en contra de la decisión del Pleno. SESIÓN SUSPENDIDA Sin embargo, el presidente de Diputados, el oficialista Israel Huaytari suspendió la sesión mediante un comunicado sin mayor explicación o fecha de diferimiento. El ala oficialista explicó que “de un momento a otro” Huaytari se sintió delicado de salud y por eso se suspendió la sesión. Después, un funcionario de la Cámara de Diputados devolvió formalmente el proyecto de ley al Senado, con la ayuda de un notario, porque –según afirmó– no querían recibirle los documentos.      Los diputados masistas criticaron a los oficialistas y manifestaron que con este hecho se demuestra que no quieren elecciones judiciales. Argumentaron que sería un hecho el cambio de agenda para tratar el tema, pero Huaytari decidió suspender la sesión. Desde la oposición también surgieron críticas al oficialismo por la decisión de devolver la ley al Senado sin aprobarla antes en Diputados. “Nos hemos encontrado con un muro infranqueable de parte del Movimiento al Socialismo ‘arcista’ que se negaron a generar diálogos”, afirmó Enrique Urquidi de CC. POSICIÓN DEL ALA OFICIALISTA El oficialismo justificó que se haya devuelto el proyecto de ley al Senado, bajo el argumento de que esa instancia debe adecuar el texto a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el tema. El jefe de bancada oficialista Jerges Mercado explicó también la ausencia en el diálogo. Insinuó que los masistas y opositores estaban cumpliendo un pacto que firmaron anteriormente en noviembre. Dijo que ese pacto era vergonzoso, porque podría favorecer a presuntos “presos políticos” en las cárceles.   Recalcó que el Senado es el que debe corregir el proyecto de ley, de acuerdo con la Constitución y se comprometió que, si es así, de inmediato se trataría el tema en Diputados. En caso de no avanzar  el proyecto 144, Mercado advirtió que el “arcismo” presentó otro proyecto de ley que podría ser puesto a consideración en Diputados. Explicó que existe un plan “b”, en el caso de que esa propuesta no funcione. Mercado indicó que, el pasado 10 de enero, presentaron un proyecto de ley, el 264, que describió: “Es una alternativa que tenemos para viabilizar las elecciones judiciales, en caso de que Senadores no quieran corregir los errores en los cuales incurrieron, por hacer las cosas desesperadamente y, aparentemente, para cumplir un acuerdo vergonzoso, que firmaron con la derecha más radical, para llegar a la directiva camaral el 6 de noviembre (de 2023)”. NO RENUNCIARÁN El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, descartó el miércoles una eventual renuncia de los magistrados del Órgano Judicial, subrayando que la continuidad de funciones es “absolutamente legal y constitucional” y que lo contrario rompería la institucionalidad.

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‘Necesito una justicia independiente’: César Apaza abandona la cárcel tras 16 meses de encierro

Con dificultades para caminar y con una pequeña biblia en la mano izquierda, César Apaza abandonó la noche de este jueves el penal de San Pedro de La Paz tras 16 meses en el marco del cumplimiento al mandamiento de libertad al que fue favorecido tras un procedimiento abreviado. “Necesito una justicia independiente”, fueron algunas de las palabras que dijo el dirigente cocalero  quien enfrentaba un proceso por una serie de delitos tras la toma y quema del mercado paralelo de la coca de Villa El Carmen ocurrido el 8 de septiembre de 2022. Visiblemente afectado en su estado de salud, Apaza salió de la cárcel cerca de las 19.20 con la ayuda de dos uniformados que lo trasladaron, en brazos, hasta un vehículo que lo llevó hasta el Hospital Arco Iris.  El exdirigente cocalero estuvo recluido por más  de 16 meses en las cárceles de Chonchocoro, y luego en San Pedro, desde fines de junio del pasado año. “Se vienen días mejoras, Dios ha sido más grande”, añadió Apaza en un mensaje que dio a la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) a la cual pertenecía, como dirigente del Comité de Autodefensa, durante los conflictos con el mercado paralelo. La presidenta de Adepcoca, Lizette Torrez, junto a otros integrantes del directorio, fue a recibirlo en la cárcel de San Pedro con una ambulancia que lo iba a trasladar hasta el Hospital Arco Iris, sin embargo, expresó su extrañeza por que lo llevó un vehículo particular al centro de salud.    Según la Fiscalía, en la audiencia la autoridad jurisdiccional suspendió la pena, imponiendo las medidas de conducta por el plazo de 12 meses, como la prohibición de cambiar de domicilio, a cuyo efecto otorga un plazo de 15 días a partir de su puesta en libertad, prohibición de acercarse o frecuentar el lugar de los hechos, prohibición de comunicarse con las personas que están dentro del proceso, entre otras. Erbol

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Judiciales: MAS, CC y Creemos exigen tratar este jueves la ley observada por el TCP

En el diálogo judicial determinaron exigir el tratamiento “inmediato y prioritario” del proyecto de Ley 144 en la sesión ordinaria de este jueves 18 de enero de 2024 En la reunión para viabilizar las elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa, convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana y Creemos determinaron exigir el tratamiento “inmediato y prioritario” del proyecto de Ley 144 en la Cámara de Diputados y advertir con acciones legales contra los legisladores que obstaculizan este proceso. Se trata del proyecto de Ley Transitoria para Elecciones Judiciales que fue llevado a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que determinó declarar la inconstitucionalidad de varios artículos y extender el mandato de los actuales magistrados hasta una nueva elección para que no se suspendan los servicios judiciales ni se designen funciones de las autoridades al personal subalterno. En el encuentro de este jueves no participaron asambleístas oficialistas, los asistentes consideraron que esta propuesta debe continuar el trámite legislativo subsanando las observaciones del TCP.  “Exigimos y conminamos a la Presidencia de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Constitución el tratamiento del proyecto de Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales de manera inmediata y prioritaria en la sesión ordinaria Nº 34 del jueves 18 de enero”, señala el primer punto del acuerdo suscrito en la reunión. Argumentan que se trata de la “propuesta principal” porque cuenta con la aprobación de más de dos tercios del Senado y una Declaración Constitucional “sobre la cual debería desarrollarse todo el proceso legislativo hasta su aprobación, sanción y posterior promulgación”.  Los legisladores también determinaron identificar a los “responsables de obstaculización de las elecciones judiciales, a fin de que cumplan sus deberes” y les advierten con iniciar acciones legales. Durante la reunión cuestionaron el rol del presidente de Diputados, Israel Huaytari, y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Juan José Jáuregui, ambos del ala oficialista, por obstaculizar el tratamiento del proyecto de Ley 144. También apuntaron al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, exigiéndole “asumir un papel activo y responsable con las elecciones judiciales, evitando el atropello de otros órganos a la Asamblea Legislativa en cuanto al cumplimiento de nuestras funciones”.

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El Presidente del Senado lamenta la ausencia del Presidente de Diputados y del jefe de bancada del oficialismo en la reunión para viabilizar las elecciones judiciales

18 de enero de 2024 La reunión denominada “diálogo judicial” y convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no cuenta con la participación del oficialismo, por lo que se desarrolla desde las 8:30 de este jueves sólo con la presencia de legisladores del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. “Lamentamos la ausencia de nuestro compañero Jerges Mercado, presidentes de las comisiones de Diputados y por supuesto el presidente de la Cámara de Diputados”, declaró Andrónico Rodríguez, al asegurar, además, que le avisaron que iban a presentarse. El diálogo judicial busca reencaminar las elecciones judiciales, cuyo proceso de preselección de candidatos se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa desde fines de mayo. Los legisladores asistentes a la reunión cuestionaron que los parlamentarios afines al gobierno no hayan asistido.

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Tras postura del TSJ, Evo insiste que los magistrados deben renunciar “por honestidad, ética y moral”

Según Evo Morales, “al golpe cívico, policial y militar de 2019, se suma el nuevo golpe judicial en contra de la democracia” 18 de enero de 2024 El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, insistió este jueves que los magistrados prorrogados deben renunciar a sus cargos “por honestidad, ética y moral”, después de que en pasadas horas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) descartara esa posibilidad. “Es de muy mala señal que los magistrados del orden judicial insistan en autoproclamarse, violando las leyes y la Constitución Política del Estado. Al golpe cívico, policial y militar del 2019, se suma este nuevo golpe judicial en contra de la democracia. Los magistrados, por honestidad, ética y moral, deben renunciar y devolverle al país y la justicia, su institucionalidad”, afirmó Morales en su cuenta en X. Los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional concluyeron su mandato de seis años hasta el pasado fin de año, pero como no se realizaron nuevas elecciones judiciales, se prorrogaron en sus cargos a través de una polémica sentencia constitucional. “Los que fueron electos hace seis años con el voto del pueblo, se supone que fueron los mejores abogados, pero hoy están demostrando todo lo contrario”, agregó Morales. La prórroga o “autoprórroga” de los magistrados generó una serie de cuestionamientos, demandas y hasta anuncios de medidas de presión. De hecho, sectores sociales afines al expresidente Morales anunciaron que bloquearán carreteras desde el próximo lunes si es que no renuncian todos los magistrados (hasta el momento al menos cuatro autoridades cuestionadas ya dejaron sus cargos). Sin embargo, el miércoles, el presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes Molina, descartó una posible renuncia de todos los magistrados prorrogados. “De ninguna manera es posible pensar en una renuncia, entretanto, quienes estamos acá, tenemos el deber de cumplir con una resolución constitucional (…), consiguientemente no es posible pensar en dejar un vacío de poder, en este caso del Órgano Judicial”, dijo Jaimes. EL DEBER

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Fiscalía retira los cargos de sedición y conspiración contra Añez en caso Golpe I

La Fiscalía ha dispuesto el sobreseimiento de la expresidenta  Jeanine Añez por los delitos de sedición y conspiración en el caso denominado Golpe de Estado I, en el mismo en que aún debe enfrentar un juicio por el delito de terrorismo. La resolución de sobreseimiento tiene fecha de 15 de enero y, en ella, se menciona los delitos descartados en esta investigación. En diciembre de 2023, la Fiscalía acusó formalmente a Añez en grado de complicidad por terrorismo, debido a los hechos de 2019 donde asumió la presidencia tras la renuncia de Evo Morales. La exmandataria estaba imputada de tres delitos: terrorismo, sedición y conspiración, pero con estas últimas decisiones sólo enfrentará el juicio por el primer tipo penal. En el último documento emitido por la Fiscalía, se explica que se ha procedido al sobreseimiento debido a que no se lograron acumular los suficientes elementos para sustentar una acusación por los delitos mencionados.  En la resolución, se sobreseyó también a los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Ellos ya fueron sentenciados en diciembre en la vía del proceso abreviado por encubrimiento y asociación delictuosa. La misma figura se aplicó a cuatro exjefes militares: Flavio Arce, Palmiro Jarjury, Gonzalo Terceros y Pastor Mendieta, que admitieron culpa anteriormente por delitos menores y ahora se les sobreseyó de sedición, conspiración y terrorismo. También se emitió el sobreseimiento por sedición y conspiración a favor de los exjefes militares Carlos Orellana y Jorge Fernández, aunque ambos están procesados en rebeldía. En este caso se investiga la presunta coordinación de Luis Fernando Camacho con policías y militares para derrocar a Evo Morales en 2019. El excívico es el principal acusado por el delito de terrorismo. Erbol

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