Política

Entre polémica y coordinación avanza la transición en alcaldías del país

Bolivia carece de una ley nacional de transiciones municipales. Para asegurar la continuidad, se usan guías técnicas y normas municipales. Un proceso de transición marcado por la polémica en algunas regiones y coordinación en otras, así avanza la transferencia ordenada, transparente y documentada de la administración, bienes, información y archivos de los gobiernos municipales desde las autoridades salientes hacia las recién electas. En las ciudades capitales, en el caso de La Paz, el actual alcalde, Iván Arias, y el electo, César Dockweiler, no logran ponerse de acuerdo para avanzar con el proceso. El cruce de acusaciones entre ambas autoridades es el común denominador en este proceso. Mientras el alcalde electo denuncia presuntas irregularidades y falta de información transparencia, Arias afirmó tener todo el legajo en orden. Dijo que fue entregado a la nueva autoridad municipal el pasado viernes, como se había comprometido. Menú Entre polémica y coordinación avanza la transición en alcaldías del país CategoríasPolíticaEtiquetas 16/04/2026 Bolivia carece de una ley nacional de transiciones municipales. Para asegurar la continuidad, se usan guías técnicas y normas municipales. Avanza el proceso de transición en los gobiernos municipales. FOTOS: RRSS Por Rosío Flores Fuente: https://larazon.bo Un proceso de transición marcado por la polémica en algunas regiones y coordinación en otras, así avanza la transferencia ordenada, transparente y documentada de la administración, bienes, información y archivos de los gobiernos municipales desde las autoridades salientes hacia las recién electas. https://www.facebook.com/v11.0/plugins/page.php?adapt_container_width=true&app_id=140708062615224&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfb6ef1c00cc33a87e%26domain%3Deju.tv%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Feju.tv%252Ffac93a8a5b73edd54%26relation%3Dparent.parent&container_width=373&height=70&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feju.tv&locale=es_ES&sdk=joey&show_facepile=false&small_header=true&tabs=timeline&width= En las ciudades capitales, en el caso de La Paz, el actual alcalde, Iván Arias, y el electo, César Dockweiler, no logran ponerse de acuerdo para avanzar con el proceso. El cruce de acusaciones entre ambas autoridades es el común denominador en este proceso. Mientras el alcalde electo denuncia presuntas irregularidades y falta de información transparencia, Arias afirmó tener todo el legajo en orden. Dijo que fue entregado a la nueva autoridad municipal el pasado viernes, como se había comprometido. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En Santa Cruz, el proceso de transición en la Alcaldía también enfrenta tensiones entre la administración saliente y la comisión del alcalde electo, Carlos Manuel Saavedra. La situación se debe a la falta de entrega completa y documentada de la información requerida. Para el trabajo se conformaron ocho mesas de trabajo. Sin embargo, la comisión de transición de Saavedra presentó una carta al Ejecutivo edil donde exige el cumplimiento en la entrega de la información correspondiente. Son 98 puntos solicitados el pasado 24 de marzo. Rodrigo Suárez, coordinador de transición del alcalde electo, informó que, en una jornada de análisis de la información proporcionada por la administración saliente, se evidenció que los datos entregados no están completos ni debidamente documentados. “Lo que recibimos fueron carpetas con listados de muchas cosas que no cuentan con respaldo documental. Es importante apegarse a la ley, que establece que la documentación debe ser veraz, oportuna, estar debidamente respaldada y actualizada”, dijo. POTOSÍ El 13 lunes pasado, la Alcaldía de la ciudad de Potosí comenzó con el proceso con una reunión entre la alcaldesa Alejandra Sivila y representantes de la comisión del alcalde electo, Williams Cervantes. Durante el encuentro, la actual alcaldesa aseguró que la transición se realiza con responsabilidad, claridad y respeto a las instituciones. Resaltó que, de esa forma, se consolida un modelo de gestión pública. La ciudad de Trinidad, en Beni, comenzó la transición el pasado 8 de abril. El alcalde saliente, Cristhian Cámara, junto al secretario Municipal de Administración y Finanzas, Carlos Rodríguez, coordinaron con la gestión administrativa los lineamientos para la entrega responsable de la administración municipal. Cobija. Pando, empezó el proceso el 6 de abril con una reunión entre la actual alcaldesa Ana Lucía Reis y el alcalde electo Diego Suárez, junto a su equipo técnico, donde se realizó la entrega de documentación. La ciudad de Sucre, Chuquisaca, es la única Alcaldía que tuvo más avance con el proceso. Ayer, martes, se realizó la quinta y última reunión de transición entre la alcaldesa electa, Fátima Tardío, y las comisiones conformadas. A pesar de que hubo avances en el trabajo, Tardío lamentó la ausencia del actual alcalde Enrique Leaño. Tardío consideró que las reuniones fueron simplemente un protocolo. Señaló que recién, una vez asuma la titularidad de la Alcaldía, se conocerá el estado real que deja la actual gestión. ORURO El lunes también se comenzó con la transición en la ciudad de Oruro con visitas a las diferentes unidades administrativas por alcalde electo, Iván Quispe, junto a su equipo. Durante la inspección, la nueva autoridad expresó su preocupación por la respuesta de algunas unidades. Además calificó de “irresponsable” la gestión de la actual administración municipal en aspectos preliminares detectados. En El Alto, luego de algunas fricciones entre la autoridad electa, Eliser Roca, y la alcaldesa Eva Copa, el pasado 8 de abril comenzó la etapa de transición. Las ciudades de Tarija y Cochabamba continuarán con la gestión sin el proceso de transición ya que sus alcaldes, Johnny Torres y Manfred Reyes Villa, fueron reelectos. En los gobiernos municipales de provincias de los nueve departamentos, el proceso se realiza de forma coordinada. Bolivia carece de una ley nacional específica de transiciones municipales. Para asegurar la continuidad, se utilizan guías técnicas y normas municipales, como la Guía de Transición Transparente Municipal, impulsada por ACOBOL y el Viceministerio de Autonomías. La Ley Autonómica Municipal 075/2021 en Alto Beni es un ejemplo de norma local para ordenar el cambio de gobierno. Fuente: LA RAZÓN

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Secretario del TSE: fallo a favor de René Yahuasi sería de “cumplimiento imposible”

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, en una pasada entrevista. Foto: Unitel – archivo La Paz, 15 de abril de 2026 (ABI). – En caso de concederse la tutela al amparo constitucional presentado por René Yahuasi, se generaría una situación de “cumplimiento imposible” debido al impacto que ocasionaría en el proceso electoral y en la transición de autoridades electas, afirmó este miércoles el secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga. “De producirse Fuente: ABI

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La salud mental de Trump entra a debate por sus comentarios sobre Irán y el papa

El comportamiento imprevisible y los comentarios extremos del presidente Donald Trump en los últimos días y semanas han acelerado el debate sobre si solo es errático o si tiene problemas de desequilibrio, una discusión que lo ha acompañado durante una década en el escenario político nacional. Una serie de declaraciones deshilvanadas, difíciles de seguir y, a veces, absurdas, que tuvieron su punto culminante la semana pasada con su amenaza de “toda una civilización morirá esta noche” sobre destruir a Irán y su ataque al papa el domingo por la noche, “DÉBIL contra el crimen y terrible para la política exterior”, han dejado a muchas personas con la impresión de un autócrata trastornado y con delirio de poder. La Casa Blanca rechazó esas apreciaciones y replicó que Trump es perspicaz y mantiene en estado de alerta a sus oponentes. Pero los estallidos del presidente han generado dudas sobre el liderazgo de Estados Unidos en tiempos de guerra. Aunque en otros momentos el país ha tenido presidentes cuya capacidad ha estado en escrutinio —el más reciente, el octogenario Joe Biden quien envejecía ante los ojos de la opinión pública—, en tiempos modernos no se había debatido de manera tan pública o detallada, ni con implicaciones tan profundas, la estabilidad de un mandatario. Los demócratas, que desde hace tiempo han puesto en duda la aptitud psicológica de Trump, hicieron una nueva serie de llamamientos para invocar la Vigesimoquinta Enmienda de la Constitución estadounidense y remover del poder al presidente por incapacidad. Pero no se trata solo de una inquietud expresada por partidarios de izquierda, comediantes de televisión o profesionales de la salud mental, que hacen diagnósticos a distancia. Ahora, también puede escucharse de generales retirados, diplomáticos y funcionarios extranjeros. Y, lo que es más sorprendente, puede oírse incluso en la derecha, entre antiguos aliados del presidente. La exrepresentante Marjorie Taylor Greene, la republicana por Georgia que rompió vínculos recientemente con Trump, abogó por usar la Vigesimoquinta Enmienda y argumentó en la cadena CNN que amenazar con destruir la civilización iraní no era “retórica severa, es locura”. Candace Owens, la personalidad de pódcasts de extrema derecha, lo llamó “lunático genocida”. Alex Jones, el teórico de la conspiración y fundador de Infowars, dijo que Trump “balbucea y parece que al cerebro no le está yendo muy bien”. Algunas de las dudas sobre el estado de Trump vienen de personas que en su día trabajaron con él y que desde entonces se han convertido en críticos. Incluso antes de la publicación sobre eliminar a una civilización, Ty Cobb, abogado de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump, dijo al periodista Jim Acosta que el presidente es “un hombre que está claramente delirante” y que su reciente cadena de publicaciones beligerantes en las redes sociales a medianoche “reflejan el nivel de su locura”. Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de Trump en la Casa Blanca, escribió en internet la semana pasada que “está claro que no está bien”. Trump contraatacó en una larga y airada publicación en las redes sociales que no irradiaba estabilidad serena precisamente. “Tienen una cosa en común: un bajo coeficiente intelectual”, escribió Trump sobre Owens, Jones, Megyn Kelly y Tucker Carlson. “Son personas estúpidas, ellos lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe”. Y les regresó la acusación sobre la locura: “Son LOCOS, PROBLEMÁTICOS y dirán lo que sea necesario por algo de publicidad ‘gratis’ y barata”. El disenso sobre Trump en la derecha no se ha extendido al Congreso, donde los legisladores republicanos siguen siendo públicamente leales al presidente, ni ha llegado al gabinete, que tendría que aprobar cualquier invocación de la Vigesimoquinta Enmienda, por lo que ahora esa idea es intrascendente. Pero refleja el malestar cada vez mayor entre los estadounidenses, quienes han cuestionado en encuestas recientes la idoneidad de Trump, quien, a medida que se acerca a sus 80 años, ya es el presidente investido de mayor edad en la historia estadounidense. Una encuesta de Reuters/Ipsos de febrero reveló que el 61 por ciento de los estadounidenses cree que Trump se ha vuelto más errático con la edad y solo el 45 por ciento afirma que es “mentalmente agudo y capaz de afrontar los desafíos”, en comparación con el 54 por ciento de 2023. Casi la mitad de los estadounidenses, el 49 por ciento, consideraron que Trump era demasiado grande para ser presidente cuando se les preguntó en una encuesta de YouGov en septiembre, un aumento frente al 34 por ciento en febrero de 2024, mientras que solo el 39 por ciento dijo que no era demasiado viejo. Los demócratas han insistido en este tema en los días más recientes. Trump es “una persona extremadamente enferma” (senador Chuck Schumer, por Nueva York), está “desquiciado” y “fuera de control” (representante Hakeem Jeffries, por Nueva York) o, más rotundamente, “loco de atar” (representante Ted Lieu, por California). El representante por Maryland Jamie Raskin, escribió al médico de la Casa Blanca para solicitar una evaluación, y señaló “signos consistentes con demencia y deterioro cognitivo” y rabietas “cada vez más incoherentes, volátiles, profanas, desquiciadas y amenazadoras”. Los defensores del presidente respondieron. Lo que los críticos llaman psicosis, ellos lo llaman estrategia. “Trump sabe exactamente lo que hace”, escribió Liz Peek, columnista de The Hill y colaboradora de Fox News. “Trump seguirá utilizando una presión militar y diplomática maximalista (y a veces escandalosa) en su campaña para librar a Medio Oriente de la campaña de casi 50 años de terror de Irán”. Trump, quien en su primer mandato se describió a sí mismo como “un genio muy estable” y se ha jactado con regularidad de superar pruebas cognitivas para detectar la demencia, descartó las críticas sobre su estado mental cuando un periodista le preguntó la semana pasada. “No he oído eso”, dijo. “Pero si ese es el caso, tienen que tener más gente como yo, porque nuestro país ha sido estafado en el comercio, en todo, por muchos años hasta que yo llegué. Así que si es así, tendrán que tener más gente”. Cuando se le pidieron más detalles,

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Niegan por tercera vez atención médica especializada para expresidente Luis Arce

La defensa legal del expresidente Luis Arce Catacora denunció hoy que, por tercera vez, el sistema judicial y penitenciario boliviano rechazó la salida del exmandatario —detenido en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025— para recibir atención médica especializada, pese a que padece una enfermedad de base y presenta un cuadro general delicado de salud. Arce concluyó su mandato el 8 de noviembre y fue detenido el 10 de diciembre de 2025 en la vía pública, en un operativo que —según su defensa— violó sus derechos, las normas legales y constitucionales. Sus abogados denunciaron que se trató de un “secuestro”, ya que fue obligado a subir a un vehículo, trasladado a otro y posteriormente llevado a una comisaría. Según la denuncia del abogado del expresidente, Fernando Rivadeneira, las autoridades bolivianas rechazaron en al menos tres ocasiones los pedidos de salida médica, pese a que Arce requiere evaluaciones específicas solicitadas por especialistas. El 6 de abril, el expresidente denunció en una carta pública la violación de sus derechos en el penal de San Pedro y exigió el respeto al debido proceso, además de que jueces y fiscales actúen “sin presiones políticas” del gobierno de Rodrigo Paz. “Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano. Exijo primero el debido proceso, el respeto a las leyes, la objetividad de jueces y fiscales sin presiones políticas ni instrucciones por parte del Gobierno”, escribió Arce en la misiva difundida en sus redes sociales, en la que firma como “preso político”. El exmandatario sostiene que su detención responde a una persecución política y advierte que las acciones en su contra “lesionan principios constitucionales” y comprometen garantías básicas. En contraste, la Fiscalía lo investiga por presuntos pagos irregulares autorizados durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (2006-2019). Arce también denunció “actos que constituyen una forma de tortura psicológica”. Según relató, en sus primeros días en el penal —ubicado en el centro de La Paz— fue recluido “en un lugar que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad” y, durante las noches, agentes ingresaban de forma “abrupta” a su celda para fotografiarlo. La carta añade que “las graves vulneraciones de derechos” no solo comprometen su integridad personal, sino también “la vigencia plena del Estado de Derecho”. Esa práctica inicial, según el expresidente, cesó tras reclamos de su familia y abogados. Sin embargo, —como se ha evidenciado en redes sociales— “influencers” han ingresado al penal de San Pedro para fotografiarlo y grabar videos en el patio mientras el exmandatario realiza actividades físicas o recibe visitas, según sus abogados. El abogado del expresidente Arce, Fernando Rivadeneira, ha denunciado «allanamientos» a su vivienda lo cual provoca temor de que quieran sembrar pruebas falsas contra el exmandatario. Por su parte, autoridades penitenciarias sostienen que el expresidente: ▪️Recibe atención médica permanente dentro del penal▪️Es supervisado tanto por médicos del sistema penitenciario como por su médico particular▪️Cuenta con garantías para su atención en salud Según el equipo de defensa, los puntos centrales de la denuncia son:🔺Graves vulneraciones de derechos🔺Riesgo a su integridad física🔺Afectación al Estado de DerechoTortura psicológica. Incursiones permanentes en su celda🔺Negativa reiterada para someterse a exámenes médicos especializados

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Alcaldes electos del país llegan a la Casa Grande del Pueblo para reunirse con el presidente Paz

El mandatario anunció que coordinará con todas las autoridades electas sin tomar en cuenta su afinidad política. En su momento, el presidente Rodrigo Paz anunció que una de las tareas que abordará con las autoridades que jurarán en mayo es el plan “50/50”. Largas filas se formaron en puertas de la Casa Grande del Pueblo, el edificio del Gobierno. Decenas de autoridades ediles electas, entre ellas los alcaldes electos, se reunirán con el presidente Rodrigo Paz. Se conoce que la mayoría son los alcaldes electos de las zonas rurales del país, aunque también llegaron representantes de las ciudades capitales. Paz invitó a quienes ganaron en los comicios del 22 de marzo “a participar de una reunión que se llevará a cabo el día viernes 10 de abril a horas 11:30 en la Casa Grande del Pueblo”, se lee en la invitación. El mandatario anunció que coordinará con todas las autoridades electas sin tomar en cuenta su afinidad política e ideológica. En su momento, Paz anunció que una de las tareas que abordará con las autoridades que jurarán en mayo es el plan “50/50”. Además, están en mesa los proyectos que serán financiados por los créditos externos gestionados ante el BID y la CAF. Fuente: UNITEL

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Medinaceli evita censura tras maratónica interpelación de 16 horas  en la ALP marcada por polémica por combustibles

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli Monrroy, superó un intento de censura la noche del miércoles (09.04.26) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de una interpelación que se extendió por más de 16 horas y estuvo centrada en la cuestionada importación de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La votación final registró 58 votos a favor de la censura y 84 en contra, resultado que no alcanzó los dos tercios requeridos para la destitución de la autoridad. Con ello, Medinaceli se mantiene en el cargo en medio de una creciente presión política y social por la calidad de la gasolina distribuida en el país. UN DEBATE ATRAVESADO POR LA CRISIS DE COMBUSTIBLES  La sesión legislativa estuvo marcada por acusaciones de la oposición, que atribuyó responsabilidades políticas al ministro por la importación de gasolina  contaminada, que  provocó daños en vehículos del transporte público y privado en distintas regiones del país. Legisladores opositores cuestionaron la cadena de decisiones dentro del sector hidrocarburífero, señalando fallas en los mecanismos de control y supervisión estatal, así como la falta de respuestas oportunas ante las denuncias de usuarios afectados. Desde el oficialismo, en tanto, se cerró filas en defensa del ministro, argumentando que la interpelación respondía a intereses políticos y que no existían elementos suficientes para establecer responsabilidad directa de la autoridad en los hechos denunciados. DEFENSA BASADA EN EL MARCO LEGAL  Durante su intervención, Medinaceli sostuvo que su actuación se enmarca estrictamente en la normativa vigente. Citó el Artículo 22 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, que establece la naturaleza autárquica de YPFB y le confiere la responsabilidad exclusiva sobre la suscripción y ejecución de contratos de compra y venta de petróleo y derivados. Bajo este argumento, el ministro enfatizó que su rol se limita a la definición de políticas energéticas y la supervisión estratégica del sector, sin injerencia directa en las decisiones comerciales de la estatal petrolera. “No intervengo en la firma de contratos petroleros; esa es una atribución propia de YPFB en el marco de su autonomía”, sostuvo la autoridad, al rechazar las acusaciones en su contra. TENSIONES POLÍTICAS Y ESCENARIO ABIERTO  El resultado de la interpelación refleja la actual correlación de fuerzas en la ALP, donde el oficialismo logró bloquear la censura pese a la intensidad del debate y la duración de la sesión. No obstante, el tema de los combustibles continúa abierto y con potencial de escalar políticamente, dado el impacto directo en la ciudadanía y el transporte que ha provocado un paro de dos días en La Paz y bloqueos de carreteras en Oruro y otras regiones. Sectores afectados han anunciado que mantendrán sus demandas, mientras que desde la oposición no se descarta insistir en acciones de fiscalización sobre la gestión del sector hidrocarburífero. La jornada legislativa deja, así, a un ministro fortalecido en lo inmediato por el respaldo político, pero bajo permanente escrutinio en un área sensible para la economía y la vida cotidiana del país.

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Copa denuncia violencia política y anuncia juicios contra excandidatos de El Alto

La alcaldesa de El Alto afirmó que pretende marcar un precedente en defensa de las mujeres en la política. La alcaldesa saliente de El Alto, Eva Copa, informó que impulsará procesos legales contra algunos excandidatos a la Alcaldía, a quienes acusó de ejercer acoso y violencia política durante la campaña subnacional. Tras su reunión de transición, señaló que los excandidatos recurrieron a su imagen y a aspectos de su vida privada con fines políticos, lo cual afectó su integridad personal y el desarrollo de una contienda electoral en condiciones equitativas. Copa afirmó que pretende marcar un precedente en defensa de las mujeres en política y promover un entorno libre de agresiones. Explicó que muchas mujeres desisten de participar en espacios públicos por temor a ataques personales y no de índole política. Asimismo, indicó que los implicados deberán responder ante la Justicia por delitos como calumnias, difamación, injurias, acoso y violencia política. La alcaldesa también informó que se enviaron notas a instituciones de defensa de los derechos de las mujeres, con el objetivo de activar mecanismos de protección y acompañamiento para víctimas de este tipo de hechos. En marzo reciente, se intensificaron las campañas electorales para liderar la Alcaldía de El Alto; en la contienda no se presentó ninguna mujer. Eliser Roca ganó las elecciones en ese municipio. Roca obtuvo 95.079 votos, alcanzando el 19,75%. En el segundo lugar quedó el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gabriel Mamani, con 76.237 votos (15,84%). Fuente: La Razon

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TSE rechaza apelación de René Yahuasi y ratifica la cancelación del balotaje por la gobernación en La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), reunido en sala plena, rechazó la apelación de René Yahuasi y ratificó su marginación del balotaje por la gobernación del departamento de La Paz; mientras tanto, determinó empezar el trámite de pérdida de la personería jurídica de Nueva Generación Patriótica (NGP). El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó de la decisión tomada la noche de este lunes y explicó que Yahuasi tiene el derecho de recurrir a instancias judiciales, como ya lo hizo, con el argumento de que se vulneraron sus derechos políticos. “En lo relativo al recurso de revisión extraordinaria (presentado este lunes por Yahuasi), en cumplimiento estricto de los requisitos procedimentales y de admisión, la sala plena ha determinado rechazar estos recursos que se han presentado”, informó en la Red Uno. Con la decisión tomada, se ratificó la cancelación del balotaje en La Paz y la virtual elección de Luis Revilla como gobernador del departamento. Revilla y Yahuasi debían haber ir a la segunda vuelta, pero la dirección de NGP declinó esa posibilidad con el argumento del rompimiento de un acuerdo con su candidato Yahuasi. Al ahora excandidato le quedan las instancias judiciales, donde el TSE defenderá su determinación, enmarcada en la Ley del Régimen Electoral. “Tiene la vía expedita para recurrir ya a otras instancias judiciales. Hemos tomado conocimiento de que ya lo ha hecho y seguramente en próximas horas vamos a estar convocados a estas audiencias de amparo, donde el Tribunal Supremo Electoral expondrá los motivos de las determinaciones en cumplimiento a la ley”, aseguró. Paralelamente, se empezó el trámite de pérdida de personería jurídica de NGP porque, con su última decisión, termina no participando de dos procesos electorales. En las elecciones generales de 2025 decidió no participar y asume la misma decisión para el balotaje del 19 de abril. Fuente: Cadena A

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Credenciales a nuevas autoridades en Potosí serán entregadas este jueves

Este 9 de abril, los departamentos de Cochabamba, Potosí y Pando completarán uno de los últimos pasos del proceso electoral subnacional con la entrega de credenciales a las autoridades elegidas el 22 de marzo. Este 9 de abril, los departamentos de Cochabamba, Potosí y Pando completarán uno de los últimos pasos del proceso electoral subnacional con la entrega de credenciales a las autoridades elegidas el 22 de marzo, en un proceso sin necesidad de repetición de votación ni segunda vuelta. En Pando, se otorgarán credenciales a 202 autoridades entre titulares y suplentes de la Gobernación y 15 municipios, en un acto solemne que se realizará en el paraninfo de la Universidad Amazónica, con ceremonias en dos turnos, según confirmó el presidente del TED Pando, Jorge Jesús Justiniano Méndez. Por su parte, el TED Cochabamba, a través de su presidente Daniel Quinteros, anunció que tras descartarse la segunda vuelta se prepara la entrega de credenciales, actividad que también se replicará en Potosí. En La Paz, la fecha para la entrega aún no ha sido definida. Entre los electos, en Cochabamba, Leonardo Loza asumirá como gobernador y Manfred Reyes Villa como alcalde; en Potosí, René Joaquino y Williams Cervantes Beltrán asumirán Gobernación y Alcaldía respectivamente; mientras que en Pando, Gabriela de Paiva y José Luis Rodríguez fueron electos gobernadora y vicegobernador, y Diego Suárez será alcalde de Cobija. Fuente: El Potosi

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Tuto Quiroga denuncia “maniobra antidemocrática” en La Paz y exige segunda vuelta en la Gobernación.

El expresidente Jorge Quiroga cuestionó con dureza la situación generada en el proceso electiral por la Gobernación de La Paz y denunció una “burda maniobra antidemocrática”, en medio de la disputa por la definición de autoridades departamentales. “Presidente Paz, pronúnciese, rechace lo que hace Uriona», dijo Quiroga. «Si Rodrigo Paz quiere ganar La Paz que sea en cancha y no con maniobras antidemocráticas”, agregó instando al mandatario a marcar límites frente a este tipo de acciones. La gente decidió la segunda vuelta, ni Revilla ni Yahuasi son legítimos”, afirmó Quiroga al señalar que los votos blancos y nulos alcanzaron el 24%, superando los resultados individuales de ambos postulantes. “Eso no es legitimidad”, sostuvo. El exmandatario cuestionó que Uriona —Edgar Uriona, líder de Nueva Generación Patriótica NGP que decidió desde Washington declinar a la segunda vuelta por la Gobernación sin consentimiento ni conocimiento de su candidato René Yahuasi— pretenda incidir en el proceso electoral, incluso desde el exterior, afectando —según dijo— a más de 1,8 millones de votantes paceños. “¿Por qué una persona va a decidir por un millón ochocientos mil votantes paceños?”, reclamó. Quiroga insistió en que la única salida legítima es una segunda vuelta electoral, donde uno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos. “Hay segunda vuelta, eso decidió la gente”, remarcó. También criticó que las decisiones se tomen fuera del país. “Que lo haga desde Washington (…) ya no interesa cómo viajó, pero no puede decidir eso”, enfatizó, aludiendo a la supuesta ubicación de Uriona. El expresidente instó además a los actores políticos a fijar posición frente al conflicto. Finalmente, advirtió que los procesos electorales deben respetar la voluntad popular expresada en las urnas y rechazó cualquier intento de alterar los resultados mediante decisiones políticas, reiterando que la definición del proceso debe darse en una segunda vuelta.

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