Seguridad

Minero: sentencian a 15 años de prisión al profesor acusado de toquetear a sus estudiantes

El profesor José Luis Bonifaz (33) fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado. El sindicado fue grabado en una unidad educativa de Minero, cuando realizaba toques impúdicos a una estudiante de 10 años de edad. “El acusado admitió su culpabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado en el que se le dictó una sentencia de 15 años de prisión”, informó la fiscal del caso, María Eugenia Chungara. El sindicado fue arrestado el jueves en la mañana, tras conocerse un video en el que se ve al educador haciendo toques impúdicos a una menor, estudiante, de 10 años de edad. El hecho causó repudio entre los padres de familia que no dudaron en presentar la denuncia ante la Felcv contra el profesor de Educación Física. Sin embargo, ésta no habría sido la única víctima, según indicaron desde la Defensoría de la Niñez, hay por lo menos cinco estudiantes víctimas del mismo acusado. Es así que, una vez puesto el caso a conocimiento del Ministerio Público, se procedió a su audiencia, en Minero, en la que admitió su culpa y se sometió a un procedimiento abreviado en el que ya se le dictó sentencia. Entre tanto los padres de familia que estaban expectantes de la audiencia en Minero, esperaron que el acusado salga del recinto judicial para agredirlo físicamente. “También pedimos que el director sea sancionado, porque él sabía de estos hechos y no los denunció. Tienen que ser castigados”, aseguró una madre de familia, a tiempo de detallar que los menores agredidos tienen entre 9 y 10 años de edad. Se conoce que la sentencia debe cumplirse en la cárcel de Montero. Fuente: El Deber

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Reinstalan juicio contra Calvo por ultraje a la wiphala, juez escuchará la declaración de 16 testigos

El juzgado 15vo de Sentencia Penal de Santa Cruz reinstaló este viernes el juicio oral en contra del expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Para esta audiencia se tiene programada la declaración de 16 testigos, quienes relatarán al juez lo ocurrido el 24 de septiembre. Entre ellos está el diputado Hernán Hinojosa, testigo de los presuntos hechos violentos ocurridos durante el acto central. El caso denominado “ultraje a la wiphala” fue activado a denuncia de los asambleístas departamentales de Santa Cruz del MAS, que acusaron al excívico de ultrajar el símbolo patrio. Calvo es acusado por la presunta comisión de los delitos de incitación al racismo, discriminación y ultraje a la wiphala en un acto público por las efemérides de Santa Cruz en el 2021. La Fiscalía de Santa Cruz presentó la imputación formal contra Calvo, en abril de 2022, por los incidentes ocurridos en los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021. En esa ocasión, el hoy encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho suspendió, en un hecho inusual, los actos protocolares cuando debía intervenir el vicepresidente David Choquehuanca, quien se desempeñaba como presidente en ejercicio ante el viaje al exterior del presidente Luis Arce. Momentos antes, Choquehuanca logró que sea izada la wiphala, pero en medio de incidentes seguidores de Camacho la arriaron de uno de los mástiles. Además, al paso de los asambleístas, seguidores de Camacho procedieron a desinfectar con alcohol el lugar por dónde pasaron autoridades, pese a que estaban en un ambiente abierto, entre otros actos irregulares, como la agresión un dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Días más tarde, Calvo se refirió a la wiphala como “un trapo” que no representa a Santa Cruz. “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, indicaba el cívico en octubre de 2021, cuando se realizaba el “wiphalazo” como una reivindicación de la bandera que es símbolo de los pueblos indígenas. Fuente: ABI

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Una joven de 22 años es la quinta víctima de feminicidio en Cochabamba

Kendy Paola Hinojosa es la joven de 22 años que se convirtió en la quinta víctima de feminicidio en el departamento de Cochabamba. Con este caso, suman 27 los feminicidios en el país en la que va del año. El cuerpo sin vida de la joven fue hallado la mañana del jueves en su domicilio, en la zona de Chulla, en el municipio de Vinto. La Unidad de Homicidios de la Policía procedió al levantamiento legal del cadáver. Más tarde, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que Kendy fue asfixiada.     El principal sospechoso del crimen es su pareja de nacionalidad chilena, con quien, presuntamente, convivía desde hace un año. El hombre está ahora prófugo y es buscado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Necesitamos justicia, ¡cómo la pueden matar así!”, lamentó el abuelo de la joven, mientras la familia instalaba el velorio. Presume que el cuerpo sin vida de Kendy estuvo dos días encerrado en el cuarto que alquilaba con su pareja. Señaló que, para ingresar a la habitación, la Policía tuvo que forzar la puerta. La familia prevé que Kendy Paola sea enterrada en este viernes. La Fiscalía General del Estado ha registrado 25 casos feminicidio desde el 1 de enero hasta el 10 de abril de esta gestión. Santa Cruz con nueve casos es el departamento que más mujeres víctimas de este crimen ha registrado. Entre el 11 y 14 de este mes ocurrieron otros dos feminicidios: uno en Potosí y el otro en  Cochabamba, La Razón cuantificó 27 casos en total. Con estos datos, La Paz, Potosí y Cochabamba tienen cinco casos cada uno, le sigue Tarija con dos y Beni con uno. Oruro, Chuquisaca y Pando aún no registraron feminicidios.       Feminicidio en Cochabamba El cuarto feminicidio en Cochabamba fue uno de los casos que más consternó a la población, se trataba de Matilde, quien fue asesinada por su esposo. El 25 de febrero, la víctima tuvo una discusión con el hombre, quien le echó ácido sulfúrico en el rostro, que la quemó en un 70%. Matilde fue trasladada a un hospital, vivió 37 días de agonía con el rostro desfigurado y sin poder ingerir alimentos. El lunes 3 de abril su cuerpo ya no resistió y falleció. Dejó dos adolescentes en a la orfandad. Fuente: La Razón

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El juicio abreviado, siete personas fueron condenadas por agio y especulación del dólar

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva Trujillo informó que de nueve personas arrestadas en Santa Cruz de la Sierra en medio de los operativos por agio, especulación del dólar y delitos financieros, siete se sometieron a procesos abreviados y fueron enviados al recinto penitenciario de Palmasola. Dos aún son investigadas por la presunta comisión de los delitos mencionados.  La autoridad judicial determinó dos años de privación de libertad para las siete personas que se sometieron al proceso abreviado. Mientras que a las dos mujeres que aún serán investigadas, se les otorgó medidas sustitutivas por lo que podrán defenderse en libertad, sin embargo, no podrán volver a trabajar en el mismo oficio hasta concluir las investigaciones. Los controles en la compra y venta de la divisa norteamericana continúan en diferentes puntos del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia.  De acuerdo con la Ley 393 de Servicios Financieros, las penas por esos delitos, llegan a los ocho años de privación de libertad. A raíz de las 100 denuncias que se recibieron a nivel nacional y las tareas que realiza el Gobierno nacional en contra del agio y la especulación de la moneda americana, se coordinan acciones en todo el país para evitar la afectación a la economía de la población y la estabilidad financiera. Fuente: ABI

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Tres policías heridos en el enfrentamiento con el magisterio urbano

La avenida Arce, del centro de la ciudad de La Paz, fue el epicentro de un conflicto con petardos y gases lacrimógenos en un enfrentamiento entre la Policía y el magisterio urbano; como consecuencia se reportaron tres uniformados heridos. “Tenemos dos policías y una mujer policía que han sido evacuados a un centro médico, para recibir atención. Tienen contusiones, heridas y esquirlas que están siendo direccionadas (por los movilizados) hacia la integridad de los funcionarios policiales”, informó el comandante departamental de la Policía de La Paz, Jhonny Chávez, reportó Bolivia TV. Los maestros urbanos están ya en su sexta semana de movilizaciones. Desde la tarde de este jueves tomaron las calles de la ciudad de La Paz para una marcha, que llegó hasta la avenida Arce, donde están las oficinas del Ministerio de Educación. Ahí se desencadenó un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Ya en la mañana, el sector había protagonizado un bloqueo en la zona La Portada y una marcha en el centro e incluso intentó ingresar a la plaza Murillo. Las medidas de presión no cesan y la solución al conflicto aún no da señales de ser posible. MAGISTERIO Cinco demandas movilizan al magisterio urbano: mayor presupuesto, más ítems, realización de un congreso nacional, compensación de carga horaria y suspender la aplicación de la malla curricular actualizada. Educación y el gremio se han reunido e intercambiado propuestas en varias oportunidades, pero no hay solución. El ministerio ha ofrecido 8.000 horas, fijó para 2024 el congreso para discutir ítems y presupuesto, además de flexibilizar la aplicación de la malla; para los maestros no es suficiente y advierten con radicalizar sus medidas de presión. El ministro de Educación, Édgar Pary, denunció que se estaría forzando a los maestros a participar de las protestas; que hasta el momento han incluido piquetes de huelga de hambre, bloqueos y paros. Sin embargo, volvió a convocar al diálogo; el magisterio urbano prevé un ampliado para el viernes, para determinar nuevas medidas. Fuente: La Razón

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Reportan enfrentamiento entre profesores y la Policía en La Paz

El magisterio urbano protagonizó este jueves una movilización que derivó en enfrentamiento con un contingente policial en la avenida Arce. Producto de la gresca al menos tres efectivos fueron heridos, reportó el comandante departamental de la Policía, coronel Jhonny Chávez. La marcha recorrió por distintas calles del centro de la urbe paceña en horas de la tarde hasta llegar al túnel de la avenida Villazón, cerca de las instalaciones del Ministerio de Educación, donde comenzaron los incidentes. Lo movilizados utilizaron petardos de alto impacto en contra de los uniformados quienes, resguardados con sus escudos, respondieron el ataque con el uso de gases lacrimógenos. Por varios minutos se suscitó la gresca dejando la vía cerrada al tráfico vehicular. En medio del enfrentamiento, al menos tres policías fueron heridos tras el uso “indiscriminado de petardos de alto impacto”, denunció el jefe policial. Los efectivos fueron evacuados a centros médicos para que reciban atención médica. Se trata de dos varones y una mujer Policía que tienen contusiones producto de esquirlas que llegaron a impactar tras la explosión de los petardos. Chávez denunció que algunos escudos del contingente también fueron destruidos. En horas de la mañana, varios profesores protagonizaron un bloqueo en la avenida Naciones Unidas, zona La Portada, de La Paz, como medida de presión para que el Gobierno atienda sus demandas tras las jornadas de diálogo sin resultados. Fuente: Opinión

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El GIEI pidió desarticular a la RJC

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) recomendó desarticular tanto a la Resistencia Juvenil Cochala como a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo operativo del Comité Pro Santa Cruz, por ser ambos grupos paraestatales que actuaron en la crisis política de fines de 2019.  Según su página en Facebook, la RJC se autoidentificó inicialmente como “un movimiento ciudadano en búsqueda de una Patria libre y democrática (sic)”, pero luego se redefinió como “un grupo de reacción rápida a la defensa de su ciudad”. Paraestatal El Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de paraestatal a la RJC, organización que atacó con violencia en la crisis de 2019 a gente de campo en la ciudad de Cochabamba. La RJC fue protagonista de violentos incidentes durante el régimen de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Recorrían calles en motocicletas y golpeaban a las mujeres de polleras. El GIEI advierte un aumento del uso de la violencia por parte de la RJC, en la medida que fueron capaces de captar más adeptos y disponer de más recursos, que recibían de los vecinos que realizaban los bloqueos. Fuente: La Razón

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Calvo, Vargas y Santisteban declaran ante la Fiscalía por el paro de 36 días

El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, asistieron este jueves a la fiscalía para declarar por el paro de 36 que llevó adelante Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022. Según medios televisivos, el primero en llegar al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, ubicado en el Plan 3.000, fue Santiesteban. Luego llegó Vargas y por último, Calvo.  También fue convocado el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, pero no asistió por encontrarse con viaje en El Vaticano. Este proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, en contra de Luis Fernando Camacho, Calvo, al rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar y Vargas, entre otros. Ahora los integrantes del Comité Interinstitucional, que organizó el paro ppor el censo, son acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo y discriminación; y atentado contra la libertad de trabajo. Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 Santa Cruz paró por 36 exigiendo que el censo se realice en 2023. Finalmente, el Gobierno fijó la fecha de la encuesta para marzo de 2024. Fuente: Los Tiempos

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Testigo confirma que Sánchez Berzaín gestionó en 2019 “préstamo” de gases de Ecuador para la represión

El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín gestionó ante el Gobierno del expresidente de Ecuador Lenín Moreno el préstamo de gases lacrimógenos y otros materiales de represión en noviembre de 2019, en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, confirmó un testigo al Ministerio Público. El abogado Abel Loma reveló que este testigo, del que no reveló el nombre, “relata en su declaración informativa” que “Carlos Sánchez Berzaín estaba tras de todo esto (el préstamo)”. De acuerdo con el jurista, el contacto del Gobierno de facto de Áñez con Sánchez Berzaín era la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, quien tras dejar el gobierno de Áñez optó por una candidatura a diputada en las elecciones de 2020 por la agrupación Creemos del ahora encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho. Ante su fracaso, huyó de Bolivia. “(Lizárraga) es la que junto a Sánchez Berzaín han hecho las gestiones con el Gobierno de la República del Ecuador, porque el exministro tenía esos contactos con el Ecuador para que se pueda realizar este préstamo en virtud a que (la Policía) ya no tenía municiones por tanta convulsión social”, detalló el abogado, a partir de las revelaciones del testigo a Bolivia TV. Sánchez Berzaín fue ministro de Defensa en el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó en 2003 a Estado Unidos, luego de la revuelta social de octubre de ese año que dejó más de 67 muertos y ciento de heridos en Bolivia. Sánchez Berzaín también radica en Estados Unidos y es unos de los principales acusados en el caso octubre 2003. De acuerdo con la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre los entonces ministros Lizárraga, Arturo Murillo y Fernando López con Áñez y otros se tomó contacto con autoridades de la República del Ecuador y se acordó que faciliten armamento, que luego fue internado a Bolivia de manera irregular. Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación en Senkata, El Alto, con el saldo de 11 muertos y al menos 78 heridos de bala. Cuatro días antes ocurrió lo mismo en Sacaba, don murieron 10 personas y decenas resultaron heridas por impactos de bala. Datos de la Fiscalía señalan que los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectil de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado, lo que desveló el caso. Al igual que el testigo, en junio de 2021, el exministro de Desarrollo Rural Mauricio Ordóñez afirmó ante los fiscales que fue Carlos Sánchez Berzaín, exautoridad que se encuentra en Estados Unidos (EEUU), el que gestionó el préstamo de granadas y proyectiles. “Lizárraga y el resto de ministros nos encontrábamos en una reunión de gabinete, existía una desesperación de Arturo Murillo y Fernando López por adquirir gases lacrimógenos. Lizárraga pidió unos minutos en esa reunión de gabinete, salió de la sala de reuniones y volvió a los minutos manifestando ‘asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos’”, relató Ordóñez en su declaración en la Fiscalía. Según Ordóñez, la exministra Lizárraga añadió: “Más bien, alisten el avión Hércules para que vaya a recoger ese material y así puedan reprimir a la gente que está protestando en las calles”. Igual “préstamo” se concretó con el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri. En este hecho hay procesos abiertos en Bolivia y en Argentina. Fuente: ABI

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Policía reporta la muerte de un recluso en San Pedro supuestamente tras recibir un pelotazo

Un hombre de 62 años de edad, recluso del penal de San Pedro de La Paz, falleció aparentemente por una insuficiencia respiratoria que le causó haber recibido un pelotazo, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El caso se reportó este miércoles. El fallecido estaba en la cárcel desde 2017 por el delito de violación, informó el director departamental de la FELCC, coronel Rolando Rojas. Según el jefe policial, el sujeto estaba realizando actividad deportiva y recibió el pelotazo en el pecho, lo cual generó su desvanecimiento. Habría llegado a la posta del recinto carcelario sin signos vitales. La causa de la muerte sería la insuficiencia respiratoria, aunque esta versión está sujeta a confirmación, indicó el coronel Rojas. El director de la FELCC calificó este suceso como una “muerte accidental”. Fuente: Erbol

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