La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, específicamente en relación con la criminalización de las protestas sociales y la persecución judicial a defensores ambientales.
En una audiencia pública realizada este martes, la CIDH cuestionó al gobierno del presidente de Luis Arce por la falta de protección a quienes ejercen el derecho a la protesta y denuncian los impactos del extractivismo en el país, especialmente en áreas como la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denunció la criminalización de defensores ambientales, mencionando que actores estatales han estado persiguiendo a activistas en defensa del medioambiente, acusándolos de ser “enemigos” de proyectos extractivos. En particular, se destacó la situación de 29 personas que enfrentan cargos judiciales en Tariquía por oponerse a las operaciones petroleras en esta área protegida. Además, otros defensores de diversas comunidades indígenas también han sido judicializados.
Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, subrayó durante la audiencia que los patrones de persecución judicial no solo afectan la libertad de expresión y el derecho a la protesta, sino que también obstaculizan el acceso a los recursos naturales, perjudicando así el ejercicio de derechos fundamentales. Palummo enfatizó la necesidad de que las autoridades judiciales actúen de manera imparcial, garantizando procesos adecuados y evitando el uso indebido del derecho penal contra defensores ambientales.
La controversia también se intensificó cuando la gerente de YPFB, Julia Gonzáles, descalificó a los defensores de Tariquía, tildándolos de “autodenominados activistas”. Ante esto, Alípaz, uno de los líderes defensores, cuestionó la postura del Estado, defendiendo el derecho a proteger la vida y el medioambiente como un interés colectivo y fundamental para la sociedad.
En respuesta a las críticas, Héctor Arce, presidente del Consejo Permanente de Derechos Humanos de la OEA y representante del Estado boliviano en la audiencia, justificó el uso del derecho penal, señalando que debería ser una medida de última instancia en casos de violencia, aunque reconoció que no era aplicable en todos los casos discutidos.