Cochabamba, Bolivia, 12 de agosto de 2025. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) criticó a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), por intervenir en el juicio contra los sacerdotes y exprovinciales jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons, procesados por encubrimiento en uno de los mayores casos de abusos sexuales dentro de la Compañía de Jesús en Bolivia.
El proceso, que se lleva a cabo en Cochabamba, fue suspendido por cuarta vez por motivos médicos. Para los sobrevivientes, esta reiteración de aplazamientos evidencia una posible estrategia dilatoria. El presidente de la CBS, Wilder Flores, acusó a Carvajal de “instrumentalizar” la APDHB para favorecer a “sus amigos sacerdotes”, dejando de lado las necesidades de las víctimas.
En una carta enviada al juez del caso, Samuel Vargas, Carvajal pidió garantizar la presunción de inocencia y un trato justo para los acusados, argumentando que se debe proteger también sus derechos fundamentales. La APDHB afirmó que tomó conocimiento del deterioro de la salud de los procesados.
Flores cuestionó que Carvajal nunca haya contactado a la organización de sobrevivientes ni mostrado interés por la salud física o emocional de las víctimas, pese a que estas denuncian más de tres décadas de abusos y encubrimiento dentro de la orden religiosa.
Otros representantes de la CBS, como Edwin Alvarado, y el exjesuita Pedro Lima señalaron que temen la aparición de nuevos pronunciamientos desde instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús que, según dijeron, buscarían presionar al juez y postergar el avance del caso, afectando el derecho de acceso a la justicia.

