El abogado Wilfredo Chávez, representante legal del expresidente Evo Morales, declaró este viernes que su cliente no acudirá a declarar en el caso «Golpe I», argumentando que Morales es «víctima» de los hechos ocurridos en 2019. La postura surge tras conocerse la citación emitida por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de La Paz, que convocó a Morales junto al presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro Carlos Romero para declarar como testigos de descargo el próximo 31 de marzo.
«Primero, no ha recibido la notificación y, segundo, no tiene por qué declarar porque él es víctima de este grupo político que asaltó el gobierno en 2019», afirmó Chávez en conferencia de prensa. El letrado calificó el proceso como una «farsa jurídica» y acusó a los citados de ser los verdaderos responsables de los eventos que llevaron a la renuncia de Morales.
El caso «Golpe I», impulsado por la exdiputada Patty Arce, procesa al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al excívico Marco Antonio Pumari por los delitos de terrorismo, cohecho activo y uso indebido de bienes del Estado durante los eventos de 2019. La defensa de Camacho solicitó las declaraciones de las máximas autoridades del gobierno del MAS como testigos de descargo, estrategia que la parte acusadora considera una maniobra dilatoria.
Fuentes judiciales confirmaron que las citaciones se emitieron el pasado 24 de marzo y establecen la comparecencia obligatoria este lunes a las 14:00 en el salón Rosado del Tribunal Departamental de La Paz. Sin embargo, el equipo legal de Morales ya anunció que presentará un recurso para excusar su asistencia, alegando que el expresidente no puede ser tratado como testigo en un caso donde fue la principal víctima.
El conflicto judicial se da en paralelo a la orden de aprehensión contra Morales por un caso separado en Tarija, donde se le investiga por presunta trata de personas. Analistas políticos ven en ambos procesos un escenario de creciente judicialización de la política boliviana, donde las causas penales se entremezclan con la pulseada por el control del MAS de cara a las elecciones de 2025.
