En conferencia de prensa, el actual vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, volvió a pedir que se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispone que sea posesionado como Gobernador mientras el titular, Fernando Camacho, esté detenido por los diferentes casos por los que se le acusa. Aguilera afirmó que la sentencia del TCP es de cumplimiento obligatorio y si él como Vicegobernador no lo acata, incluso, podría ser procesado. «Si Mario Aguilera o el vicegobernador no cumple con la sentencia, se va preso. El mejor negocio para algunos, seguramente, porque la gobernación tendría que elegir entre los 28 asambleístas, un gobernador interino», advirtió. En ese sentido, el vicegobernador confirmó haber enviado una carta al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, en la que lo puso en conocimiento de la sentencia y enfatizó en la urgencia de cumplir con el procedimiento, a pesar del receso de la Asamblea. «La única forma de que el vicegobernador asuma la Gobernación de manera temporal es a través del cumplimiento de la Ley 293. La Asamblea tiene que llamar a una sesión y darnos posesión como gobernador en suplencia gubernamental», afirmó. Por otro lado, Aguilera ratificó su apoyo a Luis Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, y afirmó que el excívico recibe “medias verdades” de parte de su gente cercana. “Yo no estoy pidiendo que se acate. Yo estoy acatando un fallo, que no pasó por mi voluntad. Esto se pudo haber arreglado en muchas otras maneras con mucho tiempo de antelación. Yo le voy a decir al Gobernador Luis Fernando: A usted lo están asesorando mal, no le están diciendo, la verdad completa (…) Luis Fernando es el gobernador; y es mi orgullo, porque aparte de ser su acompañante, fui su jefe de campaña”, afirmó. Finalmente, Aguilera rechazó las acusaciones de ser «títere» de algún partido político y fue duramente crítico con el trabajo de los asambleístas de Creemos, alianza liderada por Camacho. «Los de Creemos pueden hacer lo que ellos consideren conveniente. Hasta ahora no han sido eficientes en nada. Ni siquiera en la defensa del gobernador han sido eficientes. El líder que dicen defender, ¿cómo es que lo tienen hasta ahora preso? ¿Cómo es que lo han aconsejado de la manera que lo han aconsejado para cometer los errores que se han cometido en la administración? Y ahora lo tienen a él secuestrado, en Chonchocoro, lejos de su familia. Y lejos de cumplir sus obligaciones aquí en Santa Cruz, con esta gobernación, donde él y yo fuimos a pedir el voto a la gente», sostuvo. La sentencia El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso que el actual vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, asuma el cargo de Gobernador de ese departamento mientras el titular, Fernando Camacho, se mantenga detenido por los diferentes casos por los que se le investiga. La sentencia fue firmada por el magistrado Gonzalo Miguel Hurtado, a cargo de la Sala Cuarta Especializada del TCP, según DTV y Unitel. La sentencia, en concreto, confirma una resolución del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que había otorgado la tutela solicitada para el cumplimiento de los artículos 286.I de la Constitución Política del Estado, 25.1 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y 10.1 de la Ley Departamental 284. Estos artículos establecen que, en caso de impedimento del Gobernador, el vicegobernador debe asumir de inmediato la suplencia temporal. La acción fue presentada por los asambleístas departamentales por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Raquel Valencia, Hugo Valverde y Susana Vaca contra la Asamblea Legislativa Departamental, representada por su presidente Zvonko Matkovic, presidente del órgano legislativo. Camacho fue detenido preventivamente en diciembre de 2022 por el caso denominado ‘Golpe de Estado I’ y su caso se encuentra a la espera del inicio del juicio respectivo. Desde entonces continuó ejerciendo funciones desde su encierro y en los últimos meses se le iniciaron nuevas denuncias penales por corrupción, incumplimiento de leyes, entre otros. // Con información de El Deber
