Camacho

Procurador del Estado aclara que no existe orden judicial para traslado de Camacho a Santa Cruz; solo una recomendación.

La Paz, 22 de julio de 2025.– El procurador general del Estado, Ricardo Condori, aclara que no existe una orden judicial que autorice el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la capital cruceña para el juicio por el caso “decretazo”. Según Condori, lo que dispuso la autoridad jurisdiccional en una reciente audiencia fue únicamente una recomendación administrativa, y no una orden de cumplimiento obligatorio. Condori citó textualmente la disposición judicial: “‘se recomienda, se exhorta a las autoridades administrativas realizar los trámites administrativos pertinentes para viabilizar el traslado del señor Camacho a la ciudad de Santa Cruz’, empero dice también ‘si es que existe alguna situación que pueda generar algún impedimento, deben hacerle conocer al Tribunal de Sentencia’”. El juicio de Camacho debe comenzar el 25 de julio de manera presencial, y se prevé que el gobernador cruceño permanezca en la cárcel de Palmasola mientras se desarrollan las audiencias. Condori recordó que en este proceso existe una apelación pendiente, lo que, a su criterio, hace «inviable» la realización de una audiencia de juicio en este momento. Además, informó que la defensa de Camacho habría activado una acción de libertad, argumentando la vulneración de su derecho a asistir a 14 audiencias que fueron suspendidas meses atrás. Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha dejado en manos de los informes de Inteligencia de la Policía la decisión sobre el posible traslado del gobernador cruceño. Fuente: Erbol

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Camacho buscará reelección como Gobernador de Santa Cruz en 2026

Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz y líder de la alianza opositora Creemos, buscará la reelección en las elecciones subnacionales previstas para 2026. La confirmación fue realizada este martes por el diputado nacional Walthy Egüez, quien aseguró que la decisión ya fue tomada por la fuerza política de Camacho, actualmente detenido en el penal de Chonchocoro. «Luis Fernando Camacho va a candidatear para ser nuevamente gobernador y lo vamos a acompañar en esa fórmula junto a otros parlamentarios», declaró Egüez, destacando que los parlamentarios de Creemos continuarán ejerciendo sus funciones legislativas hasta el 8 de noviembre de este año, según lo establecido por la ley. El legislador resaltó el trabajo realizado por Creemos en la Asamblea, señalando que «hemos cumplido con el país, hemos denunciado hechos de corrupción, hemos batallado, nos han perseguido, nos han procesado; ahora nos toca luchar por nuestra región, dar lo mejor de nosotros para trabajar por Santa Cruz». Egüez reafirmó el compromiso de su organización de enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de agosto, en coordinación con otras fuerzas opositoras, sin descuidar la preparación para los comicios subnacionales de 2026. Fuente: Correo del Sur

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Unidad Nacional niega «lista negra»; legisladores denuncian imposición de Camacho

Unidad Nacional (UN) descartó la existencia de una «lista negra» de candidatos vetados para las elecciones generales de agosto, luego de que legisladores y líderes políticos denunciaran una supuesta imposición de Luis Fernando Camacho en la conformación de las listas. Elizabeth Reyes, presidenta de UN, afirmó en conferencia de prensa que «no se trata de listas negras o de vetos, se trata de listas cortas que no alcanzan para los espacios, por muy capaces que puedan ser los que aspiran a los mismos». Reyes también negó que Samuel Doria Medina, líder de UN, tome decisiones basadas en amenazas o presiones. Sin embargo, las legisladoras Luisa Nayar y Paola Aguirre, así como el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, denunciaron públicamente la existencia de la supuesta lista y la injerencia de Camacho. Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana, advirtió que «si el MAS vuelve a gobernar, los responsables serán Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho», acusando a Camacho de creerse «dueño de Santa Cruz». Nayar considera que el veto es una represalia por su labor legislativa. Vicente Cuéllar, líder de la agrupación Cambio 25, confirmó que Samuel Doria Medina le informó que fue vetado por Camacho. «Lamentablemente cuando ingresamos al bloque de unidad no nos hicieron conocer que había una persona que tenía poderes plenipotenciarios para definir quiénes podían ejercer su derecho político», declaró Cuéllar. Por su parte, la asambleísta Paola Aguirre exigió conocer las razones de su inclusión en la «lista negra», afirmando que «la decisión de no ser candados nunca nos fue comunicada, por lo tanto no es una decisión partidaria, sino un pretexto de Efraín Suárez para justificar lo injustificable, mi presencia en esa lista negra».

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TCP paraliza juicio contra Camacho y cuestiona constitucionalidad de decreto que centraliza procesos en La Paz

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 138 de 2009, norma que establece a La Paz como sede obligatoria para juzgar delitos como terrorismo y sedición. La decisión paraliza inmediatamente el proceso judicial contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vinculado al paro cívico de 36 días en 2019, y pone en suspenso su situación legal. La demanda, presentada por los abogados Reinerio Vargas y José Luis Santistevan, argumenta que el decreto vulnera el derecho al juez natural y otras garantías constitucionales, al obligar que el juicio se realice en La Paz pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz. El TCP, mediante el Auto Constitucional 0032/2025-CA, consideró válidos los planteamientos y suspendió el proceso penal mientras analiza la compatibilidad de la norma con la Constitución. La resolución afecta directamente el caso del paro cívico cruceño, donde Camacho es uno de los principales imputados. Con el proceso paralizado, su detención queda técnicamente sin sustento legal. «Mientras no se resuelva la constitucionalidad del decreto, no hay base para mantener activo el juicio», explicó una fuente jurídica cercana al caso. El TCP también ordenó notificar al presidente Luis Arce para que, en un plazo de 15 días, presente sus argumentos sobre la norma cuestionada. La medida reabre el debate sobre la descentralización judicial y si el decreto facilita la judicialización política al concentrar casos sensibles en la sede de gobierno. El Tribunal deberá emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del decreto. La defensa de Camacho celebró la decisión, calificándola como un avance hacia un «juicio justo». Mientras tanto, sectores oficialistas defendieron la norma, argumentando que evita «impunidad por influencias regionales». El caso marca un nuevo capítulo en la pugna judicial y política que rodea a Camacho, cuya situación legal podría cambiar radicalmente dependiendo del veredicto final del TCP. La resolución también sienta un precedente sobre la aplicación de garantías constitucionales en procesos con alto contenido político.

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Descartan que la seguridad de Camacho esté en riesgo en la cárcel de Chonchocoro

 La seguridad del recluso Luis Fernando Camacho no está, ni estuvo en riesgo, así lo aseguró este martes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien explicó que los privados de libertad que no participaron de la “gresca” en Chonchocoro, el pasado fin de semana, fueron aislados por precaución. “Al enterarnos de la comisión de estos delitos (peleas), el sábado, aproximadamente a las 17h30, se ha tomado una serie de medidas al interior del Centro Penitenciario de Chonchocoro, que era aislar a todos los reclusos que no participaban de la gresca (…). No ha tenido ningún tipo de complicaciones el señor Luis Fernando Camacho, pero por temas de seguridad hemos decidido su aislamiento”, aclaró la autoridad. Tras la pelea entre internos del penal, el abogado de Camacho, Martín Camacho, dijo que solicitarán el traslado de su defendido a otro centro penitenciario por una presunta falta de seguridad. Ante esta situación, el titular de Gobierno remarcó que la vida de Camacho no corrió peligro en ningún momento. “No ha corrido el riesgo en ningún momento la vida del señor Luis Fernando Camacho, ni de ninguna persona privada de libertad que no ha participado en la gresca, en este intento de homicidio en contra de los efectivos policiales”, enfatizó. Por su parte, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que el excívico cruceño está “resguardado totalmente”. “Siempre vamos a garantizar, al interior del centro (Chonchocoro), la seguridad de cada privado de libertad”, añadió. Fuente: ABI

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Viceministro Aguilera sugiere el traslado de los jueces a La Paz para la audiencia contra Camacho

A dos días del juicio contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, sugirió el traslado de los jueces desde Santa Cruz hasta La Paz para garantizar la realización de la audiencia presencial por la emisión del Decreto Departamental 373. La propuesta surge después que en pasados días el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, hayan descartado la posibilidad de trasladar a Camacho a la capital cruceña por “falta de garantías”. “Hay una serie de alternativas como el traslado de los señores jueces (de Santa Cruz a La Paz) para que podamos cumplir con el principio de inmediación, pero es más y ya la tecnología y la propia pandemia nos ha permitido efectuar, yo diría audiencias, de carácter virtual”, sugirió. Incluso advirtió que un eventual traslado podría ocasionar una posible “convulsión social” que podría afectar el normal desarrollo de las actividades en esa región del país. Sin embargo, en varias ocasiones la defensa del gobernador cruceño aseguró que no existe “ningún impedimento jurídico” para que nuevamente se impida el traslado como lo ocurrido el 11 de marzo ya que todas las partes fueron debidamente notificadas con anticipación. eRBOL

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¿Camacho se queda en Chonchocoro?: Del Castillo desahucia su traslado a Santa Cruz

El traslado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, a Santa Cruz de la Sierra para el juicio por el caso «Decretazo» se ve poco probable debido a la cercanía del inicio de otro juicio en su contra, esta vez por el denominado caso Golpe de Estado I, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. La audiencia por la aprobación en 2022 del Decreto Departamental 373, presuntamente irregular, fue diferida para el 11 de abril. Sin embargo, el ministro de Gobierno recordó que este no es el único proceso pendiente para Camacho. «Al tener dos juicios en dos ciudades distintas que separan casi 1.000 kilómetros lineales, no podemos trasladar todos los días al señor Luis Fernando Camacho de un centro penitenciario a otro«, justificó Del Castillo. El ministro recalcó que la posición de la Policía y la Dirección de Régimen Penitenciario sobre la falta de condiciones para el traslado de Camacho a Santa Cruz sigue siendo la misma. «Ellos han presentado los informes correspondientes a los administradores de justicia de Santa Cruz», afirmó. El gobernador Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz, por el caso Golpe de Estado I desde finales de diciembre de 2022. Este proceso investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019. En el caso Decretazo, Luis Fernando Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, debido a la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil en marzo de 2022 que, supuestamente, encargaba sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro y no así al entonces vicegobernador Mario Aguilera. Por su parte, la defensa del gobernador cruceño, el abogado Martín Camacho, insiste en que no existe ningún impedimento jurídico para su traslado desde Chonchocoro hasta el penal de Palmasola y que todas las partes fueron debidamente notificadas para asistir al juicio. Fuente: EL DEBER

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Reprograman para abril el juicio por caso ‘Decretazo’ con la presencia de Camacho

El jueves 11 de abril es la fecha fijada por el Juzgado Octavo de Sentencia de Santa Cruz para que se inicie el juicio contra el gobernador Luis Fernando Camacho por el caso ‘decretazo’. El mismo tenía que haberse iniciado ayer, pero debido a la ausencia de la autoridad departamental fue suspendido. Antes de que se suspenda el inicio del juicio, la jueza a cargo de proceso, Mónica Sánchez, manifestó que el gobernador del penal de Chonchocoro debe informar las razones por las cuales no se cumplió la orden judicial para su traslado. También se resolvió un incidente de corrección de procedimiento presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE), que por carecer de fundamentos fue rechazado por este tribunal de sentencia. “La Procuraduría, en dos oportunidades, pudo subsanar su participación, ahora pretenden, con una corrección de procedimiento, tratar de subsanar los errores de su negligente trabajo y al no darle lugar, además de la asistencia (del gobernador Luis Fernando Camacho) se ha suspendido la audiencia”, manifestó el abogado, Martín Camacho, representante jurídico del gobernador cruceño. Familiares de Luis Fernando Camacho, asambleístas departamentales y parlamentarios de la agrupación Creemos, además de vecinos que apoyan al gobernador cruceño, llegaron hasta este tribunal de sentencia, ubicado en el Palacio de Justicia, para acompañar el inicio del proceso judicial. “Tenía la esperanza de verlo, porque no puedo ir a La Paz. Quería abrazarlo porque no lo he podido hacer”, manifestó José Luis Camacho, padre del gobernador, y exhortó a que la Justicia actúe legalmente respetando las normas. Durante la presentación de estos incidentes, las personas que llegaron apoyando a Camacho criticaron las acciones legales que pretendía realizar Ricardo Condori, subprocurador de Supervisión e Intervención. “Se suspendió la audiencia porque esta cartera de Estado presentó un incidente de corrección de procedimiento, pero es de lamentar que este Tribunal no lo haya valorado en su momento. No valoró a esta entidad que es plenamente considerada sujeto procesal del pleno derecho”, complementó Condori. Según el representante del Estado, en el incidente que presentaron se hicieron conocer varios vicios procesales que debían ser resueltos antes de que se inicie el juicio oral. Horas antes, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, se refirió a las razones por las cuales no se procedió con el traslado de Camacho para su audiencia. Primero manifestó que el director de Chonchocoro mandó a la dirección nacional de seguridad penitenciaria una solicitud de “informe respecto a la presencia física del privado de libertad” en Santa Cruz. Según Limpias, el director de Palmasola respondió que hay un voto resolutivo de los privados de libertad que declara como persona no grata a Camacho y “que la presencia física del privado de libertad puede generar algún tipo de malestar entre los privados de libertad y entre sus familias”. Explicó que el otro informe solicitado al Comando de la Policía en Santa Cruz era para ver el traslado de Camacho desde el aeropuerto de Viru Viru hasta el centro penitenciario de Palmasola, porque señaló que “prácticamente se tenía que pasar toda la ciudad” y que también se tenía que mover al privado de libertad de esa cárcel hasta los juzgados, recorriendo “una distancia considerable”. A través de un comunicado, que fue colgado en sus redes sociales, la alianza Creemos manifestó que el presidente Luis Arce “tiene miedo” de que el gobernador pueda reencontrarse con la población. “Luis Arce ha confirmado que estamos viviendo en una dictadura y que el Gobernador Luis Fernando Camacho está secuestrado. A pesar de que un juez competente ha ordenado su traslado a Santa Cruz, el gobierno incumplió ese mandato de la justicia. Eso constituye un gravísimo atropello a la legítima defensa. Fuente: El Deber

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Difieren para el 11 de abril el juicio contra Fernando Camacho por el caso ‘decretazo’

Para el 11 de abril fue diferido el inicio de juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la aprobación, presuntamente irregular en 2022, del Decreto Departamental 373. El gobernador cruceño no pudo asistir este lunes a la audiencia de forma presencial ante los informes que remitió la Dirección del Penal de Chonchocoro, lo que motivo a que el Tribunal Octavo de Sentencia cambie de fecha. “Se ha ordenado nuevamente que, bajó amenaza de sanción disciplinaria, el Director del centro penitenciario de Chonchocoro traslade en fecha 11 de abril al gobernador Luis Fernando Camacho hasta esta audiencia de manera presencial, además debiendo presentar un informe del por qué no ha cumplido con el traslado del día de hoy”, afirmó el abogado Martín Camacho. Camacho debía estar presente en la audiencia, sin embargo, la Dirección General de Régimen Penitenciario informó que se emitieron informes que no existían las condiciones para su traslado al penal de Palmasola. A ello se sumaron declaraciones de la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, que advirtió que el juicio por el caso “decretazo” no puede avanzar por falta de notificaciones, actuados, y otras “deficiencias procesales”. Familiares y demás personas allegadas aguardaron en el juzgado el posible arribo de Camacho, pero no se concretó. Su defensa denunció supuesta injerencia del Gobierno en la justicia para impedir que Camacho llegue hasta Santa Cruz.  Erbol

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No trasladarán a Camacho a Santa Cruz; Gobierno alega que existen vicios procesales

Finalmente, el gobernador Luis Fernando Camacho no será trasladado a Santa Cruz para su juicio por el caso decretazo. El Gobierno argumentó que el juzgado encargado del caso ha incurrido en vicios procesales, que deben ser corregidos antes de seguir con el juzgamiento. La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, explicó que no se ha notificado a partes del proceso: asambleístas departamentales, asambleístas nacionales, Procuraduría y el Viceministerio. «No se puede iniciar un juicio cuando hay vicios procedimentales», afirmó Ríos. Ríos atribuyó al juzgado la responsabilidad por estos vicios, por lo cual se ha hecho el reclamo respectivo. Dijo que no se puede proceder al juicio, sin haberse primero saneado la causa. Bajo está figura, el traslado de Camacho a Santa Cruz queda congelado. La audiencia debía realizarse este lunes. «Antes de hablar de cualquier traslado, se debe hablar del saneamiento procesal», enfatizó la viceministra Ríos. Insistió en que la falta de notificaciones constituye un vicio «insubsanable» que impide la prosecución del juicio. El juez había ordenado el traslado de Camacho de Chonchocoro a Palmasola en Santa Cruz para su juicio presencial, decisión que fue cuestionada por el Gobierno debido a los riesgos de seguridad que implicaría el operativo. Fuente: ERBOL

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