Camacho

Camacho vulnera la Ley de Autonomías al rehuir fiscalización del Legislativo

Política /

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vulnera la Ley Marco de Autonomías al negarse a rendir un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), afirmó la diputada del MAS-IPSP, Estefanía Morales. La diputada presentó tres peticiones de informe al gobernador cruceño. El primero lo planteó el 22 de marzo y versa sobre el decreto departamental 373 que supuestamente fue aprobado por el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación en lugar del vicegobernador Mario Aguilera, tal como establece la normativa. Asimismo, la legisladora solicitó la información a la primera autoridad del departamento sobre la ejecución física financiera asignada a la Gobernación durante la gestión 2022. En tanto, el 7 de diciembre, Morales y diputados de la bancada del MAS-IPSP remitieron la solicitud de petición de informe a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para que Camacho detalle los servicios que prestó la Gobernación de Santa Cruz y sus dependencias durante los 36 días del paro cívico. Sobre esta petición, Morales señaló que se encuentra a la espera de la respuesta del gobernador para que se haga presente ante la convocatoria. “Hemos hecho conocer a la nueva conformación de la comisión de que la primera autoridad de Santa Cruz no ha venido (a las peticiones) y no ha dado una respuesta oportuna a la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos esperando la respuesta de la petición de informe oral”, indicó Morales, cita un reporte de Diputados. Camacho justificó en una solo una vez su ausencia ante la comisión, las demás inasistencias fueron injustificadas. El parágrafo dos del artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, sobre la ausencia de Autoridad requerida, señala: “la comisión informará al pleno de la Cámara quien derivará las representaciones que fueran pertinentes ante los órganos competentes o autoridad requerida y dispondrá la sanción que corresponda”. De la misma forma, el artículo 135 de la Ley de Autonomías determina que “todas las autoridades de los Gobiernos Autónomos están obligados a presentarse personalmente a brindar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa”. La diputada advirtió que, si el gobernador de Santa Cruz se excusa una vez, presentará una demanda penal. “Nosotros vamos a hacer una denuncia penal por incumplimiento de deberes porque las normativas son claras, nuestro reglamento es claro y él tendría que estar acá dando el informe a la Asamblea Legislativa, a la comisión correspondiente”, afirmó. Camacho también fue convocado por la Cámara de Senadores a que brinde un informe sobre los 36 días de paro que dejaron al menos cuatro personas fallecidas, denuncias de violación a los derechos humanos y una pérdida económica de $us 1.200 millones. En una primera ocasión, el 15 de diciembre, Camacho no asistió al Senado. Alegó que la Asamblea carece de competencia, extremo que fue desvirtuado por el titular de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, quien anticipó que si el gobernador no responde a la segunda convocatoria se activará un proceso penal por incumplimiento de deberes. Fuente: ABI

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Senado “activará la vía penal” si Fernando Camacho se rehúsa a rendir cuentas por los 36 días de paro

Política /

La Cámara de Senadores emitirá una nueva conminatoria para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rinda un informe oral por los 36 días del paro cívico, sin embargo, advirtió con apelar a la vía penal sino responde a esta segunda convocatoria. El 15 de diciembre, Camacho debía comparecer a la Cámara de Senadores para responder a un conjunto de preguntas sobre los 36 días del paro indefinido que dejó al menos cuatro personas fallecidas, provocó la violación sistemática a los derechos humanos y más de $us 1.200 millones en pérdidas económicas. En una nota que remitió al Senado, el gobernador justificó su ausencia con el argumento de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tuviera la tuición de fiscalizar a los gobiernos autónomos departamentales y municipales. No obstante, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ratificó la plena facultad fiscalizadora de la Cámara Alta y anticipó que se fijará una nueva fecha para que el gobernador de Santa Cruz “pueda presentarse para rendir el informe oral respecto a estos hechos”. Advirtió que si la autoridad departamental no comparece por segunda vez a la convocatoria se actuará como lo manda la normativa. “Desde la Cámara de Senadores se va encaminar la conminatoria o activar por la vía penal de que está incumpliendo con su deber como autoridad pública y desde esta instancia se procederá, seguramente, después de que se cumplan los plazos o se vayan a agotar todas las instancias desde la Cámara de Senadores”, apuntó. Dado que el 26 de diciembre iniciará el receso legislativo, la autoridad departamental será convocada para el mes de enero de 2023, precisó, a su vez, la vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón. La senadora recordó que el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece la atribución de fiscalización que tienen los legisladores a nivel nacional y que el artículo 135 de la Ley de Autonomías determina que “todas las autoridades de los Gobiernos Autónomos están obligados a presentarse personalmente a brindar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa”. “Como ente fiscalizador tenemos toda la tuición de solicitar a cualquier autoridad de cualquier entidad territorial autónoma del país que se presente a brindar informe si es que hubiera observaciones, denuncias o irregularidades de diferentes hechos”, insistió. La legisladora espera que el gobernador “no vuelva a escudarse, cobardemente, en el argumento de que tiene una Asamblea Legislativa Departamental” para fiscalizarlo porque el paro no solo provocó pérdidas a Santa Cruz sino a todo el país. Iniciado el 22 de octubre, el paro indefinido exigía al Gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023. Durante su desarrollo se registraron al menos cuatro fallecidos, denuncias de violación a los derechos humanos, agresiones a las mujeres del pueblo indígena Ayoreo y una pérdida económica de alrededor de $us 1.200 millones. La medida se extendió hasta el 26 de noviembre y fue suspendida luego de que la dirigencia del Comité Interinstitucional admitió que no era “sostenible” realizar la encuesta nacional en 2023 y aceptó la propuesta del Gobierno de organizar el proceso el 23 de marzo de 2024 Fuente: ABI

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Afín al gobernador Camacho podría ser condenado a tres años de cárcel por el homicidio de un ciudadano de Puerto Quijarro

Sociedad /

El excívico Jaime Algarañaz Dorado, afín al gobernador Luis Fernando Camacho, podría ser condenado a tres años de cárcel por el homicidio del ciudadano Pablo Taborga durante el primer día del paro cívico, el 22 de octubre, en el municipio de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Algarañaz fue enviado con detención preventiva a la cárcel pública por el lapso de seis meses, tiempo en el cual la Fiscalía de Santa Cruz deberá probar que es autor de la muerte del trabajador Taborga quien se oponía al forzado bloqueo del puente internacional que conecta Puerto Quijarro con territorio brasileño. En la fecha indicada, un grupo de afines al gobernador intentó paralizar la circulación de personas y transporte público empleando artefactos explosivos y gente armada de palos. La autopsia practicada al cuerpo de Taborga confirmó que el hombre de 47 años falleció a causa de un golpe en la cabeza. El certificado único de defunción da cuenta que el cuerpo presenta “hematoma subdural, traumatismo cráneo encefálico cerrado y politraumatismo”. Los cívicos del prolongado paro violento en Santa Cruz sostienen la defensa del imputando, señalándole como un preso político. La imputación del sospecho se sostiene en la figura de delito de homicidio, que de acuerdo con el Código Penal determina la pena mínima de tres años de presidio, a no ser que se agrave por las circunstancias del hecho ocurrido. La medida de presión del Comité Pro Santa Cruz y de la Gobernación se extendió por 36 días en el cual además se registraron otros tres decesos, la denuncia de una violación grupal, la violencia sistemática de los derechos humanos y la agresión a mujeres del pueblo indígena Ayoreo. El paro, que no logró “arrancar” del Gobierno la realización del Censo en 2023, provocó además una pérdida económica de $us 1.200 millones. Fuente: ABI

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Prada cuestiona a Camacho por no asumir su responsabilidad y escudarse en la cruceñidad

Portada /

 La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó este domingo que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no asuma su responsabilidad como autoridad por los daños y perjuicios del paro cívico y recurra a la confrontación para escudarse en la cruceñidad y “encubrir su incapacidad”. “El pueblo cruceño trabajador sabe, más allá de que algunas personas quieran seguir con la mentira, más allá de lo que haya salido a decir el gobernador (Camacho), respecto a cosas que ya nadie le cree, porque el daño que se le ha ocasionado al pueblo cruceño es grande y lamentablemente él no asume nunca su responsabilidad”, afirmó en Bolivia TV. En los 36 días de paro cívico se provocó pérdidas económicas superiores a los $us 1.209 millones y violencia, racismo, discriminación, saqueos de negocios de quienes resistían el paro y la quema de la sede de los campesinos, entre otros hechos que vulneraron los derechos humanos. “Él no asume nunca su responsabilidad ni con la gestión del departamento de Santa Cruz, ni con lo que ha sucedido con este llamado paro con tanta irresponsabilidad y daño para el pueblo cruceño. Siempre dice ´nos están agrediendo como Santa Cruz`, tiene que asumir su responsabilidad.¡Basta de escudarse con el resto de Santa Cruz! que no comparte con esta tremenda irresponsabilidad e incapacidad para gobernar”, insistió. Ante la presentación de demandas por las consecuencias del paro, Camacho y el cívico Rómulo Calvo llamaron a la población a defenderlos en la calle. Ambos llevaron, junto al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, a la extrema medida por un censo en 2023, pero al final terminaron aceptando el censo en 2024, como lo había propuesto el Gobierno antes de la protestas. Prada afirmó que Camacho pretende encubrir su “incapacidad” en la gestión con nuevos llamados a la protesta a partir del discurso de nueva relación de Santa Cruz con el Estado. “Lo que no hace en gestión, busca hacerlo llamando a la confrontación y dañando a su propio pueblo”, reprochó. Hasta agosto, la gobernación cruceña alcanzó a ejecutar el 17% de inversión pública, considerada la más baja de Bolivia. La administración de Camacho tenía más de Bs 450 millones en cuentas fiscales. Fuente: ABI

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Gobierno asegura que Camacho «busca un espacio de impunidad con respaldo social”

Sociedad /

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, busca “generar un espacio de impunidad con respaldo social” y que la ley “no los alcance por las responsabilidades” derivadas de los hechos de violencia y daños causados en el paro cívico, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter. “Escuchábamos al gobernador decir que el presidente (Luis Arce) ha amenazado a Santa Cruz, eso es falso, estas falsedades y estas mentiras que generalmente utiliza sin ruborizarse el gobernador de Santa Cruz, solamente buscan tratar de generarse un espacio de impunidad con respaldo social”, denunció. Arce informó durante un mensaje a Bolivia de la promulgación de la ley de aplicación de los resultados del censo 2024, pero también consideró que “los procesos iniciados a nivel nacional e internacional deben sentar un precedente para que la violencia y el crimen no se normalicen en nuestro país y que nunca más una persona sea agredida y asesinada por pensar o ser distinto”. Para Camacho, uno de los impulsores del violento paro cívico, el discurso presidencial “anuncia una nueva oleada represiva”. Richter cuestionó la posición del gobernador, quien en 2019 fue uno de los actores centrales, como dirigente cívico, del golpe de Estado. Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo, agresiones violentas a los que resistían la extrema medida de presión, saqueos a negocios, quema de la sede campesina, saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD), entre otros hechos contra los derechos humanos. En lo económico las pérdidas superan los $us 1.200 millones en 36 días de protesta. “¿Quién asume la responsabilidad de todo aquello?, ¿Puede pasar como un hecho anecdótico solamente?, alguien tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades cuando estas generan daño y vulneran las normas, eso no es persecución política”, aseguró Richter en una entrevista con Bolivisión. Camacho, junto al cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, lideraron el paro que exigía censo en 2023, pero a 36 días del paro aceptaron la decisión del Gobierno de censo en marzo de 2024, sobre la base de un estudio técnico. Fuente: ABI

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Camacho y Calvo podrían enfrentar una querella penal por traición a la patria

Portada, Seguridad /

El gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, podrían enfrentar una nueva denuncia penal esta vez por el delito de traición a la patria. El coordinador del Comité Impulsor de Justicia (CIJ), Aldo Michel, informó a la ABI que mañana, martes, presentará ante la Fiscalía una nueva denuncia contra los promotores del paro cívico en Santa Cruz, quienes están “atentando” contra la seguridad, economía e incluso hasta la vida de las familias cruceñas. “Nuestro Comité Impulsor de Justicia emplazará la presentación de denuncia ante la Fiscalía, por la acción flagrante de traición a la patria y de intento separatista”, informó el activista. Mediante esta nueva querella se exigirá que el cívico y el gobernador cruceño presenten su declaración para este proceso penal, en marco de la aplicación del artículo 124 de la Constitución Política del Estado (CPE), explicó el coordinador de la CIJ. De acuerdo con el artículo 124 de la CPE, el delito de traición a la patria lo comete el boliviano o boliviana que “tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contras Bolivia. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales. Que atente contra la unidad de país. Este delito merecerá la máxima sanción penal”. La ciudad de Santa Cruz cumple este lunes 31 días de paro cívico impuesto para que el censo se realice en 2023, pese a que el Gobierno garantizó que el empadronamiento nacional se llevará a cabo el 23 marzo de 2024 y la distribución económica en septiembre del mismo año. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregará los resultados hasta diciembre de 2024 al Tribunal Supremo Electoral para que cumpla con la redistribución de escaños para las elecciones del 2025 cómo lo habían pedido los movilizados. Esta medida extrema deja millonarias pérdidas económicas que afectan principalmente a las medianas, pequeñas y microempresas. Además de una ruptura del tejido social por la violencia ejercida para que se cumpla el paro, según analistas y activistas. Ante estas circunstancias, el CIJ advierte que Camacho y Calvo demuestran una constante “intensión conspirativa” por mantener un paro “perverso”, pero considerando principalmente las declaraciones de ambos promotores del paro que pretenden aislar la relación de Santa Cruz con el Estado Plurinacional de Bolivia, promoviendo el “separatismo”. “Mañana presentaremos esta acción en el orden de posesionar esta denuncia en la apertura del caso por traición a la patria (…). Estos señores que han llevado a la quiebra económica del departamento de Santa Cruz han afectado a la vida y seguridad de cientos de cruceños, y ahora pretenden dar continuidad a sus acciones conspirativas contra el Gobierno, contra la Constitución y la democracia con intereses separatistas”, remarcó el abogado en entrevista con Bolivia TV. No descartó en ampliar la denuncia contra otros integrantes del denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz por su presunta “complicidad y coparticipación”. Fuente: ABI

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Auza: Camacho es «lo peor» que le ha podido ocurrir al sistema sanitario de Santa Cruz

Portada, Salud /

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, afirmó este domingo que el gobernador Fernando Camacho, es «lo peor» que le pasó al sistema sanitario del departamento de Santa Cruz, porque la población cruceña está abandonada y no hay una debida atención al brote de coqueluche. Bolivia reporta 27 casos de tosferina o coqueluche, de los cuales 25 están en Santa Cruz, uno en El Alto y otro en Oruro. Para enfrentar la enfermedad, que afecta principalmente a los menores de cinco años, el Ministerio de Salud activó una alerta epidemiológica y desplegó brigadas médicas en Santa Cruz y El Alto para vacunar a menores de cinco años y buscar casos sospechosos. «Sin embargo, la coordinación con el Gobierno departamental de Santa Cruz no pudo ser viable, eso me permite decir que Camacho es lo peor que le ha pasado al sistema de Salud de Santa Cruz», insistió Auza. La tosferina es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que afecta con mayor gravedad a los menores de cinco años, también los adultos se pueden contagiar. Auza lamentó que Camacho no tenga “ningún compromiso con la salud y la vida de su pueblo” y por el contrario “priorice la política con afanes desestabilizadores al estilo de un dirigente”. Denunció que la labor de rastrillaje de las brigadas médicas desplegadas por el Ministerio de Salud en el departamento de Santa Cruz está obstaculizada por el paro cívico y los bloqueos que mantienen grupos afines a Camacho. Señaló que las brigadas médicas no pueden movilizarse y tampoco las ambulancias que acuden a salvar vidas, mientras que el personal médico de diferentes hospitales es amenazado por cumplir con los servicios de salud. El gobernador alienta a seguir con el paro, a pesar que ya hay una fecha para Censo de Población y Vivienda. “No existe nada más nefasto, más miserable que anteponer intereses políticos por sobre la salud de su pueblo», enfatizó. El paro convocado por Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, lleva 30 días y ha generado más de $us 1.000 millones en pérdidas económicas. Fuente: ABI

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Richter advierte que Camacho y Cuéllar mantendrán el conflicto más allá del censo para afectar al Gobierno y con fines electorales

Política, Portada /

Una vez resuelto el conflicto por el censo, el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo mantendrán la conflictividad con la mirada puesta en generar inestabilidad e intranquilidad “en una lógica de impacto sobre el proyecto social y popular”, que lidera el presidente Luis Arce, y con proyecciones electorales, advirtió el portavoz presidencial Jorge Richter. “Este es un trabajo de desgaste constante y permanente de lo que significa el proyecto social y popular de Bolivia, en ese sentido la agenda va a continuar intentando la invalidación permanente sobre los distinto elementos”, aseguró en una entrevista en Radio Kawsachun Coca, en el marco de un análisis del conflicto en Santa Cruz. Camacho y Calvo, opositores declarados al gobierno de Arce, convocaron al paro indefinido que con este domingo lleva 29 días, marcados por la violencia, racismo y discriminación. Estos líderes del paro ya recurrieron a similar medida de presión en 2021, cuando obligaron a anular un proyecto de ley para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas. Aunque el Gobierno propuso el 22 de octubre, primer día del paro, que una comisión técnica defina la fecha del censo y comprometiera la redistribución de los recursos de coparticipación en 2024, Camacho y Calvo apostaron por continuar la extrema medida y abandonaron la mesa de diálogo. Arce fijó, sobre la base del trabajo técnico, el censo para el 23 de marzo de 2024 y para septiembre la redistribución de recursos de coparticipación tributaria. En ese mes también se entregará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos censales con la finalidad de reasignación de escaños legislativos con vistas a las elecciones de 2025. “Es absolutamente importante señalar, de manera clara, que los conflictos no van a agotarse, los conflictos son de orden político y hay agenda de la derecha para generar inestabilidad política para invalidar el proyecto social y popular, y, si es posible, generar un proceso de acortamiento de mandato del Presidente y Vicepresidente”, advirtió. Richter explicó que los líderes del paro en Santa Cruz están trazando su proyección política con vistas a las próximas elecciones. En su análisis, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, se trazó un perfil conciliador, mientras que Calvo de “representante de la cruceñidad” y Camacho de “dueño de la violencia en las calles”. También están perfilando proponer una ley de escaños, sobre la base de los datos del censo, con el objetivo puesto en los escaños indígenas o circunscripciones especiales. No conciben que se elija representantes con 100.000 votos en unas circunscripciones y en otras con 2.000, por lo que –afirmó- apuestan por una representación más urbana. “El primer elemento es construir unas condiciones que les permita a ellos un modelo que les permita la posibilidad de volver a ganar las elecciones o tener el control del Estado”, aseguró y explicó que en ese contexto está su propuesta de avanzar hacia un estado federal o de revisar su relación con el Estado. Hasta el momento continúa el paro en Santa Cruz, que tuvo sus mayores picos de violencia en los ataques a vigilias en el Plan 3000, bastión de resistencia a Camacho, y la quema y saqueo de la sede de los campesinos y de la Central Obrera Departamental. Richter advierte que Camacho y Cuéllar mantendrán el conflicto más allá del censo para afectar al Gobierno y con fines electorales Una vez resuelto el conflicto por el censo, el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo mantendrán la conflictividad con la mirada puesta en generar inestabilidad e intranquilidad “en una lógica de impacto sobre el proyecto social y popular”, que lidera el presidente Luis Arce, y con proyecciones electorales, advirtió el portavoz presidencial Jorge Richter. “Este es un trabajo de desgaste constante y permanente de lo que significa el proyecto social y popular de Bolivia, en ese sentido la agenda va a continuar intentando la invalidación permanente sobre los distinto elementos”, aseguró en una entrevista en Radio Kawsachun Coca, en el marco de un análisis del conflicto en Santa Cruz. Camacho y Calvo, opositores declarados al gobierno de Arce, convocaron al paro indefinido que con este domingo lleva 29 días, marcados por la violencia, racismo y discriminación. Estos líderes del paro ya recurrieron a similar medida de presión en 2021, cuando obligaron a anular un proyecto de ley para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas. Aunque el Gobierno propuso el 22 de octubre, primer día del paro, que una comisión técnica defina la fecha del censo y comprometiera la redistribución de los recursos de coparticipación en 2024, Camacho y Calvo apostaron por continuar la extrema medida y abandonaron la mesa de diálogo. Arce fijó, sobre la base del trabajo técnico, el censo para el 23 de marzo de 2024 y para septiembre la redistribución de recursos de coparticipación tributaria. En ese mes también se entregará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los datos censales con la finalidad de reasignación de escaños legislativos con vistas a las elecciones de 2025. “Es absolutamente importante señalar, de manera clara, que los conflictos no van a agotarse, los conflictos son de orden político y hay agenda de la derecha para generar inestabilidad política para invalidar el proyecto social y popular, y, si es posible, generar un proceso de acortamiento de mandato del Presidente y Vicepresidente”, advirtió. Richter explicó que los líderes del paro en Santa Cruz están trazando su proyección política con vistas a las próximas elecciones. En su análisis, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, se trazó un perfil conciliador, mientras que Calvo de “representante de la cruceñidad” y Camacho de “dueño de la violencia en las calles”. También están perfilando proponer una ley de escaños, sobre la base de los datos del censo, con el objetivo puesto en los escaños indígenas o circunscripciones especiales. No conciben que se elija representantes con 100.000 votos en unas circunscripciones y en otras con 2.000, por lo que –afirmó- apuestan por una representación más urbana. “El primer elemento es

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En Santa Cruz se confirman 24 casos de tosferina, Auza critica al gobernador Camacho por no atender el brote

Portada, Salud /

El ministro de Salud, Jeyson Auza, criticó este sábado al gobernador cruceño Fernando Camacho por no atender el brote de tosferina o coqueluche en el departamento de Santa Cruz, y lo convocó a reflexionar y pensar en la población. De los 26 casos de tosferina registrados en Bolivia, 24 se reportaron en el departamento de Santa Cruz. “En Santa Cruz tenemos un gobernador que, en vez de pensar en la salud de su pueblo, piensa en acciones política de desestabilización, no le importa que su pueblo cumpla un paro que no tiene motivo, que no se realice actividades de contención contra el coqueluche para impedir que siga creciendo, no le importa garantizar la cadena de frío, solo le importa sus intereses políticos”, cuesitonó. Auza inauguró este sábado la campaña de vacunación con 1.000 brigadas de salud para inmunizar a los menores de cinco años contra la tosferina en la ciudad de El Alto, en una acción coordinada con los Servicios de Salud del departamento de La Paz y Regional del municipio alteño. El ministro valoró la coordinación con las instituciones de La Paz y El Alto en sus diferentes niveles, la alcaldesa Eva Copa y el gobernador del departamento de la Paz, Santos Quispe. “Podemos tener diferencias (con Copa y Quispe), pero cuando se trata de salud debemos coordinar con todos porque se trata de proteger la vida del pueblo”, señaló el ministro y llamó a reflexionar a las autoridades de Santa Cruz para que asuman las acciones pertinentes con el fin de evitar la propagación de la tosferina en el departamento cruceño. La ejecución del plan de control epidemiológico contra la tosferina enfrentaba dificultades por los bloqueos y el paro convocado por el Comité Interinstitucional del Censo en Santa Cruz Asimismo, cuestionó que, a diferencia de los médicos que participan en las campañas contra el Covid-19 primero y ahora contra la tosferina, otros profesionales del sector llaman a paralizar los servicios de salud. “No como otros que están llamando a los colegas a parar, a suspender los servicios de emergencia y esos sinvergüenzas dicen que luchan por la salud de nuestro pueblo, que no nos hagan reír porque no se lucha con discursos”, criticó. Los pasados días, en medio del paro que se cumple en Santa Cruz, el Colegio Médico de Bolivia, a través de su presidente, Luis Larrea, advirtió con sumarse a las medidas de presión con un paro de brazos caídos. Fuente: ABI

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