Gabriel Boric

Edgars Martínez, Héctor Nahuelpán, Álvaro Hofflinger y Pablo Millalen. Chile/Interferencia. – Vivimos una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. Los síntomas no solo se expresan en la recesión económica mundial o el aumento en los niveles de explotación y precarización de la vida. Se profundiza la militarización, la devastación ecológica, la guerra contra pueblos, comunidades y poblaciones históricamente desposeídas que confrontan un sistema que colapsa.  En Abiayala (continente actualmente conocido como América) las respuestas a la crisis se han expresado en un ciclo de revuelta e insurrección social desde Chile a Colombia, Ecuador, Haití, Bolivia, Honduras y Puerto Rico. Pero también en una tendencia de la clase dominante por reacomodar su hegemonía remozando las estructuras de dominación del capitalismo racial. Chile y Wallmapu, el territorio histórico Mapuche, son uno de los “laboratorios” de un sistema que busca resolver su crisis, en la coyuntura de una segunda ola de progresismos latinoamericanos que pugna con una reacción de ultraderecha y neofascista.  Considerando este contexto, en este trabajo continuaremos y profundizaremos en un análisis desarrollado previamente. Nuestra tesis es la siguiente: actualmente, en Chile y Wallmapu, el colonialismo y el capitalismo están reacomodándose en un contexto de crisis global y reestructuración del sistema, pero también en respuesta al aceleramiento de la lucha mapuche por la recuperación y defensa del territorio, la regeneración de la vida y la liberación del Wallmapu.  Este reacomodo tiene diversas expresiones, no obstante, analizaremos dos. Primero, enfocaremos en la lógica del reconocimiento colonial, la cual se ha expresado en la apuesta institucionalista de reconciliar al estado con la historia del despojo y genocidio mapuche mediante el concepto de “plurinacionalidad”. Tras el rechazo a la propuesta de nueva constitución, esta lógica habilitó un escenario para la recomposición hegemónica de la clase dominante en Chile. Segundo, analizaremos la estrategia de contrainsurgencia que se consolida con un estado de excepción impuesto por los recientes gobiernos, como expresión de una modalidad de acumulación militarizada que utiliza la crisis para profundizar la reproducción del capitalismo extractivo en territorio mapuche.  Este reacomodo se sostiene en una historia de colonialismo de asentamiento y de extracción, basado en el robo, la ocupación del Wallmapu por los estados chileno y argentino; la explotación capitalista del territorio y sus recursos; y el sometimiento a una política de muerte y genocidio desde el siglo XIX hasta la actualidad.   La lógica del reconocimiento colonial Chile, laboratorio del neoliberalismo, protagonizó desde octubre del 2019 la revuelta social más importante de las últimas décadas. Aunque los gobiernos post-dictatoriales proyectaron ante los ojos del mundo un velo de estabilidad, en la sociedad se fue acumulando un malestar generalizado que terminó por quebrar la confianza en la institucionalidad.  En noviembre de 2019, para confrontar las protestas, los principales partidos políticos acordaron una salida institucional a través del denominado “Acuerdo Por la Paz Social y Nueva Constitución”. Este acuerdo no solo permitió salvar al gobierno de Sebastián Piñera, sino también a la clase política y económica, quienes pavimentaron el camino para su propia recomposición.  Este consenso político-institucional permitió la conformación de una Convención Constitucional aprobada por un plebiscito en octubre de 2020. Un aspecto relevante fue la integración de 17 convencionales de Pueblos Indígenas bajo la modalidad de “escaños reservados”. El objetivo de la Convención fue la redacción de una propuesta constitucional que señalaba en su primer artículo: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Esta propuesta fue rechazada en un plebiscito de salida con un 62%.  Nuestro argumento es que, aunque el rechazo a la propuesta de nueva constitución tiene explicaciones multicausales, la definición de un “estado plurinacional” cimentó las bases para la recomposición hegemónica de la clase política y económica en Chile. Primero, en términos generales, la propuesta de nueva constitución careció de un trabajo político orgánico y popular que sostuviera sus contenidos sobre la base de una acumulación de fuerzas sociales que condujera a su aprobación.  La participación de los escaños reservados indígenas no fue una excepción a esta tendencia que emuló lógicas políticas verticalistas. Esto se expresó tanto en su elección donde, de un total de 1,239,295 personas indígenas habilitadas para votar, solo participó el 22,81% (282,719). En tanto, en la consulta indígena -mecanismo implementado para recibir propuestas y recomendaciones para la nueva constitución- la participación se redujo al 0.6% del padrón electoral (7,549 personas). Finalmente, en el plebiscito de salida, en comunas con alto porcentaje de población indígena, el rechazo obtuvo una ventaja por sobre el promedio nacional (61,86%). Por ejemplo, en la Araucanía (figura 1), donde el 34.3% de la población se autoidentifica como indígena, la opción Rechazo obtuvo el 73,72% de los votos.  Por otra parte, aunque la promoción de la plurinacionalidad e interculturalidad fue discutida por algunas organizaciones institucionalistas del movimiento mapuche, esta fue absorbida por la academia (neo)indigenista concentrada en Santiago y sin conexiones comunitarias, organizacionales y territoriales de base. Por ejemplo, en un estudio de opinión pública realizado a inicios de 2022, intentaron legitimar la adhesión de la plurinacionalidad en el electorado. En un texto publicado en CIPER, dos investigadores afiliados al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) afirmaron que: “existe la adhesión a un cambio de paradigma que alude a modificar la república de carácter monocultural.” Sin embargo, tal supuesto se derrumbó con el rechazo de la propuesta constitucional. Además, y a diferencia de países como Ecuador y Bolivia donde la plurinacionalidad fue impulsada por movimientos indígenas, en el caso chileno y en Wallmapu la plurinacionalidad caminó con “pies de barro”. Esto fue así porque la demanda colectiva del movimiento mapuche autonomista en las últimas décadas no ha sido por lógicas de reconocimiento que conduzcan a un reacomodo de las formas de gobernabilidad estatal y colonial sino por recomponer una base material, política y cultural que permita una vida digna frente al empobrecimiento y la reducción del territorio. En este contexto, las recuperaciones de tierras y su control son una alternativa donde se reconstruyen horizontes políticos que dialogan con tradiciones anti-coloniales